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Economía

Más de 1 millón de argentinos cayeron bajo la línea de la pobreza desde que asumió Alberto Fernández

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El INDEC relevó que la tasa de pobreza alcanzó el 37,7% en el segundo semestre de 2021. Aunque la economía logró recuperarse del shock por la pandemia, la tasa de pobreza aumentó más de 2 puntos porcentuales con respecto a 2019.

Según informó la encuesta EPH que realiza el INDEC, la tasa de pobreza alcanzó el 37,7% de la población de referencia. De un total de 29 millones de personas analizadas en la encuesta del INDEC, un total de 10,8 millones cayeron en situación de pobreza.

Extrapolando la proporción de la pobreza sobre la población total del país, que el INDEC estimó en 45,8 millones para el año 2021, un total de 17,1 millones de personas se encuentran bajo la línea de la pobreza. Desde la asunción del presidente Alberto Fernández al poder, un total de 1,1 millones de argentinos pasaron a ser pobres.

Los datos se tornan aún más sombríos cuando se considera a la pobreza sobre el segmento etario de los menores de 14 años, que llegó a representar el 51,4%. Este fue sin lugar a dudas el resultado más dramático de la encuesta EPH.

Por su parte, la tasa de indigencia es del 8,2% de la población de referencia. Este indicador mide cuántas personas no lograron alcanzar los ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.

Entre 2019 y 2021 la tasa de pobreza trepó del 35,5% al 37,7%. A pesar del relativo entusiasmo del oficialismo por la leve baja contra el segundo semestre de 2020 (el peor período afectado por la pandemia), lo cierto es que los resultados relevados no fueron alentadores.

El índice de actividad económica mensual logró recuperar los niveles que tenía en febrero de 2020 y a lo largo del año 2019, pero la pobreza jamás volvió a los niveles de prepandemia.

El aumento de la tasa de empleo se vio directamente ligado al rebote esperable de la actividad económica tras la apertura de actividades, y este hecho cobró cierto protagonismo en la recuperación cíclica de los ingresos de los hogares en términos de las canastas básicas. Sin embargo, la principal herramienta del Gobierno fue la política asistencialista.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA) de la UCA, los programas de asistencia social llegaron a cubrir hasta el 55,4% de la población argentina en 2020, el dato más alto de la historia según los registros disponibles. Esto se debe a la incorporación del IFE, el ATP, y la ampliación de prácticamente todos los programas que ya existían, en particular la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En el año 2021, el OSDA calcula que la cobertura de programas sociales alcanzó el 44,7% de los argentinos, y al 33,8% de los hogares. Entre 2019 y 2021, la cobertura sobre individuos subió casi un punto porcentual. Estas cifras marcan un récord histórico, considerando que la cobertura promedió el 38,2% entre 2010 y 2019.

Acorde las proyecciones propias de la OSDA y las estimaciones divulgadas por el propio Agustín Salvia, los desequilibrios macroeconómicos apuntan a consolidar una tasa de pobreza más cercana al 40%.

La recuperación de los ingresos no provino de un aumento sustancial en los salarios reales, ya que estos solamente crecieron un 1,7% en 2021, acumulan una caída del 0,6% contra 2019 y son los más bajos desde 2004. En su lugar, la tenue recuperación de ingresos fue explicada por el rebote natural de la tasa de empleo y la explosión de los programas sociales

Economía

Meloni logra la aprobación de un proyecto de interconexión con Túnez para asegurar el suministro eléctrico

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El Gobierno italiano obtuvo el visto bueno de la Comisión Europea para la construcción de un importante corredor eléctrico con Túnez por un valor de hasta 850 millones de euros. La obra de infraestructura supone una garantía para el suministro eléctrico de Italia y otros países europeos.

La administración de Giorgia Meloni finalmente destrabó un nuevo e histórico acuerdo de infraestructura con el Gobierno de Túnez, a la vez que recibió luz verde desde la Comisión Europea para financiar el proyecto.

Se trata de la construcción de un corredor eléctrico a través de una interconexión submarina de hasta 200 kilómetros de distancia, y que permitirá el paso de 600 MW de corriente para garantizar el suministro eléctrico de Italia y de otros países europeos que también se verán beneficiados del proyecto. 

Una vez producida la interconexión eléctrica entre Italia y Túnez, la obra de infraestructura permitirá la extensión de ramales secundarios para fortalecer el suministro eléctrico de Francia, Grecia, Suiza y Austria

Está en el destino de Italia convertirse en un nuevo centro energético para todo el continente europeo, y es nuestra misión intensificar la cooperación con África para atraer inversión y desarrollo”, anunció Meloni. 

El proyecto requiere una financiación de 850 millones de euros, de los cuales la propia Comisión Europea aprobó el desembolso de 307 millones de euros (cerca del 36% del total) del presupuesto comunitario, que serán provistos a través de los fondos Connecting Europe Facility (CEF). El resto de los recursos involucran un paquete mixto entre fondos públicos de Italia y Túnez, así como fondos de empresas privadas de ambos países. 

Tal y como lo prometió Meloni en su campaña por la presidencia de Italia, el país avanza en la diversificación de las fuentes de sustentación energética para reducir la dependencia del suministro ruso y terminar por desplazar a este último país como socio comercial. 

De hecho, Italia constituyó uno de los países más golpeados por el cese del suministro energético tras el estallido de la guerra en Ucrania, junto con Alemania (probablemente el país más golpeado de la UE dada su elevada dependencia de energías renovables). 

Los proyectos para asegurar vías de abastecimiento alternativas buscan garantizar la independencia energética de Italia, ya que Rusia demostró no ser un socio comercial confiable ante el surgimiento de inestabilidades políticas. 

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Economía

Biden presenta un salvataje de US$ 36.000 millones para uno de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos

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La Casa Blanca vuelve a darle la espalda a la disciplina fiscal y lanza un paquete de rescate por 36 mil millones de dólares para evitar la quiebra del Fondo de Pensiones de Estados Centrales, cuya insolvencia parecía inevitable para el año 2025. 

El presidente Joe Biden anunció un amplio paquete de rescate fiscal por 36 mil millones de dólares para respaldar el Fondo de Pensiones de los Estados Centrales, un fondo de propiedad de los gobiernos locales y operativo desde el año 1955.

El fondo cuenta con cerca de 350.000 asociados al sistema entre trabajadores sindicalizados y jubilados, y entre malas decisiones operativas y el impacto del alza de las tasas de interés sobre los activos financieros, se esperaba que arribara a una insolvencia irrecuperable para el año 2025. El salvataje del Gobierno federal se propuso evitar la cesación de pagos en el futuro.

Es la segunda vez que la administración Biden despliega una gran cantidad de recursos para rescatar fondos de pensiones. El primer paquete de rescate fue aprobado en marzo de 2021 como parte del “Plan de Rescate estadounidense” y comprometió un monto por US$ 86.000 millones

Solamente ese mes el Tesoro de los Estados Unidos amplió el gasto fiscal mensual en 367.970 millones de dólares, para lo cual cerca del 23% se destinó al rescate de fondos de pensiones. 

El nuevo rescate supone una nueva marcha atrás con la disciplina fiscal. El gasto mensual del Gobierno federal con criterio de “base caja” suele oscilar entre los 400.000 millones y los 500.000 millones de dólares, por lo que una suma de 36.000 millones podría compensar parcialmente el efecto bajista de la estacionalidad de los gatos propia del mes de diciembre. 

Se debe tener en cuenta que el déficit fiscal acumulado de 12 meses abortó la corrección bajista a partir del rescate de deudas estudiantiles en el mes de septiembre. Esta medida irresponsable y regresiva provocó que el desequilibrio financiero del Estado aumentara del 3,89% del PBI al 5,33% en un mes

Asimismo, el déficit primario del Gobierno federal escaló del 2,14% del PBI en agosto al 3,54% en septiembre. En materia de ordenamiento de las finanzas públicas, en un solo mes la administración Biden anuló el esfuerzo fiscal de los cinco meses precedentes al rescate de deudas

Los gastos mensuales ascendieron a los 917.396 millones de dólares en septiembre, un nivel similar al que se registró durante el pago de los masivos programas de estímulo entre abril de 2020 y marzo de 2021. El salvataje de deudas estudiantiles provocó un shock similar al pago de los cheques familiares sobre las finanzas públicas

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Economía

Más impuestos en la Unión Europea: Se propone aplicar un IVA digital a las empresas de plataforma

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La Comisión Europea busca elevar el nivel de recaudación a las arcas públicas a través de la generalización del IVA para empresas con plataformas digitales como Uber y Airbnb. Se estima que las medidas podrían incrementar la recaudación en hasta 18.000 millones de euros cada año. 

A fin de volver a incrementar la sangría tributaria en la región que menos crece en el mundo, la Comisión Europea instó a los Estados miembros a volver a generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adaptar el sistema a las nuevas modalidades empresariales con plataformas digitales.

Se propone aplicar el IVA, con las alícuotas correspondientes para cada Estado miembro, sobre empresas de plataforma digital como Uber y Airbnb en caso de que cuenten con algún tipo de emisión, y también aplicar facturas electrónicas digitales para el comercio transfronterizo.

Las nuevas facturas electrónicas para el comercio sobre las fronteras entre países reemplazaría a las “declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias”, con el fin de eliminar vacíos legales sobre evitar el pago del IVA. Se articula un mecanismo para ampliar la base imponible del impuesto sobre estas transacciones. 

La Comisión mencionó incluso a los criptoativos, y determinó que su tratamiento fiscal será similar al de cualquier otro activo financiero y, por lo tanto, estará sujeto a impuestos entre los cuales se encuentra el IVA. 

La generalización también busca compatibilizar la aplicación del IVA para no generar distorsiones discrecionales en la competencia. Por ejemplo, mientras que los hoteles y los taxis tradicionales emiten facturas discriminando el IVA en la UE, algunas empresas intermediarias en transporte o alojamiento de corta distancia no abonaban el impuesto y se genera una suerte de competencia desleal. 

Pero la principal razón de las medidas es el motivo fiscal. Solamente por estas disposiciones la Comisión Europea espera añadir cada año cerca de 18.000 millones de euros a las arcas fiscales de la UE. La recaudación impositiva supera el 40% para el promedio de los países europeos, aunque la mayor parte de los mismos continúa teniendo déficit fiscal. 

En algunos países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Hungría y Croacia las alícuotas más elevadas del IVA oscilan entre el 24% y el 27% sobre el valor de los bienes y servicios alcanzados. Otros países como Alemania, España, Italia y Portugal mantienen tasas más moderadas de entre el 19% y el 23%. 

Pero cualquiera sea el tributo efectivo aplicado en cada país, lo cierto es que Europa es la región con la aplicación del IVA más alto del mundo, muy por encima del promedio para el continente americano, África y Asia. De hecho, algunas economías desarrolladas no cuentan con un IVA instrumentado a nivel federal o mantienen una alícuota muy reducida, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y Australia. 

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