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Economía

Las reformas liberales de Silvio Berlusconi que transformaron la economía italiana y desarmaron la burocracia socialista

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El fallecido mandatario italiano reformuló los principales cimientos de la estructura estatal italiana, incluyendo la legislación laboral, el sistema previsional y el sistema impositivo. Las reformas de Berlusconi avanzaron con la necesaria modernización del país.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, apodado cariñosamente como “Il Cavaliere”, falleció este lunes por la mañana, luego de una larga carrera política donde fue el gran protagonista de una serie de reformas que modernizaron la estructura del Estado italiano desarmando décadas de burocracia socialista en favor del libre mercado.

Ocupó la dirección del Poder Ejecutivo por primera vez en un breve período entre 1994 y 1995, más tarde logró formar un Gobierno con respaldo parlamentario entre 2001 y 2006, y en contra de todo pronóstico logró nuevamente imponerse como mandatario entre el año 2008 y 2011, completando 9 años al frente del poder en Roma.

Sus reformas fueron fundamentales para garantizar la solvencia fiscal a largo plazo, contener la tasa de desocupación y estimular el crecimiento, aún a pesar de las serias dificultades que atravesó la economía italiana, y los problemas estructurales que aún persisten en ella.

Las reformas en el mercado laboral

La reforma de la legislación laboral italiana es sin lugar a dudas uno de los puntos más favorables de la gestión Berlusconi. Aunque Italia tuvo un desempeño similar al de España en cuanto a su nivel de actividad, la tasa de desocupación española prácticamente duplicó a la italiana durante la crisis internacional de 2008 y en adelante.

La divergencia en favor de Italia se debió fundamentalmente a la flexibilización de la legislación laboral que impulsó Berlusconi en sus primeros mandatos. Entre 2001 y 2002 se llevó a cabo una reformulación integral del sistema, por la cual se amplió el “despido libre” para una gran cantidad de contratos (sin indemnización) y a cambio se amplió por un año la percepción por seguros de desempleo.

Para esto hubo que modificar el artículo 18 de la legislación laboral italiana, que requirió meses de negociaciones con el sindicalismo, las cuales Berlusconi encabezó personalmente, con una cumbre con la Confederación General del Trabajo (CGL) donde se acordó finalmente la reforma.

Al mismo tiempo, la reforma estableció una rebaja gradual de aportes patronales: cayeron un punto porcentual del 34,1% al 33,1% a partir de 2001, y en el año 2006 se dispuso una nueva rebaja hasta llevar al impuesto al 32,1%. Las cargas sociales para los trabajadores aumentaron muy ligeramente del 10,2% al 10,5% en el mismo período, en compensación por la extensión del seguro de desempleo.

Reforma del sistema impositivo y disciplina fiscal

El Gobierno de la derecha italiana apostó fuertemente por las “políticas del lado de la oferta”, bajando impuestos para fomentar la libre iniciativa del sector privado. La tasa marginal máxima del impuesto a las Ganancias se redujo fuertemente del 46,1% en 2002 al 45% desde 2003, y a partir de 2005 se dispuso de una rebaja adicional hasta el 43%.

De la misma manera, la tasa sobre Sociedades se redujo del 41,3% al 37,3% entre 2001 y 2006. Esto permitió corregir al menos una parte del enorme atraso competitivo que tenía el sistema fiscal italiano frente a otras economías desarrolladas como Estados Unidos y Alemania. Más tarde, Berlusconi llevó a cabo otra gran rebaja fiscal que llevó la tasa de Sociedades al 31,4% a partir de 2008.

Estas medidas se tomaron sin descuidar la responsabilidad fiscal. Bajo la administración de la derecha, Italia mantuvo estrictamente el superávit fiscal primario de manera ininterrumpida entre 2001 y 2006, y lo perdió solo entre 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis internacional.

Por otra parte, el resultado financiero total promedió el 3,4% del PBI hasta 2006, ligeramente por encima de los postulados de Maastricht.

Reforma previsional

La última gran reforma de Berlusconi fue para garantizar la solvencia a largo plazo del Estado italiano, y probablemente sea una de las herencias más positivas de la gestión Berlusconi, dando más poder al sector privado y entregándole sustentabilidad al sistema.

Se determinó un aumento de la edad mínima de jubilación de 57 a 60 años, una medida histórica porque ningún otro Gobierno se había animado a proponerlo desde la creación misma del régimen de reparto en Italia. También se elevó la cantidad mínima de años de cotización necesarios para poder jubilarse hasta los 35 años, un ajuste necesario en compensación por no aumentar aún más la edad jubilatoria estándar.

Se estima que las medidas supusieron un ahorro del 0,7% del PBI por año para las arcas públicas desde el año 2008, con lo cual hasta 2023 el Estado se evitó un gasto sideral de hasta 10,5 puntos porcentuales del PBI, que de otro modo habría tenido que desembolsar, probablemente a base de endeudamiento.

Y si bien el sistema previsional italiano aún necesita urgentes reformas y la edad jubilatoria sigue muy atrasada en términos de envejecimiento poblacional, la gestión de Silvio Berlusconi fue el primer gran precedente reformista que avanzó en la dirección correcta

Economía

Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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Economía

Rotundo éxito de la derogación de Ley de Alquileres: La oferta subió un 240% y los precios reales cayeron un 34%

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Contrariamente a lo que defendió el kirchnerismo y la izquierda a lo largo de la campaña electoral del 2023, la desregulación inmobiliaria está permitiendo que miles de personas puedan acceder al alquiler en Argentina. El valor real de los precios de alquiler se redujo en un 34% desde la vigencia del DNU.

El Presidente Javier Milei cumplió su promesa de campaña en relación a la desregulación del mercado de alquileres, derogando las corrosivas normativas dictadas por el Gobierno kirchnerista en 2020. 

Los resultados están a la vista: la oferta de viviendas puestas en alquiler se disparó un 240% solamente en la Capital Federal, y este efecto expansivo se registró en cada rincón del país, al ser dinamitadas las restricciones arbitrarias de la gestión anterior. El apuntalamiento de los derechos de propiedad y la mayor flexibilidad para negociar precios, permitieron que muchos propietarios vuelvan a confiar sus bienes inmuebles al mercado del alquiler.

Pero los mayores beneficiarios de la desregulación fueron los propios inquilinos: se estima que el valor real de los alquileres se desplomó en un promedio de por lo menos 34% desde la vigencia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) establecido por el Gobierno.

Y de acuerdo a los datos publicados por el INDEC, en la región del Gran Buenos Aires el valor real de los alquileres se redujo en un 22% desde diciembre del año pasado. Se trata del rubro que más se apartó de la variación promedio de los precios desde entonces (denotada por el IPC del organismo oficial).

En otras palabras, el precio promedio de los alquileres en el mercado se incrementó sistemáticamente por debajo de la tasa de inflación de la economía, y también por debajo del crecimiento de los salarios. 

El poder adquisitivo de los argentinos se vio favorecido a la hora de lidiar con los costos de alquilar. Dada una demanda relativamente constante en el mercado, la explosión de la oferta de propiedades en alquiler permitió que los precios simplemente colapsaran en términos reales

Los sucesivos y drásticos aumentos perpetrados durante la legislación anterior simplemente dejaron de ser convalidados por los usuarios, ya que ahora disponen de una gran variedad de alternativas para poder alquilar.

La legislación anterior protegía virtualmente solo a aquellos usuarios con la suerte de disponer de un alquiler ya contratado, ya que se veía licuado el valor real del mismo con el paso del tiempo. Pero este fuerte desincentivo a la oferta de viviendas generó un alza de precios en términos reales que terminó por levantar una enorme barrera a la entrada en el mercado.

Cada vez más, los beneficios de la Ley de Alquileres del año 2020 se dirigían a los usuarios de mayores ingresos que tuvieron la suerte de poder saltear las crecientes barreras a la entrada del mercado, pero solo a costa de miles de personas que desafortunadamente fueron expulsadas de toda posibilidad de alquilar debido a los precios exorbitantes y la escasez de alternativas de vivienda.

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Economía

El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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