El Presidente electo anticipó que la consolidación fiscal del sector público no solamente se limitará al Gobierno nacional, sino a todas las distintas esferas del Estado argentino, incluyendo las Provincias y las municipalidades.

A partir del 10 de diciembre el Gobierno de Javier Milei propone lanzar un plan de ajuste fiscal que llevaría al déficit financiero cero para el ejercicio de 2024. Esto implica ya no tan solo equilibrar las finanzas operativas del Gobierno nacional, sino que además poder afrontar la totalidad del pago de intereses y servicios por la deuda pública.

Pero el proceso de Reforma del Estado no se limitará al Sector Público Nacional, también afectará a las Provincias y los municipios irremediablemente. Una de las partidas responsables de esta dinámica son las transferencias discrecionales que, hasta ahora, el Gobierno kirchnerista asignada a dedo dependiendo de su preferencia política con cada gobernador de turno.

Las transferencias surgen como la diferencia entre los recursos presupuestados a principios de año y la ejecución presupuestaria efectiva, en la cual el Estado recibe más pesos nominales en sus arcas por el efecto de la inflación en la cadena de pagos. Esto permite generar un “colchón” de recursos que no tienen una asignación específica, y dotan de poder discrecional al Gobierno de turno. A partir del 10 de diciembre se termina esta lógica y comienza el ajuste fiscal.

El Presidente electo lo simplificó de la siguiente manera: “Hay que poner los números en orden. Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata”. Esto implica, además, sostener las consecuencias de la devolución del IVA y la reducción del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría sobre los recursos de la coparticipación.

Un total de 5 Provincias anunciaron programas de ajuste fiscal, en alineamiento con la política económica del próximo Gobierno. Los gobernadores de Tucumán, Santa Cruz, Chaco, La Pampa y Entre Ríos se comprometieron con la austeridad para sobrellevar el año 2024.

Incluso el Gobernador peronista Osvaldo Jaldo debió alinearse con Milei, y anunció un masivo recorte de gastos por $220.000 millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Se cerrarán hasta 40 organismos y dependencias locales, incluyendo la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) a partir del 30 de noviembre, y se dejarán sin efecto las designaciones realizadas en los 60 días anteriores al 29 de octubre.

Por otra parte, y desde el punto de vista del Gobierno nacional, se dispondrá de un ambicioso programa de privatizaciones para sanear las finanzas públicas. Por otra parte, la obra pública enfrentará grandes recortes presupuestarios.

Todas aquellas obras que ya estén en curso de ejecución no serán paralizadas, y en su lugar se llamará a licitación para que el sector privado se encargue de financiarlas y completarlas en caso de que exista interés inversor. A cambio, el Estado proveerá de un marco regulatorio especial para ofrecer la concesión de los servicios por la infraestructura terminada (algo muy común en rutas nacionales, puertos, caminos, etc).

Aquellas obras públicas que no están en proceso de ejecución pero están planificadas, serán sometidas a evaluación, como parte de una racionalización integral que se llevará a cabo en todo el sistema. La máxima prioridad será la concreción del déficit cero para diciembre de 2024.

La Secretaría de Política Económica informó que los precios minoristas aceleraron todos los aumentos en la última semana de noviembre, por lo que la variación mensual volvió a superar cómodamente los dos dígitos.

El ministro Sergio Massa deja una economía sustancialmente más desequilibrada de la que recibió en agosto del año pasado. Según el último sondeo de la Secretaría de Política Económica, la tasa de inflación semanal escaló nuevamente al 3,1% hacia la última semana de noviembre.

La variación intermensual de los precios (es decir, en comparación con la misma semana del mes de octubre) cerró con un alza de casi el 11%, cómodamente apostada en los dos dígitos.

Todo esto se produjo a pesar de que el tipo de cambio oficial sigue corriendo muy por debajo de la inflación general, las tarifas de los servicios públicos persisten congeladas, y la brecha cambiaria oscila supera el 140%.

El colapso de la represión financiera comenzó a afectar al mercado minorista con el desbaratamiento de Precios Justos, y el Gobierno saliente también debió convalidar aumentos en los combustibles para evitar nuevas situaciones de desabastecimiento.

Se estima que la tasa de inflación de noviembre podría llegar a superar el 11%, y las proyecciones de las consultoras privadas sugieren que incluso podría ascender a más del 13% mensual, incluso por encima de los registros observados entre agosto y septiembre (post-devaluación).

Para el mes de diciembre se espera un salto descomunal como resultado de la liberalización de la inflación reprimida por el kirchnerismo. Sin lugar a dudas, esta constituye una de las más pesadas herencias de los últimos 4 años de gestión.

A partir de los próximos 12 meses comenzarán a impactar todos aquellos costos inflacionarios que el kirchnerismo reprimió artificialmente en los últimos años, pero en particular en los 16 meses de gestión massista.

También cabe destacar que debido al rezago de la política monetaria, aún deteniendo la emisión directa del Banco Central para asistir al Tesoro a partir del 10 de diciembre (como de hecho se pretende lograr), la tasa de inflación seguiría subiendo en respuesta a la cantidad de pesos que todavía sigue circulando a una velocidad cada vez más rápida en la economía.

Los mercados financieros respondieron con optimismo a la llegada del nuevo Gobierno presidido por Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Las empresas argentinas se revalorizaron en tiempo récord, generando un shock opuesto al que provocó la insurrección del kirchnerismo en agosto del año 2019.

El “efecto Milei” se sigue extendiendo por los mercados financieros. Los mercados reciben con optimismo la salida del Gobierno kirchnerista y la vuelta hacia la ortodoxia económica. El mes de noviembre fue marcado por una profunda revalorización de los activos argentinos: el índice S&P Merval escaló más de un 40% en ese período, y hasta un 44,7% valuado al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL).

El Merval se acerca a romper la barrera de los 1.000 puntos básicos, y en solo dos semanas logró alcanzar y superar los máximos que se habían registrado a mediados de julio. Destacó la increíble suba de las acciones de Aluar (414%), Ternium (262,28%), Pampa Energía (259,96%) y Cresud (244,64%), entre muchas otras que se vieron favorecidas por el impacto.

Se produjo un shock radicalmente opuesto al que generó el regreso del kirchnerismo en agosto del año 2019. Los principales activos de las empresas argentinas se revalorizan cuando el kirchnerismo se mantiene alejado del poder, a medida que crecen las expectativas por una economía más abierta, desregulada y estable.

El dólar se desplomó en todos los mercados alternativos. El tipo de cambio paralelo, que había llegado a superar los $1.080 en la antesala de las elecciones, se derrumbó a solo $905 al cierre del día 30 de noviembre, y la cotización del 1 de diciembre rebotó a los $955. En consecuencia, la brecha cambiaria se redujo del 180% al 150% desde que Milei ganó las elecciones.

El efecto Milei también impactó drásticamente en la cotización del segmento Contado con Liquidación hasta perforar el piso de los $900, razón por la cual la plaza bursátil porteña llegó a aumentar más valuada en dólares que expresada en pesos. Asimismo, el dólar MEP (frecuentemente utilizado por la demanda minorista) osciló en la franja de $850 a $900 durante la última semana.

Los bonos soberanos experimentaron una fuerte suba como reacción a la promesa de disciplina fiscal que esgrimió el Javier Milei en su discurso inaugural tras haber ganado las elecciones, y el impacto fue particularmente destacable en los bonos GD30 y GD29. 

El índice de Riesgo País elaborado por la firma JP Morgan cayó a los 1.983 puntos básicos, el valor más bajo desde la primera semana de agosto. Este indicador mide el rendimiento de los títulos soberanos argentinos en comparación con los que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

El Presidente electo descartó de plano cualquier tipo de operación que implique la violación 

de los contratos asumidos por el Estado. Esto no sólo incluye al pago de los servicios por la deuda externa, sino también al respeto por la deuda interna (se descarta cualquier tipo de reperfilamiento) y los pasivos remunerados del Banco Central.