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Economía

Tarifazo K: Habrá aumentos de hasta el 167% para el gas, 200% para la electricidad y 200% para el agua

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La secretaría de Energía bajo la tutela de Sergio Massa dispuso la actualización de las tarifas para la electricidad, el gas y el agua. El equipo económico apuesta a poder cumplir con las metas fiscales del FMI para fin de año.

El Gobierno de Alberto Fernández oficializó un tarifazo sobre los servicios públicos. Los aumentos dispuestos tendrán un fuerte impacto en la medición mensual del IPC, del mismo modo en que ocurría durante la gestión del Gobierno anterior.

La conferencia contó con la presencia de la ingeniera Flavia Royón al frente de la secretaría de Energía y Malena Galmarini como titular de Aysa, entre otros funcionarios. La segmentación tarifaria está en línea con el programa presentado por el ministro de Economía Sergio Massa el pasado 3 de agosto.

El ajuste a los subsidios económicos pretende contener el explosivo incremento del gasto público, aunque los anuncios dispuestos hasta la fecha no explican la totalidad de los ahorros necesarios para cumplir efectivamente con la meta fiscal del Fondo Monetario Internacional para diciembre.

Tarifas de gas

El nuevo titular de Enargas nombrado por Massa, Federico Bernal, explicó que desde ahora las tarifas de gas tendrán en consideración factores de índole estacional sobre la demanda energética, así como un trato diferencial para compensar situaciones adversas en las provincias del sur del país.

A estos factores se añadió la típica segmentación tarifaria por nivel de ingresos, que constituye la columna vertebral del ajuste presentado por el Gobierno kirchnerista. Se establecieron 3 niveles de aumentos:

Nivel 1: incluye a 269.725 usuarios sobre los cuales se aplicará la totalidad de la tarifa sin ningún subsidio. La factura del gas sobre este segmento aumentará un 167% y tendrá vigor a partir de septiembre.

Nivel 2: comprende a 2.599.550 usuarios, los cuales para el Gobierno significan la “clase media”. El subsidio cubrirá hasta el 70% del promedio entre el umbral más alto y el más bajo, que será distinto dependiendo la jurisdicción del usuario.

Si se supera este tope, el Estado aplicará un aumento del 167% pero solo sobre el excedente y no sobre la totalidad de la tarifa. Los aumentos tendrán carácter semestral y se aplicarán a partir de septiembre.

Nivel 3: un total de 2.880.090 usuarios no tendrán aumentos tarifarios hasta previo aviso.

Tarifas de electricidad

Como explicó Sergio Massa el 3 de agosto, el Estado subsidiará hasta los 400 kWh mensuales por hogar a nivel estándar, excepto en ciertas localidades que no cuentan con gas natural por redes, en cuyo caso el umbral subsidiado aumenta a los 550 kWh por mes. 

Del mismo modo que ocurre con el gas, cualquier consumo por encima de estos límites no implica la quita del subsidio para la totalidad de la tarifa, sino que sólo se aplicará el aumento sobre el excedente.

Sobre los 8.890.998 de energía eléctrica, un total de 399.156 tendrán un aumento estimado en torno al 200% en la factura eléctrica mensual, 3.451.722 no tendrán aumentos, y el resto estará sujeto al excedente de su consumo por encima de los topes anunciados.

Tarifas de agua

Malena Galmarini confirmó que el Estado se hace cargo de hasta el 70% del valor real del servicio por la distribución de agua potable. La reducción del subsidio comprenderá 3 niveles de ingresos: altos, medios y bajos.

El subsidio para el consumo residencial de agua para los ingresos más altos caerá al 0% a partir de noviembre de 2022, lo que implica un aumento del 200% sobre la factura mensual. Este aumento será percibido por cerca de 532.029 usuarios residenciales.

Para los ingresos definidos como “medios” la proporción de subsidios bajará hasta el 40% de la tarifa mensual a partir de noviembre, 20% en enero de 2023, y 0% a partir de marzo. Se estima que estos usuarios representan hasta el 27% del total.  

Para los 1.794.466 hogares catalogados en el nivel “bajo” de ingresos, la proporción del subsidio bajará del 70% al 45% a partir de noviembre, 30% a partir de enero de 2023, bajará a un 15% a partir de marzo y permanecerá en ese nivel hasta previo aviso.

Para el caso de los comercios y las industrias que también demandan los servicios, pero para uso lucrativo, percibirán el mismo sistema de actualización tarifaria que los ingresos del nivel “medio”. Se estima que la demanda de agua por parte de usuarios no residenciales representa hasta el 9% del total. 

Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

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La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

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Economía

Caída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado

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La variación mensual de los precios al por mayor se derrumba a un ritmo incluso más rápido que en los precios minoristas. La tasa de inflación general podría retroceder al 6% a partir del mes de abril, según estimaciones privadas.

El INDEC confirmó una nueva y fuerte caída de la tasa de inflación en Argentina: el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,4% en marzo, la variación más baja en lo que va del año. Retrocedió implacablemente con respecto al salto del 10,2% producido en febrero, al 18% de enero, y al estallido del 54% registrado en diciembre de 2023. Esta última cifra constituye técnicamente una situación de hiperinflación.

Se observó un incremento mensual del 6,2% sobre productos de origen estrictamente nacional, mientras que los bienes importados cayeron en un promedio del 1,7% en marzo. La energía destacó de entre los aumentos mensuales, marcando una suba del 12% (debido a la corrección de precios relativos que lleva adelante el equipo económico).

Los precios mayoristas acumularon una suba del 37% entre enero y marzo, muy por debajo del 51,6% de aumento que se registró en los precios minoristas. La inflación mayorista está bajando a un ritmo mucho más acelerado que la minorista, un fenómeno muy común entre los programas de estabilización. Se registró un aumento interanual del 330,6%, debido al efecto de arrastre estadístico después del salto de diciembre. 

El programa de ajuste fiscal y monetario del Gobierno logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión de Massa. Este fue sin lugar a dudas el principal objetivo de las medidas de emergencia que se tomaron a partir del 10 de diciembre.

La caída de la variación mensual en los precios mayoristas fue contundente. El Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) registró un aumento incluso menor y en torno al 4,9% al cierre de marzo, un indicador que excluye el efecto impositivo sobre los precios relevados.

Asimismo, el Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un aumento del 5% en marzo, y nuevamente el salto de la energía destacó de entre las principales aperturas que componen el indicador.

Con esta dinámica en los precios al por mayor, se estima que el IPC minorista volverá a registrar una nueva rebaja en su ritmo de aumento en abril. En este sentido, el exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere que la inflación de precios al consumidor podría estabilizarse en el 9,5% a partir de abril, y retroceder hasta un umbral del 6% al 7% a partir del mes de mayo. Esto es coincidente con la desaceleración de los precios online.

La reactivación de la actividad real dependerá casi exclusivamente de la velocidad en la salida del cepo cambiario, ya que resulta un elemento imprescindible para la tan esperada recuperación en “V”. 

Por otra parte, para que la liberalización del mercado cambiario pueda ser posible sin conducir a un nuevo proceso hiperinflacionario, resulta necesario continuar con el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA). El director de la institución, Santiago Bausili, logró recomponer el salto de las reservas netas en sus primeros meses de gestión. 

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Contundente fracaso de la Ley de Alquileres en Cataluña: La oferta de viviendas se derrumbó y los alquileres suben al doble que la inflación

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Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

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