El Presidente publicó en Twitter que Argentina está en medio de un proceso de ordenamiento de precios relativos, donde se destaca por ser costosa en dólares debido a su estructura fiscal y regulatoria.

El presidente Javier Milei compartió una publicación en su cuenta oficial de X donde explicó sobre la discusión acerca de si el precio del dólar oficial se ha atrasado en términos reales después de la última devaluación. Comenzó su posteo con la pregunta «¿Atraso cambiario?».

“Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar del desvío, al menos de corto podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección”, reflexionó Milei.

A continuación, el presidente enumeró cinco razones por las cuales considera que el tipo de cambio se mantiene en un nivel adecuado respecto a su programa económico:

• Superávit financiero en el tesoro.
• Base monetaria constante.
• Brecha casi nula, con compra de reservas netas.
• Saneamiento del balance del BC.
• Levantamiento de restricciones en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine de salir del cepo.

«Por lo tanto, ¿estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?«, concluyó.

¿ATRASO CAMBIARIO?
Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar…

— Javier Milei (@JMilei) May 3, 2024

Posteriormente, Milei compartió una publicación del economista Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía. “Clave lo que marca el Presidente. La apreciación real es resultado del ancla fiscal, monetaria y el saneamiento del BCRA. El desplome en brecha, riesgo país e inflación reflejan esa consistencia. Sube tasa real bajando tasa nominal y se modera apreciación real con el crawling peg de 2%”, comentó Furiase.

Las declaraciones van en línea con las palabras que dio esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, en su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí afirmó que la apreciación del tipo de cambio “vino para quedarse” y que no hay que esperar “un cimbronazo” en materia del valor del dólar.

“Si se hacen los deberes, el tipo de cambio real se aprecia. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado, tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Si mantenemos eso, esa apreciación vino para quedarse”, señaló Caputo en un evento organizado por la Fundación Mediterránea. “No nos ponemos una meta de tipo de cambio real, no es una medida razonable”, dijo en conversación con Juan Ignacio Abuchdid, del Grupo IEB.

“Comparar un año con otro puede ser parecido pero no es una comparación válida. No ignoramos que muchos miran eso. El tipo de cambio real promedio fue $880 a lo largo de los últimos 120 años. Y en momentos de confianza, el tipo de cambio a precios de hoy fue de $560, casi la mitad de hoy. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado», mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

«Tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Esa apreciación vino para quedarse, no esperen el cimbronazo. Para los que todavía esperan un tipo de cambio real caro: no va a pasar eso”, agregó.

Por otro lado, Milei reposteó una publicación de Federico Sturzenegger, asesor presidencial y co-autor de la Ley Bases y el DNU 70/2023. El economista recordó el “Teorema de la imposibilidad de la empresa pública” que dice que “si el Estado tiene una empresa pública, la calidad regulatoria de un sector es inversamente proporcional a la relevancia de la empresa en el sector”.

“Quiere decir que si tenés una empresa pública Y en un sector X, la regulación del sector X va a ser peor cuanto más grande sea Y. La imposibilidad reside en que es imposible tener la regulación correcta de un sector si tenés una empresa pública en ese sector”, explicó Sturzenegger.

“Hay una extensa literatura de la captura regulatoria. Empresas que captan al regulador para generar regulaciones a su favor. Pero cuando hay una empresa pública el regulado es el regulador. Una situación imposible”, añadió.

El economista sostuvo que los ejemplos “abundan”. “Monopolios innecesarios que persisten para sostener la empresa pública. ¿O sino por qué tuvimos nuestros cielos cerrados 100 años? ¿Por qué tenemos una ley postal que da un monopolio a Correos Argentinos y que incluso le permite al Estado abrir la correspondencia?”, mencionó.

“Por qué se llegó al absurdo de la ley 27.007 que transfirió una renta equivalente a un PBI a las empresas petroleras? (Ahí el verdadero costo de la nacionalización de YPF). Por qué se restringía la internet satelital que pronto permitirá una cobertura integral de nuestro país?”, concluyó Sturzenegger.

Además, se eliminará la cédula azul, la CETA, las cédulas verdes no tendrán fecha de vencimiento, se digitalizarán todos los trámites, y se fiscalizarán los registros que quedan abiertos.

El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores, y tras cumplirse el plazo establecido para avanzar con esta medida, se emitió un comunicado anunciando el cumplimiento de esa promesa.

El comunicado, basado en los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el propósito de reducir costos y simplificar trámites burocráticos, detalla las siguientes medidas a ejecutar:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

• Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Vamos a eliminar el 40% de los Registros del Automotor 👇🏽 https://t.co/Sc8by5H5Fj

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) May 3, 2024

El 21 de diciembre del año pasado, apenas 11 días después de que el gobierno de Milei asumiera el cargo, se firmó un decreto que proponía la transformación del sistema registral de automotores en Argentina.

En su artículo 364, este decreto instaba a que los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en un Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación hasta el 2 de mayo de 2024. Se destacaba que el servicio de inscripción sería remoto, abierto, accesible y estandarizado.

Con el objetivo de simplificar los trámites registrales, el pasado 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite necesario para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Este certificado era requerido al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país, para aquellos vehículos que superaran los $4.500.000.

En Argentina, existen 1.554 registros del automotor, con aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones mensuales. Además, alrededor del 40% de estos registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que surgen en el sector es cómo afectará el cierre de los organismos intervenidos.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona, «a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y reducir significativamente los costos de transferencias y/o patentamientos«.

La auditoría se llevó a cabo en 41 registros que ya estaban intervenidos. Esta lista incluye 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

Desde el Gobierno, se señaló que este control tenía como propósito descubrir gastos con sobreprecios, revisar las adjudicaciones sin concurso y examinar la escasa rendición de cuentas de los fondos que se recaudan, ya que muchas designaciones como titulares de los Registros se realizaron por favores políticos, especialmente en las últimas décadas, y por ello se busca transparentar los procesos.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

El Ministerio de Defensa está teniendo conversaciones para adquirir más equipamiento para el Ejército y la Armada, en medio de un rearme histórico que dejará en el pasado la desfinanción de las Fuerzas Armadas.

Después de confirmar la adquisición de los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea Argentina (FAA), el Gobierno de Javier Milei está evaluando la posibilidad de agregar más armamento militar tanto para el Ejército como para la Armada Argentina, que también necesitan varias actualizaciones en su equipamiento, como consecuencia del desfinanciamiento y el abandono por parte de los gobiernos kirchneristas.

El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, está considerando ofertas de material bélico para incorporar blindados 8×8 para el Ejército y está explorando opciones en el mercado para modernizar la flota naval de la Armada. Sin embargo, la cuestión presupuestaria se presenta como un desafío difícil de superar en este sentido.

El proyecto relacionado con los blindados parece ser el más factible en este momento. El Ejército ha estado evaluando desde hace tiempo la posibilidad de agregar un vehículo blindado multifuncional para el transporte de soldados. La opción actualmente considerada es el M116 Stryker, de origen norteamericano/canadiense. «Esta administración está analizando cuál sería el vehículo más adecuado«, comentaron fuentes militares.

Al igual que con los F-16, Estados Unidos ya ha dado su aprobación para que Argentina pueda adquirir estas unidades. De hecho, se están discutiendo la posibilidad de comprar un lote de estos blindados 8×8 que actualmente están en servicio en Nueva Zelanda.

El proyecto de vehículos blindados sobre ruedas ha estado en consideración durante un tiempo. Hace dos o tres años se llevaron a cabo pruebas en el país con el vehículo de origen brasileño Guaraní 6×6, aunque el proyecto eventualmente se frustró. Sin embargo, la idea sigue en pie. Este vehículo no es un tanque de guerra, sino más bien un vehículo equipado con armamento más ligero pero con la capacidad de transportar grupos de personas en su interior.

Desde la llegada de Javier Milei, la Casa Rosada ha estado buscando que Argentina sea aceptada como «socio global» de la OTAN. La carta de intención fue presentada por el ministro Petri. La eventual compra de este equipamiento busca situar al país en un estándar acorde al equipamiento de las naciones que ya forman parte de este bloque. Actualmente, las fuerzas armadas argentinas están significativamente rezagadas en comparación con países vecinos como Chile y Brasil.

Aunque los detalles de las negociaciones se mantienen en secreto, se está considerando la compra de alrededor de 100 vehículos blindados, aunque la cifra exacta se definirá en etapas posteriores de las conversaciones. «Existe una determinación firme para avanzar, pero todavía quedan aspectos por definir«, aclararon.

En este contexto, el Gobierno está evaluando las posibilidades de adquirir nuevas unidades marítimas para la Armada Argentina, una tarea sumamente compleja. La compra de equipamiento militar para la Marina implica costos mucho más elevados que para el resto de las fuerzas. «Un buque de guerra es un activo muy costoso que actualmente el país no tiene los recursos para adquirir«, explicaron.

Las autoridades de la Armada han estado evaluando varias opciones de submarinos de segunda mano con el objetivo de adquirir al menos uno para mantener el entrenamiento de los submarinistas. Desde la tragedia del ARA San Juan en noviembre de 2017, el país no cuenta con submarinos activos. Sin embargo, la viabilidad de esta adquisición se ve obstaculizada principalmente por limitaciones presupuestarias.

El pasado lunes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la compra de los aviones F-16, cuyo costo ascenderá a 300 millones de dólares, a los que se sumarán otros 300 millones de dólares en armamento. Este pago se realizará en cinco cuotas anuales según lo estipulado en la decisión administrativa 252/2024.

Además, se estima que el país destinará entre 10 y 15 millones de dólares para realizar mejoras en la base aérea de Tandil, donde se ubicarán estos aviones de combate. Se requerirán trabajos de reacondicionamiento de espacios, repavimentación de la pista de despegue y aterrizaje, ampliación de hangares, instalación de nueva tecnología como simuladores de vuelo, entre otras mejoras.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.