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Brasil

Lula le entrega a China su infraestructura eléctrica, su producción agrícola y la mayoría de sus cuotas de mercado

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La china State Grid adquirió derechos durante 30 años para operar la electricidad en el sureste de Brasil, mientras que el Gobierno de Lula firmó un acuerdo para entregarle 140 millones de hectáreas a China, y la reciente Reforma Tributaria evitó darle mayor competitividad a la industria nacional.

El presidente Lula da Silva le está cediendo áreas clave de la economía brasileña a empresas del Partido Comunista Chino. Pese a que el país no suscribió formalmente (al menos por ahora) a los acuerdos por la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cierto es que se comporta como si lo hubiera hecho de todos modos.

En su primer año de gobierno, y en las próximas licitaciones que se concretarán en los primeros meses de este 2024, empresas controladas por el régimen de Xi Jinping adquieren cada vez más poder e injerencia en los sectores de inversión más importantes en el país más grande de Sudamérica.

Lula le entrega la infraestructura eléctrica a China

La gigante State Grid Corporation of China ganó la mayor subasta que se haya hecho alguna vez en la historia de Brasil, a partir de la cual adquirió derechos de explotación de servicios de transmisión de electricidad en el sureste de Brasil por un plazo de 30 años.

Gracias a esta medida, la empresa, que está bajo control directo del Partido Comunista Chino, tendrá el control directo del suministro de energía para Brasilia y San Pablo, la capital política y económica de Brasil respectivamente.

Esta operación sólo pudo ser posible gracias al visto bueno de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), ahora con una fuerte bajada de línea desde el petísmo. La entidad reguladora intercedió a favor de China, y deliberadamente en contra de todos los participantes restantes en la licitación. La subasta estableció una serie de restricciones por tipo de tecnología para beneficiar a las empresas chinas.

La State Grid Corporation es administrada principalmente por la dictadura de Xi Jinping, ya que la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales (SASAC) mantiene hasta el 91,7% de su paquete accionario. Asimismo, es la firma de distribución y energía eléctrica más importante de China, llegando a representar una cobertura superior al 88% del territorio del país.

La compañía tendrá bajo su control a una importante parte de la infraestructura eléctrica de Brasil, con lo cual el resultado es similar a los postulados establecidos en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en donde las empresas chinas suelen trazar proyectos de inversión en infraestructura a cambio de garantías y plazos de concesión generosos.

A diferencia de las empresas del sector privado y de cualquier otro país, las empresas estatales de China no siempre obedecen criterios de eficiencia y cuanto menos de mercado, sino que por el contrario respaldan las directoras del Gobierno central (y en última instancia del Partido Comunista).

Si la licitación hubiera sido ganada por cualquier otra empresa privada, posiblemente se habría trazado un sendero de inversión de largo plazo, independientemente de los cambios de signo político en el país.

Pero como las empresas estatales de China responden también a criterios geopolíticos, un eventual cambio de signo político en contra del actual oficialismo (por ejemplo favorable al espacio de Bolsonaro) podría ser perjudicial tanto para la inversión como para el suministro de energía que provea la compañía State Grid.

Cutoas de Mercado

A diferencia de la política comercial de sus anteriores gobiernos, Lula ha cedido cuotas de mercado a las empresas chinas en el último año. El sector siderúrgico es uno de los más afectados, como es el caso de la empresa brasileña Usiminas, que luego de hacer campaña para Lula en 2022, ahora están siendo diezmados por el acero chino importado que el Partido Comunista envía con precios irrisorios subsidiados por el Estado, bajo un esquema de dumping. Usiminas ha tenido que reducir la producción y reducir cientos de puestos de trabajo.

El sector del automóvil teme una situación similar, ya que continúa la expansión de las empresas chinas de coches eléctricos, que ya controlan el 30% del sector en Brasil. En un mercado como el brasileño, donde siete de los diez mayores fabricantes de automóviles perdieron cuotas de ventas entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo de 2022, los chinos BYD y GWM ganaron significativamente.

Se esperaba un cambio en el esquema tributario con la masiva reforma que lanzó Lula a fin de año, donde se le bajarían los impuestos al sector nacional, para poder tener un plano más competitivo con Brasil, pero finalmente el Gobierno socialista mantuvo todos los incentivos fiscales para las inversiones chinas hasta 2032, sin bajar un solo impuesto para la industria brasilera.

Incluso la petrolera nacional, Petrobras, anunció en la última semana del año que reabrirá su filial Petrobras China, cerrada durante el gobierno Bolsonaro, y que aumentará las cuotas de mercado que se venden a China. “Será una empresa brasileño-china”, dijo el presidente de la petrolera, Jean Paul Prates. En el tercer trimestre de 2023, China compró el 40% del petróleo brasileño.

Producción agrícola

En la última semana del año, el ministro de Agricultura de Lula, Carlos Fávaro, se reunió con una comitiva de funcionarios chinos. Según informa el diario Folha de São Paulo, en la visita se concretó un proyecto de inversión de Pekín en la recuperación de suelo brasileño considerado degradado, es decir, poco productivo, a cambio de una garantía de que lo que se produzca en ese suelo se enviará exclusivamente a China por los próximos 30 años.

Según la prensa brasileña, el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) también estaría estudiando una línea especial de financiación para facilitar el proyecto. Sin embargo, muchos temen que esto institucionalice un peligroso mecanismo de dependencia de Brasil respecto a China.

Es importante aclarar que el gobierno de Jair Bolsonaro había puesto en marcha su propio programa de recuperación de tierras, PronaSolos, sin injerencia extranjera. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente se trata de 140 millones de hectáreas equivalentes al 16,5% del territorio nacional.

Por el momento solo se había logrado financiar la recuperación del 5% de la superficie, pero muchos, incluso simpatizantes de Lula, se preguntan por qué no se invierte en este programa nacional en lugar de ceder parte de la producción nacional a los chinos.

Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: El juez Moraes ordenó monitorear redes sociales y rastrear usuarios opositores

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La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

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Brasil

Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: Alexandre de Moraes ordenó una nueva ronda de arrestos de más de 200 opositores

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Moraes ordenó a la Policía Federal detener a 208 opositores del gobierno de Lula, investigados por "actos extremistas" que incumplieron medidas cautelares.

El juez de la Corte Suprema de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó este jueves 6 de junio la detención de 208 personas que son militantes, periodistas, empresarios o dirigentes políticos opositores al régimen de Lula da Silva.

La operación fue ejecutada por la Policía Federal (PF), que responde directamente a Moraes, quien se ha convertido en juez, jurado y verdugo en la causa que investiga los supuestos "actos extremistas del 8 de enero por incumplimiento de medidas cautelares".

De esta manera, Moraes lanzó la "Operación Lesa Pátria", cuyo objetivo es detener a extremistas, dirigentes políticos, instigadores y financistas en ojos del Tribunal Supremo sobre la masiva manifestación que ocurrió en las puertas del Capitolio el 8 de enero del 2023.

Videos que circulan en internet muestran el momento en el que algunos de los objetivos del operativo reciben a los agentes en sus casas. Entre los detenidos se encuentran el coronel de la Policía Militar del Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, quien era responsable del sector que planificaba la seguridad de la Esplanada dos Ministérios el día de los hechos.

Además de él, fueron detenidos: el capitán Josiel Pereira César; el mayor Flávio Silvestre de Alencar; y el Teniente Rafael Pereira Martins, a quienes se los acusa de respaldar ideológicamente las protestas del 8 de enero.

También detuvieron al ex presidente de la Cámara de Gerentes de Tiendas de Rio Verde, Lucimário Benedito Camargo, conocido como "Mário Furacão". En Rondônia también fue detenido el ex candidato a diputado estatal William Ferreira da Silva, aliado de Bolsonaro.

Objetivo mayor: Aliados de Bolsonaro

Entre los principales objetivos de las detenciones ilegales de Moraes, se encuentran aliados y familiares del ex presidente. El sobrino de Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, fue detenido al mismo tiempo que detuvieron al general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes, quien fe director del Departamento de Logística del Ministerio de Salud, en 2021.

La PF también arrestó a un pastor y a un cantante de gospel amigos de Bolsonaro, sospechosos de promover el “Festival Selma”, una protesta religiosa en contra de la presidencia de Lula.

Además, los agentes federales ejecutaron una orden de registro e incautación contra Milton de Oliveira Júnior, un propietario de una emisora ​​de radio antiguamente afiliada al medio bolsonarista Jovem Pan en la ciudad de São Paulo.

Por último, fue detenido el mayor de reserva de la Policía Militar del Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, de 49 años. Fue acusado de gestionar dinero para financiar actos políticos para Bolsonaro.

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