Economía
“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales
Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.
El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.
El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.
La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.
Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.
La reforma tributaria del Partido Republicano
El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como "Income Tax", que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.
De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.
También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como "Capital Gains Tax", que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.
Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.
Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como "Social Security Tax", implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.
También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.
Impuesto Único a las Ventas
El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.
Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.
Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales.
No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.
“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables
La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.
A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960.
Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.
Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa
La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.
Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.
La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias.
Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.
Economía
La miseria socialista en Cuba: La dictadura estableció apagones programados de entre 6 y 12 horas por día, y crece el desabastecimiento
La economía comunista de la isla experimenta un nuevo e histórico declive como no se veía desde la caída de la Unión Soviética en la década de 1990. El país sufre de escasez de alimentos, electricidad y combustible, mientras que la inflación es la más alta de los últimos años.
El modelo económico socialista que impera en Cuba atraviesa una nueva fase de colapso, similar a la que aconteció durante el “período especial” en la década de 1990. La dictadura de Miguel Díaz-Canel dejó de publicar estadísticas sobre la evolución del PBI trimestral, pero las consecuencias de la crisis ya son imposibles de ocultar.
La isla-cárcel sufre la crisis energética más aguda de los últimos 30 años. Los servicios de producción y distribución eléctrica a cargo del Gobierno se encuentran en un estado verdaderamente deplorable, tras acumular años de descapitalización.
La dictadura estableció apagones programados a lo largo y ancho de la isla, con una duración que oscila entre las 6 y las 12 horas por día. La represión del consumo eléctrico fue la única respuesta que encontró el régimen para tratar de contener la dramática escasez de energía.
Asimismo, se tomó la decisión de quitar la energía a por lo menos el 74% del alumbrado público en todo el país, convirtiendo a Cuba en un espectáculo grotesco a los ojos de los ciudadanos. La producción energética del Estado sufrió un fuerte colapso, y ya no es capaz de poder abastecer exitosamente a la demanda interna.
La compañía estatal cubana Unión Eléctrica (UNE) anunció apagones simultáneos sobre el 32% del territorio de la isla, principalmente focalizados en el horario de tarde-noche debido a que en esta franja la demanda eléctrica aumenta estacionalmente.
Paralelamente, el recrudecimiento de la inflación y la represión cambiaria provocaron efectos corrosivos sobre el acceso al comercio exterior. La importación de combustible durante los primeros meses de 2024 fue de tan solo un 46% de lo que estaba previsto.
El estricto control sobre la entrada y salida de divisas (cepo cambiario), y el descomunal desequilibrio monetario al que incurrió el régimen, llevaron a la escasez de divisas y por lo tanto a la anemia de las importaciones.
Paralelamente, la crisis alimentaria se abre paso a medida que el sistema económico socialista se desmorona. La dictadura debió admitir públicamente la escasez de harina para elaborar una serie de productos de la canasta básica alimentaria, y esta situación se extiende a una amplia gama de productos.
Economía
Segundo mes consecutivo con superávit: Toto Caputo anunció un resultado primario positivo de $1,2 billones de pesos en febrero
El programa fiscal del Gobierno avanza a paso firme hacia el saneamiento de las finanzas públicas. Hace más de 10 años que no se registraba superávit primario para dos meses consecutivos.
El equipo económico del Ministro Luis Caputo está ejecutando un ajuste fiscal en tiempo récord, con el objetivo de reconstruir la confianza del país, eliminar cualquier vestigio de dominancia fiscal sobre la política monetaria, y terminar con el impuesto inflacionario en la Argentina.
Las autoridades del Ministerio de Economía dieron a conocer que en el mes de febrero el Gobierno nacional registró un fuerte superávit primario equivalente a los $1,2 billones de pesos, mientras que el resultado financiero arrojó una cifra positiva de por lo menos $338.112 millones de pesos respectivamente (considerando la carga por intereses de deuda).
De esta manera, es la primera vez desde el año 2013 en que se registran dos meses consecutivos con superávit primario, y desde 2010 en que se observan dos meses consecutivos con un resultado financiero positivo.
Estas cifras son verdaderamente alentadoras, incluso a pesar de que el Gobierno no logró aprobar su primer paquete de leyes fiscales e impositivas. De aprobarse las iniciativas legislativas del oficialismo, la trayectoria alcista para las finanzas públicas no haría más que acentuarse.
El ministro Caputo envió una señal clara y contundente a los mercados: el equilibrio fiscal no es negociable. El Gobierno no está dispuesto a ceder en absoluto sobre el eje fundamental de su política económica.
Sin déficit fiscal, resulta posible avanzar de manera creíble con la liberalización del cepo cambiario, la independencia del Banco Central, la libre competencia de monedas y finalmente la dolarización en última instancia.
Desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023 el Banco Central no emitió ni un solo peso para financiar al Tesoro. La magnitud de los Adelantos Transitorios y la transferencia de utilidades se redujo a cero, y el Gobierno promete mantener este comportamiento sin sorpresas.
Asimismo, la deuda pública del Gobierno nacional expresada en dólares corrientes disminuyó hasta un 9,1% con respecto a noviembre del año pasado (el último mes de la administración kirchnerista). Solamente en febrero, el stock de deuda externa se redujo en por lo menos US$ 8.753 millones de dólares.
Los sólidos resultados fiscales correspondientes al primer bimestre del año, y la contundente señal de confianza que inspira el Gobierno del Presidente Milie lograron bajar la prima de Riesgo País en torno a los 1.600 puntos básicos, el mejor resultado observado desde el canje de deuda de 2020. Este indicador es homólogo a la sostenibilidad de la deuda pública.
Economía
S&P mejoró la calificación crediticia de Argentina y declara una perspectiva "estable" para la economía
El canje de deuda llevado a cabo por el Ministro Caputo logró mejorar las perspectivas del país en tiempo récord. Argentina podría volver a insertarse en el mercado de crédito internacional.
El pasado día viernes la reconocida agencia S&P Global Ratings anunció un cambio positivo en la calificación crediticia para los títulos argentinos en moneda local, algo que no ocurría desde 2016.
La denominación oficial cambió de “default selectivo” a “perspectiva estable”, con lo cual los inversores creen en el Gobierno y en el Presidente Javier Milei, y destacan cualquier tipo de incumplimiento durante los próximos cuatro años. El 10 de diciembre del año pasado, como parte de su discurso de apertura, el Presidente Milei ratificó su compromiso por honrar las deudas del Estado nacional con todos los acreedores.
Todo esto solo pudo ser posible después del amplio canje de títulos que llevó a cabo el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. Se postergaron los plazos de pago para las obligaciones más inmediatas, a nuevos plazos que varían entre 2025 y hasta 2028.
En total, se lograron despejar hasta $42,6 billones de pesos de los $54,5 billones que constituían el total de los vencimientos más próximos, es decir que se alcanzó al 77% de las obligaciones de corto plazo. El sector privado llegó a representar más del 17% de las tenencias del canje, mientras que el resto se explicó por cambios de títulos dentro de otros organismos del sector publico.
La Secretaría de Finanzas confirmó que se logró estirar la vida promedio del perfil de vencimientos de los bonos de 0,46 años a 3 años, generando un ahorro en materia financiera de hasta $555.000 millones de pesos. Esto deja al Gobierno nacional con una posición de liquidez significativamente más holgada, y en consecuencia una mayor espalda para evitar cualquier incumplimiento.
Los buenos resultados fiscales para los meses de enero y febrero también consolidaron una mejor posición crediticia para el país, ya que el Gobierno apunta a la plena solvencia fiscal para fin de año (una meta acordada con el Fondo Monetario Internacional).
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