Seguinos en redes

Economía

“Massazo” a los que menos tienen: Para las personas en situación de indigencia la inflación llegó al 158% en octubre

Publicado

en

Se trata del aumento interanual sobre la canasta básica alimentaria publicada por el INDEC, que registró una suba acumulada del 139% desde enero. Una familia tipo de 4 integrantes necesitó $160.603 mensuales para no caer en la indigencia, y $345.295 para evitar caer en la pobreza.

La inflación es cada vez más violenta y afecta de manera particularmente intensa a los que menos tienen. El INDEC confirmó que la canasta básica alimentaria para una persona alcanzó los $51.975, marcando así un aumento del 8,6% al término del mes de octubre.

Con estos datos, la tasa de inflación que sufren las personas en la indigencia o al borde de caer en este umbral fue del 158,6% interanual, el aumento en comparación con el mismo mes del año pasado. Asimismo, los bienes que componen la canasta alimentaria subieron un 139% desde el mes de enero. Esta métrica superó holgadamente al 142,7% que publicó el INDEC para la tasa de inflación general de octubre.

Con Massa a la cabeza del Gobierno kirchnerista, la pobreza por ingresos aumenta todos los meses conforme la inflación corroe el poder adquisitivo del dinero. Ni las transferencias sociales, ni las jubilaciones ni tampoco los salarios lograron compensar la inflación.

Una familia tipo de 4 integrantes necesitó recaudar hasta $160.603 mensuales para evitar caer en la indigencia, y hasta $168.919 para una familia promedio de 5 integrantes. Cada vez más argentinos se encuentran en esta situación, especialmente en el segmento etario de 0 a 14 años.

Por otra parte, la canasta básica total (que incluye una serie de bienes y servicios por fuera de los alimentos) acumuló un aumento del 147,1% interanual en octubre, nuevamente por encima de la inflación general que marcó el IPC para el mismo mes. Los precios de esta canasta aumentaron un 126,4% en los primeros 10 meses del 2023, y un 8,1% mensual en octubre.

El INDEC fijó la canasta básica total en $111.746 por adulto equivalente, por lo que una familia tipo de 4 integrantes necesitó un total de $345.295 por mes para no caer en la pobreza. Una familia de hasta 5 integrantes debió ingresar por lo menos $363.175 para evitar la pobreza.

Si los ingresos nominales no pudieron ganarle a la inflación general, mucho menos aún pudieron compensar el embate inflacionario que sufrieron las canastas básicas de referencia. Con plena seguridad, esto se traducirá en un nuevo salto de la pobreza hacia los últimos meses del 2023.

La Universidad Torcuato Di Tella estima que la pobreza habría llegado al 43% en septiembre utilizando una metodología similar a la que emplea el INDEC. Los datos de las canastas básicas para octubre confirman que el proceso se siguió profundizando pese al “plan platita” desplegado por Massa desde las PASO.

El 2023 podría finalizar con una tasa de pobreza apostada en el 45% de la población, similar a la que hubo en el año 2001. Y de la misma manera que en aquel entonces, se espera una fuerte devaluación que sin dudas afectará el precio de los bienes transables y los alimentos que denotan el umbral de la indigencia.

Economía

El expresidente de YPF disparó contra Nacho Torres: “Acaba de introducir un factor nuevo de riesgo para las empresas petroleras”

Publicado

en

El Gobernador amenazó con avasallar la seguridad jurídica de la Provincia en nada menos que su principal sector productivo, el más importante en la generación de empleo. Las empresas concesionarias podrían abandonar las inversiones en la jurisdicción, para migrar a regiones más seguras.

Acorralado por el mal manejo de las finanzas públicas, el inexperto Gobernador Ignacio Torres amenazó públicamente con cerrar el suministro de petróleo y gas al resto del país, como represalia a que el Gobierno nacional le impida incurrir en un canje de deuda forzoso y grotesco.

Como reza la Constitución de 1994, los recursos naturales (el petróleo, el gas, los minerales, etc) le pertenecen a las Provincias, y en tal carácter estas pueden cobrar regalías o derechos de explotación a las empresas que los utilizan. Pero el Gobernador Torres pretende avanzar por encima de sus facultades legales, y sus declaraciones comprometen el normal funcionamiento de la industria energética chubutense.

Las Provincias tienen derecho a cobrar por el uso de los recursos naturales, pero no pueden expropiar los productos que elaboran las empresas privadas que ya pagaron oportunamente por el uso de dichos recursos. Esto es una noción básica para los derechos de propiedad en la industria del petróleo y gas, tanto en Argentina como en cualquier país de la región.

El expresidente de YPF entre 2019 y 2021, el economista Guillermo Nielsen, condenó las desafortunadas declaraciones de Torres y aseguró que solo generarán pérdidas para la inversión del sector privado. Tan solo con sus declaraciones, el Gobernador puso en duda la seguridad jurídica de nada menos que el sector más dinámico e importante de Chubut, responsable directo de la mayor cantidad de empleo privado formal de la provincia. 

Sin la inversión del petróleo y el gas, la actividad económica de Chubut se vería seriamente comprometida, y todo esto en un contexto también recesivo a nivel nacional. La Provincia podría verse afectada por una debacle aún mayor a la que atraviesa el país.

Para que una inversión con altos costos hundidos (como es el caso de la industria petrolera) pueda llevarse a cabo, es necesario un horizonte de reglas de juego estables. Lo que el gobernador Torres dejó trascender con su accionar es que ya no importan los compromisos asumidos por la Provincia ni tampoco las cláusulas firmadas en los contratos de concesión, sino que cualquier gobernador puede decretar la interrupción de la actividad a discreción.

Se sienta así un pésimo precedente para la industria local, que se agravará conforme pasen los días y no se encuentre un desenlace al conflicto que desató el Gobernador.

Esto se suma a las posiciones extremistas que adoptó Torres tan pronto llegó al poder, y probablemente la más importante de ellas sea su negativa a permitir la explotación minera en la cordillera

Solo con esta maniobra, la Provincia de Chubut renunció a la creación de miles de puestos de trabajo en el sector privado formal. Del otro lado de la cordillera, la industria minera de Chile llegó a exportar hasta US$ 9.200 millones de dólares en 2023.

Seguir Leyendo

Economía

El Presidente del Banco Central desmintió públicamente a Martín Tetaz: Chubut recibe el mismo trato que cualquier otra provincia del país

Publicado

en

Santiago Bausili remarcó que la autoridad monetaria se limita a establecer las reglas de juego para minimizar el riesgo en el sistema bancario, y no existe ninguna actuación discrecional que perjudique deliberadamente a la Provincia de Chubut.

La imposibilidad de llevar a cabo un canje de deuda por parte de la Provincia de Chubut a cargo del gobernador Ignacio Torres desató un nuevo conflicto con el Gobierno nacional. El canje no puede ejecutarse si el Gobernador no logra poner en orden las cuentas fiscales de su jurisdicción, para trazar así un cronograma de pagos garantizados con las regalías del sector petrolero.

El Gobierno del Presidente Javier Milei, de la mano del ministro Luis Caputo, hizo uso de sus facultades para retener una parte del pago de la coparticipación hacia Chubut como pago a cuenta de la deuda pendiente que esta provincia mantiene con la Nación. Ante la falta de respuestas de gestión, Torres respondió con la amenaza de desabastecer de petróleo al país, violando la seguridad jurídica de la Provincia y poniendo en peligro al empleo de miles de personas.

En este contexto, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, trató de excusar al Gobernador afirmando que el BCRA impide la reestructuración de la deuda. Esto es falso, y el propio director de la institución, Santiago Bausili, se encargó de desmentir públicamente.

Como explicó el Presidente del BCRA, la institución se limita a regular el riesgo de exposición al que puede incurrir el sistema bancario local con las distintas esferas del sector público, y en este caso con las provincias.

Desde el estallido de la crisis bancaria de 2001 (probablemente la mayor de la historia argentina), el BCRA restringe el crédito que los bancos locales pueden suministrarle a las provincias. Esta pauta es necesaria, precisamente, para evitar que se vuelva a repetir un crack bancario como el de aquel entonces.

Pero muy a diferencia de lo que dejó trascender el diputado Tetaz, el Banco Central no establece (ni puede establecer) ningún tipo de restricción al endeudamiento de las Provincias. Las distintas jurisdicciones locales pueden endeudarse libremente con bancos o entidades extranjeras, o pueden hacerlo con el mismo Gobierno nacional. Tampoco existe ninguna regulación ni limitación a que cualquier Provincia pueda ejecutar un canje de deuda con sus respectivos acreedores.

La Provincia de Chubut podría cerrar un canje de deuda si lograra los superávits necesarios para hacer frente al pago de capital e intereses con Nación, lo que no puede hacer es endeudarse indefinidamente con los bancos locales para financiar sus desequilibrios ya que estos últimos no tienen permitido ofrecer crédito de semejante magnitud.

Por supuesto, esta regulación sobre los bancos locales es indiferente a cualquier provincia del país. No existe ningún tipo de tratamiento discrecional en favor de alguna jurisdicción por sobre otra. Chubut puede endeudarse limitadamente con el mercado de capitales local tanto como La Rioja, Buenos Aires o Mendoza.

El reclamo del gobernador Torres es bochornoso e irresponsable, pero más importante aún, esconde una cuestión de fondo: la negativa por ajustar las finanzas públicas y para honrar debidamente las deudas asumidas en tiempo y forma.

Seguir Leyendo

Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

Publicado

en

Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

Seguir Leyendo

Tendencias