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Economía

Los líderes del G20 acordaron establecer un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales

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Sin intenciones de dar marcha atrás al nuevo modelo asistencialista global, el primer mundo decide impulsar impuestos globales para combatir a las offshore.

Propuesto por la Secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, este sábado los líderes del G20 debatieron y terminaron acordando en la cumbre de Roma la adopción de un impuesto mínimo global del 15% a las sociedades que extiendan sus operaciones a más de un país.

A pesar de que discursivamente se vendió como “una política global para lograr un sistema tributario más justo”, la realidad es que el objetivo es hacer desaparecer a las sociedades offshore, que tanto dinero le están haciendo perder a los países más desarrollados del mundo que están abandonando una economía libre en favor de una economía asistencialista con altos grados de tasas impositivas.

Con esta medida, cualquier empresa que opere en un país pero tenga sede en un “paraíso fiscal”, como puede ser Panamá, las Islas Vírgenes, Seychelles o hasta Lichtenstein, deberá tributar un 15% de sus ingresos al país donde opera.

El mecanismo, que se adoptará para 2030, sigue el camino ya trazado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de un sistema sustentado en dos pilares.

El primero fija que el volumen del beneficio residual de las empresas (el que queda después de que el país donde esté la sede se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad) se repartirá entre los países donde operan las compañías, y el segundo establece un tipo mínimo de sociedades del 15 % para las compañías que tengan una facturación de al menos 750 millones de euros.

Alberto Fernández fue uno de los mayores impulsores de esta medida, mientras que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fue prácticamente el único que estuvo en contra de la decisión.

Economía

La UCA estima que la pobreza ya alcanza al 44% de la población y al 28% de los ocupados

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El Observatorio de la Deuda Social de la UCA determinó que la pobreza multidimensional afecta a más de 18,4 millones de argentinos en todo el país. Pese al incremento de los planes sociales, la pobreza subió 4 puntos porcentuales desde que Alberto Fernández es presidente.

El último informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA concluyó que la pobreza medida al tercer trimestre de este año cerró en el 43,8% de la población.

En el 2020 este índice había trepado hasta el 44,7%, por lo que no hubo prácticamente una mejora significativa en los niveles de pobreza entre el año pasado y este, a pesar de la recuperación económica que ocurrió desde que se terminó la cuarentena.

Los datos fueron anunciados una vez pasadas las elecciones legislativas, a diferencia de lo que ocurrió en 2019 cuando gobernaba Mauricio Macri, y la UCA decidió deliberadamente adelantar sus estimaciones de la pobreza para antes de las elecciones primarias. Estas decisiones no son triviales en términos políticos.

El informe señala que, aunque se produjo una recuperación de la actividad económica en la segunda mitad del año, el alza de la inflación erosionó de forma importante el ingreso real y logró anular la mayor parte de los beneficios por el rebote económico. Esto queda en evidencia porque la cantidad de personas ocupadas que son pobres alcanzó al 28,2% del total, y aumentó incluso con respecto a 2020.

El hecho de mantener un puesto de trabajo no es ninguna garantía para sortear la pobreza y acceder a la canasta básica. Según precisó Agustín Salvia, el director del Observatorio, cerca del 47% de los ocupados no realizan aportes a la seguridad social y trabajan en la informalidad. La pésima estructura regulatoria del mercado laboral ralentiza la recuperación económica.

La UCA informó que la cantidad de trabajadores pobres en el segmento informal fue del 37,6% del total, mientras que el sector formal esta ratio cae al 16%. La falta de flexibilización laboral impide incluir a las personas que se encuentran fuera del sistema legal.

Cerca del 44,7% de los argentinos perciben algún tipo de asistencia o plan social para complementar sus ingresos, lo que representa al 33,8% de los hogares. A pesar de la retórica kirchnerista, la situación casi no cambió en comparación con la que había en 2019, cuando el 43,8% de los argentinos recibían planes sociales, el 33,4% de los hogares en aquel entonces.

El efecto de los planes sociales amortigua el nivel absoluto de la pobreza, pero no su dinámica creciente a través del tiempo. Pese a todos estos los programas, la pobreza medida por el INDEC en el 42% para 2020 fue similar a la que había en el primer semestre del 2001 usando la misma canasta de referencia.

Y cabe señalar que en 2001 la proporción de programas sociales y pensiones no contributivas era ínfima en comparación a la actual, evidenciando así un profundo deterioro del tejido social que contradice a los supuestos avances perpetrados por el kirchnerismo en los últimos años.

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Economía

Economistas liberales aseguran que vuelven a fracasar los programas de estímulo fiscal en Estados Unidos

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Siguiendo los pasos de Barack Obama, el gobierno de Joe Biden extendió los paquetes de estímulo fiscal pero los resultados volvieron a ser decepcionantes. Aún así, el presidente pretende redoblar la apuesta con su proyecto “Build Back Better”.

Del mismo modo que en 2009, los planes de estímulo del Gobierno de los Estados Unidos volvieron a cosechar resultados amargos, sin mayor impacto sobre el consumo privado y la economía en su conjunto.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Estados Unidos impulsó por lo menos tres paquetes de asistencia fiscal, aunque con propósitos sustancialmente diferentes. El primero de ellos, en abril de 2020, buscó ser un mero paliativo ante las duras medidas de restricción a la circulación, y no pretendía constituir un impulso real para la economía a largo plazo.

Por el contrario, los últimos dos paquetes tuvieron un objetivo claro: impulsar el consumo privado y estimular la economía para que se recuperara más rápidamente de la crisis por la pandemia.

Ambos paquetes fueron impulsados desde el Congreso bajo una celosa mayoría demócrata; el primero de ellos en enero de 2021 aún con la resistencia de Trump en la Casa Blanca, y el último aprobado formalmente con el apoyo enérgico de Joe Biden como presidente.

Dos reconocidos e influyentes economistas se pronunciaron abiertamente en contra de los estímulos de los demócratas: Robert Barro y John B. Taylor. Ambos llegaron a la conclusión de que los programas fiscales de estímulo están volviendo a fracasar, como también fracasaron en 2009 bajo la presidencia de Obama.

Taylor explicó que la justificación para la ampliación de los cheques temporales es meramente política, y no tiene ninguna razón económica seria que lo sustente. Como explicó el economista, el programa suponía una función de consumo típicamente “keynesiana” que postula que todo aumento del ingreso disponible (neto de impuestos) se traduce en más consumo. Esta hipótesis es obsoleta y dejó de ser considerada seriamente desde hace décadas.

Por el contrario, Taylor afirmó que es la hipótesis del “ingreso permanente” de Milton Friedman la que explica cómo un aumento meramente temporal del ingreso disponible (como lo es el estímulo de Biden) no se traduce en más consumo, y no funciona para estimular la economía.

Gráfico que compara el ingreso disponible con el consumo privado efectivamente realizado, elaborado por John Taylor.

Los resultados recabados por Taylor fueron increíblemente exactos y sin mayor espacio para la interpretación: los efectos de los estímulos fiscales de los demócratas no tuvieron casi ningún impacto en los gastos de consumo personal.

Como predice la hipótesis de Milton Friedman, la diferencia generada por el ingreso disponible se destinó al ahorro precisamente por ser de carácter transitorio, y no ayudó en nada para aumentar el consumo como se pretendía.

En la misma dirección, Robert Barro aseguró que los estímulos fiscales no funcionarán ahora del mismo modo en que no funcionaron en 2009.

Según explicó Barro, la administración Obama inyectó US$ 600.000 millones de gasto público para reactivar la economía en los primeros meses de gestión, pero ni el consumo ni la inversión privada tuvieron efectos positivos. El plan resultó en un rotundo fracaso.

John B. Taylor y Robert Barro, dos de los más influyentes economistas en la actualidad.

Sin embargo, el presidente Joe Biden no solo se niega a rescatar las experiencias de su predecesor, sino que también se limita ignorar los resultados de su propio programa de estímulo de marzo de este año, y volverá a proponer otro impulso fiscal a partir de un programa de infraestructura.

El llamado “Build back better” buscará una suerte de conciliación entre las ideas típicamente keynesianas de estímulo fiscal y la agenda ecologista que impulsan actualmente los demócratas, por lo que hay quienes lo llaman un “Green New Deal”.

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Economía

Malas noticias para la economía de Biden: esperaba crear 550.000 empleos en noviembre, pero solo llegó a 210.000

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El crecimiento del empleo en los Estados Unidos fue el más bajo del año, y los cheques por desempleo siguen funcionando como un obstáculo a la creación de nuevos puestos de trabajo. Las encuestas de mercado volvieron a sobreestimar la recuperación laboral con un brutal margen de error.

La economía de los Estados Unidos se sigue recuperando mes a mes, pero la creación de puestos de trabajo se desacelera. Según el ultimo informe del Departamento de Trabajo, en noviembre se crearon 210.000 nuevas plazas laborales no agrícolas, en términos netos.

El promedio de las expectativas relevadas por Bloomberg, esperaba registrar al menos un alza de 550.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en noviembre, más del doble de lo que realmente terminó ocurriendo.

El grosero margen de error releva un sesgo excesivamente optimista hacia la administración de Biden, un elemento que responde a posiciones políticas.

Por el contario, los mismos relevamientos subestimaron sistemáticamente la creación de plazas laborales durante la administración de Trump, quien constantemente durante su mandato, tanto antes como durante la pandemia, logró superar las expectativas del mercado con enormes ampliaciones a los nuevos puestos de trabajo, llegando en 2019 al pleno empleo.

Con este dato, la tasa de desocupación cayó al 4,2%, por debajo de lo previsto, y esto se explica principalmente por la falta de recuperación en la población económicamente activa.

Esto también queda en evidencia por medio del nivel de participación laboral, que continúa en niveles drásticamente inferiores a los que había en febrero de 2020, antes de la pandemia. La participación laboral llegó al 61,8% en noviembre de este año, cuando antes de la pandemia superaba cómodamente el 63%.

Existen tres factores principales para explicar el pésimo desempeño de la participación laboral: cerca del 35% de la caída se debe a cuestiones naturales, como el envejecimiento poblacional y el aumento de la población pasiva; un 19% de la caída en la participación se relaciona íntegramente con el aumento de la desocupación abierta (por la pandemia), pero el 45% restante no está definido por estos conceptos, si no que se debe a la intervención estatal.

Esta brecha está ligada, entre otros factores, con los programas de estímulo fiscal a partir de cheques para los desocupados, los llamados “amortiguadores automáticos” del gasto público. Estos programas funcionaron como un fuerte incentivo para no trabajar.

En otras palabras, una cantidad nada despreciable de personas no se vieron desplazadas del mercado laboral por razones de fuerza mayor o falta de ofertas de trabajo, sino porque el Gobierno federal contribuyó con incentivos para que tomaran la decisión de retirarse, al menos temporalmente.

La extensión de los cheques de asistencia, como una de las primeras medias de Joe Biden, tuvo un efecto negativo en la normalización del mercado laboral estadounidense, que se ve mes a mes mientras personas que deberían volver a trabajar, optan por quedarse cobrando dinero del Estado.

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