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Economía

Martín Guzmán se va del Gobierno dejando la economía devastada y al país en una severa crisis fiscal, cambiaria e inflacionaria

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El exministro de Economía abandona su cargo luego de 30 meses de gestión con un fuerte desequilibrio de las finanzas públicas, un nivel de actividad estancado desde febrero, y una severa crisis económica.

Después de las fuertes críticas de Cristina Kirchner, Martín Guzmán abandonó su cargo como ministro de Economía y dejó al país en una dramática situación macroeconómica. Bajo su administración, no pudieron concretarse casi ninguno de los objetivos propuestos para “tranquilizar” la economía argentina.

Luego de 30 meses de gestión al frente del Palacio de Hacienda, el ahora ex ministro de Economía, deja una economía estancada, y atravesando una grave crisis cambiaria, un déficit explosivo y una inflación desatada, que amenaza con llegar a los tres dígitos en algunos meses.

Inflación, salarios reales y crecimiento

Al momento de asumir como ministro de Economía, Guzmán recibió un nivel de inflación interanual del 53,8% en diciembre de 2019 y dejó el cargo con una inflación en torno al 63% en junio de 2022, siendo este último dato la estimación promedio de las consultoras privadas para ese mes.

El último dato relevado por el INDEC, correspondiente a mayo, registra una inflación interanual superior al 60%. Además, el Ministro abandonó el cargo con una drástica disparada de las expectativas inflacionarias, actualmente superan el 80% interanual para fin de año.

Muy lejos de tranquilizarse, la volatilidad de la economía argentina no hizo más que aumentar a lo largo de la administración de Martín Guzmán con la sola excepción de 2020. Durante este año, la instrumentación de la cuarentena provocó un salto extraordinario, coyuntural y meramente temporal de la demanda de dinero, y fue este efecto (y no la acción del Ministro) el responsable de la baja de la inflación en ese año.

En un contexto inflacionario, el estancamiento de la actividad económica dio lugar formalmente a la estanflación. Entre diciembre de 2019 y abril de 2020 la actividad mensual subió un 6%, y ajustando por el incremento poblacional la cifra cae a sólo 3,85%.

El crecimiento se vio completamente paralizado a partir de febrero de 2022: el nivel de actividad acumuló una leve caída del 0,14% y el ingreso por habitante disminuyó un 0,25% según el EMAE del INDEC. Para mayo y junio de 2022 las consultoras privadas estiman una profundización de un proceso recesivo, competente a la gestión Guzmán, pero los datos aún no están disponibles en el relevamiento oficial del INDEC.  

El estallido inflacionario impactó directamente en el nivel de los salarios reales. Entre diciembre de 2019 y abril de 2022 el salario real se desplomó un 2,5%, algo que resulta especialmente dramático si se considera que el poder adquisitivo de los salarios venía cayendo de forma casi ininterrumpida desde 2018.

Al término de la gestión del ministro Guzmán, el salario real de Argentina cayó al mismo nivel que tenía en diciembre de 2003, y el dato para abril de 2022 (el último anunciado por el INDEC) fue un 16,4% inferior al nivel de salario real que había en diciembre de 2001. Estas cifras permiten tomar noción del bajo nivel de los salarios durante la administración de Fernández y Guzmán.

Deuda pública, tipo de cambio y finanzas públicas

Desde el inicio de su gestión, uno de los principales focos de acción de Guzmán fue el tratamiento de la deuda externa, a tal punto que llegó a ser apodado como “el Ministro de la deuda externa”.

Para diciembre de 2019 Guzmán heredaba un índice de Riesgo País sobre la deuda externa ascendía a los 1.748 puntos básicos, después del salto por el resultado de las PASO en agosto de ese mismo año.  

La prima de riesgo se disparó hasta los 3.708 puntos básicos en marzo de 2020 (antes de la pandemia), y a partir de un lento y tortuoso canje de deuda fue posible bajar el índice hasta 1320 puntos en septiembre de 2020. Pero al término de la gestión Guzmán, el indicador marcó un récord de 2.374 puntos en la última semana de junio, por lo que no hubo ninguna mejora neta.

El financiamiento por deuda externa fue reemplazado por la toma de deuda interna hasta niveles inconmensurables. Pero para junio de 2022, el mecanismo de Guzmán enfrentó una fuerte corrida contra los bonos colocados.

La gestión de Guzmán comenzó con un dólar a $60 en la paridad legal (dentro del control de cambios). Para el momento de su renuncia, el dólar oficial cerró a $130 (una devaluación del 216%) y el dólar paralelo trepó hasta los $239. El dólar CCL llegó incluso a los $252 al término del mes de junio.

La fuerte devaluación en el mercado oficial no fue suficiente para compensar el nivel general de precios, y el tipo de cambio real legal cayó al nivel más bajo desde el segundo semestre de 2017. El “dólar competitivo”, aclamado en diciembre de 2019, no fue mantenido por la gestión Guzmán.

En el plano fiscal, el exministro de Economía no revirtió el efecto de la pandemia de 2020 y desarticuló el equilibrio primario heredado de 2019. El déficit fiscal primario subió del 0,44% del PBI en diciembre de 2019 hasta el 3,3% en mayo de 2022. En el mismo período, el resultado financiero saltó del 3,76% del PBI al 4,8%. A diferencia de países como Brasil, Argentina jamás recuperó el sendero fiscal previo a la pandemia. 

Déficit fiscal federal de Argentina entre 2019 y 2022.

Argentina

Ya no esconden su socialismo: Facundo Manes criticó al Campo, propuso más proteccionismo y sustituir importaciones

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El referente de la Unión Cívica Radical se mostró como un ferviente partidario de las recetas económicas del siglo XX y minimizó la importancia de la exportación de materia prima. En su lugar, apuesta por las teorías económicas heterodoxas y el “desarrollismo”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y referente del partido en Buenos Aires, Facundo Manes, volvió a insistir en su impronta en contra de la exportación de materias primas.

A pesar de que el campo argentino constituye actualmente la principal fuente de divisas para el país, y mantiene un nivel de competitividad incluso superior a la media internacional en la comercialización de granos, para Manes implica un desperdicio de potencial en materia de crecimiento.

El radicalismo pretende reinstalar el debate para la aplicación de las viejas políticas “desarrollistas” aplicadas en la Argentina a mediados del siglo XX. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) encuentra adeptos no solamente en el kirchnerismo sino también en la UCR.

Este análisis contradice las posturas convencionales de la teoría económica más aceptadas por el consenso científico a nivel mundial. El consenso ortodoxo concluye tajantemente que el libre comercio impulsa activamente el crecimiento económico de los países, sin importar la especialización de cada país, e incluso sin importar la existencia (o ausencia) de ventajas comparativas entre ellos.

A pesar de una cierta vocación aperturista durante la administración de Mauricio Macri a partir del avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el radicalismo defendió y suscribió el aumento de la llamada “tasa estadística de importación” del 0,5% al 2,5% a principios de 2019.

Más tarde, Alberto Fernández elevó la tasa del tributo hasta el 3% a partir de diciembre de 2019, y lo prorrogó sistemáticamente hasta la actualidad. Se trata de una alícuota general y uniforme a las importaciones.

Manes no ocultó su simpatía por el viejo estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, e incluso participó de un acto en potestad del “día del amigo desarrollista”, en conmemoración del natalicio de Rogelio Julio Frigerio. También se sumaron otras personalidades de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer y Rogelio Frigerio (nieto), entre otros.

¿Qué pasó en Argentina cuando se aplicaron las ideas de Manes?

Aunque el proteccionismo en Argentina tiene larga data, el primer precedente “desarrollista” se dio con la presidencia del radical Arturo Frondizi. Bajo su gestión, y en facultad de las mismas ideas que propone Facundo Manes, el Gobierno radical aprobó una reforma arancelaria creando cuatro listas de productos:

Lista N° 1: Suponía un arancel del 0% para una limitada variedad de materias primas, entre ellas el petróleo, el carbón y el hierro.

Lista N° 2: Imponía un arancel del 20% para productos alimenticios, oro, aluminio, arrabio y productos químicos. Muchos de estos productos se encontraban anteriormente exentos del pago de impuestos.

Lista N° 3: Establecía un arancel del 40% para cubiertas, chapas de acero, flejes de hierro, maderas, herramientas, tejidos, instrumentos para cirugía, máquinas y motores.

Lista N° 4: Todas y cada una de las importaciones que no estuvieran comprendidas en las listas anteriores se vieron sujetas a un brutal arancel del 300% sobre el precio CIF de importación. Estos aranceles resultaron prohibitivos en la práctica, haciendo completamente inviable la importación de los productos alcanzados.

Al mismo tiempo, se gravó la exportación de materias primas con una retención del 20% para productos ganaderos, agrícolas y mineros, y un 10% para el caso de ciertos productos especiales. Además, se aplicó un recargo adicional del 15% para la exportación de cereales, llevando la tasa consolidada sobre estos productos hasta el 35%.

Aunque los consumidores se vieron obligados a pagar bienes más caros en el marco de una competencia reducida, los beneficios prometidos por el desarrollismo nunca llegaron. Las industrias desarrolladas artificialmente por la protección no pudieron alcanzar en ningún momento estándares internacionales, y a pesar de permanecer protegidas por décadas, enfrentaron severas dificultades en cada proceso de apertura arancelaria gradual.

La economía cerrada tampoco logró resultados prometedores en materia de crecimiento, y el ingreso por habitante de la Argentina se divorció del tren de los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX

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Economía

Tarifazo K: Habrá aumentos de hasta el 167% para el gas, 200% para la electricidad y 200% para el agua

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La secretaría de Energía bajo la tutela de Sergio Massa dispuso la actualización de las tarifas para la electricidad, el gas y el agua. El equipo económico apuesta a poder cumplir con las metas fiscales del FMI para fin de año.

El Gobierno de Alberto Fernández oficializó un tarifazo sobre los servicios públicos. Los aumentos dispuestos tendrán un fuerte impacto en la medición mensual del IPC, del mismo modo en que ocurría durante la gestión del Gobierno anterior.

La conferencia contó con la presencia de la ingeniera Flavia Royón al frente de la secretaría de Energía y Malena Galmarini como titular de Aysa, entre otros funcionarios. La segmentación tarifaria está en línea con el programa presentado por el ministro de Economía Sergio Massa el pasado 3 de agosto.

El ajuste a los subsidios económicos pretende contener el explosivo incremento del gasto público, aunque los anuncios dispuestos hasta la fecha no explican la totalidad de los ahorros necesarios para cumplir efectivamente con la meta fiscal del Fondo Monetario Internacional para diciembre.

Tarifas de gas

El nuevo titular de Enargas nombrado por Massa, Federico Bernal, explicó que desde ahora las tarifas de gas tendrán en consideración factores de índole estacional sobre la demanda energética, así como un trato diferencial para compensar situaciones adversas en las provincias del sur del país.

A estos factores se añadió la típica segmentación tarifaria por nivel de ingresos, que constituye la columna vertebral del ajuste presentado por el Gobierno kirchnerista. Se establecieron 3 niveles de aumentos:

Nivel 1: incluye a 269.725 usuarios sobre los cuales se aplicará la totalidad de la tarifa sin ningún subsidio. La factura del gas sobre este segmento aumentará un 167% y tendrá vigor a partir de septiembre.

Nivel 2: comprende a 2.599.550 usuarios, los cuales para el Gobierno significan la “clase media”. El subsidio cubrirá hasta el 70% del promedio entre el umbral más alto y el más bajo, que será distinto dependiendo la jurisdicción del usuario.

Si se supera este tope, el Estado aplicará un aumento del 167% pero solo sobre el excedente y no sobre la totalidad de la tarifa. Los aumentos tendrán carácter semestral y se aplicarán a partir de septiembre.

Nivel 3: un total de 2.880.090 usuarios no tendrán aumentos tarifarios hasta previo aviso.

Tarifas de electricidad

Como explicó Sergio Massa el 3 de agosto, el Estado subsidiará hasta los 400 kWh mensuales por hogar a nivel estándar, excepto en ciertas localidades que no cuentan con gas natural por redes, en cuyo caso el umbral subsidiado aumenta a los 550 kWh por mes. 

Del mismo modo que ocurre con el gas, cualquier consumo por encima de estos límites no implica la quita del subsidio para la totalidad de la tarifa, sino que sólo se aplicará el aumento sobre el excedente.

Sobre los 8.890.998 de energía eléctrica, un total de 399.156 tendrán un aumento estimado en torno al 200% en la factura eléctrica mensual, 3.451.722 no tendrán aumentos, y el resto estará sujeto al excedente de su consumo por encima de los topes anunciados.

Tarifas de agua

Malena Galmarini confirmó que el Estado se hace cargo de hasta el 70% del valor real del servicio por la distribución de agua potable. La reducción del subsidio comprenderá 3 niveles de ingresos: altos, medios y bajos.

El subsidio para el consumo residencial de agua para los ingresos más altos caerá al 0% a partir de noviembre de 2022, lo que implica un aumento del 200% sobre la factura mensual. Este aumento será percibido por cerca de 532.029 usuarios residenciales.

Para los ingresos definidos como “medios” la proporción de subsidios bajará hasta el 40% de la tarifa mensual a partir de noviembre, 20% en enero de 2023, y 0% a partir de marzo. Se estima que estos usuarios representan hasta el 27% del total.  

Para los 1.794.466 hogares catalogados en el nivel “bajo” de ingresos, la proporción del subsidio bajará del 70% al 45% a partir de noviembre, 30% a partir de enero de 2023, bajará a un 15% a partir de marzo y permanecerá en ese nivel hasta previo aviso.

Para el caso de los comercios y las industrias que también demandan los servicios, pero para uso lucrativo, percibirán el mismo sistema de actualización tarifaria que los ingresos del nivel “medio”. Se estima que la demanda de agua por parte de usuarios no residenciales representa hasta el 9% del total. 

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Argentina

El Gobierno de Larreta decidió estatizar el sistema de acarreo de vehículos por tiempo indefinido

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Tras las denuncias de corrupción entre las empresas de acarreo y el Gobierno local, Rodríguez Larreta decidió intervenir los servicios y el Gobierno porteño se hará cargo del sistema hasta que se defina una nueva licitación.

El denominado “Frente Anti-Grúas” finalmente consiguió sentar un precedente en contra el sistema de acarreo de vehículos que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. La inusual alianza entre el Frente de Todos, los liberales, la izquierda y la Coalición Cívica denunció un entramado de corrupción entre el Gobierno porteño y las empresas de servicio de grúas.

En un principio el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta se negó a tratar el tema o siquiera darle un mínimo de importancia, pero tras la amenaza de la oposición para alcanzar el quórum propio y romper el blindaje del PRO, finalmente decidió intervenir en la materia.

El Gobierno de Larreta dispondrá la estatización de los servicios de acarreo de vehículos, determinando así el fin del contrato de concesión que tenían las empresas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, el cual habían obtenido en la década de 1990 y con un primer vencimiento en el año 2001.

Según fuentes trascendidas, el Gobierno porteño no pretendería hacerse cargo de los servicios de manera definitiva, sino que buscaría definir un nuevo llamado a licitación para encontrar empresas interesadas en la administración del sistema, pero no han dado ningún plazo al respecto y por ahora la única respuesta que han dado es que el acarreo será estatal “por tiempo indefinido”.

A pesar de haber formado el frente en contra de la actual administración de los servicios, el referente de Milei de la Ciudad de Bueno Aires y uno de los impulsores del fin de la concesión, Ramiro Marra, criticó la falta de acción de Rodríguez Larreta.

Marra apuntó nuevamente contra el Gobierno del PRO y lo increpó por la falta de capacidad para concretar una licitación lo más rápido posible, en lugar de estatizar los servicios y dejar indefinido los plazos para nuevas licitaciones (en caso de haberlas).

A diferencia de los otros partidos políticos del “Frente Anti-Grúas”, los liberales destacaron la importancia de que los servicios permanezcan en manos privadas, se limitaron a solicitar un cambio de concesión y rechazan tajantemente la administración estatal del sistema de acarreo. 

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