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Economía

Los demócratas proponen introducir controles de precios en Estados Unidos para combatir la inflación

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La bancada demócrata en la Cámara de Representantes intentará usar su mayoría para establecer un congelamiento estricto en el precio de la gasolina y algunos alimentos en todo el país.

La presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que la bancada demócrata presentará un proyecto para reintroducir los controles de precios en la economía, algo que no se veía desde que fueron completamente desmantelados por la administración de Ronald Reagan en 1981.

El oficialismo posee una mayoría de 221 bancas en la Cámara de Representantes, junto con un empate técnico en el Senado con 50 bancas aseguradas. El proyecto cuenta con el aval del establishment del partido, y tiene le visto bueno de la Casa Blanca, por lo que se espera que pase fácilmente por la Cámara Baja, y luego dependerá del senador Joe Manchin, un demócrata conservador, para aprobarla en la Alta.

Los demócratas proponen una ley que le otorga poder al Presidente para ilegalizar cualquier tipo de aumento en el precio de la gasolina. Ahora, el Gobierno no solamente culpa a la guerra entre Rusia y Ucrania por generar inflación, sino que también apunta contra los empresarios locales.

En palabras de la propia Nancy Pelosi, la ley se propone “detener la especulación de precios”. En la misma línea de pensamiento, la vocera de Biden, Jen Psaki, ya se había referido anteriormente a propósito del aumento del precio de los alimentos, culpando a la “especulación de los conglomerados empresariales” por la inflación.

Psaki fue incluso reivindicada públicamente por la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, como una nueva corriente más izquierdista dentro del Partido Demócrata.

Las medidas, de eventualmente aprobarse, provocarán un profundo desaliento para la inversión en petróleo y gas. Al no poder colocar precios de mercado, los productores terminarán haciendo un ajuste vía cantidades, un fenómeno ampliamente estudiado en la literatura económica y la razón principal del fracaso sistemático de los controles de precios. El desaliento a la producción y el desabastecimiento son los peligros potenciales de la ley.

Se trata de la segunda gran ofensiva del Gobierno demócrata para controlar los precios, después de que el propio presidente Joe Biden estableciera una ley para controlar los precios de los medicamentos recetados.

Algunos estudios realizados por la Tax Foundation de los Estados Unidos revelan que los controles sobre el precio de los medicamentos ya están desalentando la inversión en investigación y desarrollo, y en última instancia se está desalentando la producción para abastecer la demanda de los consumidores.

Un análisis de la Oficina del Congreso estadounidense llegó a la misma conclusión, y determinó que “Si bien los precios más bajos conducirían a un mayor uso de los medicamentos existentes, una menor investigación y desarrollo conduciría a un menor número de medicamentos nuevos”.

El Partido Demócrata abandonó la moderación y cualquier tipo de “centrismo” con el cual se había caracterizado en la década de los 90, y volvió a abrazar las ideas estatistas e intervencionistas de mediados del siglo XX.

Economía

La miseria socialista en Cuba: La dictadura estableció apagones programados de entre 6 y 12 horas por día, y crece el desabastecimiento

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La economía comunista de la isla experimenta un nuevo e histórico declive como no se veía desde la caída de la Unión Soviética en la década de 1990. El país sufre de escasez de alimentos, electricidad y combustible, mientras que la inflación es la más alta de los últimos años.

El modelo económico socialista que impera en Cuba atraviesa una nueva fase de colapso, similar a la que aconteció durante el “período especial” en la década de 1990. La dictadura de Miguel Díaz-Canel dejó de publicar estadísticas sobre la evolución del PBI trimestral, pero las consecuencias de la crisis ya son imposibles de ocultar.

La isla-cárcel sufre la crisis energética más aguda de los últimos 30 años. Los servicios de producción y distribución eléctrica a cargo del Gobierno se encuentran en un estado verdaderamente deplorable, tras acumular años de descapitalización.

La dictadura estableció apagones programados a lo largo y ancho de la isla, con una duración que oscila entre las 6 y las 12 horas por día. La represión del consumo eléctrico fue la única respuesta que encontró el régimen para tratar de contener la dramática escasez de energía.

Asimismo, se tomó la decisión de quitar la energía a por lo menos el 74% del alumbrado público en todo el país, convirtiendo a Cuba en un espectáculo grotesco a los ojos de los ciudadanos. La producción energética del Estado sufrió un fuerte colapso, y ya no es capaz de poder abastecer exitosamente a la demanda interna.

La compañía estatal cubana Unión Eléctrica (UNE) anunció apagones simultáneos sobre el 32% del territorio de la isla, principalmente focalizados en el horario de tarde-noche debido a que en esta franja la demanda eléctrica aumenta estacionalmente.

Paralelamente, el recrudecimiento de la inflación y la represión cambiaria provocaron efectos corrosivos sobre el acceso al comercio exterior. La importación de combustible durante los primeros meses de 2024 fue de tan solo un 46% de lo que estaba previsto. 

El estricto control sobre la entrada y salida de divisas (cepo cambiario), y el descomunal desequilibrio monetario al que incurrió el régimen, llevaron a la escasez de divisas y por lo tanto a la anemia de las importaciones.

Paralelamente, la crisis alimentaria se abre paso a medida que el sistema económico socialista se desmorona. La dictadura debió admitir públicamente la escasez de harina para elaborar una serie de productos de la canasta básica alimentaria, y esta situación se extiende a una amplia gama de productos.

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Economía

Segundo mes consecutivo con superávit: Toto Caputo anunció un resultado primario positivo de $1,2 billones de pesos en febrero

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El programa fiscal del Gobierno avanza a paso firme hacia el saneamiento de las finanzas públicas. Hace más de 10 años que no se registraba superávit primario para dos meses consecutivos. 

El equipo económico del Ministro Luis Caputo está ejecutando un ajuste fiscal en tiempo récord, con el objetivo de reconstruir la confianza del país, eliminar cualquier vestigio de dominancia fiscal sobre la política monetaria, y terminar con el impuesto inflacionario en la Argentina.

Las autoridades del Ministerio de Economía dieron a conocer que en el mes de febrero el Gobierno nacional registró un fuerte superávit primario equivalente a los $1,2 billones de pesos, mientras que el resultado financiero arrojó una cifra positiva de por lo menos $338.112 millones de pesos respectivamente (considerando la carga por intereses de deuda).

De esta manera, es la primera vez desde el año 2013 en que se registran dos meses consecutivos con superávit primario, y desde 2010 en que se observan dos meses consecutivos con un resultado financiero positivo.

Estas cifras son verdaderamente alentadoras, incluso a pesar de que el Gobierno no logró aprobar su primer paquete de leyes fiscales e impositivas. De aprobarse las iniciativas legislativas del oficialismo, la trayectoria alcista para las finanzas públicas no haría más que acentuarse.

El ministro Caputo envió una señal clara y contundente a los mercados: el equilibrio fiscal no es negociable. El Gobierno no está dispuesto a ceder en absoluto sobre el eje fundamental de su política económica. 

Sin déficit fiscal, resulta posible avanzar de manera creíble con la liberalización del cepo cambiario, la independencia del Banco Central, la libre competencia de monedas y finalmente la dolarización en última instancia.

Desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023 el Banco Central no emitió ni un solo peso para financiar al Tesoro. La magnitud de los Adelantos Transitorios y la transferencia de utilidades se redujo a cero, y el Gobierno promete mantener este comportamiento sin sorpresas.

Asimismo, la deuda pública del Gobierno nacional expresada en dólares corrientes disminuyó hasta un 9,1% con respecto a noviembre del año pasado (el último mes de la administración kirchnerista). Solamente en febrero, el stock de deuda externa se redujo en por lo menos US$ 8.753 millones de dólares.

Los sólidos resultados fiscales correspondientes al primer bimestre del año, y la contundente señal de confianza que inspira el Gobierno del Presidente Milie lograron bajar la prima de Riesgo País en torno a los 1.600 puntos básicos, el mejor resultado observado desde el canje de deuda de 2020. Este indicador es homólogo a la sostenibilidad de la deuda pública.

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S&P mejoró la calificación crediticia de Argentina y declara una perspectiva "estable" para la economía

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El canje de deuda llevado a cabo por el Ministro Caputo logró mejorar las perspectivas del país en tiempo récord. Argentina podría volver a insertarse en el mercado de crédito internacional. 

El pasado día viernes la reconocida agencia S&P Global Ratings anunció un cambio positivo en la calificación crediticia para los títulos argentinos en moneda local, algo que no ocurría desde 2016.

La denominación oficial cambió de “default selectivo” a “perspectiva estable”, con lo cual los inversores creen en el Gobierno y en el Presidente Javier Milei, y destacan cualquier tipo de incumplimiento durante los próximos cuatro años. El 10 de diciembre del año pasado, como parte de su discurso de apertura, el Presidente Milei ratificó su compromiso por honrar las deudas del Estado nacional con todos los acreedores.

Todo esto solo pudo ser posible después del amplio canje de títulos que llevó a cabo el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. Se postergaron los plazos de pago para las obligaciones más inmediatas, a nuevos plazos que varían entre 2025 y hasta 2028.

En total, se lograron despejar hasta $42,6 billones de pesos de los $54,5 billones que constituían el total de los vencimientos más próximos, es decir que se alcanzó al 77% de las obligaciones de corto plazo. El sector privado llegó a representar más del 17% de las tenencias del canje, mientras que el resto se explicó por cambios de títulos dentro de otros organismos del sector publico.

La Secretaría de Finanzas confirmó que se logró estirar la vida promedio del perfil de vencimientos de los bonos de 0,46 años a 3 años, generando un ahorro en materia financiera de hasta $555.000 millones de pesos. Esto deja al Gobierno nacional con una posición de liquidez significativamente más holgada, y en consecuencia una mayor espalda para evitar cualquier incumplimiento.

Los buenos resultados fiscales para los meses de enero y febrero también consolidaron una mejor posición crediticia para el país, ya que el Gobierno apunta a la plena solvencia fiscal para fin de año (una meta acordada con el Fondo Monetario Internacional).

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