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Economía

La privatización de los trenes no generó su desmantelamiento: el mito más grande de la historia argentina y cómo fue construido

El kirchnerismo y los medios instalaron la idea de un desmantelamiento del ferrocarril a causa de la privatización, culpándola por la aparición de pueblos fantasma. Sin embargo, las cifras públicas cuentan otra historia.

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Tras la muerte del ex presidente Carlos Menem, se reavivaron importantes discusiones políticas entre los argentinos, que como hace 30 años, están colmadas de relatos, mitos y operaciones de prensa que quedaron en el imaginario popular.

El proceso de demonización hacia la década del ’90, que comenzó durante esos mismos años pero se consolidó bajo las administraciones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, dejó un fuerte impacto en la sociedad y afectó la imagen del ex presidente, que se fue en 1999 con una imagen por arriba del 60% pero en 2003 obtuvo menos del 25% de los votos, con una certera derrota en un ballotage del que se bajó.

En los siguientes años, el kirchnerismo culpó a las privatizaciones de los noventa por todos los problemas que no podía resolver. 

Uno de los casos más prominentes es el de los trenes argentinos. Después de tratar desesperadamente de revivirlos con inversiones millonarias desde el Estado, se determinó por los medios que el tejido ferroviario fue irreconciliablemente desmantelado por Menem. 

A causa de esto, se culpa a la privatización por la aparición de los famosos “pueblos fantasma”.
Sin embargo, las cifras que establece el propio Ministerio de Economía, el INDEC y la Fundación Museo Ferroviario, sugieren una historia alternativa a la mitología kirchnerista. 

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Un análisis riguroso desligado de la pasión política permite atestiguar que los ferrocarriles no fueron desguazados de un día para el otro a partir de su privatización, sino que fueron progresivamente destruidos a partir de su nacionalización en 1948.

Después de décadas con registros superavitarios y con servicios ampliamente dispersos a lo largo y ancho del país, la nacionalización de los ferrocarriles implicó un fuerte déficit financiero que debió ser trasladado a la sociedad, a costa de la debida capitalización del sistema.

La red ferroviaria argentina había sido uno de los principales motores de la economía del siglo 19, y aprovechando las vías que se crearon desde el interior al puerto de Buenos Aires, empezaron a aparecer pueblos a lo largo de todo el país en torno a las estaciones de tren.

Desarrollada por capitales privados ingleses y franceses, los trenes argentinos se convirtieron en una insignia de la prosperidad económica del granero del mundo, cuando Argentina tenía una economía abierta al mundo.

Sin embargo, el cambio de milenio, los sucesivos gobiernos de facto y la asunción del General Juan Domingo Perón en 1946, cambiaron radicalmente el esquema económico nacional. 

La economía basada en exportaciones e importaciones se sustituyó por una economía forzadamente industrializada y cerrada al mundo, con la instalación de fábricas principalmente alrededor de la Capital del país.

Eventualmente esto llevó a que los trenes que transportaban cargas desde el interior al puerto pierdan relevancia y las empresas que controlaban las vías empiecen a tener problemas económicos.

El primer gobierno peronista, ampliamente conocido por sus déficits crónicos y su pobre nivel de solvencia, intervino rápidamente y decidió hacerse cargo de todas las operaciones ferroviarias.

Pero los problemas financieros del Estado se trasladaron al sistema ferroviario. Las inversiones de capital y modernización de servicios que demandaba la compleja red nunca llegaron, lo que generó un profundo deterioro que se arraigó por décadas.

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Todos los programas estatales de racionalización para los servicios terminaron en fracaso. Así como el Plan Larkin en 1961, muchos programas de despidos y cierre de ramales (como en 1965, 1967 y 1976) no lograron cumplir sus metas. 

El Estado llevó al sistema hacia una situación crítica en 1989, cuando los ferrocarriles llegaron generar pérdidas por casi un punto del PBI nacional

Según las estadísticas elaboradas por la Fundación Norte y Sur, entre 1964 y 1989, bajo la administración estatal y centralizada, la red ferroviaria nacional perdió cerca del 23% de su tamaño, un total de 9.864 kilómetros en todo el país. 

En perspectiva, la cancelación de ramales en el proceso de privatización generó el cierre de 9.049 kilómetros en total (800 kilómetros menos), pero que además a diferencia de la gestión estatal, obtuvo como contrapartida una mejora del servicio y un fuerte incremento en la cantidad de pasajeros transportados, así como la cantidad de cargas transportadas.

Un recuento de la cantidad de kilómetros totales de la Red Ferroviaria Nacional por año permite ver que durante la gestión estatal nunca hubo un aumento neto de su extensión, y que los cierres de la década del ’90 continuaron con un proceso que ya había comenzado en los años ’60 bajo control estatal.

Dimensión histórica de la red ferroviaria nacional entre 1900 y 2019. Elaboración propia.

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El dato más preocupante es sin lugar a dudas que la cantidad de cargas transportadas por ferrocarril se derrumbó un 58,5% entre 1948 y 1990, evidenciando el fracaso de la planificación centralizada de los servicios.

Por su parte, la privatización y descentralización permitieron un repunte del 75% entre 1991 y 2007 del transporte. 

Pero este crecimiento fue frenado en seco. Cristina Kirchner creó casi una docena de nuevas sociedades estatales desde 2008 en torno a la red ferroviaria y se llevó a cabo la centralización completa de los ferrocarriles entre 2012 y 2015. Pero esto no sirvió de nada, la red ferroviaria se contrajo un 13,5% en las administraciones kirchneristas, más de 4.400 kilómetros perdidos. 

Las empresas públicas creadas por el kirchnerismo fracasaron al intentar sostener el ritmo de aumento en las cargas transportadas, y el 2015 cerró con el nivel más bajo desde 2002.

En síntesis, la constante cancelación de ramales, así como la progresiva aparición de pueblos fantasma, se produjeron mucho antes de 1990. Según los datos de acceso público, este proceso comenzó a darse en la década de 1960 y fue una consecuencia de las políticas económicas del primer gobierno de Perón, una década antes.

Desde la estatización de los ferrocarriles, el único periodo en el que creció la carga productiva transportada fue durante el gobierno de Menem. Esto eventualmente hubiera llevado a la creación de nuevos ramales, a medida que las empresas privadas generaban ganancias y reinvertían en el negocio. 

Pero el gobierno kirchnerista no pudo esperar y quiso tomar cartas en el asunto. Tan solo un año después de su re-estatización, empezó a caer la carga transportada nuevamente.

Dimensión histórica de la carga productiva transportada por ferrocarriles, entre 1900 y 2019. Elaboración propia.

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Un estudio de la Universidad Nacional de San Martín en conjunto con el Instituto del Transporte (IT) revelaron una gran cantidad de evidencia empírica que permite tomar una perspectiva histórica para el fenómeno de la desaparición de pueblos y su relación (o no) con el ferrocarril. 

La proporción de pueblos pequeños (definidos por tener una población inferior a los 2.000 habitantes) que desaparecieron entre 1960 y 2000, sigue un patrón similar tanto en localidades que tenían acceso al ferrocarril como aquellas que no lo disponían

El impacto del ferrocarril podría no ser tan significativo, teniendo en cuenta el éxodo de la población rural hacia las ciudades que se produjo desde la década de 1950 por una amplia gama de factores que exceden al ferrocarril. 

Por otro lado, la rentabilidad de los ferrocarriles no se mantuvo constante, y se produjo una transición hacia la generalización del transporte vial y el desarrollo del mercado automotor

Según la Fundación Museo Ferroviario, el cierre de ramales que se produjo entre 1991 y el año 2000 en localidades con menos de 2.000 habitantes ascendió sólo a 2.733 kilómetros de los más de 9.000 cerrados

Estos ramales eran ineficientes e implicaban un gran costo financiero, ya que eran subvencionados en su totalidad por el Estado (o sea el argentino que paga impuestos), solo generaban pérdidas y casi no eran utilizados.

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En comparación con la primer etapa estatal, entre 1961 y 1970 se cerraron ramales por 4.018 kilómetros que atravesaban pueblos chicos, y entre 1971 y 1980 se cerraron 5.894 kilómetros, en ambos casos el doble de lo que se cerró con Menem, y todo esto en plena vigencia del dirigismo estatal sobre los servicios. 

Hacia 1989, los ferrocarriles no sólo experimentaban pérdidas siderales para la sociedad, sino que ya estaban en un fuerte proceso de desmantelamiento y descapitalización que llevaba varias décadas. 

La migración del campo a la ciudad y la desaparición de pueblos fue un fenómeno característico de la segunda mitad del siglo XX en Argentina y en la gran mayoría de los países occidentales.

La mayor parte de los pueblos que sí fueron afectados por el cierre de ramales se encontraban en la Región Pampeana. Pero se estima que el éxodo de la mayor parte de los pueblos situados en el interior del país se debió a la crisis de las economías regionales, a causa de un sesgo anti-exportador y elevadas retenciones a la producción primaria, que mantuvieron todos los gobiernos desde 1945, incluidos los peronistas, los radicales y los militares.

A parte de las fuertes operaciones mediáticas propiciadas por los diarios de izquierda anti-Menem de la época, como Página 12, Diario Popular, revista Veintitrés y otros, todo el proceso de cierres de ramales que venía ocurriendo desde 1960, empezó a tener consecuencias realmente visibles recién en la década del 90, lo cual contribuyó en gran medida a la construcción del relato de que esto fue culpa de su privatización.

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Economía

Evergrande, el “Lehman chino” se desploma un 11% y muestra signos de una nueva crisis financiera mundial

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El segundo promotor inmobiliario más grande de China adelantó que no podrá cumplir los vencimientos a fin de mes y tiene una deuda equivalente al 2% del PBI chino, que en caso de defaultearla generaría una crisis con condimentos similares a la del 2008 en Estados Unidos

El gigante inmobiliario chino Evergrande se desploma un 11% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años ante el miedo de que la firma no pueda hacer frente a sus compromisos financieros.

El segundo promotor inmobiliario más grande de China está a punto de colapsar: la semana pasada la empresa aseguró que probablemente no pueda honrar la deuda de alrededor de 254.000 millones de euros que tiene con los acreedores que equivalen aproximadamente el 2% del PBI del país asiático.

Los títulos de la firma inmobiliaria cayeron hasta los 2,28 dólares hongkoneses y es el peor registro desde mayo de 2010. Además, la valoración bursátil de la empresa se ha desplomado un 93% en ese periodo. En los últimos dos meses, el desplome superó el 80%.

La quiebra de Evergrande no solo significaría la destrucción de millones de empleos directos e indirectos, sino una catástrofe económica que los especialistas ya están calificando como un potencial “Lehman Brothers” chino, en referencia a la compañía norteamericana de servicios financieros que estaba sobreinvertida en hipotecas subprime, y su quiebra fue el síntoma más grande de la severidad de la crisis que estaba azotando a Estados Unidos en 2008.

Uno de los grandes temores es el posible “efecto contagio”. Los principales acreedores de Evergrande son bancos e inversionistas chinos, que perderían miles de millones si el gigante defaulteara sus obligaciones financieras. Por otra parte, Standard and Poor’s indicó en agosto que la empresa tenía deudas pendientes con los proveedores y contratistas de sus proyectos, a quienes debe aproximadamente 37.160 millones de dólares.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloombergeste jueves la firma deberá afrontar el vencimiento de un bono de cinco años de 71,3 millones de euros, y si defaultea este compromiso, podría ser el primer paso de un crash financiero en China. Hasta finales del año, la firma tiene que afrontar pago de intereses por 571,3 millones de euros, que casi seguro que no podrá hacer.

Esta caída tiene que ver con la brutal cuarentena que impuso China durante el 2020 por la pandemia. En agosto de 2021, la empresa reportó una disminución interanual del 29% en las ganancias netas y advirtió que la falta de liquidez podía poner en riesgo la conclusión de proyectos inmobiliarios que había paralizado por la pandemia.

El Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, el mayor regulador financiero de China, ha dado luz verde para que la empresa libre sus pagos y renegocie los términos de sus deudas con sus acreedores, pero sin una ayuda estatal sin precedenes, Evergande colapsará.

Y aquí es donde el Partido Comunista Chino debe tomar una decisión, así como la Casa Blanca la tuvo que tomar en 2008. ¿Le conviene inyectar liquidez en la empresa para rescatarla del colapso, sabiendo que así como Evergande van a estar otras miles de empresas en todo el país y va a tener que rescatar a todas, o le conviene dejar que colapse y que la misma economía haga el ajuste necesario para liberar los recursos mal invertidos?

Bush en 2008 decidió en un primer momento salvar a Bear Sterns, la primera empresa del sector financiero que empezó mostrando signos de colapso, con un préstamo sin precedentes del Banco de Nueva York para financiar sus deudas, y luego fue adquirida a un precio extremadamente bajo por JP Morgan Chase.

Sin embargo, después de Bear empezó a colapsar Lehman, y Bush tomó la decisión de no ayudar a Lehman ya que si no tendrían que ayudar a todos los bancos de inversión del país. Sin embargo, tras la quiebra y desaparición de Lehman, más empresas siguieron colapsando y finalmente Ben Bernanke, el director de la Reserva Federal en ese entonces, tuvo que inyectar 700.000 millones de dólares para salvar a empresas como Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, y tantas otras más.

Por el momento no se sabe si el régimen de Xi Jingping permitirá que la inmobiliaria colapse o si la rescatará. El Banco Popular de China se ha visto obligado este viernes a inyectar 14.000 millones de dólares para tranquilizar al mercado, que se mostraba nervioso por la posible caída del gigante y había empezado a deshacerse de sus inversiones más riesgosas.

Si China no maneja bien esta situación, utilizando la experiencia de Estados Unidos en 2008, todo indicaría que haber promovido la pandemia no los habría beneficiado como esperaban. El Partido Comunista Chino aprovechó la crisis del coronavirus para poner gobiernos afines a ellos en todo el mundo, conquistando territorios como Hong Kong y sacándole distancia al resto del mundo en asuntos comerciales luego de la guerra de tarifas con Trump. Pero la crisis financiera que se desprende de semejante crisis mundial se llevará puesto a China antes que al resto.

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Economía

Paquetazo de medidas: el Gobierno anunció un aumento del salario mínimo, bonos a jubilados y créditos subsidiados

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El Gobierno kirchnerista lanzó un nuevo paquete de medidas sin ninguna mesura por el desequilibrio fiscal, en busca de recuperarse después de la amplia derrota electoral en las PASO.

La relativa pasividad fiscal impulsada por el ministro Martín Guzmán llega a su fin dada la intervención de Cristina Kirchner sobre la política económica. El Gobierno vuelve a radicalizarse hacia la izquierda e impulsa un nuevo paquete de medidas para tratar de comprar votos en cara a las elecciones de noviembre.

En primer lugar, el oficialismo resolvió una revisión del salario mínimo pactado para fin de año. El cronograma original preveía un aumento del 35%, pero la suba efectiva llegará hasta el 45%, un aumento notable en términos reales. Los efectos negativos de esta medida sobre el mercado laboral podrían decantar incluso en el corto plazo.

El segundo punto fuerte de los anuncios es el lanzamiento de un nuevo “bono de emergencia” por $6.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. Dado el oportunismo de las medidas, el carácter de emergencia de los bonos no parece ligado a un aspecto social sino más bien una emergencia electoral.

En la misma dirección, el Gobierno actualmente analiza la posibilidad de no aplicar el tope que establecía la fórmula previsional fijada por el propio Martín Guzmán el año pasado. La reforma de la fórmula jubilatoria incluye un cierto límite sujeto a la recaudación efectiva de la ANSES, cuando antes simplemente se aplicaba una fórmula matemática sobre la evolución de los salarios o la inflación.

Aunque Alberto Fernández trató de defenderse de las críticas durante todo el 2020, afirmando que su nueva fórmula previsional no constituía un ajuste, ahora las críticas desde su propio espacio político volvieron a contradecirlo, críticas que provienen de la propia Vicepresidente y la diputada Fernanda Vallejos.

En tercer lugar, el Gobierno se prepara para extender la red de créditos subsidiados a tasa cero, con el fin de estimular el consumo en el corto plazo a costa de mayores desequilibrios futuros. En este sentido, se evalúa un esquema similar al del “Ahora 12” para casi un millón de asalariados.

La medida más extremista en términos de desequilibrio fiscal posiblemente sea la propuesta para un nuevo IFE a nivel generalizado, similar a los que hubo en 2020. Esta propuesta fue especialmente resistida por el ministro Guzmán, ya que es prácticamente infinanciable y podría terminar de desequilibrar la economía.

Aún sin haber las mismas restricciones a la circulación como había el año pasado, la izquierda kirchnerista presiona por la vuelta de un nuevo paquete IFE antes de las elecciones de noviembre, nuevamente buscando comprar votos.

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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