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Economía

Los detalles de la reforma laboral socialista que aprobó Pedro Sánchez con el inusual apoyo de liberales

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El Gobierno socialista impulsó una reforma laboral que supone un retroceso en muchas flexibilizaciones que habían sido reglamentadas en la legislación del 2012. El mercado laboral español se vuelve más rígido y subirá el desempleo.

A pesar de los altos niveles de desocupación estructural en España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez impulsó una nueva reforma laboral que da marcha atrás al proceso de liberalización comenzado en 2012, aunque no sin evitar serias polémicas en el conteo de votos.

Antes de la reforma laboral del año 2012, la tasa de desocupación española llegó al 25% de la población económicamente activa, mientras que el desempleo promedio entre 1986 y 2012 había sido del 16%. La reforma del 2012 supuso un paso hacia la liberalización del mercado, después del colapso del intervencionismo.

Las reformas durante el Gobierno de Mariano Rajoy no lograron una modernización completa del mercado laboral, y pese al crecimiento económico la desocupación estructural de España no bajó del 13% de la población activa, aunque se registró una baja de 12 puntos porcentuales con respecto al 2013. Pero en lugar de profundizar las reformas para alcanzar el pleno empleo, el Gobierno socialista decidió revocar algunos puntos de la reforma anterior.

Negociaciones salariales

La reforma del Partido Socialista establece que, en la subcontratación, tendrán prevalencia los convenios colectivos correspondientes a la actividad desarrollada, y no por empresa, cuando se traten de nóminas salariales.

En otras palabras, los convenios colectivos por actividad estarán por encima de los convenios por empresa (la negociación descentralizada) al momento de establecer pautas salariales, a menos que exista un convenio particular en una empresa que ofrezca un salario más elevado al que establece el convenio por actividad. Esto conforma un retroceso en la necesaria descentralización de las negociaciones laborales.

"Ultra-actividad" ilimitada

Otro gran retroceso en la descentralización de las negociaciones laborales fue la vuelta en la ultra-actividad de forma indefinida. Se entiende por ultra-actividad a la vigencia de un convenio colectivo que ya cumplió su ciclo de aplicación natural, pero que sigue en vigencia por alguna disrupción entre las partes negociantes de una relación laboral.

La reforma laboral del 2012 había establecido un máximo de un año para la extensión indebida de convenios colectivos ya vencidos, logrando así una mayor descentralización y liberalización del mercado. De ahora en adelante, la reforma socialista eliminó todos los límites y estos convenios podrán regir libremente hasta tanto se haya logrado un acuerdo entre partes.

Contratos temporales

La reforma de Pedro Sánchez endureció los requerimientos para reconocer un contrato de índole temporal. A partir de la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, solamente existirán dos modalidades de contratos temporales: los vinculados a la producción y los vinculados a la sustitución de un trabajador.

El requisito por “producción” comprende a la situación en la cual una empresa contrata a un nuevo trabajador a raíz de un aumento no previsible u ocasional en el nivel de producción. Por su parte, la “sustitución” comprendida en la ley aglutina a las situaciones en las cuales un trabajador debe ser reemplazado por cuestiones de fuerza mayor.

Para todos los demás casos, se estableció un límite de hasta 6 meses de duración de los contratos temporales, con la posibilidad de ampliarlos hasta un año atendiendo a situaciones particulares. Este cambio dota de una rigidez importante al mercado laboral español, e incluso supera a las rigideces temporales que tiene la Argentina para este tipo de contratos.

De esta manera, la reforma socialista liquida automáticamente a todos los contratos realizados por obra o servicio concluido, una modalidad laboral flexible que había creado miles de puestos de trabajo en el pasado.

La reforma socialista no prohíbe los contratos fijos-discontinuos, típicamente asociados a empleos con alta estacionalidad vinculados a la actividad agropecuaria, pero estableció que la construcción deberá disponer de contratos fijos. De esta manera, las empresas constructoras quedarán obligabas por ley a realizar propuestas de relocalización hacia sus ex-empleados, una vez que las obras sean terminadas.

Contratos de aprendizaje

Se establece un mínimo de 3 meses para contratos de aprendizaje, junto con un máximo de 2 años. A su vez, existirán dos modalidades: el contrato de formación en alternancia, vinculado mayormente a estudiantes universitarios, pero incluyendo a personas de hasta 30 años; y una segunda modalidad de contratos de práctica profesional, que tendrán una duración máxima de 1 año. Estos requisitos son más flexibles que en economías fuertemente intervenidas como la Argentina, pero retroceden en el sendero trazado por la reforma laboral del 2012.

Todas estas reformas no logran revertir completamente la legislación laboral vigente desde 2012, pero suponen un profundo retroceso en materia de desregulación y flexibilización laboral, siendo que España aún continúa con los niveles más elevados de desempleo estructural y juvenil dentro de la Unión Europea, solamente a la par de Grecia.

Esta reforma fue abiertamente apoyada por el Partido socialista Obrero Español (PSOE), el partido de extrema izquierda Unidas Podemos, y los "liberales de izquierda" conformados en Ciudadanos (C´s). En la senda opuesta, la principal oposición fue proporcionada por el partido derechista VOX, junto con el ala dura del Partido Popular (PP).

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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