Economía
Los dramáticos resultados del proteccionismo de Biden: aumento de costos y desabastecimiento
El presidente demócrata endureció las restricciones cuantitativas para las importaciones para favorecer el proteccionismo. Las medidas aumentaron los costos de infraestructura y ya se registra desabastecimiento en la leche de fórmula para bebés.
El Gobierno de Joe Biden desplegó una impronta fuertemente proteccionista a partir del endurecimiento las medidas no arancelarias para restringir importaciones: los límites de cantidades o cuotas, y las regulaciones con pautas de “compre nacional”.
La principal apuesta fiscal de Biden y los demócratas es la puesta en marcha de un amplio programa de “estímulo” en la forma de obra pública para infraestructura, por un monto de 1,2 billones de dólares. La ley de infraestructura de Biden incluye una cláusula abiertamente proteccionista, pues se ampliaron las restricciones para que los bienes y los materiales requeridos por el programa puedan ser importados.
Las medidas fueron anunciadas oficialmente por la Oficina de Administración y Presupuesto, el organismo regulador que, entre otras funciones, se encarga de otorgar exenciones o licencias para los cupos de importación, y fija las reglas por las cuales es posible hacerlo.
Los demócratas ampliaron las restricciones de “compre nacional” para el abastecimiento de acero, hierro, productos manufacturados, diversos tipos de herramientas, cableado de cobre, plásticos, polímeros, paneles de yeso, madera y automóviles de carga. Todas las importaciones quedarán virtualmente sometidas a una restricción de cantidades más exigente que la que había durante la administración de Donald Trump u otras administraciones.
Al contrario de lo que afirmaba el Presidente, su ley de infraestructura no solo no tendrá ningún impacto positivo sobre la tasa de inflación, sino que además supone un drástico aumento de costos para la actividad de la construcción.
Con una mayor presencia del sector público demandando productos de origen local, y en el marco de restricciones aún más estrictas para la importación de bienes sustitutos, el sector privado también sufrirá un fuerte impacto recesivo y un aumento de sus costos, exactamente lo contrario a lo que se pretendía arribar desde un principio con la ley de infraestructura.
A la par del aumento de costos, Estados Unidos registra un histórico desabastecimiento de leche de fórmula para bebés. El 40% del producto a nivel nacional ya se encuentra completamente agotado en los comercios, y en algunos Estados como Texas y Tennessee, la cifra alcanza a más del 50%. En comparación con el primer semestre de 2021, la falta de abastecimiento creció casi 20 veces.
La política comercial de Biden tuvo un efecto preponderante para explicar el desabastecimiento. Desde 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas originales en inglés) endureció los requisitos de importación de manera desconmensurada. Los nuevos estándares de la FDA son incluso más exigentes que los establecidos por la Unión Europea (de los más exigentes en el mundo), y esto no se debe a cuestiones de salud pública sino a una medida proteccionista de política comercial.
En un clima de extrema tensión inflacionaria, las políticas proteccionistas de los demócratas generan una mayor distorsión de precios relativos, encareciendo artificialmente el precio de los productos que compiten contra importaciones y provocando aumentos por encima de la inflación (en términos de otros bienes).
Economía
La miseria socialista en Cuba: La dictadura estableció apagones programados de entre 6 y 12 horas por día, y crece el desabastecimiento
La economía comunista de la isla experimenta un nuevo e histórico declive como no se veía desde la caída de la Unión Soviética en la década de 1990. El país sufre de escasez de alimentos, electricidad y combustible, mientras que la inflación es la más alta de los últimos años.
El modelo económico socialista que impera en Cuba atraviesa una nueva fase de colapso, similar a la que aconteció durante el “período especial” en la década de 1990. La dictadura de Miguel Díaz-Canel dejó de publicar estadísticas sobre la evolución del PBI trimestral, pero las consecuencias de la crisis ya son imposibles de ocultar.
La isla-cárcel sufre la crisis energética más aguda de los últimos 30 años. Los servicios de producción y distribución eléctrica a cargo del Gobierno se encuentran en un estado verdaderamente deplorable, tras acumular años de descapitalización.
La dictadura estableció apagones programados a lo largo y ancho de la isla, con una duración que oscila entre las 6 y las 12 horas por día. La represión del consumo eléctrico fue la única respuesta que encontró el régimen para tratar de contener la dramática escasez de energía.
Asimismo, se tomó la decisión de quitar la energía a por lo menos el 74% del alumbrado público en todo el país, convirtiendo a Cuba en un espectáculo grotesco a los ojos de los ciudadanos. La producción energética del Estado sufrió un fuerte colapso, y ya no es capaz de poder abastecer exitosamente a la demanda interna.
La compañía estatal cubana Unión Eléctrica (UNE) anunció apagones simultáneos sobre el 32% del territorio de la isla, principalmente focalizados en el horario de tarde-noche debido a que en esta franja la demanda eléctrica aumenta estacionalmente.
Paralelamente, el recrudecimiento de la inflación y la represión cambiaria provocaron efectos corrosivos sobre el acceso al comercio exterior. La importación de combustible durante los primeros meses de 2024 fue de tan solo un 46% de lo que estaba previsto.
El estricto control sobre la entrada y salida de divisas (cepo cambiario), y el descomunal desequilibrio monetario al que incurrió el régimen, llevaron a la escasez de divisas y por lo tanto a la anemia de las importaciones.
Paralelamente, la crisis alimentaria se abre paso a medida que el sistema económico socialista se desmorona. La dictadura debió admitir públicamente la escasez de harina para elaborar una serie de productos de la canasta básica alimentaria, y esta situación se extiende a una amplia gama de productos.
Economía
Segundo mes consecutivo con superávit: Toto Caputo anunció un resultado primario positivo de $1,2 billones de pesos en febrero
El programa fiscal del Gobierno avanza a paso firme hacia el saneamiento de las finanzas públicas. Hace más de 10 años que no se registraba superávit primario para dos meses consecutivos.
El equipo económico del Ministro Luis Caputo está ejecutando un ajuste fiscal en tiempo récord, con el objetivo de reconstruir la confianza del país, eliminar cualquier vestigio de dominancia fiscal sobre la política monetaria, y terminar con el impuesto inflacionario en la Argentina.
Las autoridades del Ministerio de Economía dieron a conocer que en el mes de febrero el Gobierno nacional registró un fuerte superávit primario equivalente a los $1,2 billones de pesos, mientras que el resultado financiero arrojó una cifra positiva de por lo menos $338.112 millones de pesos respectivamente (considerando la carga por intereses de deuda).
De esta manera, es la primera vez desde el año 2013 en que se registran dos meses consecutivos con superávit primario, y desde 2010 en que se observan dos meses consecutivos con un resultado financiero positivo.
Estas cifras son verdaderamente alentadoras, incluso a pesar de que el Gobierno no logró aprobar su primer paquete de leyes fiscales e impositivas. De aprobarse las iniciativas legislativas del oficialismo, la trayectoria alcista para las finanzas públicas no haría más que acentuarse.
El ministro Caputo envió una señal clara y contundente a los mercados: el equilibrio fiscal no es negociable. El Gobierno no está dispuesto a ceder en absoluto sobre el eje fundamental de su política económica.
Sin déficit fiscal, resulta posible avanzar de manera creíble con la liberalización del cepo cambiario, la independencia del Banco Central, la libre competencia de monedas y finalmente la dolarización en última instancia.
Desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023 el Banco Central no emitió ni un solo peso para financiar al Tesoro. La magnitud de los Adelantos Transitorios y la transferencia de utilidades se redujo a cero, y el Gobierno promete mantener este comportamiento sin sorpresas.
Asimismo, la deuda pública del Gobierno nacional expresada en dólares corrientes disminuyó hasta un 9,1% con respecto a noviembre del año pasado (el último mes de la administración kirchnerista). Solamente en febrero, el stock de deuda externa se redujo en por lo menos US$ 8.753 millones de dólares.
Los sólidos resultados fiscales correspondientes al primer bimestre del año, y la contundente señal de confianza que inspira el Gobierno del Presidente Milie lograron bajar la prima de Riesgo País en torno a los 1.600 puntos básicos, el mejor resultado observado desde el canje de deuda de 2020. Este indicador es homólogo a la sostenibilidad de la deuda pública.
Economía
S&P mejoró la calificación crediticia de Argentina y declara una perspectiva "estable" para la economía
El canje de deuda llevado a cabo por el Ministro Caputo logró mejorar las perspectivas del país en tiempo récord. Argentina podría volver a insertarse en el mercado de crédito internacional.
El pasado día viernes la reconocida agencia S&P Global Ratings anunció un cambio positivo en la calificación crediticia para los títulos argentinos en moneda local, algo que no ocurría desde 2016.
La denominación oficial cambió de “default selectivo” a “perspectiva estable”, con lo cual los inversores creen en el Gobierno y en el Presidente Javier Milei, y destacan cualquier tipo de incumplimiento durante los próximos cuatro años. El 10 de diciembre del año pasado, como parte de su discurso de apertura, el Presidente Milei ratificó su compromiso por honrar las deudas del Estado nacional con todos los acreedores.
Todo esto solo pudo ser posible después del amplio canje de títulos que llevó a cabo el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. Se postergaron los plazos de pago para las obligaciones más inmediatas, a nuevos plazos que varían entre 2025 y hasta 2028.
En total, se lograron despejar hasta $42,6 billones de pesos de los $54,5 billones que constituían el total de los vencimientos más próximos, es decir que se alcanzó al 77% de las obligaciones de corto plazo. El sector privado llegó a representar más del 17% de las tenencias del canje, mientras que el resto se explicó por cambios de títulos dentro de otros organismos del sector publico.
La Secretaría de Finanzas confirmó que se logró estirar la vida promedio del perfil de vencimientos de los bonos de 0,46 años a 3 años, generando un ahorro en materia financiera de hasta $555.000 millones de pesos. Esto deja al Gobierno nacional con una posición de liquidez significativamente más holgada, y en consecuencia una mayor espalda para evitar cualquier incumplimiento.
Los buenos resultados fiscales para los meses de enero y febrero también consolidaron una mejor posición crediticia para el país, ya que el Gobierno apunta a la plena solvencia fiscal para fin de año (una meta acordada con el Fondo Monetario Internacional).
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