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Economía

Martín Guzmán se va del Gobierno dejando la economía devastada y al país en una severa crisis fiscal, cambiaria e inflacionaria

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El exministro de Economía abandona su cargo luego de 30 meses de gestión con un fuerte desequilibrio de las finanzas públicas, un nivel de actividad estancado desde febrero, y una severa crisis económica.

Después de las fuertes críticas de Cristina Kirchner, Martín Guzmán abandonó su cargo como ministro de Economía y dejó al país en una dramática situación macroeconómica. Bajo su administración, no pudieron concretarse casi ninguno de los objetivos propuestos para “tranquilizar” la economía argentina.

Luego de 30 meses de gestión al frente del Palacio de Hacienda, el ahora ex ministro de Economía, deja una economía estancada, y atravesando una grave crisis cambiaria, un déficit explosivo y una inflación desatada, que amenaza con llegar a los tres dígitos en algunos meses.

Inflación, salarios reales y crecimiento

Al momento de asumir como ministro de Economía, Guzmán recibió un nivel de inflación interanual del 53,8% en diciembre de 2019 y dejó el cargo con una inflación en torno al 63% en junio de 2022, siendo este último dato la estimación promedio de las consultoras privadas para ese mes.

El último dato relevado por el INDEC, correspondiente a mayo, registra una inflación interanual superior al 60%. Además, el Ministro abandonó el cargo con una drástica disparada de las expectativas inflacionarias, actualmente superan el 80% interanual para fin de año.

Muy lejos de tranquilizarse, la volatilidad de la economía argentina no hizo más que aumentar a lo largo de la administración de Martín Guzmán con la sola excepción de 2020. Durante este año, la instrumentación de la cuarentena provocó un salto extraordinario, coyuntural y meramente temporal de la demanda de dinero, y fue este efecto (y no la acción del Ministro) el responsable de la baja de la inflación en ese año.

En un contexto inflacionario, el estancamiento de la actividad económica dio lugar formalmente a la estanflación. Entre diciembre de 2019 y abril de 2020 la actividad mensual subió un 6%, y ajustando por el incremento poblacional la cifra cae a sólo 3,85%.

El crecimiento se vio completamente paralizado a partir de febrero de 2022: el nivel de actividad acumuló una leve caída del 0,14% y el ingreso por habitante disminuyó un 0,25% según el EMAE del INDEC. Para mayo y junio de 2022 las consultoras privadas estiman una profundización de un proceso recesivo, competente a la gestión Guzmán, pero los datos aún no están disponibles en el relevamiento oficial del INDEC.  

El estallido inflacionario impactó directamente en el nivel de los salarios reales. Entre diciembre de 2019 y abril de 2022 el salario real se desplomó un 2,5%, algo que resulta especialmente dramático si se considera que el poder adquisitivo de los salarios venía cayendo de forma casi ininterrumpida desde 2018.

Al término de la gestión del ministro Guzmán, el salario real de Argentina cayó al mismo nivel que tenía en diciembre de 2003, y el dato para abril de 2022 (el último anunciado por el INDEC) fue un 16,4% inferior al nivel de salario real que había en diciembre de 2001. Estas cifras permiten tomar noción del bajo nivel de los salarios durante la administración de Fernández y Guzmán.

Deuda pública, tipo de cambio y finanzas públicas

Desde el inicio de su gestión, uno de los principales focos de acción de Guzmán fue el tratamiento de la deuda externa, a tal punto que llegó a ser apodado como “el Ministro de la deuda externa”.

Para diciembre de 2019 Guzmán heredaba un índice de Riesgo País sobre la deuda externa ascendía a los 1.748 puntos básicos, después del salto por el resultado de las PASO en agosto de ese mismo año.  

La prima de riesgo se disparó hasta los 3.708 puntos básicos en marzo de 2020 (antes de la pandemia), y a partir de un lento y tortuoso canje de deuda fue posible bajar el índice hasta 1320 puntos en septiembre de 2020. Pero al término de la gestión Guzmán, el indicador marcó un récord de 2.374 puntos en la última semana de junio, por lo que no hubo ninguna mejora neta.

El financiamiento por deuda externa fue reemplazado por la toma de deuda interna hasta niveles inconmensurables. Pero para junio de 2022, el mecanismo de Guzmán enfrentó una fuerte corrida contra los bonos colocados.

La gestión de Guzmán comenzó con un dólar a $60 en la paridad legal (dentro del control de cambios). Para el momento de su renuncia, el dólar oficial cerró a $130 (una devaluación del 216%) y el dólar paralelo trepó hasta los $239. El dólar CCL llegó incluso a los $252 al término del mes de junio.

La fuerte devaluación en el mercado oficial no fue suficiente para compensar el nivel general de precios, y el tipo de cambio real legal cayó al nivel más bajo desde el segundo semestre de 2017. El “dólar competitivo”, aclamado en diciembre de 2019, no fue mantenido por la gestión Guzmán.

En el plano fiscal, el exministro de Economía no revirtió el efecto de la pandemia de 2020 y desarticuló el equilibrio primario heredado de 2019. El déficit fiscal primario subió del 0,44% del PBI en diciembre de 2019 hasta el 3,3% en mayo de 2022. En el mismo período, el resultado financiero saltó del 3,76% del PBI al 4,8%. A diferencia de países como Brasil, Argentina jamás recuperó el sendero fiscal previo a la pandemia. 

Déficit fiscal federal de Argentina entre 2019 y 2022.

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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