Se cumple un nuevo aniversario del paso a la eternidad del expresidente. Su legado y las políticas de su Gobierno cobran cada vez más relevancia en una Argentina que sufre el flagelo creciente de la inflación.

Un 14 de febrero del 2021, fallecía el senador y ex presidente Carlos Saúl Menem, símbolo de la década de los noventa y el principal impulsor de las reformas económicas y políticas que llevaron a la tan necesaria modernización del país.

Su presidencia marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra nueva: el fracaso del gobierno radical de Raúl Alfonsín coincidió con el colapso de las economías planificadas a nivel global, y la consolidación de las reformas del Consenso de Washington en todo el mundo para dar paso a una economía de mercado moderna.

El programa para liberalizar Argentina

Menem se propuso llevar adelante un profundo programa de reformas económicas, influenciado por personalidades como Álvaro Alsogaray y Bernardo Neustadt, y asesores del sector empresarial.

Por ejemplo, los dos primeros ministros de Economía de Menem fueron elegidos por la multinacional argentina Bunge & Born, quienes le garantizaron en un principio el apoyo del sector privado a cualquier reforma que quisiera impulsar para calmar la hiperinflación.

Tras las medidas tomadas bajo el llamado “esquema Bunge & Born“, y los sucesivos programas de Erman González, el Gobierno menemista logró cambiar el paradigma económico que imperaba en Argentina.

Sin embargo, Menem no lograría la estabilidad monetaria hasta la Ley de Libre Convertibilidad, sancionada en 1991 por el novedoso ministro Domingo Cavallo, quien había servido como Canciller los primeros dos años, consiguiendo el apoyo del sector empresarial extranjero.

La actividad económica se expandió un 50,3% entre julio de 1989 y diciembre de 1999, y la estimación del PBI potencial demostró un crecimiento del 40%. Argentina no registraba una situación de crecimiento con estabilidad de precios desde la década de 1930. El programa de Convertibilidad fue el único capaz de cosechar éxito después de los sucesivos ensayos producidos desde 1952 u en adelante.

La inflación, que hacia julio de 1989 escalaba hasta el 196%, cayó a un promedio del 24% hasta marzo de 1991, y con la Convertibilidad fue completamente superada. La variación mensual de los precios promedió solamente el 0,45% entre abril de 1991 y diciembre de 1999. 

A tan solo pocos meses del lanzamiento del plan, en noviembre de 1991 el presidente Menem impulsaba el famoso decreto 2.284 de desregulación, una histórica reforma sobre la economía que terminaba con 45 años de controles de precios y salarios.

El decreto suponía la erradicación total de todas las restricciones sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, incluyendo el término de las limitaciones cuantitativas sobre importaciones y los cupos para las exportaciones.

El éxito arrollador del modelo económico dejó en evidencia el fracaso de las teorías económicas heterodoxas y, por primera vez en décadas de atraso, quedaba en evidencia que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario. La Convertibilidad terminó con la inflación en cuestión de meses, una situación que perduró hasta su derogación a principios de 2002.

Crecimiento de la economía, mercado laboral y reducción de la pobreza

Argentina no solo había recuperado la estabilidad de precios, sino que lo hizo mediante una regla creíble para los agentes y aplicando un “shock” que recuperó la moneda nacional. La Convertibilidad fue el ancla para una serie de reformas que expandieron el nivel de actividad económica, y se logró dejar atrás casi dos décadas completamente perdidas en materia de crecimiento.

Menem fue un componente crucial en promover las reformas liberales a los miembros de su partido, y el peronismo votó a favor en el Congreso de la gran mayoría de las medidas de Cavallo, con el radicalismo como oposición. Bajo la influencia de Menem, el justicialismo comprendió el panorama internacional, se modernizó y decidió avanzar en la misma dirección.

La erradicación de la inflación permitió una mejora notable para la calidad de vida de los trabajadores. El salario real promedio, que se había hundido por casi dos décadas de estanflación, subió un 44,3% entre 1991 y 1999. Se alcanzó una recomposición salarial que no se veía desde el tercer peronismo en los 70s.

De la misma manera en que ocurrió tras el fin y la reestructuración de las economías planificadas, la reforma económica en Argentina produjo un impacto inicial en el mercado laboral, que debía enfrentar una etapa de reasignación de factores para converger a una economía abierta al comercio internacional.

En este esquema, las iniciativas del menemismo a la hora de consolidar la flexibilización laboral fueron insuficientes, y esta es una autocrítica compartida por ex funcionarios como Roque Fernández, Domingo Cavallo, Caro Figueroa, y el mismo Carlos Menem.

Aun así, antes de la llegada del “Efecto Tequila” y hasta 1994, el aumento en la tasa de desocupación se produjo por un gran aumento en la población económicamente activa (PEA), principalmente mediante la incorporación de la mujer al mercado laboral, algo sumamente positivo.

El empleo creció entre 1990 y 1993 y volvió a crecer entre 1996 y 1998. Las reformas a partir de 1996 lograron impactar enormemente la elasticidad entre crecimiento del empleo y crecimiento del PBI.

A partir de 1996 la respuesta del empleo ante cambios positivos en el PBI fue drásticamente superior al registrado en la primera parte del programa económico, y desde 1998 las caídas en el PBI produjeron caídas sustancialmente menores en la tasa de empleo en relación a la recesión de 1995. Aún siendo insuficientes, esto permite medir el grado de efecto de las reformas laborales liberalizadoras.

Se produjo una histórica reducción en el nivel de pobreza. Según las estimaciones del CEDLAS, y utilizando los mismos estándares que se usan hoy, la pobreza había pasado del 58,9% en el segundo semestre de 1989 a 38,8% a fines de 1999, una reducción de más de 20 puntos porcentuales. Incluso se alcanzó un mínimo de 26,9% en el año 1994, antes del efecto tequila.

La apertura de la economía al comercio mundial

La transformación de Menem involucró un drástico y necesario proceso de apertura al comercio internacional, después de 50 años de autarquía y aislacionismo. Entre 1990 y 1991 fueron eliminadas todas y cada una de las restricciones cuantitativas al comercio exterior, incluyendo licencias, cuotas y prohibiciones que antes imperaban. 

El promedio simple de la estructura arancelaria se redujo del 31% en 1989 al 15% en 1999. Fueron eliminados los recargos a las importaciones impuestos por Alfonsín entre 1985 y 1987, y la tasa estadística de importación se redujo del 3% al 0,5% a partir de 1998. 

La economía también se liberalizó por el lado de las exportaciones. La tasa promedio para las retenciones se redujo del 27,7% en 1989 a sólo el 2% a partir de 1993.

De hecho, los gravámenes a la exportación se eliminaron para la mayor parte de los bienes, con la sola excepción de la soja (gravada al 3,5%), el girasol (3,5%) y la venta de cueros y pieles, que tuvieron una tasa del 15%. Todas las exportaciones restantes mantuvieron una tasa de 0%.

La reforma del Estado y las privatizaciones

La Ley de Reforma del Estado, llevada adelante en 1989, permitió la privatización masiva de empresas estatales deficientes y redujo fuertemente el tamaño del Estado. La privatización permitió sanear las cuentas del sector público, pues se erradicó el déficit de casi 6 puntos del PBI que mantenían sus empresas

Las pérdidas siderales de las empresas públicas dejaron de trasladarse al bolsillo de los argentinos. Los cambios introducidos permitieron una histórica reducción en la cantidad de empleo público en la esfera nacional, y se redujeron fuertemente los gastos para el funcionamiento del Estado.

El impacto sobre los servicios prestados fue extraordinario. Argentina recuperó y rediseñó su sistema de telecomunicaciones, con ventajas que todavía llegan hasta el día de hoy. Las líneas telefónicas se duplicaron en 9 años, y las de telefonía móvil se multiplicaron por 48. Sin las reformas del Estado, la innovación de la telefonía celular hubiera llegado una década más tarde a Argentina.

La privatización del sistema energético permitió terminar con los recurrentes cortes de luz generalizados que se sufrían en la década de 1980, afectando incluso a hospitales y colegios. La producción de energía volvió a crecer, y las tarifas solamente aumentaron un 9,2% en 10 años.

Otros rubros, como los servicios de agua potable, incluso disminuyeron sus costos tarifarios a partir de la privatización. Este fue el caso de AYSA, cuyas tarifas se redujeron un 14,3% entre 1993 y 1999.

La producción de petróleo aumentó un 52,4% entre 1992 y 1998, mientras que la producción de gas aumentó más de un 60%. Estas cifras no se veían desde la apertura petrolera llevada a cabo por Frondizi, 30 años antes.

La privatización de los ferrocarriles eliminó a una gran cantidad de ramales poco rentables para el sector privado, pero aun así supuso un incremento del 107,6% en la cantidad de pasajeros transportados en diez años, así como un aumento del 100% en la carga productiva transportada (medida en miles de toneladas) en el mismo período. 

Las privatizaciones demostraron un gran impacto positivo en la actividad de la economía real. La producción de electricidad, gas y agua (según la subdivisión del EMAE) aumentó un 71,2% en la presidencia de Menem, después de un largo estancamiento en la década de 1980.

El Gobierno mantuvo estrictamente la disciplina fiscal, y durante la mayor parte de la administración menemista el Estado nacional mantuvo el superávit primario (un hecho que Argentina no observa desde el año 2010). La reforma del Estado y los ingresos por las privatizaciones permitieron solventar las fianzas públicas y garantizar la responsabilidad fiscal.

Como una de sus últimas medidas de Gobierno, Menem dejó el cargo en 1999 no sin antes lanzar la aprobación de la llamada “Convertibilidad fiscal”, la primera regla fiscal de la historia argentina. Esta normativa estipulaba restricciones sobre el déficit primario (con las mismas exigencias que la Unión Europea), y limitaba el crecimiento legal del gasto público.