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Economía

Los cortes son culpa del Estado: Edesur acumuló pérdidas en 4 de los últimos 6 años por el brutal retraso tarifario

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La política energética de los sucesivos Gobiernos terminó por descapitalizar el sistema de generación y distribución de electricidad, siendo este el eje fundamental detrás de los cortes de luz. Edesur demanda un aumento tarifario consistente con las inversiones que hacen falta hacer. 

La proliferación de cortes en luz en la Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires provocó una profunda sensación de malestar, y da cuenta de que el modelo energético argentino es insostenible. 

El Gobierno kirchnerista aprovechó políticamente la situación, multó a la empresa distribuidora Edesur con $1.000 millones, y amenazó con incurrir en una nueva y turbulenta expropiación. La portavoz Gabriela Cerruti aseguró que “todas las posibilidades están sobre la mesa”, incluyendo el peor de los desenlaces para el país: la vuelta del sistema a manos del Estado.

Pero el problema no es la administración privada de los servicios de distribución, sino el atraso real en el precio de las tarifas públicas. La actualización de las tarifas eléctricas escaló sistemáticamente por debajo del IPC desde el año 2002, lo cual provocó una reasignación de recursos a través del sistema de precios: la señal que se dió es dejar de invertir en energía, cada vez más abaratada, y trasladar esos recursos al consumo. 

Hacia el año 2001 el 116% del costo de la generación de la energía eléctrica era sustentada por la demanda (a través de las tarifas de las distribuidoras). Esto permitía la inversión y la capitalización activa del sector, y si bien las tarifas consumían una parte mucho más importante del sueldo promedio de cada usuario, el sistema operaba bajo incentivos sanos. 

Con el congelamiento iniciado en 2002 y mantenido por los sucesivos Gobiernos kirchneristas, las facturas solo llegaron a cubrir hasta el 15% del costo de generación de energía en 2015. De hecho, entre 2006 y 2015 las tarifas promediaron una cobertura de tan solo el 27,6%. Casi dos décadas de desinversión provocaron efectos negativos de largo plazo, y lo seguirán teniendo hasta que se cambie el rumbo de la política energética. 

Las actualizaciones tarifarias iniciadas a partir de 2016 solamente contribuyeron a aumentar la cobertura hasta un máximo del 64% en 2019, una cifra insuficiente y muy inferior al promedio de la década de los 90s. El Gobierno de Alberto Fernández erradicó los tenues avances concretados, y para 2022 la cobertura volvió a caer por debajo del 30%

Los “tarifazos” casi no contribuyeron a sanear la situación financiera de las empresas eléctricas. De los 6 últimos balances contables de Edesur (2016-2022), cuatro de ellos tuvieron fuertes pérdidas, y solo se registraron ganancias operativas en 2018 y 2019 (ganancias insuficientes para satisfacer grandes inversiones). 

El creciente costo financiero para mantener la operatividad en los años deficitarios, y los magros resultados durante los años de ordenamiento de precios relativos, provocó una situación dispar en la que todos los sectores perdieron: los usuarios debieron realizar un mayor esfuerzo y las empresas no pudieron sanearse por el gradualismo.

Edesur reclama una actualización tarifaria más pronunciada para comenzar a reparar la brecha en el costo de la generación energética. En un marco en donde la inflación superará el 100% anual para diciembre, las tarifas deberán compensar y superar los aumentos para tener efecto real.

Los sucesivos retrasos tarifarios no solo deterioran el patrimonio y la capitalización de la distribución de energía, sino también su generación. Sin precios adecuados para producir energía, ni Edesur ni Edenor ni cualquier otra distribuidora tendrían algo para distribuir.

Como si esto no fuera suficiente, las restricciones cambiarias hacen todavía más difícil saldar el déficit energético del país con importaciones. Una de las empresas más afectadas por esta limitación fue la estatal ENARSA, que sufrió pérdidas equivalentes a los 966 millones de dólares en los primeros 9 meses del año pasado.

Economía

Tras la desregulación del mercado inmobiliario, la oferta de viviendas en alquiler se disparó casi un 200% en el AMBA

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Cada vez más personas pueden acceder al alquiler gracias al decreto de desregulación anunciado por el Presidente Milei en diciembre del año pasado. Se registró un explosivo crecimiento de la oferta inmobiliaria, el más drástico del que se tenga algún registro en los últimos años.

El proceso de desregulación del mercado inmobiliario cosechó un éxito contundente y arrollador, cada vez más difícil de negar incluso entre los más reaccionarios a las medidas que impulsó el oficialismo.

Desde que el Presidente Javier Milei decretó la desregulación inmobiliaria y el fin de la Ley de Alquileres del 2020, la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler se disparó hasta un 189% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según un reciente informe de la Universidad de San Andrés al término del mes de marzo.

La cantidad de inmuebles ofrecidos saltó drásticamente de las 6.696 unidades a un total de 19.069 en cuestión de solo unos pocos meses. Bajo el marco regulatorio anterior esto podría haber parecido una utopía, pero la mayor libertad de transacciones está permitiendo que miles de personas puedan acceder a la vivienda.

Asimismo, el sondeo de visualizaciones de Zonaprop registró que la cantidad de viviendas ofrecidas se duplicó desde diciembre del año pasado, convalidando así el éxito de la desregulación. Este fenómeno se explicó principalmente por los alquileres de índole permanente, en detrimento de los temporarios.

De acuerdo a Zonaprop, en el mes de marzo el precio promedio de los alquileres aumentó tan solo un 2,5% en el Gran Buenos Aires, mientras que la tasa de inflación informada por el INDEC cerró por encima del 11% en el mismo período.

En lo que va del año el precio promedio de los alquileres acumuló un aumento del 28,7%, una cifra muy inferior al 49,1% que se había acumulando durante el primer trimestre de 2023 (bajo el esquema regulatorio del kirchnerismo).

Se debe tener en cuenta, además, que la tasa de inflación minorista acumulada entre enero y marzo fue del 51,6%, y los precios mayoristas subieron un 37% en el mismo período. Sin importar contra qué métrica inflacionaria se los compare, el valor real de los alquileres cayó drásticamente en términos reales.

Este fue precisamente el efecto que se esperaba tras la aplicación del proceso de desregulación. Dada una demanda relativamente estable (sin ninguna perturbación particular), el explosivo crecimiento de la oferta permitió que cada vez más personas puedan permitirse pagar un alquiler al verse beneficiados de su drástico abaratamiento.

El éxito de la desregulación se convalida desde el punto de vista de las cantidades ofrecidas en el mercado, y también desde el punto de vista de los precios en términos reales. Hasta la fecha, no se registró ni una sola variable en el mercado inmobiliario que se haya visto afectada negativamente tras el levantamiento de los controles impuestos en 2020, más bien todo lo contrario. La propaganda kirchnerista encontró un amargo final al verse refutada por la realidad.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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Economía

Gracias al superávit y la estabilización inflacionaria de Milei, el Banco Hipotecario volvió a lanzar créditos hipotecarios

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Por primera vez en años vuelve a desarrollarse el crédito inmobiliario en la Argentina, de la mano del superávit fiscal anunciado por el equipo de Luis Caputo. Se lanzan nuevas opciones atadas a la variación del UVA.

Durante las últimas décadas los jóvenes argentinos han perdido la capacidad de acceder a una casa propia a través del crédito hipotecario, algo que ocurra en la totalidad de los países del mundo occidental.

Algo tan simple en el mundo se ha vuelto prácticamente en una fantasía en Argentina, y comprar una propiedad requiere un nivel de ahorro imposible para toda la clase media. Pero, ¿por qué paso esto? ¿Si la mayoría de nuestros padres pudieron? ¿Existe algún responsable? ¿Por qué Argentina perdió el mercado hipotecario?

La respuesta es extremadamente simple: el déficit fiscal. Explicarlo, puede tomar un poco más de desarrollo. Argentina hace 16 años que gasta más de lo que recauda. El déficit debió financiarse con los ahorros de los argentinos a través de la emisión constante de títulos públicos para cubrir el agujero fiscal.

Hay que entender que el sistema financiero no es otra cosa que el aparato sanguíneo de la economía, si todo el flujo debe financiar al Estado, crowding out, nada queda para el privado, y consecuentemente nada queda para el sueño de la casa propia.

El kirchnerismo buscó compensarlo con un limitado plan PROCREAR, donde solo se podía adquirir una vivienda designada por el político de turno y mediante un sorteo. Más allá de lo arbitrario del azar, no poder elegir donde uno quiere desarrollarse es un acto que atenta contra los derechos más fundamentales de los argentinos.

Este lunes, el presidente Javier Milei anunció el superávit fiscal de la cuenta corriente para el primer trimestre del año. Esto resulta de vital importancia porque ahora el sistema financiero posee recursos ociosos para colocar en el mercado. Esto genera las condiciones para un nuevo “noviazgo” entre el sistema financiero y el sector privado crowding in.

En la mañana de hoy nos enteramos que el Banco Hipotecario estará otorgando una nueva línea de crédito hipotecario, algo que no sucedía desde el año 2018. En su página, se pueden ver las condiciones comerciales que otorgan para la construcción, adquisición, terminación, y ampliación de vivienda.

El préstamo que otorgan es mediante la modalidad UVA que ajusta por inflación tanto el capital adeudado como las cuotas a pagar. La tasa de interés prevista es del 8,5% anual, es decir que la cuota ajustara por la variación de la UVA + 8,5% año a año.

Si bien estos créditos se habían hechos impagables desde 2018 a medida que empezó a escalar la inflación, con la estabilización monetaria que ya está consiguiendo la gestión de Milei y de Toto Caputo.

Para ilustrar un poco más, tomamos algunas métricas de la página, si uno solicita $100.000.000 (aproximadamente US$ 100.000), tendrá que tener un ingreso necesario de $3.128.000 y abonará una cuota de $782.000.

Tomando las palabras del presidente Milei, los argentinos están frente a la oportunidad de ser los arquitectos de nuestro propio destino, no la desaprovechemos.

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