El municipio Capitán Sarmiento logró eliminar una gran cantidad de tasas impositivas obsoletas, consiguiendo un aumento del 40% en la recaudación. Las medidas expandieron la iniciativa privada y fomentaron el asentamiento de 300 familias a la localidad.

El intendente del municipio Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, demostró que la eficiencia tributaria puede concretarse simplificando el sistema y reduciendo la cantidad de tributos distorsivos sobre la actividad económica.

En una primera etapa Iguacel resolvió la eliminación completa de 98 tasas municipales, pero lejos de ser un problema para la administración pública, la recaudación respondió positivamente y aumentó un 60% en términos reales a partir de la expansión de la iniciativa privada. En una segunda etapa, se procedió a eliminar otras 11 tasas adicionales y manteniendo un aumento del 40% en la recaudación.

Se llegó a registrar un récord de cobrabilidad de los tributos locales. Mientras el antiguo entramado de impuestos mantenía una cobrabilidad que a duras penas llegaba al 46%, bajo el nuevo régimen se llegó a registrar un sorpresivo 105%. Este dato superior al 100% por la cancelación de deudas por parte de contribuyentes que volvieron a confiar en la razonabilidad del sistema.

Muchas de las viejas tasas o contribuciones eran ampliamente distorsivas, otras suponían gravar varias veces la misma actividad o eran ampliamente abusivas y otras, según declara el propio Iguacel, eran sencillamente incomprensibles.

Fueron eliminadas tasas que suponían una cruda injusticia para los contribuyentes. Antes de la reforma de Iguacel era necesario tributar a la municipalidad una tasa específica para poder acceder a la información provista en el Boletín Oficial que, a su vez, informaba sobre qué tasas eran aplicadas y cuáles eran sus recargos. Esto conformaba un claro abuso en contra de los contribuyentes y suponía negar el libre acceso a la información pública.

Las medidas generaron un rápido dinamismo empresarial y un clima de confianza para la inversión. Se estima que fueron habilitados 100 nuevos emprendimientos. El nuevo marco normativo permitió el desarrollo una base imponible más amplia sobre la cual cobrar las 21 tasas que quedaron activas, ampliando así los recursos para el sector público sin perjudicar en absoluto al sector productivo.

El dinamismo fue tan fuerte que un total de 300 familias decidieron su traslado residencial a Capitán Sarmiento. Este comportamiento de movilidad entre localidades fue famosamente catalogado como “voto con los pies” por el economista Charles Tiebout, y su nombre se debe precisamente al efecto negativo de los impuestos elevados sobre las decisiones de las personas acorde a sus preferencias.

La experiencia de Capitán Sarmiento puede extrapolarse fácilmente a un nivel provincial e incluso al nivel nacional. Una gran cantidad de impuestos, como los que tiene Argentina, no garantizan una recaudación consistente y más bien se demuestra estrictamente lo contrario al quedar penalizada la iniciativa privada.

El crédito se vuelve algo cada vez más inaccesible dentro de la economía kirchnerista. El Estado se lleva el 76% del crédito interno para cubrir sus pérdidas, desfinanciando la producción y el trabajo.

Según las estadísticas estandarizadas que elabora el Banco Central, el crédito real al sector privado cayó un 12,6% desde que Alberto Fernández asumió la dirección del país, llegando a un nivel preocupantemente bajo.

El crédito real a precios constantes se mantiene en un nivel similar al que se había en 1974. La economía kirchnerista no fue capaz de promover el acceso al crédito para el sector privado productivo.

Bajo la gestión de Alberto Fernández, el Estado aumentó constantemente su participación en la captación de capital interno, desfinanciando los proyectos productivos y retrasando la recuperación económica genuina.

El Banco Central estima que el 75,8% del crédito interno es captado por el sector público, cuando esta relación alcanzaba solo el 53,2% cuando asumió Fernández. La economía kirchnerista resuelve agrandar el peso relativo del Estado a costa de la iniciativa privada y la producción.

La participación del crédito privado actualmente es una de las más bajas en la historia argentina. A diferencia de otros países, para el caso argentino esto resulta preocupante porque el mercado de capitales local es muy pequeño, incluso en comparación con la región.

Este proceso genera una presión considerable sobre las tasas de interés locales para los argentinos. Se encarece el acceso a hipotecas a tasas y plazos razonables, el acceso a la financiación de la producción, el desarrollo de la innovación tecnológica, la inversión intensiva en capital, etc.

Se llegó a una situación límite en la cual el Estado adquirió la mayor participación dentro del crédito local que le es posible o realizable y, al no tener financiamiento externo, se debe cubrir el déficit fiscal remanente con asistencia monetaria del BCRA.

En lugar de direccionar recursos para procesos productivos generadores de puestos de trabajo, el grueso del crédito interno se dedica a financiar gastos de índole corriente que realiza el sector público, por lo que el efecto sobre la inversión bruta interna fija es relevante.

Al término del año 2020 la inversión representó solo el 13,4% del PBI, el nivel más bajo de los últimos 60 años. Teniendo en consideración el efecto de la depreciación progresiva del capital en ese mismo año, prácticamente no se produjo inversión en Argentina, habiendo un profundo proceso de descapitalización.

El Banco Central debió auxiliar al Tesoro por los profundos desequilibrios fiscales que el Gobierno se niega a corregir. En lo que va del año la asistencia monetaria acumula un monto por $ 500.000 millones.

Pese a la corrección fiscal que llevó a cabo el ministro Martín Guzmán en el primer trimestre del año, el Gobierno desaceleró el ordenamiento de las cuentas públicas y el Tesoro siguió demandando financiamiento monetario.

El Banco Central debió a auxiliar al Tesoro con un monto de $180.000 millones en concepto de utilidades. En cualquier país razonable, las utilidades de la entidad monetaria central normalmente son transferidas al Gobierno, pero en Argentina estas surgen de un artilugio meramente contable y no existen en términos económicos, por lo que no debería haber nada que transferir.

A diferencia del Banco Central Europeo o la Reserva Federal norteamericana, el BCRA genera “utilidades” a partir de la devaluación del peso argentino. Como los activos de la autoridad monetaria se mantienen en oro y divisas, pero los pasivos se mantienen en pesos, la devaluación de la moneda nacional produce ganancias contables que no existen realmente.

Estas “utilidades” son transferidas al Tesoro, pero en última instancia son emisión monetaria sin respaldo que usa el gobierno nacional para el gasto público.

Fue precisamente la rápida expansión monetaria de los últimos tiempos lo que produjo un salto en los tipos de cambio alternativos. Además, se espera que la inflación se siga profundizando hacia fin de año y las expectativas reflejan un acumulado anual entorno al 50% para diciembre.

El comportamiento de los agregados monetarios anticipa un escenario inflacionario delicado. La base monetaria, incluyendo los depósitos de los bancos en la cuenta corriente del BCRA, registró una variación interanual récord del 77,4% en agosto de 2020. En mayo de este año la expansión monetaria bajó hasta un modesto 15,8%, pero volvió a subir al 25,9% interanual en junio y todo indica que en julio continuó con esta tendencia.

Como respuesta a la brutal expansión de dinero, el BCRA produjo también una gran expansión de sus pasivos remunerados, que serán emisión monetaria en un futuro. El stock de Leliq y Pases legales llegó a representar el 130% de la base monetaria en junio de 2021, alcanzado un pico de 141% en mayo.

Para el segundo semestre del año, y dadas las proyecciones sobre el déficit fiscal incluyendo intereses, se espera que el BCRA asista nuevamente al Tesoro por un monto de por lo menos $ 900.000 millones. De esta manera, el año 2021 podría terminar con una asistencia monetaria total de $1,6 billones.

El ministro Guzmán no fue capaz de imponer su visión “moderada” por sobre el resto de las posturas dentro del kirchnerismo, y se rechazó categóricamente una mayor corrección sobre el nivel de tarifas públicas. Los subsidios al transporte y la energía seguirán engrosando el rojo fiscal a lo largo de todo el año electoral.