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Economía

Los detalles de la reforma laboral socialista que aprobó Pedro Sánchez con el inusual apoyo de liberales

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El Gobierno socialista impulsó una reforma laboral que supone un retroceso en muchas flexibilizaciones que habían sido reglamentadas en la legislación del 2012. El mercado laboral español se vuelve más rígido y subirá el desempleo.

A pesar de los altos niveles de desocupación estructural en España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez impulsó una nueva reforma laboral que da marcha atrás al proceso de liberalización comenzado en 2012, aunque no sin evitar serias polémicas en el conteo de votos.

Antes de la reforma laboral del año 2012, la tasa de desocupación española llegó al 25% de la población económicamente activa, mientras que el desempleo promedio entre 1986 y 2012 había sido del 16%. La reforma del 2012 supuso un paso hacia la liberalización del mercado, después del colapso del intervencionismo.

Las reformas durante el Gobierno de Mariano Rajoy no lograron una modernización completa del mercado laboral, y pese al crecimiento económico la desocupación estructural de España no bajó del 13% de la población activa, aunque se registró una baja de 12 puntos porcentuales con respecto al 2013. Pero en lugar de profundizar las reformas para alcanzar el pleno empleo, el Gobierno socialista decidió revocar algunos puntos de la reforma anterior.

Negociaciones salariales

La reforma del Partido Socialista establece que, en la subcontratación, tendrán prevalencia los convenios colectivos correspondientes a la actividad desarrollada, y no por empresa, cuando se traten de nóminas salariales.

En otras palabras, los convenios colectivos por actividad estarán por encima de los convenios por empresa (la negociación descentralizada) al momento de establecer pautas salariales, a menos que exista un convenio particular en una empresa que ofrezca un salario más elevado al que establece el convenio por actividad. Esto conforma un retroceso en la necesaria descentralización de las negociaciones laborales.

“Ultra-actividad” ilimitada

Otro gran retroceso en la descentralización de las negociaciones laborales fue la vuelta en la ultra-actividad de forma indefinida. Se entiende por ultra-actividad a la vigencia de un convenio colectivo que ya cumplió su ciclo de aplicación natural, pero que sigue en vigencia por alguna disrupción entre las partes negociantes de una relación laboral.

La reforma laboral del 2012 había establecido un máximo de un año para la extensión indebida de convenios colectivos ya vencidos, logrando así una mayor descentralización y liberalización del mercado. De ahora en adelante, la reforma socialista eliminó todos los límites y estos convenios podrán regir libremente hasta tanto se haya logrado un acuerdo entre partes.

Contratos temporales

La reforma de Pedro Sánchez endureció los requerimientos para reconocer un contrato de índole temporal. A partir de la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, solamente existirán dos modalidades de contratos temporales: los vinculados a la producción y los vinculados a la sustitución de un trabajador.

El requisito por “producción” comprende a la situación en la cual una empresa contrata a un nuevo trabajador a raíz de un aumento no previsible u ocasional en el nivel de producción. Por su parte, la “sustitución” comprendida en la ley aglutina a las situaciones en las cuales un trabajador debe ser reemplazado por cuestiones de fuerza mayor.

Para todos los demás casos, se estableció un límite de hasta 6 meses de duración de los contratos temporales, con la posibilidad de ampliarlos hasta un año atendiendo a situaciones particulares. Este cambio dota de una rigidez importante al mercado laboral español, e incluso supera a las rigideces temporales que tiene la Argentina para este tipo de contratos.

De esta manera, la reforma socialista liquida automáticamente a todos los contratos realizados por obra o servicio concluido, una modalidad laboral flexible que había creado miles de puestos de trabajo en el pasado.

La reforma socialista no prohíbe los contratos fijos-discontinuos, típicamente asociados a empleos con alta estacionalidad vinculados a la actividad agropecuaria, pero estableció que la construcción deberá disponer de contratos fijos. De esta manera, las empresas constructoras quedarán obligabas por ley a realizar propuestas de relocalización hacia sus ex-empleados, una vez que las obras sean terminadas.

Contratos de aprendizaje

Se establece un mínimo de 3 meses para contratos de aprendizaje, junto con un máximo de 2 años. A su vez, existirán dos modalidades: el contrato de formación en alternancia, vinculado mayormente a estudiantes universitarios, pero incluyendo a personas de hasta 30 años; y una segunda modalidad de contratos de práctica profesional, que tendrán una duración máxima de 1 año. Estos requisitos son más flexibles que en economías fuertemente intervenidas como la Argentina, pero retroceden en el sendero trazado por la reforma laboral del 2012.

Todas estas reformas no logran revertir completamente la legislación laboral vigente desde 2012, pero suponen un profundo retroceso en materia de desregulación y flexibilización laboral, siendo que España aún continúa con los niveles más elevados de desempleo estructural y juvenil dentro de la Unión Europea, solamente a la par de Grecia.

Esta reforma fue abiertamente apoyada por el Partido socialista Obrero Español (PSOE), el partido de extrema izquierda Unidas Podemos, y los “liberales de izquierda” conformados en Ciudadanos (C´s). En la senda opuesta, la principal oposición fue proporcionada por el partido derechista VOX, junto con el ala dura del Partido Popular (PP).

Economía

El Bank of America anunció que se está preparando para el default de la deuda pública estadounidense

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El CEO de la entidad bancaria, Brian Moynihan, aseguró que no descarta un escenario de incumplimiento crediticio y la consecuente crisis financiera devenida a ello. Los republicanos ofrecen su apoyo político para subir el techo de la deuda a cambio de recortar el presupuesto, pero Biden resiste la negociación.

El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, afirmó este lunes que se prepará para un posible default de la deuda pública estadounidense. Se trata de una situación con un potencial destructivo inconmensurable sobre los mercados financieros a nivel internacional, aunque se espera que pueda evitarse tras tensas y largas negociaciones.

El CEO de la segunda firma bancaria más importante de los Estados Unidos advierte que el Gobierno demócrata no está emprendiendo medidas fiscales austeras, sino más bien todo lo contrario, y se niega a permitir una negociación constructiva con la oposición política.

Tenemos que estar preparados para eso, no solo en este país sino en otros países del mundo. Esperas que no suceda, pero la esperanza no es una estrategia, así que te preparas para ello”, afirmó Moynihan en diálogo con la CNN.

Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America.

El Gobierno del presidente Joe Biden presiona por un rápido levantamiento del techo de la deuda pública, que ya alcanzó el límite fijado en los US$ 31,4 billones (o trillones por su traducción al inglés), pero al mismo tiempo propone añadir un monto adicional por US$ 4,8 billones al déficit fiscal hasta el año 2031

Los aumentos en las erogaciones presupuestadas para los próximos años no se condicen con incrementos de la presión tributaria, o con reducciones compensatorias en otras partidas del gasto (como por ejemplo ocurrió en la década del 90). 

La oposición republicana tanto en el Senado al frente de Mitch McConnell como en la Cámara de Representantes con Kevin McCarthy, ofrece una negociación constructiva con el oficialismo: se propone aprobar el levantamiento del techo de la deuda pública a cambio de permitir el ajuste del gasto público tal y como ocurrió en la administración Clinton. Los demócratas aún se resisten a la negociación, y ponen en peligro la credibilidad del Gobierno federal. 

Dejar de pagar nuestra deuda no es una opción. Pero tampoco lo es un futuro de impuestos más altos, tasas de interés más altas y una economía que no funciona para los trabajadores estadounidenses”, anunció Kevin McCarthy.

La secretaria del Tesoro Janet Yellen adoptó medidas extraordinarias para atender vencimiento y gastos corrientes de corto plazo, y trató de llevar tranquilidad a los mercados afirmando que Estados Unidos jamás incumplió sus obligaciones financieras desde 1789.

Los dichos de Yellen son cuanto menos inexactos. El país sí incumplió sus compromisos en numerosas oportunidades, en ocasiones por razones de fuerza mayor ante conflictos bélicos (1834 y 1862), y en otras por el repudio a los regímenes de convertibilidad del dólar (como en 1933 y más recientemente desde 1971).

Lo que hasta ahora no ocurrió es la suspensión de pagos en moneda fiduciaria corriente, pero la situación fiscal de Estados Unidos es atípica desde hace 15 años. El Gobierno federal no logró nunca volver al superávit primario desde abril de 2008, y el stock de deuda pública se encuentra en máximos desde la Segunda Guerra Mundial.

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Economía

Llegan los aumentos tarifarios de Massa: La electricidad aumenta hasta un 37% en febrero

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El Gobierno confirmó que las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales del AMBA tendrán una actualización promedio del 29%, y con un máximo de 37%. La meta inflacionaria del ministro Massa quedó completamente obliterada por la realidad.

Los aumentos programados para los precios regulados, en conjunción con el drástico salto de los precios minoristas en enero, terminan por confirmar que las metas planteadas en el Presupuesto 2023 no podrán cumplirse.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó que las tarifas eléctricas tendrán un aumento promedio del 29% para los usuarios residenciales de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la boleta de febrero. La principal variable de ajuste para cumplir con las metas fiscales del FMI sigue siendo la baja de los subsidios económicos, con lo cual las actualizaciones tarifarias deberán al menos compensar (y superar) a la inflación este año.

Asimismo, también se determinó el esquema de precios de referencia para el mercado eléctrico mayorista, formalmente los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE). Estos nuevos cuadros tarifarios deberán ser aplicados entre febrero y abril.

Los aumentos programados por tipo de usuario para febrero

  • 0% de aumento: Para usuarios no residenciales pero con algún domicilio en el AMBA, y con una demanda energética inferior a los 800 kWh por mes. Los usuarios residenciales clasificados en el “nivel 2” de la segmentación tarifaria tampoco tendrán aumentos. 
  • 26% de aumento: Aquellos usuarios residenciales catalogados en el “nivel 3”, tendrán una suba subsidiada del 26% por su demanda energética inferior a los 400 kWh al mes, y cualquier monto que supere este umbral no contará con subsidio alguno. 
  • 29% de aumento: Será aplicado para Organismos y Entes Públicos que prestan los Servicios Públicos de Salud y Educación (OSPE) en la región del AMBA. 
  • 30% de aumento: Se aplicará para usuarios residenciales con demanda excedente a 800 kWh al mes, y para usuarios no residenciales con demandas mensuales mayores a 10kW y menores a 300 kW.
  • 37% de aumento: Se aplicará para usuarios residenciales catalogados en el “nivel 1”, aquellos de mayor poder adquisitivo según la clasificación del Gobierno.

El ministro Sergio Massa pretendía arribar a una inflación promedio mensual del 4% para el primer trimestre del año, ya que es compatible con el 60% de aumento interanual plasmado en el Presupuesto 2023. 

Las estimaciones preliminares para el IPC de enero arrojaron aumentos de entre el 5,5% y hasta el 6%, y 7,3% si se toma en consideración la canasta de bienes y servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El programa económico de Massa plantea un objetivo irrealista y no ofrece ninguna herramienta creíble para cumplir las metas, en un año 2023 que se verá marcado por un mayor sinceramiento de los precios relativos de la economía (principalmente las tarifas).

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Economía

Vuelve a aumentar la inflación en Turquía: Los precios se dispararon un 6,7% en enero y Erdogan se queda sin ideas

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Pese a la moderación del ritmo de aumento interanual, los precios registraron una fuerte aceleración inflacionaria en el primer mes del año y tuvieron el salto más drástico de los últimos 9 meses. El Banco Central de Turquía sigue intervenido y no reacciona a los aumentos. 

Vuelve a brotar la inflación en Turquía pese a los numerosos controles que instaló el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Los precios minoristas registraron un aumento del 6,65% en enero de 2023, una fuerte suba de 5,5 puntos porcentuales en comparación con la variación de diciembre del año pasado.

Se observó la variación mensual más elevada de los últimos 9 meses, aunque la inflación interanual se moderó al 57,68% desde el máximo de 85,5% observado en octubre de 2022. 

La caída de la suba interanual de los precios se explica por el efecto rezago de los aumentos en la segunda mitad del año pasado, pero el ritmo de la inflación mensual de enero sugiere que esta moderación llegará a su fin

La inflación núcleo alcanzó el 7,67% entre enero de 2023 y diciembre de 2022, eliminado el efecto de bienes típicamente volátiles como los alimentos y los combustibles. Los precios mayoristas también se aceleraron en enero, denotando un aumento mensual del 4,15% frente al período anterior.

El Banco Central de Turquía se encuentra completamente paralizado ante la intervención del Gobierno de Erdogan. La tasa de política monetaria persiste en el 9% nominal anual, 49 puntos por debajo de la tasa de inflación interanual. De hecho, la autoridad monetaria permitió un recorte de 50 puntos básicos sobre la tasa de interés entre julio y diciembre del año pasado.

Los encajes legales para la mayor parte de los depósitos persisten en el 25%, y las tasas de interés del sistema financiero (activas, pasivas e interbancarias) se encuentran sin cambios pese a la brutal suba de los precios.

Inflación mensual de Turquía. Fuente: Instituto de Estadística de Turquía.

Controlando la tasa de interés nominal como herramienta de política monetaria, el banco central también es incapaz de controlar al mismo tiempo la expansión de los agregados monetarios. Y como la tasa se determina por criterios políticos, la única herramienta que queda es la política cambiaria vía inyección de reservas.

El Banco Central de Turquía perdió 9.390 millones de dólares desde el pasado 11 de diciembre, en un intento por contener la paridad del tipo de cambio. Sin embargo, la Lira turca alcanzó sus mínimos históricos frente al dólar y no se lograron estabilizar las expectativas de inflación.

El dólar escaló hasta los 18,85 unidades expresadas en Liras, el récord nominal más importante de la historia del país. Con una postura diametralmente opuesta, el constante aumento de las tasas de la Reserva Federal arroja una fuerte presión para los países emergentes y especialmente para Turquía, que ensaya una política monetaria estrafalaria y muy poco convencional.

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