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Economía

Los bonistas argentinos aceptaron la propuesta del gobierno, y la adhesión habría superado el 90%

Cerró el canje de deuda con los tenedores de bonos argentinos, y el gobierno puede anotarse su primera victoria en lo que va de gestión. El nivel de aceptación superó incluso a las expectativas del ministro Martín Guzmán.

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Desde el ministerio de Economía se confirmó lo que el Gobierno estaba esperando: un alto grado de aceptación por parte de los tenedores de bonos argentinos, y un alivio para el frente externo del país. 

La normalización de la relación entre Argentina y los bonistas es vital para el correcto funcionamiento del mercado en general, y no solamente en la órbita del sector público. 

Si bien en el día de hoy se cerró el canje de bonos y se anticiparon muy buenos resultados, los detalles definitivos serán anunciados el próximo lunes por el presidente Fernández y el ministro Martín Guzmán.
Los datos disponibles indicarían que el nivel de adhesión por parte de los bonistas habría superado cómodamente el 90%. 

Es una cifra realmente relevante, aunque desde el gobierno se podía prever una amplia aceptación.
Cabe recordar que las negociaciones entre Argentina y los bonistas empezaron en marzo, cuando ambas posiciones parecían totalmente irreconciliables.

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Estos grupos exigían un valor presente neto en torno a los 61 dólares por cada 100 prestados, mientras que la propuesta argentina empezó en los 39 dólares. Argentina demoró casi siete meses en acordar un monto que fácilmente podría haberse acordado antes, y finalmente se cerró en los 54,8 dólares, muy en favor de los acreedores.

Los bonistas se muestran conformes con la decisión, mientras que los bonos argentinos se revalorizan en el mercado bursátil, y el riego país bajó de los 4.000 cuando caímos en default a los 2.100 puntos actuales en tan solo tres meses. 

Aunque Alberto Fernández intentó mostrar lo contrario, lo cierto es que el acuerdo no garantiza sustentabilidad a largo plazo, lo que busca es un alivio para los próximos tres años de gobierno. 

La fuerte quita de intereses tendría su apogeo hasta el año 2024, y desde 2025 el panorama cambiaría completamente. El período 2030 – 2035 se torna muy delicado, pues una segunda oleada de gravámenes en materia de intereses fue programada ese momento

Argentina tendría que soportar una carga considerable y casi constante en los intereses de la deuda, al menos por diez años. Para el corto plazo, el kirchnerismo logró asegurarse su alivio financiero hasta 2024, y el ministro Martín Guzmán será el encargado de hacer valer (o no) el tiempo dispuesto por los acreedores.

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Con este frente ya solucionado, el ministro Guzmán ahora plantea encarar la negociación de todo el resto de la deuda argentina, principalmente con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de hoy engloba a solo una parte del total de las obligaciones argentinas, principalmente los bonistas que contrajeron deuda entre 2005 y 2010.

Una vez superada la pandemia y el colapso económico que ésta implicó para el país, el Gobierno deberá encarar una dura agenda fiscal para poder cumplir sus obligaciones futuras.

Alberto Fernández manifestó públicamente su intención en poner las cuentas en orden, pero aseguró que no se producirá ningún ajuste en el sector público. Se teme que el ajuste sea producido elevando aún más la presión impositiva, la más alta en el mundo para empresas. 

El Gobierno congeló la fórmula previsional desde el inicio de su gestión, manteniendo casi constante los haberes mínimos, pero licuando a todo el resto de los haberes jubilatorios. Esto implicó un ajuste fiscal considerable, y constituye el único ajuste realizado por el Gobierno hasta el momento. 

Irónicamente, el gobierno que “venía a elevar pensiones con el dinero empleado en las Leliqs“, ahora está haciendo exactamente lo contrario. El Presidente se vio totalmente superado por la realidad, que mostró ser mucho más robusta que sus propuestas de campaña. 

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Economía

Las nuevas medidas del Gobierno no dan resultados: La inflación tendrá un piso del 6% para el mes de agosto

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Los precios de los alimentos aumentaron un 3% solamente en las primeras dos semanas del mes, y las consultoras privadas estiman que el aumento del IPC no podrá ser inferior al 6%. La media de las expectativas de mercado espera que la inflación alcance el 90% para fin de año.

La llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía generó un cierto clima de estabilidad en torno a las variaciones del dólar en los segmentos paralelos, e incluso en la prima de Riesgo País, pero los precios siguen subiendo violentamente.

El INDEC confirmó que los precios minoristas saltaron un 7,4% solamente en el mes de julio, la variación más drástica desde abril de 2002. El proceso inflacionario no se detuvo, y en las primeras dos semanas correspondientes al mes de agosto se registró un aumento del 2,9% en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, según estima la consultora LCG que dirige Lorenzo Guido.

La inflación para el nivel general de los precios minoristas marcó un aumento intermensual del 6,8% en las dos primeras semanas de agosto, en comparación con el mismo período semanal de julio. A partir de estos datos, la consultora concluye que la variación del IPC para fin de mes difícilmente pueda ser menor al 6%.

La estimación del IPC para la región del Gran Buenos Aires, elaborada por Ecolatina, tuvo un drástico aumento intermensual del 6,3% en los primeros 15 días de agosto. Se marca una ligera desaceleración de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la variación del mes pasado, pero el ritmo al que aumentan los precios sigue siendo el más violento desde 2002.

Para Ecolatina el IPC tendrá una variación final del 6,2% al término de agosto, y de confirmarse este dato la inflación interanual aumentaría al 74,6% en comparación al nivel de precios registrado en agosto de 2021.

Esta cifra no solamente incluye a los alimentos, sino también al valor de las tarifas públicas de referencia, entre ellas la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, las prepagas y los alquileres, entre muchos otros sectores.

Para la consultora Eco Go el pronóstico es similar, y se proyecta un aumento mensual de hasta el 6,5% entre julio y agosto. Estimó que solamente en los primeros 7 días de agosto los precios subieron un 1,5%, el equivalente a la inflación anual en muchos países. Se proyecta que cada semana tendrá un aumento promedio del 1,4% para el nivel general de precios.

La inflación mensual no baja a pesar de las medidas anunciadas por Sergio Massa, y las expectativas para fin de año son cada vez peores. El Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM), que realiza y avala el propio Banco Central, espera que la inflación interanual alcance el 90,2% para diciembre.

Un nivel semejante de inflación acumulada para un periodo de 12 meses no se registraba desde noviembre de 1991. Por otra parte, para el promedio del año 2022 se espera una variación del 83,7% en comparación al año 2021, nuevamente la cifra más alta desde 1991. 

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Economía

Las pérdidas de las empresas estatales de Estados Unidos aumentaron en US$ 6.800 millones desde que Biden es presidente

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El resultado financiero de las empresas bajo la órbita del Estado federal registró el rojo más importante desde 2014. Los demócratas bloquearon la agenda privatista del presidente Trump y no presentan ninguna alternativa.

El desequilibrio fiscal de Estados Unidos a nivel federal continúa reduciéndose a partir de un importante aumento de la recaudación (un efecto que en parte se debe a la inflación), pero el resultado de las empresas patrocinadas por el Gobierno es cada vez peor.

El déficit financiero de las empresas estatales alcanzó los US$ 7.656 millones al término del segundo trimestre de 2022, cuando al inicio de la administración de Joe Biden había prácticamente equilibrio fiscal sobre este sector del Estado. El desequilibrio aumentó en 6.800 millones de dólares en 18 meses.

Este conglomerado de empresas estatales registró superávit por última vez en el primer trimestre del año 2018, y más tarde se convergió al equilibrio en la segunda mitad de 2019, durante la gestión del presidente Donald Trump.

Resultado financiero de las empresas estatales del Gobierno federal estadounidense.

Si bien Estado Unidos no se caracteriza, ni jamás se caracterizó, por una gran cantidad de empresas nacionalizadas, el Gobierno federal posee participación total o mayoritaria sobre empresas de transporte urbano, servicios de distribución eléctrica, bancos, servicio postal, aeropuertos y compañías destinadas a estimular el crédito, entre otras posesiones.

El desequilibrio registrado al término del primer semestre del año equivale a un modesto 0,03% del PBI, pero ya es la cifra más importante desde el segundo trimestre de 2015. Desde la década de 1980 los gobiernos federales se preocuparon por evitar, en la medida de lo posible, la ineficiencia y la pérdida de utilidades por parte de las empresas patrocinadas por el Gobierno, pero Biden promete ser una excepción.

Los demócratas bloquearon todas y cada una de las iniciativas del presidente Trump para privatizar un gran número de empresas estatales. Entre otras propuestas, Trump pretendía privatizar aeropuertos internacionales, el control del tráfico aéreo, el servicio postal más importante del país, la Autoridad del Valle de Tennessee, e incluso Fannie Mae y Freddie Mac.

A diferencia de lo que ocurrió en la presidencia de Barack Obama en 2009, cuando el Gobierno federal emprendía la estatización de bancos y empresas automotrices y solo de manera transitoria hasta 2012, el creciente déficit registrado en 2022 no se debe a estatizaciones temporales por la crisis económica, sino que obedece a las empresas ya existentes. 

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Cuba

La dictadura castrista anunció la flexibilización del auto-bloqueo y levanta restricciones a la inversión extranjera

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En respuesta al progresivo colapso de la economía socialista, la dictadura de Miguel Díaz-Canel impulsó la apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, sectores que hasta ahora se encontraban auto-bloqueados por la isla desde 1959.

La crisis económica en Cuba genera una fuerte presión para llevar adelante una agenda reformista. La dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba permitirá la inversión extranjera directa sobre el comercio minorista y el mayorista.

Hasta ahora, el Estado cubano guardaba un celoso control de estos sectores y monopolizaba la oferta de bienes y servicios a nivel minorista y mayorista. La reforma levanta el auto-bloqueo que imponía la dictadura sobre su propio país, permitiendo que puedan ingresar firmas extranjeras para así ampliar la disponibilidad de oferta de bienes.

Es la primera vez desde 1959 en que empresas privadas internacionales podrán realizar inversiones en la isla, siendo que el propio Fidel Castro se ocupó de boicotear el flujo de capitales y aisló el país con respecto al mundo.

“La inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación estatal, permitirá la ampliación y diversificación de la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional”, explicó el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil.

La nueva flexibilización regulatoria sigue la misma línea adoptada en la década de 1990, cuando la dictadura atravesaba una situación de colapso en lo que se denominó “período especial”, y en el cual se aplicaron ciertas reformas parciales.

Las empresas extranjeras adquirieron la posibilidad de invertir en el sector manufacturero de Cuba a partir de 1995, y más tarde se levantaron las prohibiciones para la inversión en la oferta de servicios.

La emergencia económica nuevamente se vuelve a convertir en un foco de presión para las reformas. El régimen maximizó los desequilibrios fiscales y monetarios a partir del año 2020, una situación que desencadenó la peor crisis en 27 años.

El déficit fiscal aumentó al 17,7% del PBI, una cifra financiable con recursos genuinos o deuda pública, por lo que la única herramienta fue la emisión monetaria. El Gobierno se vio obligado a abandonar la convertibilidad entre la moneda local y el dólar, y unificó el mercado cambiario.

La inflación “oficial” alcanzó el 77,3% interanual en diciembre de 2021, pero esta cifra no resulta representativa porque la dictadura cubana establece un férreo control de precios que agotó la oferta de productos en las góndolas. En respuesta al desabastecimiento generalizado, los precios de los bienes en los mercados informales registraron una inflación que superó el 6.900% en 2021.

El espiral inflacionario generó un profundo malestar social que obligó a la dictadura a ofrecer algún tipo de respuesta desesperada para ampliar la oferta de bienes en la isla, y aminorar el desabastecimiento.

La emisión monetaria descontrolada y la represión financiera ejercida por la dictadura socialista generaron escasez sobre alimentos básicos de primera necesidad e incluso sobre los productos para uso medicinal, dejando en tela de juicio el supuesto prestigio de la medicina en Cuba. 

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