La autoridad monetaria lanzó un comunicado advirtiendo que los organismos del sector público podrán acceder a una cuenta para convertir dólares en bonos ajustados por el valor del tipo de cambio. La medida se lanza a pesar de haber sido negada por el Gobierno en un comienzo.

El Gobierno se ocupó de lanzar señales confusas en vista a la estabilidad de los mercados. El más reciente canje de bonos dentro del sector público derivó una fuerte caída en la paridad de los mismos, y el salto más drástico del Riesgo País en los últimos cinco meses.

Si bien se consideró la posibilidad de incluir en la pesificación forzosa a los depósitos de los organismos públicos, fuentes cercanas al equipo económico salieron a desmentir esta información. Pero tan solo horas después, el Banco Central volvió a cambiar de dirección y ofreció (de manera voluntaria) una cuenta especial para que los entes del sector público puedan canjear dólares por pesos. 

A través de la Comunicación A7732, los organismos públicos que cuenten con algún tipo de acreencia en modo de depósitos en dólares (por ejemplo provenientes de algún organismo internacional de crédito) tendrán autorización para canjear esos dólares por bonos ajustables a la paridad del tipo de cambio oficial.

Hasta ahora, los organismos públicos tenían dos opciones para maniobrar las tenencias en dólares: o bien reservarlos en cuentas bancarias en tanto no se necesiten, o bien convertirlos a pesos al tipo de cambio oficial frente a algún requerimiento. A partir del nuevo decreto del BCRA, existirá una tercera posibilidad y es canjear esos dólares por un instrumento en pesos que apuntaría a ser “equivalente” a retener dólares oficiales. 

Desde el punto de vista de los organismos afectados no implica ninguna diferencia superlativa, ya que no tienen acceso incluso a otras paridades del dólar legal alternativo como el CCL o el dólar bursátil. Sin embargo, para el Tesoro significa un paso hacia adelante en el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, lo cierto es que incluso produciéndose una pesificación total, las reservas del BCRA no se verían reforzadas de manera significativa. El economista Fernando Marull estima que, como mucho, podrían retenerse hasta 200 millones de dólares. Solo para tomar dimensión de lo que esto significa, este monto es equivalente a lo que pierde la autoridad monetaria como resultado de su posición de compra-venta de dólares en un solo día.

Lo verdaderamente preocupante fue la señal enviada a los mercados, que interpretaron el comunicado como una intención para pesificar depósitos. Sin lugar a dudas, un pésimo precedente considerando la dramática historia argentina en relación a los depósitos en dólares.

Entre otras razones, se cree que una de las razones por las cuales el Tesoro evitó anunciar una pesificación compulsiva directa sobre los depósitos públicos fue precisamente evitar un efecto de pánico sobre el sector privado, capaz de dinamizar una corrida contra el sistema.

La corrida bancaria llega a Alemania y su banco más importante sufrió una brutal caída bursátil durante la jornada del día viernes. El precio de los swaps en respaldo de posibles incumplimientos se disparó al nivel más alto de los últimos siete años sin pandemia.

El derrumbe y posterior rescate del Credit Suisse deterioró las expectativas en la solidez del sistema financiero europeo. Los títulos del Deutsche Bank se desplomaron hasta un 15% en la plaza bursátil de Fráncfort, y terminaron la jornada del día viernes con una caída atenuada al 8,5%.

Se trata de una de las instituciones financieras más importantes de Europa, y de hecho es el banco más grande de Alemania. La firma fue protagonista de importantes desequilibrios a lo largo de los últimos años, especialmente tras el estallido de la Gran Recesión Internacional en 2008 y la crisis de la zona Euro en 2012.

Los títulos de la firma acumulan una fuerte retracción bursátil de hasta el 20% con respecto al mes de enero. La cotización actual de la acción unitaria se estabilizó ligeramente por encima de los 8 euros, el nivel más bajo de los últimos cinco meses.

La caída del gigante alemán rápidamente provocó un efecto contagio sobre la mayor parte de las firmas financieras de Europa. El índice Stoxx Europe 600, que agrupa a los bancos europeos más importantes, cayó un 3,78% al cierre de la sesión del viernes. La francesa Société Générale cayó un 6%, los títulos del Commerzbank retrocedieron un 5% y las instituciones financieras españolas cayeron entre 3% y hasta 5%.

Los mercados se anticipan a un escenario todavía peor. El precio de los credit default swaps (CDS) del Deutsche Bank crecieron brutalmente por encima de los 200 puntos básicos en un solo día, y de hecho alcanzaron el nivel más importante observado desde 2016 (sin considerar el efecto de la pandemia en 2020).

Este tipo de instrumentos funcionan como un seguro que responde a las caídas de los títulos del banco alemán, muy popularizados en situaciones de estrés financiero y los principales protagonistas de la recreación cinematográfica “La gran apuesta” de 2015. 

En caso de un mayor impacto sobre el sistema, se espera que el Banco Central Europeo vuelva a expandir su hoja de balance (tal y como lo hizo la Reserva Federal en Estados Unidos) a fin de proveer mayor liquidez.

La tasa de política monetaria de la autoridad central europea ascendió al 4% anual a partir de marzo (la más alta desde 2008), la tasa promedio para los préstamos personales alcanzó al 4,5% y la tasa pasiva para los depósitos promedió el 3% anual.

Descuidando completamente sus funciones bancarias, la institución dirigida por Silvina Batakis prestará hasta $1.000 millones a pequeñas empresas y personas particulares. Se fijó una tasa irrisoria y política, que no alcanza a compensar ni tan siquiera la mitad de la evolución anual de los precios.

La administración estatal de los bancos demuestra falencias severas y preocupantes. La presidente del Banco Nación, la fallida y fugaz exministra Silvina Batakis, anunció una línea de préstamos blancos por hasta 10.000 millones de pesos con una tasa de interés irrisoria del 40% anual.

Quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un crédito de hasta 1.000.000 de pesos con una tasa fijada en el 40% durante 12 meses, y a partir del segundo año se actualiza al 48%. El ritmo de aumento de los precios hace que esta operación sea más bien una transferencia de ingresos, un subsidio a discreción, más que un préstamo. 

La tasa de inflación de los precios minoristas escaló al 102,5% interanual en el mes de febrero, y se estima que superará por lo menos el 107% al término de marzo. Los precios mayoristas subieron por lo menos un 104,5% en los últimos 12 meses, y el dato anualizado de la inflación núcleo asciende hasta el 143,6% (partiendo del salto de 7,7% en febrero). 

Las perspectivas más optimistas señalan que los precios se dispararán más de un 100% en el acumulado de 12 meses para 2023, y algunas instituciones como JP Morgan proyectan una variación interanual cercana al 110%.

Bajo ningún punto de vista, bajo ningún tipo de proyecto y bajo ninguna justificación medianamente razonable desde el punto de vista económico, es posible tan siquiera justificar la decisión tomada por Batakis sino es por criterios políticos evidentemente arbitrarios.

Se trata de una iniciativa en “conmemoración de los 40 años del inicio de la democracia”, un criterio completamente político y sin ningún tipo de justificación seria o técnica. El comportamiento del Banco Nación se asemeja más a un centro de beneficencia política más que a una institución bancaria propiamente dicha. 

“El compromiso del Directorio, las gerencias y de todo el personal por el acompañamiento en el lanzamiento de la línea especial para conmemorar los 40 años de democracia, con condiciones preferenciales, a una tasa de interés del 40% y que apunta a honrar la memoria de quienes nosotros no queremos olvidar”, anunció Silvina Batakis, en nombre del Directorio del Banco Nación.

A 40 años de la recuperación de la democracia, queda en evidencia que el Banco Nación no actúa como una institución independiente del poder político. Este divorcio de sus verdaderas responsabilidades financieras llevaron al Gobierno del entonces presidente Carlos Menem a considerar la privatización de la institución en el año 1998, pero la operación no pudo concretarse por presiones políticas y poder de lobby.

Los sucesivos Gobiernos utilizaron e intervinieron el banco para cumplir sus propios propósitos. La última experiencia en esta materia se produjo en la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando se decidió “asaltar los fondos” del banco según admitió públicamente el economista Carlos Melconian.