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Brasil

Lula le entrega a China su infraestructura eléctrica, su producción agrícola y la mayoría de sus cuotas de mercado

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La china State Grid adquirió derechos durante 30 años para operar la electricidad en el sureste de Brasil, mientras que el Gobierno de Lula firmó un acuerdo para entregarle 140 millones de hectáreas a China, y la reciente Reforma Tributaria evitó darle mayor competitividad a la industria nacional.

El presidente Lula da Silva le está cediendo áreas clave de la economía brasileña a empresas del Partido Comunista Chino. Pese a que el país no suscribió formalmente (al menos por ahora) a los acuerdos por la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cierto es que se comporta como si lo hubiera hecho de todos modos.

En su primer año de gobierno, y en las próximas licitaciones que se concretarán en los primeros meses de este 2024, empresas controladas por el régimen de Xi Jinping adquieren cada vez más poder e injerencia en los sectores de inversión más importantes en el país más grande de Sudamérica.

Lula le entrega la infraestructura eléctrica a China

La gigante State Grid Corporation of China ganó la mayor subasta que se haya hecho alguna vez en la historia de Brasil, a partir de la cual adquirió derechos de explotación de servicios de transmisión de electricidad en el sureste de Brasil por un plazo de 30 años.

Gracias a esta medida, la empresa, que está bajo control directo del Partido Comunista Chino, tendrá el control directo del suministro de energía para Brasilia y San Pablo, la capital política y económica de Brasil respectivamente.

Esta operación sólo pudo ser posible gracias al visto bueno de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), ahora con una fuerte bajada de línea desde el petísmo. La entidad reguladora intercedió a favor de China, y deliberadamente en contra de todos los participantes restantes en la licitación. La subasta estableció una serie de restricciones por tipo de tecnología para beneficiar a las empresas chinas.

La State Grid Corporation es administrada principalmente por la dictadura de Xi Jinping, ya que la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales (SASAC) mantiene hasta el 91,7% de su paquete accionario. Asimismo, es la firma de distribución y energía eléctrica más importante de China, llegando a representar una cobertura superior al 88% del territorio del país.

La compañía tendrá bajo su control a una importante parte de la infraestructura eléctrica de Brasil, con lo cual el resultado es similar a los postulados establecidos en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en donde las empresas chinas suelen trazar proyectos de inversión en infraestructura a cambio de garantías y plazos de concesión generosos.

A diferencia de las empresas del sector privado y de cualquier otro país, las empresas estatales de China no siempre obedecen criterios de eficiencia y cuanto menos de mercado, sino que por el contrario respaldan las directoras del Gobierno central (y en última instancia del Partido Comunista).

Si la licitación hubiera sido ganada por cualquier otra empresa privada, posiblemente se habría trazado un sendero de inversión de largo plazo, independientemente de los cambios de signo político en el país.

Pero como las empresas estatales de China responden también a criterios geopolíticos, un eventual cambio de signo político en contra del actual oficialismo (por ejemplo favorable al espacio de Bolsonaro) podría ser perjudicial tanto para la inversión como para el suministro de energía que provea la compañía State Grid.

Cutoas de Mercado

A diferencia de la política comercial de sus anteriores gobiernos, Lula ha cedido cuotas de mercado a las empresas chinas en el último año. El sector siderúrgico es uno de los más afectados, como es el caso de la empresa brasileña Usiminas, que luego de hacer campaña para Lula en 2022, ahora están siendo diezmados por el acero chino importado que el Partido Comunista envía con precios irrisorios subsidiados por el Estado, bajo un esquema de dumping. Usiminas ha tenido que reducir la producción y reducir cientos de puestos de trabajo.

El sector del automóvil teme una situación similar, ya que continúa la expansión de las empresas chinas de coches eléctricos, que ya controlan el 30% del sector en Brasil. En un mercado como el brasileño, donde siete de los diez mayores fabricantes de automóviles perdieron cuotas de ventas entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo de 2022, los chinos BYD y GWM ganaron significativamente.

Se esperaba un cambio en el esquema tributario con la masiva reforma que lanzó Lula a fin de año, donde se le bajarían los impuestos al sector nacional, para poder tener un plano más competitivo con Brasil, pero finalmente el Gobierno socialista mantuvo todos los incentivos fiscales para las inversiones chinas hasta 2032, sin bajar un solo impuesto para la industria brasilera.

Incluso la petrolera nacional, Petrobras, anunció en la última semana del año que reabrirá su filial Petrobras China, cerrada durante el gobierno Bolsonaro, y que aumentará las cuotas de mercado que se venden a China. “Será una empresa brasileño-china”, dijo el presidente de la petrolera, Jean Paul Prates. En el tercer trimestre de 2023, China compró el 40% del petróleo brasileño.

Producción agrícola

En la última semana del año, el ministro de Agricultura de Lula, Carlos Fávaro, se reunió con una comitiva de funcionarios chinos. Según informa el diario Folha de São Paulo, en la visita se concretó un proyecto de inversión de Pekín en la recuperación de suelo brasileño considerado degradado, es decir, poco productivo, a cambio de una garantía de que lo que se produzca en ese suelo se enviará exclusivamente a China por los próximos 30 años.

Según la prensa brasileña, el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) también estaría estudiando una línea especial de financiación para facilitar el proyecto. Sin embargo, muchos temen que esto institucionalice un peligroso mecanismo de dependencia de Brasil respecto a China.

Es importante aclarar que el gobierno de Jair Bolsonaro había puesto en marcha su propio programa de recuperación de tierras, PronaSolos, sin injerencia extranjera. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente se trata de 140 millones de hectáreas equivalentes al 16,5% del territorio nacional.

Por el momento solo se había logrado financiar la recuperación del 5% de la superficie, pero muchos, incluso simpatizantes de Lula, se preguntan por qué no se invierte en este programa nacional en lugar de ceder parte de la producción nacional a los chinos.

Brasil

Oposición en Brasil prepara un pedido de impeachment contra Lula por sus comentarios contra los judíos

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Más de 60 diputados del Partido Liberal presentaron los documentos para iniciar un juicio político contra Lula, según los mismos procedimientos que se presentaron contra Dilma Rousseff en 2016.

Una mayoría de la oposición brasileña pedirá un "impeachment" (juicio político) contra el presidente socialista Lula da Silva, por sus recientes críticas al pueblo judío, que Israel respondió declarándolo "persona non grata", por lo que no podrá entrar al país.

"Más de 60 diputados presentaremos una petición de "impeachment" contra Lula por esa declaración abominable", afirmó la diputada bolsonarista Carla Zambelli en sus redes sociales​​​, por comparar a los judíos con los nazis.

Según la parlamentaria de derecha, el impeachment toma como base legal para apartar a Lula del Gobierno bajo el supuesto del crimen de responsabilidad cometer un acto de hostilidad contra una nación extranjera.

El pedido se fundamenta en el artículo 5 de la Ley de los Crímenes de Responsabilidad, que establece que haber cometido “acto de hostilidad contra una nación extranjera, expuesto a la República a peligro de guerra o comprometido la neutralidad”.

El domingo, Lula definió como "genocidio" y matanza" la campaña militar de Israel contra Hamas en Gaza, y después afirmó que no ha habido ningún otro momento similar en la historia, a excepción de "cuando Hitler decidió matar a los judíos".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó rápidamente que el presidente brasileño había cruzado una línea roja y poco después su Gobierno declaró al mandatario "persona non grata" hasta que pida disculpas por sus dichos.

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Brasil

Lula comparó a Israel con la Alemania Nazi y el gobierno de Netanyahu sacó a su embajador de Brasil y lo declaró "persona non grata"

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Durante la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el mandatario de Brasil comparó a los judiós con los nazis, en un ataque de locura antisemita.

Durante la celebración de la 37ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), en Adís Abeba, capital de Etiopía, el presidente de Brasil, Lula da Silva, criticó a Israel por su invasión de la Franja de Gaza luego del ataque genocida del pasado 7 de octubre de 2023.

El Gobierno israelí ingresó al territorio que controlaba el grupo terrorista palestino Hamás, que asesinó a casi 1.500 personas y secuestró a otras 250. Ignorando este contexto, Lula comparó el ataque con el Holocausto nazi.

“Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, declaró este domingo a la prensa, y dijo que algo similar a “una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños” no había ocurrido antes en la historia, salvo “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

Los comentarios del presidente brasileño son vergonzosos y severos”, aseguró este lunes el Canciller israelí, Yisrael Katz, quien recalcó que “nadie dañará el derecho de Israel a defenderse”. Además, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, también criticó a Lula: “a una organización terrorista genocida, Hamas, y al hacerlo, avergonzar a su pueblo”.

Por su parte, en un comunicado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó las palabras de Lula de “vergonzosas y graves” y argumentó que buscan “trivializar el Holocausto” y “el derecho de Israel a defenderse”.

“Comparar a Israel con el Holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria total y lo hace respetando el derecho internacional”, dijo Netanyahu en un comunicado divulgado por su oficina.

De esta manera, el Gobierno con sede en Jerusalén quitó al Embajador israelí de Brasilia, y declaró a Lula como "persona non grata", por lo que no puede ingresar a Israel sin autorización previa. De esta manera, a pesar de que Brasil y el Estado judío habían afianzado sus relaciones durante el gobierno de Jair Bolsonaro, las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, con tan solo 1 año de mandato socialista, ha colapsado totalmente.

Las dos mayores entidades israelíes en Brasil se sumaron este domingo a la condena de Benjamin Netanyahu: “El Gobierno brasileño está adoptando una postura extrema y desequilibrada en relación al trágico conflicto en Medio Oriente, y abandonando la tradición de equilibrio y búsqueda de diálogo de la política exterior brasileña”, afirmó en una nota la Confederación Israelita de Brasil (CONIB).

La Federación Israelita del Estado de São Paulo, que congrega a la mayor parte de la comunidad judía en Brasil, también protestó a través de una nota. “Comparar la legítima defensa del Estado de Israel contra un grupo terrorista que no mide esfuerzos para asesinar israelitas y judíos con la industria de muerte de Hitler es de una maldad infinita”, señaló.

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Brasil

Lula quebró a Brasil: En un año, se consumió todo el superávit de Bolsonaro y ahora registra un déficit del 7,5% del PBI

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El Gobierno socialista provocó un cimbronazo fiscal que solo puede ser comparable a la debacle sanitaria del año 2020. El Presidente Lula ejecutó un programa fiscal irresponsable que puso en números rojos a las arcas públicas, y en sólo unos pocos meses se desechó la herencia de Bolsonaro.

La situación económica de Brasil es cada vez más preocupante. El Gobierno socialista de Lula da Silva desequilibró las arcas del Estado federal en su primer año de gestión, y la principal vía de financiamiento es el endeudamiento con el exterior y con el mercado de capitales local.

El déficit financiero del Gobierno brasileño alcanzó el 7,49% del PBI al cierre de diciembre del año pasado, sin contabilizar a los Estados locales y a las municipalidades. Cuando Lula llegó al poder en enero, este mismo déficit oscilaba el 4,32% del PBI, y su composición se explicaba estrictamente por el pago de intereses de deuda.

La situación cambió drásticamente en pocos meses. La herencia fiscal de Jair Bolsonaro quedó casi totalmente obliterada: mientras que en enero de 2023 Brasil registraba un superávit primario de casi el 0,6% del PBI, para el mes de diciembre se alcanzó un déficit del 2,43%. En otras palabras, el Gobierno federal no es capaz de tan siquiera poder financiar sus propios gastos corrientes con recursos genuinos.

Pese a haberse presentado como “conciliador y moderado” en su campaña electoral del año pasado, lo cierto es que Lula está ejerciendo una política fiscal mucho más agresiva e irresponsable en comparación a la que alguna vez aplicó en sus primeros mandatos.

Muy a diferencia de aquellas épocas, ahora el Presidente de Brasil se muestra completamente ajeno al respeto por la disciplina fiscal, ejecutando el déficit más imponente desde el estallido de la pandemia en el año 2020.

Los ingresos fiscales se mantuvieron estables en relación al producto bruto, pero las erogaciones federales se dispararon del 22,8% del PBI a 24,7% entre enero y diciembre de 2023. Este repunte irresponsable de la política fiscal fue el factor que desencadenó el desorden de las finanzas públicas.

El socialismo brasileño propone cerrar al menos una parte de los déficits incurridos en 2023 mediante una amplia reforma impositiva, que entre otras disposiciones contempla aplicar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más alta del planeta. Brasil comenzaría a aplicar un gravámen de entre el 25% y el 27%, a partir de la unificación de una serie de impuestos internos.

También se elevarían los impuestos sobre el patrimonio para personas físicas y empresas (fuertemente distorsivos para la economía), y se convalidarían todos los aumentos impositivos del 2023. El Gobierno gravó las apuestas, las ganancias de capital y los combustibles, además de aplicar retenciones transitorias sobre las exportaciones petroleras.

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