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Las “cajas negras” de la política: Los fondos fiduciarios administran recursos por $1,5 billones cada año sin control alguno

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Se trata de una serie de partidas que prácticamente no tienen controles ni supervisión, con una masa de recursos equivalente al 2% del PBI. Muchas de estas cajas esconden privilegios, regímenes especiales y subsidios discrecionales. Milei intentó eliminarlas pero fue frenado en el Congreso.

Una de las razones que llevó al colapso del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso fue que dentro de las reformas de Milei, se disponía la intervención y eliminación de los llamados “fondos fiduciarios” del Gobierno Nacional, fondos que se administran con un nivel de discrecionalidad absoluto y sin supervisión o controles de transparencia.

Estos fondos son verdaderas “cajas negras” de la política argentina, que administran cerca de 2 puntos del PBI, una masa de recursos que asciende a los $1,5 billones de pesos por año. Lo que es lo mismo, cada año se gastan entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones en partidas que no están sometidas al debido control y fiscalización del Estado, sino que son recursos “garantizados” con ejecución automática.

Hay 29 fondos fiduciarios que actualmente tienen vigencia, y cada uno tiene su administrador, que suelen ser punteros de distintos partidos políticos nombrados por el Poder Ejecutivo por un periodo determinado, quienes no pueden ser removidos hasta que se cumpla.

Se desconoce completamente qué empresas contratan para llevar a cabo sus tareas específicas, o bajo qué criterios se contrató a una y no a otras. Se desconoce cómo fueron colocadas las partidas y por qué razones, y tampoco existe ninguna evaluación de impacto de las políticas ejecutadas, por lo que no hay manera de saber si cumplen sus objetivos, o hasta que punto gastaron el dinero cómo y dónde debían hacerlo.

Todos estos problemas fueron advertidos en reiteradas oportunidades por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, la cual asegura que la mera existencia de estos fondos excede completamente las funciones constitucionales del Ejecutivo sobre el Legislativo, que tiene entre sus tareas la supervisión de las partidas y los presupuestos.

La Ley Bases dotaba al Presidente de poderes para intervenir estos fondos, eliminar los que quisiera y reformar y redestinar los recursos que administran. Así estaba reconocido dentro del famoso inciso “h” del artículo 4° en el proyecto de ley, que fue rechazado por los diputados que habían apoyado en general a la ley.

La oscuridad detrás de estos procesos presupuestarios le abre las puertas a la corrupción enquistada en el aparato burocrático estatal, e impide una correcta asignación de los recursos públicos. Sin la reforma que proponía la Ley Bases, el presidente Javier Milei no puede ni siquiera hacer una auditoría de estos fondos, y debe esperar que se cumplan los plazos designados por Alberto Fernández para su administración, que van entre 2 y 4 años en muchos de los casos.

En la Ley Bases se incluía un amplio proceso de auditoría para trazar un orden de prioridades en cada uno de los fondos, eliminado cualquier tipo de gasto superfluo y cualquier indicio de corrupción política. También se permitiría la posibilidad de unificar y simplificar fondos.

Algunas de estas cajas políticas se encuentran bajo la órbita del Banco Nación, mientras que otras son gestionadas por el BICE y el Banco Hipotecario, entre otros organismos. Algunas, directamente tienen Consejos de Administración cuyos miembros sin designados a dedo por acuerdos políticos, entregando estas cajas a cambio de favores.

Muchos diputados que responden a intereses sectoriales se negaron a acompañar el proyecto por su intervención de los fondos fiduciarios. Estos recursos financian, entre otras cosas, regímenes especiales de promoción (todos arbitrarios), subsidios, y tratamientos diferenciales para ciertas empresas.

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¿En qué gastan las universidades? Miles de millones se destinan a cursos, materias y carreras de género

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En medio de la polémica por el presupuesto de las universidades, estudiantes revelan un entramado multimillonario de gastos en cuestiones de género en todas las facultades públicas del país.

Este 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para que el Gobierno Nacional les actualice el presupuesto educativo, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano confirmó este mismo viernes que ya fue aprobado, con aumentos del 170% para los gastos operativos (como la luz o salarios docentes) y una suba del 70% adicional para hospitales universitarios.

Sin embargo, la idea de la Marcha Federal Universitaria ya se convirtió en una bandera de resistencia contra el gobierno de Javier Milei de la UCR, del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, por lo que la convocatoria se mantiene, aunque carezca de sentido.

En este contexto, los estudiantes indignados con la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué gastan las universidades y por qué dicen no tener plata para pagar la factura de luz o por qué no actualizan los salarios docentes hace 2 años.

En un primer análisis, se enfocaron en analizar todos los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que se podría recortar íntegramente sin perder calidad educativa. Por el contrario, aumentaría de calidad.

El mayor nivel de gastos está en las carreras de género que lanzó cada universidad nacional. Se destacan por lo absurdo un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

En la Universidad de La Plata, por ejemplo, se destinan millones del presupuesto para una especialización en Educación en Géneros y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, o en una especialización en Perspectiva Feminista y de Derechos Humanos, en la Facultad de Trabajo Social.

Otras universidades que destinan recursos públicos en doctorados, maestrías o especializaciones de género son la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de Tres de Febrero, la de Tucumán, la del Comahue, la de José C. Paz, la de Luján e incluso la Universidad de Defensa Nacional.

Pero esto no termina acá. La locura continúa. En un análisis más riguroso, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementas políticas de género. Plata hay, pero está mal administrada.

La UBA, que apagó las luces de sus facultades porque dicen que no pueden pagar sueldos, gastan millones en una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, un Programa de Igualdad de Género en Exactas, una Secretaría de Género en la Facultad de Ciencias Sociales, un Programa de Violencia de Género en Veterinaria y un Programa de Género y Derecho en la Facultad de Derecho.

Hay más, en la Facultad de Medicina, que cortó la luz hace una semana porque dice que no tiene plata para pagar la factura de electricidad, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto incluye salarios de los empleados asignados al departamento, además de docentes y personal educativo.

Pero esto no se limita a la UBA, la UNC tiene hasta una Prosecretaría de Género en la Facultad de Psicología, y una “Escuela Itinerante de Género” en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo mismo la Universidad del Litoral, con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

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Un heroico comerciante en La Plata mató a un ladrón, y ahora policías custodian su local por temor a represalias

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Los familiares del delincuente amenazaran de muerte al dueño del local por lo que las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo para custodiar al comercio y a la familia del dueño.

Este viernes, un heroico comerciante mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle en su distribuidora en La Plata. El hecho ocurrió en el local Don Otto, de la 520, entre 11 y 12. Según las primeras informaciones, el ladrón había apuntado con un arma en la cabeza al dueño.

Según las cámaras de grabación del local, a las 12:40 del viernes se ve a una empleada que interrumpió su trabajo y, cuidadosamente, se acercó a su compañera y le dio indicaciones para esconderse. Unos segundos después, se puede observar que uno de los ladrones pasa al área donde estaban las mujeres y comienza a sacar el dinero, sin darse cuenta de que el dueño del local, Marcelo Agugliaro, estaba dentro del depósito.

Menos de dos minutos después, el empresario salió valientemente con el arma empuñada y comenzó a disparar contra los criminales. Los delincuentes intentaron escapar pero por suerte, una bala alcanzó a uno de ellos, terminando con su reprochable vida.

Según se pudo constatar con las grabaciones y luego con un peritaje del arma, el delincuente abatido portaba un revólver calibre 38 mientras corría por la calle minutos previos a realizar el asalto. Dentro del local, se lo ve intentando gatillar contra el comerciante, pero la bala no salió de la recámara.

En ese momento, el hombre sacó su arma y efectuó cuatro disparos contra el ladrón que le causaron la muerte inmediata. El cómplice huyó y sigue prófugo, mientras es buscado intensamente por las cámaras de seguridad de la Policía bonaerense.

Los vecinos que estaban en el lugar salieron en apoyo al comerciante y remarcaron su cansancio ante los reiterados hechos de inseguridad. Sin embargo, mientras se montaban los móviles de los noticieros, empezaron a llegar familiares del ladrón abatido, y amenazaron de muerte al dueño del local.

En las imágenes difundidas al aire por TN se puede ver a una de las mujeres gritando desconsoladamente y culpando a la policía por la muerte de su sobrino, del cual el cuerpo aún permanecía dentro del local. También pedían que les devolvieran su moto pero la policía confirmó que es robada y que quedaría incautada.

En diálogo con TN, la hermana del comerciante reclamó: “Estoy desesperada, porque ya lo asaltaron muchas veces, hasta en su casa”. Además, la mujer aseguró que su hermano es legítimo usuario de armas y que disparó en defensa propia. “Es una situación horrible, toda la gente está cansada de que nos roben”, agregó.

En cuanto al acusado, la Justicia actuó con sentido común y se le permitió seguir en libertad, ya que el fiscal a cargo de la causa, Álvaro Garganta, determinó que no hay riesgo de fuga. Lo que sí, este sábado se tuvo que presentar en la UFIJ 11 de La Plata para prestar su declaración. La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

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En la UNC obligan a estudiantes a ir a la marcha del 23 para aprobar materias: Si no van, tienen que cumplir horario en un gremio docente

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La Universidad de Córdoba puso una actividad que obliga a los estudiantes a tener que asistir a la marcha y luego escribir sobre ella.

A pesar de que el Gobierno Nacional accedió a darles un aumento del 170% en las partidas presupuestarias y un 70% adicional para hospitales universitarios, las universidades públicas de todo el país están empecinadas en hacer una demostración de fuerza y convocaron a una marcha masiva para el martes 23 de abril.

No está claro qué se reclamará en la marcha, si con este aumento los gastos operativos de la UBA y de las principales universidades nacionales del país estarán cubiertos hasta fin de año, en un contexto de inflación a la baja.

Pero el afán de convocar una marcha es tal, que varias universidades están obligando a sus estudiantes a ir a la manifestación el día 23. Un caso paradigmático se viralizó este sábado en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Si bien los estudiantes reportan que está ocurriendo a lo largo de todas las materias de la carrera, el caso que más se viralizó fue el de Taller de Lenguaje y Producción Gráfica, en la que le encomendaron a los alumnos participar de la marcha y después hacer una nota periodística como parte de la evaluación para aprobar la materia.

Quienes no quieran ir a la marcha, no podrán aprobar la materia. Para hacerlo si desean no participar de la movilización hiper partidaria, deberán cumplir con horas en un gremio docente, donde serán aleccionados sobre por qué es importante marchar.

En el documento donde presentan la actividad, tiene un apartado “para quienes no asisten a la marcha”, donde explica: “El martes 23 de abril se realizará en todo el país una Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública. En caso de no poder asistir en el horario de 11 a 13, se deberá realizar una ‘cobertura de escritorio’, revisando los distintos portales web, medios periodísticos nacionales para relevar las características y resultados de la marcha en distintos puntos del país“.

Pero eso no es todo. En otro horario del día, los alumnos deberán asistir a una sede gremial para hablar con los sindicalistas sobre la marcha. El documento reza: “Luego, por la tarde en el horario disponible acercarse a alguna de las siguientes opciones: 1) El gremio docente ADIUC: Avenida Haya de la Torre, Av. Rogelio Nores Martinez &, Córdoba; o 2) La Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba“.

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