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Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como "Income Tax", que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como "Capital Gains Tax", que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como "Social Security Tax", implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

Economía

Fuerte desaceleración de la inflación: Los precios de los alimentos sólo aumentaron un 0,2% en la segunda semana de abril

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Así lo estimó el sondeo semanal de la consultora LCG, oficialmente registrando la variación más baja desde mediados de septiembre del año pasado. El ajuste fiscal y monetario que está llevando a cabo el Gobierno comienza a demostrar resultados plausibles en la realidad cotidiana de los supermercados.

Tras el fuerte salto de precios registrado a mediados de diciembre, el Gobierno del Presidente Javier Milei ejecutó un programa ortoxodo con el objetivo de evitar la hiperinflación latente que había dejado como herencia el kirchnerismo. 

El ajuste fiscal y monetario tuvo como objetivo la no convalidación monetaria de los aumentos, y al mismo tiempo el avance hacia el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas del país. Poco a poco, los resultados comienzan a estar a la vista.

La consultora LCG estima que el aumento de los alimentos y bebidas fue de sólo un 0,2% al cierre de la segunda semana de abril, la variación más modesta jamás registrada desde septiembre del año pasado. Pero muy a diferencia de aquel entonces, esta vez se observa la misma cifra con precios completamente desregulados, y con una tendencia de la inflación marcadamente bajista.

El relevamiento de precios de LCG contempla una canasta de hasta 8.000 productos de consumo masivo (alimentos y bebidas) en 5 supermercados. Asimismo, se utilizan los mismos ponderados de precios que se emplean para medir el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La desaceleración inflacionaria es cada vez más evidente. Incluso ampliando la gama de productos relevados (ya no tan solo alimentos), los resultados parecen similares. La consultora Econviews estimó que los precios de los grandes supermercados del Gran Buenos Aires registraron un alza de sólo el 0,8% en la primera semana de abril. Fue la variación más baja registrada en lo que va de la presidencia de Javier Milei.

Según el sondeo de Econviews, los aumentos más elevados se registraron en los productos de verdulería, mientras que las carnes permanecieron relativamente estables (hubo variaciones muy pequeñas) y hubo incluso rebajas en productos de perfumería.

Lo que se está registrando en la economía argentina es un reordenamiento de precios relativos. Aumentan por encima del promedio general aquellos rubros que más se vieron artificialmente atrasados durante los últimos cuatro años, como por ejemplo las prepagas y los servicios públicos (gas, electricidad, colectivos, trenes, agua, etc).

Este proceso resulta inevitable, no es más que la consecuencia de las distorsiones acumuladas por la administración anterior, y en particular la del exministro Sergio Massa. Los congelamientos e intervenciones irresponsables del pasado se están pagando con fuertes aumentos en el presente.

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Economía

Nuevo paquete de medidas para el sistema financiero: La tasa de interés baja al 70%, se amplía la desregulación del mercado cambiario y suben los encajes

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La autoridad monetaria desplegó un amplio paquete de medidas para seguir desregulando el sistema financiero del país, al mismo tiempo en que se busca sanear la hoja de balance de la institución. El stock real de los pasivos remunerados se derrumba.

Tras anticiparse la caída de la tasa de inflación correspondiente al mes de marzo, algo previsto por todas las consultoras privadas del país, el Banco Central presidido por Santiago Bausili decidió desplegar un paquete de medidas sobre el sistema financiero

El objetivo es profundizar la desregulación, afianzar la normalización del comercio exterior (especialmente con las empresas pequeñas y medianas), y seguir saneando el patrimonio del BCRA. Este camino es imprescindible para culminar con la liberalización total del mercado cambiario en un futuro cada vez más cercano.

Se anunciaron las siguientes medidas:

  • La tasa de política monetaria aplicada sobre los Pases cae del 80% al 70% nominal anual, lo cual arroja una tasa efectiva en torno al 101,2% en un período de 12 meses. Esto es equivalente a un rendimiento efectivo del 5,4% por mes
  • Se incrementa la tasa de encaje del 0% al 10% para las cuentas remuneradas de fondos comunes de inversión de money market (Mercado Pago es un ejemplo de esto). De esta forma se normaliza el sistema, y se eliminan progresivamente los tratamientos diferenciales entre instituciones financieras
  • Se anunció la desactivación del swap con el Banco Internacional de Pagos. Se decidió cancelar de inmediato una deuda equivalente a los US$ 3.117 millones de dólares, allanando el camino para volver ampliar las líneas de crédito tanto con la institución como con el mercado mundial
  • Se determinó una nueva flexibilización del acceso al mercado cambiario legal para Pymes. Se reduce el plazo a solo 30 días para la financiación de importaciones provenientes de este grupo de empresas
  • Se flexibiliza el acceso al mercado cambiario para la importación de bienes de capital por parte de empresas Pyme. Esto permitirá afianzar la competitividad del país

Las medidas profundizarán aún más la licuación de la deuda remunerada del Banco Central, el principal problema heredado de la gestión de Miguel Pesce al frente de la institución.

En lo que va del Gobierno del Presidente Milei, el stock de pasivos remunerados se redujo del 11% al 8% del PBI hasta el mes de marzo, y a partir de abril se espera que este proceso se acentúe fuertemente. 

Se eliminó el financiamiento directo del BCRA al Tesoro, y la mayor parte de la expansión monetaria proveniente de la compra de divisas se esterilizó mediante colocaciones de BOPREAL y licitaciones de bonos por parte del Tesoro.

Asimismo, las consultoras privadas estiman que el nivel de las reservas netas del BCRA habría vuelto al equilibrio por primera vez desde abril del año pasado. En pocos meses de gestión, el equipo económico del Presidente Milei logró revertir un saldo deficitario por casi US$ 11.000 millones de dólares que había dejado el kirchnerismo.

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Economía

Desregulación de las telecomunicaciones: El Gobierno eliminó el decreto de Alberto Fernández que restringía los precios del cable, Internet y celular

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Deja de tener vigencia el decreto 690 del año 2020, el cual declaraba a las telecomunicaciones como “servicios esenciales” para establecer estrictos controles de precios. La desregulación potenciará la inversión del sector privado, con un impacto positivo en la calidad de los servicios para los usuarios.

El Gobierno oficializó un nuevo avance hacia la liberalización y modernización de la economía argentina. A través del decreto 302/2024 se determinó la desregulación de las telecomunicaciones, por lo que el país nuevamente adoptará reglas de juego convencionales como las que se aplican en la mayor parte del mundo.

Se levantaron todas las restricciones para la fijación de los precios por servicios de telefonía celular, cable de TV y tarifas de internet. Casi ningún país de la región aplica controles directos sobre las tarifas de este tipo de servicios, y estas medidas son ampliamente descartadas entre los países desarrollados y los miembros que conforman la OCDE.

Las disposiciones del Gobierno le ponen fin al decreto 690/2020 sancionado por el expresidente Alberto Fernández, el cual declaraba a estos servicios como “esenciales”, como un mero pretexto para intervenir sus precios y fijarlos de manera totalmente discrecional.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) perderá todas las competencias que tenía para intervenir en los precios. Con el nuevo régimen regulatorio, el Enacom se abocará exclusivamente a promover la competencia entre los actores que componen el mercado de las comunicaciones, y se abstendrá de provocar cualquier tipo de distorsión arbitraria sobre el mismo (como lo hacía hasta ahora).

No existe ni jamás existió ningún tipo de justificación para regular los precios de las telecomunicaciones. El Gobierno kirchnerista se valió de recetas mundialmente descartadas con el fin de reprimir artificialmente a la inflación, un proceso que finalmente se volvió imposible de sostener.

Sin precios fijados de manera arbitraria, crecen los incentivos para la entrada de nuevos participantes en el mercado de telecomunicaciones argentino, más aún en el contexto de progresiva desregulación y apertura de la economía.

Se espera que la liberalización del mercado contribuya a extender la calidad y la cobertura de los servicios, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios puedan acceder a los mismos.

Las nuevas normativas permiten, además, que las empresas prestatarias de telefonía celular puedan participar sin mayores restricciones de la provisión de otros servicios de comunicación, algo que hasta ahora se encontraba insólitamente prohibido.

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