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Economía

La verdad de los datos de desocupación: El empleo privado sigue siendo más bajo que en 2019

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El gobierno anunció con orgullo que la tasa de desempleo cayó al 7% de la población activa al término del año pasado, pero el nivel de empleo en el sector privado aún no logra recuperarse al nivel que tenía antes de la pandemia.

El INDEC relevó que la tasa de desocupación cayó al 7% en el cuatro trimestre del año 2021, el dato más bajo de los últimos 5 años. El Gobierno anunció con orgullo este indicador, pero una vez más se aprovecharon de un fenómeno estadístico para tapar la profunda crisis económica que atraviesa Argentina.

La caída de la desocupación era esperable dados factores de índole estacional y la enorme expansión de los planes sociales en los últimos dos años. Para medir correctamente la recuperación laboral real es necesario considerar el nivel de actividad y el empleo.

Mientras el gobierno celebra que solo un 7% de las personas sin trabajo que buscan empleo no lo puedan encontrar, la realidad es que la tasa no mide a las personas que no trabajan porque tienen un plan social.

A pesar de los anuncios sensacionalistas del Gobierno, los propios datos del INDEC sobre el nivel de actividad y el empleo muestran otra realidad que no se ve reflejada en la cifra de desocupación. La tasa de actividad, esto es, qué porcentaje de la población tiene actualmente un trabajo o lo está buscando, cerró el año 2021 en el 46,9%, lo que quiere decir que más de la mitad de las personas que podrían trabajar, no lo hacen.

Este dato cerró casi un punto por debajo del nivel alcanzado en 2019 y por debajo del nivel que había en el cuatro trimestre de ese año, cuando llegaba al 47,1%. Por lo que no se ve todavía una recuperación en el mercado laboral.

El llamado “efecto desaliento” sobre el mercado laboral implica que personas decidan retirarse sin buscar activamente trabajo, lo cual deprime estadísticamente a la tasa de desocupación. Este efecto aún no logra superarse por completo, si bien la actividad ya volvió a niveles cercanos a los que tenía en 2019.

Por otra parte, la evolución de la tasa de empleo como proporción de la población no muestra el dinamismo que el Gobierno pretende mostrar sobre el mercado laboral. La tasa de empleo subió al 46,6% en el cuatro trimestre de 2021, cuando en el año 2019 había llegado hasta el 43% en el último trimestre de la administración Macri. Sin embargo, la composición del empleo permite comprender cómo se produjo el aumento.

Acorde al INDEC, la tasa de empleo privado terminó el año 2021 en el 35%, pero había llegado a representar el 35,1% en 2019, por lo que prácticamente no hubo dinamismo en el mercado laboral. En cambio, lo que ocurrió fue un aumento del empleo en el Estado, siendo que la tasa de empleo público trepó del 7,4% al 7,9%. Esta dinámica explica el tenue crecimiento de la tasa de empleo entre 2019 y 2021.

Muy a pesar de lo que plantea el Gobierno, el mercado laboral argentino no fue el protagonista de la creación de trabajo mediante la apertura de nuevos comercios, nuevas fábricas o nuevas inversiones, sino que fue el Estado el que siguió sumando personal a su estructura ineficiente. Bajo el actual régimen laboral y las actuales condiciones macroeconómicas, el dinamismo del mercado en el sector privado se encuentra severamente limitado.

El crecimiento del empleo público desde 2003 funcionó, en la práctica, como una suerte de “seguro” para suavizar las cifras de desocupación a costa de crear una estructura burocrática sobredimensionada y extremadamente costosa. Esta estrategia reemplazó el rol que antiguamente llevaban adelante las masivas empresas estatales entre los años 40 y los 80.

Además, esta estrategia tiene un efecto negativo sobre la productividad general de los factores en la economía. La canalización de recursos hacia el Estado para mantener puestos de trabajo de menor productividad que en el sector privado, ante las limitaciones regulatorias y tributarias que hacen que estos empleos no puedan crearse en el mercado, deprime la productividad de la economía y su tasa de crecimiento. 

Economía

Nafta al fuego: En medio de la sequía, Kicillof elimina topes para el cálculo del impuesto inmobiliario rural

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Los cambios sobre la ley impositiva de la Provincia de Buenos Aires para 2023 implican la eliminación de los topes del 75% para el cálculo de la base imponible del impuesto inmobiliario rural. El valor fiscal de los bienes de mayor valuación podría dispararse un 200% y elevar dramáticamente los costos de los productores. 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Axel Kicillof volvió a arremeter contra los productores rurales, que constituyen el corazón productivo no solo de la provincia sino también del país. 

Como parte de la Ley Impositiva de 2023 para la jurisdicción, el Gobernador dispuso de la eliminación del tope de 75% para la revaluación de los bienes alcanzados por el Impuesto inmobiliario rural. Se trata de un mecanismo que limitaba la base imponible del tributo y, por lo tanto, funcionaba como un muro de contención para que los costos de los productores no sufrieran una volatilidad peligrosa.

A partir de los cambios de Kicillof, y según las estimaciones proporcionadas por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos aires y La Pampa (CARBAP), los bienes de mayor valuación alcanzados por el tributo podrían sufrir un aumento de su valor fiscal del orden del 200% a partir de la aplicación de la nueva ley impositiva

La CARBAP advierte que un productor rural propietario de 445 hectáreas en Dolores de tierra tendrá un aumento del 60% sobre la valuación fiscal de sus bienes sujetos a impuestos, un productor con 438 hectáreas en Punta Indio enfrentará un sobrecosto del 107%, y solamente con 62 hectáreas los productores de Salto enfrentarán un recargo de valuación equivalente al 232%

La aplicación de la valuación fiscal difiere según cada localidad y por ello genera importantes distorsiones sobre la inversión. También afecta a las llamadas “economías de escala”, ya que el impuesto penaliza especialmente a aquellos productores con una mauor cantidad de hectáreas y un mayor grado de eficiencia

De producirse efectivamente, esta maniobra supondría una gran afluencia de recursos para las arcas fiscales del Gobierno bonaerense, pero un violento shock para los productores rurales que a su vez deben enfrentar las consecuencias de una dramática sequía

Por las condiciones climáticas adversas el 70% de los productores esperan que el desempeño productivo del 2023 sea inferior al de los 3 años anteriores. Asimismo, fue declarado oficialmente el estado de emergencia y “desastre agropecuario” en 33 municipios de la Provincia de Buenos Aires

Los productores de aquellos municipios en estado de emergencia quedarán eximidos del pago del impuesto inmobiliario rural, dependiendo del grado de afectación de las tierras. Sin embargo, lo cierto es que los efectos de la sequía afectaron a la totalidad del mercado ya que se vieron afectadas las cadenas de pagos. Por ejemplo, la venta de maquinaria agrícola se desplomó un 50% solamente durante el tercer trimestre del año

Las medidas de Kicillof generan un impacto recesivo que amplifica el daño provocado por la sequía, ya que incluso para aquellos productores que lograron escapar de los efectos climáticos ahora tendrán que lidiar con un shock impositivo que desalienta la inversión y las exportaciones del sector más dinámico del país

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Economía

Más impuestos en la Unión Europea: Ahora proponen aplicar un “IVA Digital” a las plataforma como Uber o Airbnb

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La Comisión Europea busca elevar el nivel de recaudación a las arcas públicas a través de la generalización del IVA para empresas con plataformas digitales como Uber y Airbnb. Se estima que las medidas podrían incrementar la recaudación en hasta 18.000 millones de euros cada año. 

A fin de volver a incrementar la sangría tributaria en la región que menos crece en el mundo, la Comisión Europea instó a los Estados miembros a volver a generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adaptar el sistema a las nuevas modalidades empresariales con plataformas digitales.

Se propone aplicar el IVA, con las alícuotas correspondientes para cada Estado miembro, sobre empresas de plataforma digital como Uber y Airbnb en caso de que cuenten con algún tipo de emisión, y también aplicar facturas electrónicas digitales para el comercio transfronterizo.

Las nuevas facturas electrónicas para el comercio sobre las fronteras entre países reemplazaría a las “declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias”, con el fin de eliminar vacíos legales sobre evitar el pago del IVA. Se articula un mecanismo para ampliar la base imponible del impuesto sobre estas transacciones. 

La Comisión mencionó incluso a los criptoativos, y determinó que su tratamiento fiscal será similar al de cualquier otro activo financiero y, por lo tanto, estará sujeto a impuestos entre los cuales se encuentra el IVA. 

La generalización también busca compatibilizar la aplicación del IVA para no generar distorsiones discrecionales en la competencia. Por ejemplo, mientras que los hoteles y los taxis tradicionales emiten facturas discriminando el IVA en la UE, algunas empresas intermediarias en transporte o alojamiento de corta distancia no abonaban el impuesto y se genera una suerte de competencia desleal. 

Pero la principal razón de las medidas es el motivo fiscal. Solamente por estas disposiciones la Comisión Europea espera añadir cada año cerca de 18.000 millones de euros a las arcas fiscales de la UE. La recaudación impositiva supera el 40% para el promedio de los países europeos, aunque la mayor parte de los mismos continúa teniendo déficit fiscal. 

En algunos países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Hungría y Croacia las alícuotas más elevadas del IVA oscilan entre el 24% y el 27% sobre el valor de los bienes y servicios alcanzados. Otros países como Alemania, España, Italia y Portugal mantienen tasas más moderadas de entre el 19% y el 23%. 

Pero cualquiera sea el tributo efectivo aplicado en cada país, lo cierto es que Europa es la región con la aplicación del IVA más alto del mundo, muy por encima del promedio para el continente americano, África y Asia. De hecho, algunas economías desarrolladas no cuentan con un IVA instrumentado a nivel federal o mantienen una alícuota muy reducida, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y Australia. 

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Economía

Biden anuncia un salvataje de US$ 36.000 millones para uno de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos

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La Casa Blanca vuelve a darle la espalda a la disciplina fiscal y lanza un paquete de rescate por 36 mil millones de dólares para evitar la quiebra del Fondo de Pensiones de Estados Centrales, cuya insolvencia parecía inevitable para el año 2025. 

El presidente Joe Biden anunció un amplio paquete de rescate fiscal por 36 mil millones de dólares para respaldar el Fondo de Pensiones de los Estados Centrales, un fondo de propiedad de los gobiernos locales y operativo desde el año 1955.

El fondo cuenta con cerca de 350.000 asociados al sistema entre trabajadores sindicalizados y jubilados, y entre malas decisiones operativas y el impacto del alza de las tasas de interés sobre los activos financieros, se esperaba que arribara a una insolvencia irrecuperable para el año 2025. El salvataje del Gobierno federal se propuso evitar la cesación de pagos en el futuro.

Es la segunda vez que la administración Biden despliega una gran cantidad de recursos para rescatar fondos de pensiones. El primer paquete de rescate fue aprobado en marzo de 2021 como parte del “Plan de Rescate estadounidense” y comprometió un monto por US$ 86.000 millones

Solamente ese mes el Tesoro de los Estados Unidos amplió el gasto fiscal mensual en 367.970 millones de dólares, para lo cual cerca del 23% se destinó al rescate de fondos de pensiones. 

El nuevo rescate supone una nueva marcha atrás con la disciplina fiscal. El gasto mensual del Gobierno federal con criterio de “base caja” suele oscilar entre los 400.000 millones y los 500.000 millones de dólares, por lo que una suma de 36.000 millones podría compensar parcialmente el efecto bajista de la estacionalidad de los gatos propia del mes de diciembre. 

Se debe tener en cuenta que el déficit fiscal acumulado de 12 meses abortó la corrección bajista a partir del rescate de deudas estudiantiles en el mes de septiembre. Esta medida irresponsable y regresiva provocó que el desequilibrio financiero del Estado aumentara del 3,89% del PBI al 5,33% en un mes

Asimismo, el déficit primario del Gobierno federal escaló del 2,14% del PBI en agosto al 3,54% en septiembre. En materia de ordenamiento de las finanzas públicas, en un solo mes la administración Biden anuló el esfuerzo fiscal de los cinco meses precedentes al rescate de deudas

Los gastos mensuales ascendieron a los 917.396 millones de dólares en septiembre, un nivel similar al que se registró durante el pago de los masivos programas de estímulo entre abril de 2020 y marzo de 2021. El salvataje de deudas estudiantiles provocó un shock similar al pago de los cheques familiares sobre las finanzas públicas

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