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Economía

Los controles de precios del Gobierno kirchnerista ponen en peligro 400.000 puestos de trabajo en el sector alimenticio

Las empresas agrupadas en la COPAL anticiparon sus fuertes discrepancias con la extensión de los precios máximos que impuso el Gobierno. Cerca de 14.500 empresas se encuentran en un estado crítico, y aseguran que no podrán cumplir con el abastecimiento normal de productos.

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El Gobierno, desesperado por contener la creciente inflación en el rubro de los alimentos, anunció la extensión del programa de Precios Máximos, medida dirigida por la Secretaría de Comercio Interior.
La extensión sería de 3 meses, y la medida fue catalogada de absurda. 

Las empresas alimenticias, agrupadas en la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), aseguran que los controles de precios generarán importantes desabastecimientos. 

Las ayudas del Gobierno no fueron suficientes para evitar la debacle en el sector, y los controles de precios significan una nueva traba para la recuperación, luego de que la economía se derrumbara a causa de la cuarentena más larga y estricta del mundo. 

Cerca de 14.500 empresas pequeñas, medianas y grandes, podrían atravesar duras dificultades y entrar en lo que describieron como “un estado crítico”. Aseguran estar en un absoluto desacuerdo con las medidas del Gobierno, y expresaron su preocupación. 

Alberto Fernández y su equipo económico, dirigido por el ministro Martín Guzmán, pretenden poner un techo al ritmo de aumentos en los precios para los meses restantes del año, pero se espera un completo fracaso de las medidas. 

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El peligro por el desabastecimiento pondría en jaque la efectividad de medidas como las que se están aplicando, porque la contracción esperada en la oferta impulsaría nuevamente la suba de precios. 

Sin embargo, se adiciona un nuevo efecto negativo: los quebrantos de miles de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en un contexto social sumamente delicado. Cerca de 400.000 fuentes de trabajo dependen directamente de la industria alimenticia. 

A pesar de que en el primer semestre del año la pobreza (medida por el INDEC en personas) alcanzó cómodamente el 40,9%, y la desocupación rozó el 29% (corregida por el efecto desaliento), el presidente Fernández no mostró ni la más mínima preocupación ante la amenaza de más despidos en la industria alimenticia, y los programas de control siguen adelante. 

El rubro “alimentos y bebidas” fue uno de los pocos que continuaron con una demanda relativamente normalizada y, aun así, no se les permitió actualizar sus precios debidamente. Este rubro fue, según el propio INDEC, el motor principal de la industria argentina en los últimos meses de recuperación. 

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El Gobierno permitió dos actualizaciones en lo que va del año: la primera fue en el mes de julio, con aumentos de entre 2% y 5%, y la segunda llegó a principios de este mes, con aumentos de entre 2% y 6%. 

Además, la COPAL presentó un reclamo alegando que las normativas argentinas son severamente ineficientes en comparación con otros países de la región, especialmente los otros Estados pertenecientes al Mercosur. 

El organismo asegura que hace falta una tarea de normalización normativa si es que se quiere fomentar realmente la competitividad. También expresó su discrepancia con la “Ley de Etiquetado”, votada conjuntamente por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que supone más regulaciones y más costos logísticos para las empresas. 

El Gobierno avanza a paso firme sobre sus propios lineamientos en contra de la libertad empresarial, y la oposición encabezada por Juntos por el Cambio no parece presentar ningún tipo de traba al ideario económico oficialista.  

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Cuba

Cuba a oscuras: Tras los apagones eléctricos la dictadura limitó el internet para callar las protestas

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El deficiente servicio dirigido por el Estado, que registra fallas eléctricas todos los meses, terminó por colapsar tras el paso del huracán Ian. El régimen comunista limitó las protestas limitando el acceso al servicio de internet. 

Cuba enfrenta un nuevo rebrote de protestas sociales ante la dramática situación económica. El servicio eléctrico estatizado muestra cada vez más signos de agotamiento y descapitalización, pero el paso del huracán Ian terminó por colapsar el abastecimiento de energía para uso residencial. 

Tras dos días de un masivo apagón eléctrico en toda la isla, la dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel decidió suspender el acceso a los servicios de internet y telefonía celular a discreción, con el fin de desalentar la protesta y evitar su masificación como ocurrió a lo largo del año pasado.

El tenso clima social se ve severamente afectado por la inflación y el ajuste nominal de las tarifas de servicios públicos. El régimen impulsó una actualización del 160% sobre el valor promedio de las tarifas en el año 2021, pero los servicios ofrecidos por el Estado no mejoran

La inflación oficial de precios minoristas alcanzó el 32,3% interanual al término de julio de 2022, con aumentos mensuales apostados en el 3% desde abril. Sin embargo, y dada la severa situación de desabastecimiento, los precios oficiales no reflejan los verdaderos valores por los cuales se pueden adquirir bienes y servicios

El economista Steve Hanke estima que la inflación cubana alcanzó hasta el 135% en julio, la cifra más alta de las últimas décadas y en lo que va de la reforma monetaria y cambiaria. La medición de Hanke ubica al país comunista entre las 3 economías con más inflación del mundo, solo por detrás de Zimbabwe y Líbano. 

La situación inflacionaria se encuentra íntimamente ligada a los fuertes desequilibrios fiscales del Estado cubano. El déficit financiero alcanzó el 11,7% del PBI en 2021 y casi 18% en 2020, los mayores resultados deficitarios registrados desde el “período especial” en la década de 1990.

Sin mayores fuentes de financiamiento externo y sin un mercado de capitales local como parte de la economía socialista, Cuba debió recurrir casi exclusivamente a la emisión de dinero sin respaldo, y decidió abolir cualquier tipo de convertibilidad con divisas extranjeras

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Economía

En medio de la recesión, el Gobierno de Biden anuncia un paquete de ayuda por US$ 12.300 millones para Ucrania

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La mayoría demócrata en el Senado impulsó la aprobación de un millonario programa de apoyo militar y económico para Ucrania, aunque el país se encuentra en recesión y enfrenta la necesidad de ajustar las finanzas públicas para derribar la inflación. 

El presidente Joe Biden, valiéndose de las mayorías legislativas del Partido Demócrata en el Senado, impulsó un nuevo paquete de rescate para Ucrania por un monto equivalente a los US$ 12.300 millones

Se incluyen 7.500 millones de dólares en asistencia militar, de los cuáles un total de US$ 3.000 millones serán destinados para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad, lo cual dota de poderes al Pentágono para la adquisición de equipo militar para la provisión de Ucrania en la guerra

Dentro del gasto con fines militares, se aprobó un monto por US$ 2.800 millones para reforzar las posiciones estadounidenses en territorio europeo, y US$ 1.500 millones para reabastecer las reservas de armas, equipos y municiones estadounidenses que fueron enviados a Ucrania. 

Por otra parte, el programa total dispone de un rescate por US$ 4.500 millones destinados a la economía de Ucrania, y la financiación de las necesidades del sector público en ese país. Se busca evitar el colapso financiero y económico en tanto continúen las erogaciones extraordinarias a causa de la guerra. 

Es el tercer programa de financiamiento para Ucrania. El primero fue aprobado en marzo de 2022 a tan solo semanas de comenzado el conflicto, y representó un monto por US$ 13.600 millones. Más tarde, en mayo se aprobó otro programa más, esta vez por US$ 40.000 millones. Con las nuevas medidas anunciadas, Estados Unidos acumula un total de 65.900 millones de dólares en ayuda para Ucrania desde marzo

Estas disposiciones se toman en medio de una recesión sobre la economía estadounidense, y bajo la urgente necesidad de ajustar el déficit de las finanzas públicas para evitar la profundización de la inflación y las políticas monetarias contractivas. 

La economía más importante del mundo entró en recesión tras la caída consecutiva por dos trimestres en los primeros 6 meses del año, e incluso antes de que la Reserva Federal persiguiera un fuerte aumento de la tasa de interés de corto plazo. 

De perseverar los desequilibrios fiscales y con ello la inflación, el alza de tasas de la FED también podría perdurar en el tiempo en consecuencia, dando así inicio a un escenario de estanflación. 

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Economía

En medio del estallido inflacionario, el Gobierno kirchnerista aumenta los impuestos a los combustibles

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Sin ninguna mesura por la suba de precios, el Gobierno redobló la apuesta y decidió no posponer el aumento del impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono. Las naftas anticipan un aumento de 4% a partir del sábado 1 de octubre. 

El Gobierno de Alberto Fernández decidió emprender el rumbo diametralmente opuesto al que sigue Brasil con Jair Bolsonaro. Después de dos postergaciones desde el año 2021, finalmente se anunció un nuevo aumento sobre el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el dióxido de carbono (IDC).

Con los anuncios, las tarifas no solamente subirán por la actualización inflacionaria para reducir la carga de subsidios, sino que ahora también lo harán por la voracidad tributaria del Gobierno. 

Se espera que las naftas suban hasta un 4% a partir del próximo sábado 1 de octubre, aunque la empresa YPF, líder en el mercado de hidrocarburos, no aplicará actualizaciones inmediatas. 

La petrolera estatal representa hasta el 60% de la oferta para el mercado interno, y de esta manera se condiciona el aumento de las demás empresas “seguidoras” en el mercado argentino, que deben preservar un cierto margen de competitividad. 

Se estima que, tras el aumento de impuestos, el precio del litro de diesel aumentará en $3,1 y las naftas subirán hasta $4,2 por litro. El aumento de los combustibles arrojará una mayor presión inflacionaria para el mes de octubre, sobre un piso estimado entre 6% y 7% para el término de septiembre. 

Por tratarse de un impuesto típicamente asociado a un consumo inelástico como es el de los combustibles, cualquier recargo impositivo se traslada rápidamente a los precios finales percibidos por los consumidores.

La decisión del Gobierno considera fines fiscales para ajustar la “caja” de las finanzas públicas, ya que estas partidas representan una gran parte de la recaudación por tributos internos. Fernández impulsa el camino inverso al que aplicó Jair Bolsonaro

Mientras en Brasil la inflación fue negativa por dos meses consecutivos en julio y agosto, un hecho impulsado precisamente por la rebaja tributaria sobre los combustibles, en Argentina se acumula cerca de un 23% de inflación solamente desde julio y siguen subiendo los impuestos.

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