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Economía

Lacalle Pou no se anima a los cambios estructurales y el crecimiento de la economía de Uruguay se ralentiza

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El oficialismo no pudo avanzar en la desmonopolización de la refinación petrolera o los servicios de distribución de agua, la modernización de la legislación laboral y la eliminación del déficit fiscal. El Frente Amplio amenaza con volver al poder y tirar por la borda las tímidas reformas de los últimos tres años.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou no logró llevar a cabo un verdadero rumbo reformista para la economía uruguaya. Pese a que el oficialismo sí logró asentar reformas sustanciales desde el punto de vista impositivo y previsional, el avance en materia de desestatización y apertura comercial fue más bien lento y en algunos casos prácticamente nulo.

Sin lugar a dudas el logro más importante del Gobierno fue la aprobación de la llamada Ley de urgente consideración (LUC), la cual logró ser convalidada por un amplio referéndum llevado a cabo en marzo de 2022, y en el cual la sociedad decidió mantener la vigencia de los 135 artículos que habían sido inicialmente impugnados por la oposición del Frente Amplio.

Este paquete de medidas incluyó la reforma del sistema previsional para garantizar una mayor solvencia de largo plazo, aunque dentro del régimen de reparto estatal. También se incluyeron cláusulas para modernizar la Ley de Inclusión Financiera (LIF), desregulando el pago de salarios en efectivo y flexibilizando las condiciones para las empresas.

En marzo de este año el Gobierno impulsó una reforma tributaria para bajar los impuestos en Uruguay, y entre los puntos más importantes se destacan los siguientes:

  • Aumento de la deducción básica del 10% al 14% sobre el Impuesto a las Rentas de Personas Físicas (IRPF)
  • Ampliación de la deducción por hijo a cargo desde los 73.580 pesos anuales hasta los
  • 113.200 pesos anuales
  • Aumento del crédito fiscal por arrendamientos del 6% al 8%
  • Aumento de la deducción impositiva mínima sobre jubilaciones de 45.280 pesos a 50.940 pesos mensuales, todo esto a cuenta del IASS

En tercer lugar, el Gobierno de Lacalle Pou logró contener el crecimiento del tamaño del Estado, que bajó su participación del 33,3% del PBI en marzo de 2020 al 31,3% para fines de 2023

El déficit primario del Gobierno se había acercado al equilibrio en 2022, pero para 2023 volvió a crecer, y el FMI estima que el resultado financiero finalizará el año en torno a un rojo del 3,2% del PBI.

El estancamiento del sendero reformista de Uruguay es alarmante, especialmente considerando el riesgo por una eventual victoria del Frente Amplio en las próximas elecciones presidenciales.

La administración de Lacalle Pou no logró ningún tipo de avance significativo en materia de privatizaciones, y tampoco se mostró dispuesto a hacerlo. La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) mantiene su dañino monopolio sobre la refinación e importación de hidrocarburos y derivados del petróleo.

Se trata de uno de los monopolios más corrosivos del país, ya que este mercado podría ser fácilmente competitivo en ausencia de subaditividad de costos hundidos, u otras posibles barreras de entrada que para este mercado son relativamente bajas.

Por su parte, la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) sigue monopolizando el abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país, con la sola expedición de Montevideo. Las deficiencias de esta empresa estatal se manifestaron abiertamente durante la última gran crisis hídrica del país, a partir de la cual se tardó meses en normalizar la situación.

Las dudas alrededor de la continuidad del proceso reformista también pone en jaque al control de la inflación, que por primera vez en décadas logró ser contenida a estándares internacionales. Si bien el Banco Central durante la administración de Lacalle Pou ganó prestigio y reputación, nada garantiza que esto pueda ser deliberadamente interrumpido en una eventual administración del Frente Amplio.

Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

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Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

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Economía

El Gobierno de Milei anuncia un bono de $70.000 para los jubilados y el haber mínimo aumentará a a lo más alto en 2 años

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Los aumentos tendrán vigencia a partir del 1° de marzo, y a valores actuales supondría un monto de por lo menos 187 dólares mensuales. Durante los últimos meses de la gestión kirchnerista, la jubilación mínima llegó a caer hasta los 125 dólares, siempre perdiendo contra la inflación.

En medio de la emergencia inflacionaria que dejó plantada el Gobierno anterior, el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron medidas para evitar un deterioro aún mayor sobre el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

A partir del 1° de marzo el Gobierno oficializó la entrega de un bono por $70.000 sobre la jubilación mínima, aumentando otro 30% con respecto a lo que se pagó en diciembre. Por su parte, todos los haberes se ajustarán un 27,18% a partir de la misma fecha, esta vez de manera independiente del nivel de ingresos.

Con este nuevo esquema, el haber más bajo quedaría establecido en los $205.000 pesos a partir de marzo. Así lo determinó la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno expresó su voluntad de modificar la fórmula previsional para evitar que la inflación siga licuando el poder adquisitivo de los adultos mayores, pero para que esto sea posible es necesario el accionar del Congreso. Mientras la fórmula no se modifique, el equipo económico que lidera Caputo buscará compensar los retrasos con nuevos aumentos discrecionales.

Es perjudicial para los jubilados, sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, explicó el ministro Caputo en referencia a la fórmula previsional kirchnerista.

Este fue precisamente uno de los puntos que tocaba la Ley Ómnibus que no logró sostenerse en la Cámara de Diputados. De haberse aprobado, los jubilados disfrutarían de un horizonte temporal menos agresivo con respecto a la inflación. 

A los valores actuales del tipo de cambio en los mercados alternativos, la jubilación mínima de marzo equivaldrá a US$ 187 dólares mensuales. Pese a que esta cifra continúa siendo muy modesta (y expresa el deterioro general que sufre el país), lo cierto es que ya es más elevada al promedio de toda la administración de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Bajo la gestión massista el haber mínimo jamás pudo superar el techo de los 186 dólares mensuales (siempre medida contra el cambio paralelo), y registró un piso de 125 dólares en agosto de 2023 (inmediatamente después del shock devaluatorio).

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Economía

El FMI ratifica su firme respaldo al programa económico de Milei y Caputo: La salida del cepo está cada vez más cerca

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La subdirectora del organismo multilateral viajó a la Argentina y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En la jornada del día miércoles la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista Gita Gopinath, mano derecha de la directora Kristalina Georgieva, viajó a la Argentina para seguir de cerca los avances del Gobierno en el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y reservas que fueron trazadas hace solo un mes. Los resultados fueron contundentemente positivos.

Tras el colapso económico hacia el final de la administración kirchnerista, el Gobierno del Presidente Javier Milei revitalizó las expectativas y sentó las bases para una nueva revisión del acuerdo con el FMI con las siguientes metas para 2024:

  • Superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de deuda) en torno al 2% del PBI
  • Acumulación de reservas netas en el Banco Central por un monto de al menos US$ 10.000 millones (prácticamente se volvería al equilibrio)
  • Eliminación definitiva del financiamiento monetario directo del BCRA al Tesoro

El FMI llegó a la Argentina y encontró que las metas avanzan a paso firme en todas las direcciones acordadas. En el mes de enero, el Sector Público Nacional (SPN) logró un fuerte superávit financiero, incluso más que compensando el pago de intereses de deuda. El resultado total arrojó una cifra positiva por $518.408 millones, mientras que el resultado estrictamente primario mostró un superávit de $1.492.338 millones respectivamente.

Eventualmente el Gobierno deberá mantener esta performance en los siguientes meses para que el resultado consolidado del déficit pueda equilibrarse, pero en términos fiscales el mes de enero fue uno de los mejores en décadas.

Paralelamente, el Banco Central dejó de girar Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional desde que Santiago Bausili asumió su dirección, y toda la emisión de pesos por la fijación de las tasas de interés o por la compra de divisas fue casi completamente compensada por colocación de Pases, por suscripción de bonos BOPREAL y por licitaciones de títulos públicos sirvieron para cancelar deuda con el BCRA.

Finalmente, desde el 10 de diciembre la acumulación neta de reservas alcanzó los US$ 7.900 millones, y cerca de US$ 5.050 millones desde el comienzo del año. Con estas cifras, y previendo todavía las liquidaciones de la cosecha gruesa, la meta fijada con el Fondo Monetario parece completamente plausible.

En vista de que el Gobierno mostró resultados contundentes en todos y cada uno de los frentes de acción acordados, el FMI se abre a la posibilidad de destrabar nuevas líneas crédito que podrían acelerar la eliminación del cepo cambiario y en última instancia la dolarización de la economía.

Muy a diferencia de lo que venía ocurriendo en Argentina durante los últimos años, esta vez la suscripción de préstamos no servirá para financiar gastos corrientes del Gobierno, sino para sentar las bases de una estabilización definitiva y resistente a los cambios de signo político venideros.

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