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Los horrores que el radicalismo elige no recordar: El Corralito de Alfonsín y la pesificación forzosa de Illia

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A 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, los dirigentes evitan hablar de las peores facetas de las presidencias radicales.

Este domingo se cumplieron 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical (UCR) por Leandro N. Alem, originalmente conocida como la “Unión Cívica Anti Acuerdista”, en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional (PAN) para una fórmula presidencial “de unidad” para las elecciones de 1892.

Esa fuerza política, que se constituyó como el partido con la ideología más extremista del momento en contra del entonces gobierno conservador, se cambió el nombre a Unión Cívica Radical el 2 de julio, en contraposición de la Unión Cívica Nacional, de Mitre, una fuerza política mucho más moderada.

Desde entonces, el partido se ha mantenido a lo largo de la historia como la fuerza política más tradicional de Argentina, dejando muy lejano las ideas extremistas de Alem. Sin embargo, a lo largo de los diferentes gobiernos que conformaron en el último siglo, han provocado verdaderos horrores económicos y sociales en el país.

Los principales dirigentes radicales en todo país destacaron el rumbo histórico del partido, pero decidieron ignorar deliberadamente algunos de los episodios más dramáticos de la historia económica argentina llevados a cabo por presidencias radicales.

La expropiación de los depósitos en dólares en la presidencia de Illia

El programa integral del presidente Arturo Umberto Illia se caracterizaba por un feroz estatismo económico, junto con un diagnóstico muy poco convencional acerca de la situación heredada en 1963.

Hacia diciembre de 1963, el ministro de Economía radical, Eugenio Blanco, lanzaba la receta económica auspiciada por la plataforma oficial del radicalismo: control de precios y tarifas públicas, cepo cambiario con un límite de compra de hasta US$ 50 por mes, y la anulación de contratos petroleros con empresas privadas para que YPF recuperara el monopolio absoluto.

El programa dio indicios de agotamiento a mediados de 1964, cuando la inflación minorista se enquistaba en el 23% interanual y la mayorista subía hasta el 26%, 3 puntos por encima de diciembre de 1963.

Además, y como sucede en la actualidad, el país atravesaba una profunda crisis de vencimientos por el pago de deuda pública externa. Los violentos controles cambiarios impedían la acumulación de reservas, aún a pesar de que el Gobierno radical restringía severamente las importaciones.

La falta de acceso al mercado externo de divisas provocó que los bancos no pudieran estar en condiciones para afrontar los depósitos en dólares, que alcanzaban los US$ 200 millones en 1964. El Gobierno radical decidió, por decreto, pesificar compulsivamente los depósitos de los ahorristas al tipo de cambio vigente en el mercado libre (y no el oficial).

Del mismo modo en que lo hizo Eduardo Duhalde en 2002, las medidas de Illia destruyeron el poder adquisitivo de los ahorristas que habían depositado su confianza y sus ahorros en dólares al sistema bancario.

El fracaso del Plan Austral y el “Corralito” de Alfonsín

Después de una primera hiperinflación hacia fines de 1984, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín anunciaba su Plan Austral para poner fin a la inflación. El programa incluía la reducción del déficit fiscal con un drástico aumento de impuestos y retenciones, mientras que al mismo tiempo reemplazaba al “peso argentino” por el austral, y se establecían controles de precios, salarios y tarifas públicas.

A pesar del aumento de las cargas sociales a la seguridad social, el impuesto a las Ganancias, las retenciones y los aranceles de importación, el déficit fiscal no se eliminó y para 1987 el programa se encontraba virtualmente agotado en una nueva crisis de estanflación.

Hacia abril de 1989, y después del fracaso del segundo programa de estabilización en la primavera de 1988, la inflación superaba el 460% interanual y el sistema bancario se encontraba al borde del colapso.

El presidente Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille en 1985.

A causa de la pésima reputación del Gobierno y su programa, las expectativas inflacionarias se dispararon y la demanda de australes se derrumbó. Esto provocó un pánico de los ahorristas, que dejaron de confiar en el ajuste de las tasas de interés y buscaron retirar sus fondos bancarios para rápidamente transformarlos en dólares y así protegerse de la inflación.

El Gobierno de Alfonsín estableció un estricto límite al retiro de fondos de los bancos, lo que se conoce formalmente como “Corralito”, para evitar el colapso del sistema financiero, de la misma manera en que lo hizo Fernando De la Rúa en 2001.

“Hacia fines de abril de 1989, ante la perspectiva de un estallido hiperinflacionario, las autoridades monetarias argentinas introdujeron severas restricciones al retiro en efectivo de los depósitos bancarios. Esto provocó temporalmente el surgimiento de un sistema monetario bipapélico en el que circularon dos monedas: el austral billete y el austral cheque”, explicaba el CEMA en octubre de 1990.

En medio del caos, el Presidente radical huyó del Gobierno y transfirió el poder en julio de 1989 al entonces Presidente electo Carlos Menem, que debió hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo. 

Argentina

Base China en Neuquén: Los vecinos denuncian un hermetismo total y efectivos militares en suelo argentino

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Un especial de TN logró grabar por primera vez las caras de los operarios de la base espacial china, y son miembros del Ejército Popular de Liberación, la rama militar del Partido Comunista Chino.

En medio del desierto neuquino, la Estación de Espacio Lejano China aparece como un punto de extrema curiosidad para los locales que viven en las zonas lindantes. Si bien la base tiene fines científicos, o al menos eso prometieron cuando Cristina Kirchner en 2012 les cedió el terreno por 50 años, la estación depende del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino.

Esto queda clarísimo para los vecinos de la zona, que denuncian que la base, que supuestamente debería tener solamente 8 científicos chinos operando allí dentro, tiene mucho movimiento militar. China se escuda en que la Administración Nacional Espacial China (CNSA) que opera la base es una rama de sus Fuerzas Armadas, y por eso todos los operarios son integrantes del Ejército.

Pero esto no convence a los expertos: Argentina tiene múltiples bases espaciales de otros países, pero todas son operadas de manera remota, y el personal en las bases siempre son de nacionalidad argentina, y en general empleados de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En este caso, militares chinos son volados desde el continente asiático a la Argentina para operar la estación.

En este caso, si bien la CONAE y el Ministerio de Defensa argentino pueden hacer inspecciones de la base, prácticamente nunca se ha hecho, y definitivamente nunca se ha hecho por un gobierno no alineado al kirchnerismo, que tomó la decisión original de cederle territorio nacional.

Si bien la Embajada china ha asegurado que cualquier argentino puede pedir una visita guiada de la estación, por el momento nadie lo ha hecho. El equipo de TN intentó hacerlo esta semana, pero fue tajantemente rechazado.

Un notero de TN logró acercarse hasta el portón principal, y al tocar un timbre, apareció un oficial de la policía neuquina que tienen una garita justo fuera de la base para tomar los datos del periodista. Tras consultar por unos minutos, el policía quedó grabado diciendo que era necesario solicitar un permiso a la embajada de China en la Argentina.

Mientras el periodista hablaba con el policía, se captó a dos militares chinos que habían salido del “hotel” que existe dentro del complejo llegar en un auto blanco hasta la puerta para averiguar qué era lo que sucedía. Casi sorprendidos por encontrarse con un periodista, le informaron a que el pedido de ingreso correspondía a la CONAE, el órgano nacional dependiente de Jefatura de Gabinete que está a cargo de las inspecciones técnicas a la base.

En un breve diálogo de unos 10 minutos y en un español muy básico, estas dos personas aseguraron que, aunque vestían atuendos militares, no eran soldados sino ingenieros, que lo único “que se hace en la estación es estudiar la luna”, y confirmaron que no hay argentinos viviendo en la base espacial.

La grabación de TN se trata de la primera vez que se ve el rostro de las personas que allí trabajan. Ambas personas fueron confirmadas como miembros del Ejército Popular de Liberación, la rama militar del Partido Comunista Chino, creadas en 1927 por Mao Tse Tung.

Las preocupaciones de los vecinos

“No sabemos cuántos son, prácticamente no los vemos en el pueblo, no interactuamos con ellos, es todo muy hermético”, relató Alfredo “Chucho” Garrido, exconcejal de Las Lajas, un pequeño municipio a 50 kilómetros de la estación espacial que es el pueblo más cercano que hay de la base.

Garrido continuó explicando: "El camino de tierra que se desprende de la Ruta 40 y que lleva hasta la base espacial no tiene ninguna señalización de la instalación. No hay carteles, indicaciones ni mucho menos banderas chinas, algo que sí se podía ver durante los años de construcción. Las cámaras de seguridad empiezan a estar a la vista a unos 70 metros del predio. La vigilancia es total".

Los elementos que hacen que haya dudas en torno a la estación radica en el contexto en el que fue firmado el proyecto, la falta de control y la falta de saber realmente el uso que se le da a la antena y los beneficios que esta antena traía para todos los neuquinos no son tales”, aseguró Nicolás Montero, concejal de Neuquén.

Por su parte, Martín Pedemonte, docente universitario y referente político de la región de Zapala, aseguró que originalmente las autoridades provinciales y nacionales habían prometido a los pueblos lindantes que la base traería beneficios económicos para los locales. "El impacto económico que tuvo en Neuquén fue casi nulo”, sentencia.

Prometieron mayor movimiento económico, que las escuelas iban a poder usar el gimnasio, que iba a haber más servicios y movimiento de turismo y educación, pero nada se vio reflejado”, concluyó.

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A pesar de no formar parte del grupo, Javier Milei asistirá al G7 por invitación personal de Giorgia Meloni

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La primera ministra de Italia extendió la invitación al Presidente de la República Argentina, Javier Milei, para participar en la próxima cumbre del Grupo de los Siete.

El Grupo de los Siete (G7) es el foro político y económico más poderoso del mundo, englobando a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Este año, la cumbre está programada para celebrarse en junio en la región italiana de Apulia.

Si bien Argentina no es parte del grupo, este año los 7 líderes más importantes del mundo estarán acompañados por el presidente Javier Milei, gracias a una invitación personal que le extendió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encargada de organizar el evento en esta ocasión.

Este gesto, que ha sido recibido con interés y anticipación, refleja la creciente importancia de Milei en la arena política internacional y destaca la influencia que ha ganado como líder mundial. Y no solo Meloni quiere tenerlo presente en G7, ya que estas invitaciones suelen realizarse en consenso con los demás integrantes.

La invitación formal fue entregada a través de una nota diplomática, transmitida por el embajador italiano en Argentina, Fabrizio Lucentini, y recibida con gratitud por la cnciller Diana Mondino. La confirmación de la participación de Milei en la cumbre del G7 representa un reconocimiento significativo de su papel como figura destacada en la política global y subraya la creciente relevancia de Argentina en el escenario internacional.

Fue así la cuenta oficial de Cancillería la que emitió un comunicado anunciando la invitación de Meloni a Milei para participar en la cumbre más importante del año. El mensaje enfatizó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales entre Argentina e Italia y destacó el papel crucial que desempeñará Milei en el diálogo sobre cuestiones de interés mutuo durante la reunión.


De esta manera, Milei le agregará un poco de liberalismo a una cumbre que prometía ser un epicentro de la izquierda mundial, ya que este año coinciden el presidente de EE.UU., Joe Biden; el líder socialista de Alemania, Olaf Scholz; el progresista premier canadiense, Justin Trudeau; el socialdemócrata presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el centrista premier inglés, Rishi Sunak.

Por la derecha, solo iban a estar el premier de Japón, Fumio Kishida, y la propia Georgia Meloni. Ahora ambos discutirán con el resto de los integrantes con Milei dando respaldo y su singular visión del mundo.

La participación de Javier Milei en la cumbre del G7 brindará una oportunidad única para que Argentina exprese su visión y perspectivas sobre una serie de temas globales clave, incluyendo la economía mundial, la seguridad internacional y el cambio climático, todos puntos donde la visión del mandatario argentino difiere del establishment del Grupo.

Además, permitirá a Milei establecer contactos con líderes de otros países con quienes todavía no ha tenido la oportunidad de reunirse, y fortalecer los lazos diplomáticos de Argentina en el escenario internacional.

Es importante destacar que la invitación de Meloni a Milei no solo refleja la afinidad ideológica entre ambos líderes, sino también la creciente cooperación entre Italia y Argentina en una variedad de áreas, incluyendo el comercio, la seguridad y la política internacional. Esta colaboración estratégica entre dos naciones democráticas y comprometidas con los valores occidentales conservadores resulta fundamental en el escenario tanto latinoamericano como europeo.

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Milei derogó las resoluciones del kirchnerismo que obligaban a las empresas a tener cupos de género en sus directorios

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Las normas establecían que debía haber la misma cantidad de hombre y mujeres en la conformación de los directorios de las empresas. También regía para sociedades del Estado, fundaciones, y sociedades anónimas.

Este jueves, el presidente Javier Milei decidió, a través de la nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ), derogar cuatro resoluciones que obligaban a las empresas, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades anónimas a cumplir con el cupo femenino en sus directorios.

En concreto, las Resoluciones Generales Nº 34/2020, Nº 35/2020, Nº 42/2020 y Nº 12/2021 firmadas por Alberto Fernández entre 2020 y 2021, obligaban a todos los directorios a tener igual cantidad de hombres y mujeres.

Las disposiciones habían sido ideadas por el extitular de la IGJ, el ultra kirchnerista Ricardo Nissen, y habían sido blanco de cuestionamientos de cámaras empresariales, quienes interpusieron varios recursos de queja que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quejándose que las medidas provocaban que gente clave de las empresas queden fuera de los directorios solamente por ser hombres.

El actual inspector Daniel Roque Vitolo, designado por Javier Milei y con el aval del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió: “Derógase las Resoluciones Generales Nº 34/2020, Nº 35/2020, Nº 42/2020 y Nº 12/2021″. La decisión salió publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En la primera resolución, la N°34/2020, que data del 5 de agosto del 2020, Alberto Fernández había dispuesto que “las asociaciones civiles en proceso de constitución, las sociedades anónimas, las fundaciones con un consejo de administración y las Sociedades del Estado, deberán incluir una conformación que respete la diversidad de género”.

En ese sentido, establecía que los órganos “debían estar integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”, y que “cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”.

Por su parte, en la resolución Nº 35/2020, el krichnerismo había modificado tres artículos para que la norma del cupo femenino entre en vigencia con una prórroga de 60 días después de emitida. Esto debido a la pandemia por coronavirus y para “no afectar el distanciamiento social”.

Por último, la Nº 42/2020, que estaba atada a las dos anteriores y que le permitía a las iglesias, entidades religiosas y asociaciones de culto no modificar su estructura asociativa y sus reglamentos internos, “de conformidad a sus principios constitutivos”.

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