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Economía

Las empresas del Estado le costaron a la sociedad US$ 3.767 millones en 2021 y el costo sigue subiendo

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El desequilibrio de las empresas estatales llegó a representar casi el 39% de todo el déficit primario nacional. El déficit operativo es cada vez más grande, siendo que en los últimos 12 meses las empresas del Estado perdieron US$ 3.912 millones.

Las estadísticas relevadas por el Ministerio de Economía vuelven a confirmar el costo sideral de las empresas del Estado para la sociedad. Solamente en 2021, las empresas públicas perdieron US$ 3.767 millones y el costo de las transferencias del Tesoro representó el 0,78% del PBI según las fuentes oficiales.

Otras estimaciones alternativas, como la presentada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), calculan que las transferencias totales del sector público hacia las empresas habrían llegado incluso al 1,2% del PBI. Esto se debe a la inclusión de aportes del Tesoro Nacional para financiar gastos corrientes y de capital (que no son contabilizados en los resultados operativos).

Con estos aportes adicionales sobre los resultados operativos, las pérdidas de las empresas del Estado representarían hasta el 39% del déficit primario total en 2021. Se trata de la cifra más elevada desde el año 2015 e incluso más alta que la del año 1990.

El “Estado empresario” demostró ser incapaz de solventar los desequilibrios y al mismo tiempo proveer servicios de calidad. Según los datos del Ministerio de Economía, el déficit acumulado de 12 meses hacia el mes de febrero alcanzó los US$ 3.912 millones, lo que evidencia que el Gobierno de Fernández no consiguió ningún tipo de corrección.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández el desequilibrio de las empresas estatales aumentó en 2.173 millones de dólares, representando una partida presupuestaria cada vez más significativa en los gastos totales del Estado nacional.

Crece cada vez más la necesidad de privatizar las empresas del Estado para aliviar el costo financiero sobre la sociedad, que debe afrontarlo en plena crisis inflacionaria.

A pesar del déficit sideral, el Gobierno kirchnerista se propuso seguir incrementando el grado de estatización de la economía y, con ello, el desequilibrio que debe ser solventado por transferencias del Tesoro.

Fernández impulsó la estatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay por medio de un decreto, después de 25 años funcionando con una gestión privada de excelencia. La hidrovía fue expropiada y transferida al control de la Administración General de Puertos (AGP), volviendo al sistema obsoleto que regía antes de las reformas de Carlos Menem.

A su vez, el oficialismo también impulsó la estatización de todas las rutas nacionales con peaje, erradicando por completo el sistema PPP (obra pública con participación público-privada) que había sido instaurado en 2018. Se rescindieron todas las concesiones y el Estado volvió a monopolizar deficientemente el control de las rutas

Economía

Los demócratas siguen aliviando sanciones contra la dictadura chavista y la dictadura cubana

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Biden decidió dar marcha atrás con las severas sanciones que había establecido el presidente Donald Trump contra las dictaduras socialistas. El Tesoro estadounidense emitió una licencia para que Chevron pueda reiniciar conversaciones con PDVSA, y se levantaron restricciones para las remesas hacia Cuba.

La política exterior del presidente Joe Biden marca un fuerte giro con respecto a su predecesor: serán aliviadas las sanciones económicas contra las dictaduras socialistas en Cuba y Venezuela. Esto marca una profunda ruptura con la impronta de los votantes latinos en Estados Unidos que demandaban una mayor condena contra la violación de derechos humanos en Latinoamérica, siendo muchos de ellos exiliados de Venezuela o Cuba.

Por iniciativa de Biden y los demócratas, el Tesoro de los Estados Unidos otorgó una licencia especial a la empresa Chevron para permitirle entablar conversaciones preliminares con PDVSA, la petrolera estatal que monopoliza el sector energético venezolano. No se habilitó la posibilidad de celebrar contratos ni integraciones en actividades comerciales, pero la medida busca disminuir tensiones diplomáticas e incentivar el diálogo entre Estados Unidos y la dictadura chavista.

La vicepresidente de la dictadura, Delcy Rodríguez, celebró públicamente la decisión de Biden para modificar la política exterior de los Estados Unidos. Rodríguez anticipó las aspiraciones del régimen para que las sanciones económicas sean finalmente levantadas, dejándose así de condenar la violación sistemática de derechos humanos.  

Los sectores “centristas” y “moderados” dentro del Partido Demócrata aseguran que se trata de una posición pragmática de Biden frente a la crisis petrolera mundial provocada por Rusia, pero este argumento se derrumba si se considera que la propia administración Biden ya anunció sus planes para levantar sanciones contra Cuba, un país sin ningún tipo de relevancia económica.

El Gobierno demócrata desarticulará el enfoque de la administración anterior hacia La Habana, y anunció que se levantará el tope de US$ 1.000 dólares por trimestre para las remesas familiares de residentes en EE.UU. También se liberalizarán las remesas a modo de donaciones, aún sin ser entre miembros de un mismo grupo familiar.

Idealmente, las nuevas medidas con respecto a Cuba buscan dar un alivio a la población cubana mediante la revitalización de las remesas y “sin enriquecer a quienes cometen abusos contra los derechos humanos” según precisaron funcionarios de la Casa Blanca. 

Esta última apreciación parece demasiado idealista, o cuanto menos inocente, considerando que la dictadura socialista implementa un violento control de cambios y de capitales sobre la isla. Las divisas quedarán en manos de la dictadura, o serán relegadas al mercado informal dentro del país. 

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Economía

Perdimos la Guerra contra la Inflación: El deplorable paso de Roberto Feletti por la Secretaría de Comercio

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Decidió renunciar a su cargo en la Secretaría de Comercio sin haber conseguido ningún tipo de resultado en materia de inflación. Los controles de precios volvieron a fracasar en Argentina por décima vez.

El fanático kirchnerista Roberto Feletti decidía dar un paso importante en octubre de 2021, al abandonar su lugar como panelista en C5N para ocupar la Secretería de Comercio, prometiendo “controlar los precios y preservar el salario” desde esa cartera. Una tarea ya de por sí imposible porque el único que puede frenar la inflación es el presidente del Banco Central.

Tras reemplazar a Paula Español, quien ya había fracasado en su intento por controlar los precios, Feletti no identificó un problema de direccionalidad, y se creyó que se falló por una cuestión de baja intensidad en las políticas de controles.

Bajo su gestión, se relanzó y se generalizó el programa Precios Cuidados, se reintrodujo el Ahora 12, se lanzó un programa de “Cortes Cuidados” para los precios de la carne, se expandió la asignación de Precios Máximos y se focalizó en la “dispersión de precios”, se incrementó el monitoreo de costos sectoriales, y se desarrolló el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y el Fideicomiso para la harina fideos. Todas y cada una de las iniciativas de Feletti cosecharon un amargo fracaso.

Los precios cuidados no tuvieron ningún impacto estadístico o empírico sobre la formación de expectativas, como pretendía el exsecretario. Los precios de la carne aumentaron por encima de la inflación, y los cortes “controlados” por el Gobierno no atendieron a los estándares mínimos de calidad esperados por los consumidores. A su vez, los subsidios sobre el trigo y la harina no tuvieron un impacto significativo en el poder adquisitivo de los consumidores a estos efectos.

Durante la gestión de Feletti, y a pesar de ella, la inflación mensual se aceleró mes a mes: 2,5% en noviembre de 2021, 3,8% en diciembre, 3,9% en enero de este año, 4,7% en febrero, 6,7% en marzo y 6% en abril. En ese mismo período, la inflación interanual trepó del 52% al 58%. Las regulaciones sobre los precios no sirvieron como un “ancla nominal” como se pretendía en un comienzo.

Inflación mensual entre enero de 2021 y abril de 2022.

En promedio, la inflación mensual ascendió al 4,5% mientras Roberto Feletti se hizo cargo de la Secretaría de Comercio. Para el mismo período de tiempo, pero 12 meses antes, la inflación mensual promedió el 3,9%. Queda en evidencia que las regulaciones y los controles sobre los precios no fueron una variable significativa o de algún modo relevante para evitar la aceleración inflacionaria.

Sin nada que mostrar, Roberto Feletti abandonó su cargo en la Secretaría de Comercio y fue rápidamente reemplazado por Guillermo Hang, que a diferencia de su predecesor es economista profesional.

El nombramiento de Hang supone una victoria interna para el ala de Martín Guzmán dentro del oficialismo, quien absorbió la Secretaría de Comercio, pasándola del Ministerio de Desarrollo, donde operaba con la autonomía de un ministerio propio, al Ministerio de Economía, donde responderá directamente a Guzmán.

La política de control de precios quedó completamente bajo la responsabilidad de una sola persona: Martín Guzmán. Nuevamente, fallando en identificar que el problema radica en la política monetaria, el ministro tomará la posta en la “Guerra de la Inflación”, tras 7 meses de derrotas, e intentará seguir peleando una batalla imposible. 

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Más nafta al fuego: El Banco Central emitió y le transfirió $174.000 millones al Tesoro en mayo

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La monetización del déficit fiscal se volvió a acelerar en el mes de mayo y el BCRA se encuentra al borde de quebrar la meta monetaria del FMI para junio.

En el marco de la inflación más alta desde 1991, el Banco Central aceleró el ritmo de emisión de dinero para financiar el déficit fiscal. Solamente en mayo, el Central giró una suma por $174.000 millones en concepto de “adelantos transitorios” para el Tesoro. Se trata de un típico recurso contable para simular un préstamo ficticio y sin retorno del BCRA al Tesoro, financiado con emisión monetaria.

Los adelantos transitorios protagonizan la monetización del déficit fiscal desde noviembre del año pasado, siendo que no se contabilizaron “transferencias de reservas”, que constituye otro recurso contable ficticio para monetizar el déficit. En lo que va del 2022, el BCRA ya imprimió $376.000 millones para que el Tesoro pueda financiar el déficit fiscal.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece una meta trimestral con un límite acumulado de hasta $439.000 millones de emisión monetaria para junio. Con lo que lleva emitido el BCRA hasta la fecha, existe una diferencia de solo $66.000 millones para incumplir la meta y provocar la caída del programa.  

Estimaciones preliminares sugieren que la monetización del déficit, acumulada de 12 meses, sigue por encima del 3% del PBI y cuando existe una meta en torno al 1% para diciembre de 2022. El Gobierno no es capaz de mostrar señales que garanticen el cumplimiento efectivo de las metas.

El presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce, relativizó el efecto de la emisión monetaria sobre la inflación, remarcó el aumento del precio de las materias primas a nivel internacional y volvió a recordar que la meta del primer trimestre fue eventualmente cumplida, intentando así dar algún tipo de garantía para la meta de junio.

“Lo que se está evaluando son las metas del primer trimestre y las metas están cumplidas en todos los conceptos: reservas, déficit fiscal y emisión monetaria. Las cifras estuvieron por debajo de lo que se planteó, mejor de lo que se esperaba especialmente en el mes de marzo, lo que permitió cumplir la meta”, declaró Pesce.

El déficit fiscal acumulado de 12 meses no está bajando, y es el factor de dominancia sobre la expansión monetaria. El déficit primario llegó al 3% del PBI en abril de 2022, permaneciendo en este nivel desde diciembre del año pasado sin cambios y por encima del 2,66% alcanzado en octubre. Con intereses de deuda el déficit financiero ya representa el 4,6% del PBI, el valor más alto desde mayo de 2021.

Si para junio el Gobierno no logra financiar la brecha fiscal con recursos de licitaciones en el pequeño mercado de capitales local, o si el costo de la deuda ajustada por CER se torna insostenible, el BCRA deberá cerrar la brecha y el acuerdo con el FMI se vería quebrado. 

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