El Gobierno nacional logró un resultado superavitario de las cuentas públicas al término de los primeros 3 meses de 2024, incluso por encima del pago de intereses de deuda. El Presidente ratificó el rumbo económico y confirmó que la disciplina fiscal es innegociable.

Haciendo uso de la cadena nacional, el Presidente Javier Milei anunció públicamente que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero por $276.638 millones de pesos al cierre del mes de marzo, dando así comienzo al tercer mes consecutivo con un resultado positivo después del pago de intereses. El resultado primario del SPN alcanzó un superávit de hasta $625.034 millones de pesos en el mismo período, según confirmó el propio Ministerio de Economía. 

La consolidación fiscal fue tan contundente que el saldo acumulado para el primer trimestre del año arrojó un superávit equivalente al 0,2% del PBI, algo que no se veía en la Argentina desde el año 2008. Por su parte, el resultado del superávit primario en relación al PBI ascendió al 0,6% en el primer trimestre de 2024.

El plan de ajuste que está llevando a cabo el equipo económico del oficialismo está atacando a la única fuente real detrás de la suba generalizada de los precios: el déficit fiscal y su financiamiento monetario. De entre las principales partidas recortadas para arribar a estos resultados, cabe destacar las siguientes:

• Gastos de capital en obra pública
• Transferencias al sector privado (subsidios económicos a las tarifas)
• Transferencias discrecionales a las Provincias
• Racionalización de la planta de personal del sector público
• Reducción y simplificación de la estructura de la Administración Nacional
• Eliminación de organismos descentralizados ineficientes y de dudosa justificación (como por ejemplo el INADI)
• Eliminación de la pauta publicitaria para todos los medios de comunicación

Desde su lanzamiento el 10 de diciembre del año pasado, el ancla del programa económico del Gobierno es la disciplina fiscal. Se trata de la principal herramienta para contener el crecimiento de los agregados monetarios, el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro (eliminado completamente), y las expectativas inflacionarias para los próximos meses. Todos estos elementos se ven afectados irremediablemente por los sucesivos anuncios de superávit presupuestario.

Desde el 10 de diciembre, el Banco Central encabezado por Santiago Bausili eliminó completamente la transferencia de Adelantos Transitorios (AT) y/o utilidades ganadas al Tesoro Nacional. 

Se cortó abruptamente cualquier tipo de asistencia monetaria. Al mismo tiempo, se implementó un plan de saneamiento con el objetivo de reducir el peso de los pasivos remunerados en relación al PBI. Se logró acumular una suma de divisas por más de US$ 14.000 millones, y las reservas netas de la autoridad monetaria volvieron a números positivos por primera vez desde abril del año pasado.

Asimismo, desde el brazo ejecutor de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, se emprendió un estricto ajuste que redujo el déficit fiscal del 4,4% del PBI en diciembre de 2023 al 2,8% al cierre de febrero, y este proceso se habría acentuado aún más tras los anuncios del Presidente Milei para el ejercicio del mes de marzo.

El resultado primario del Gobierno nacional alcanzaba un rojo equivalente al 2,7% del PBI según las estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), y gracias a las medidas de emergencia adoptadas por el Ministro Caputo el déficit acumulado de 12 meses se redujo solamente al 0,6% del PBI al término de febrero. No se veía un ajuste de semejante magnitud desde los primeros años del Gobierno de Carlos Menem.

Los primeros resultados del programa

El plan de ajuste ortodoxo se plasmó como la única alternativa frente al descalabro hiperinflacionario que había dejado plantado el Gobierno kirchnerista y el exministro Massa. Según la consultora LCG, la tasa de inflación semanal en alimentos y bebidas oscilaba el 7,4% durante la primera semana de diciembre, sobre un relevamiento de más de 8.000 productos en grandes cadenas de supermercados.

La variación semanal no tardó en escalar al 11,5% durante la tercera semana de diciembre, con un promedio de aumentos diarios de hasta el 1%. Esto era consistente con una tasa de inflación anual del 7.500%, según explicó el Presidente en su exposición. Fue en este difícil escenario en el cual se lanzó el programa de ajuste para tumbar la dinámica hiperinflacionaria.

Mientras que el promedio de inflación semanal de diciembre fue aproximadamente del 8% según la consultora, en enero cayó rápidamente al 3,48%, 2,78% en febrero, 1,94% para el promedio de marzo, y en lo que va del mes de abril solamente se registró una suba semanal promedio del 0,7% en alimentos y bebidas.

El aumento intermensual correspondiente a la última semana de diciembre superó el 36% según registró consultora, y tomando un promedio móvil de 5 semanas el salto fue de casi el 24% respectivamente. Al término de la tercera semana de abril de 2024, el aumento intermensual de los precios se redujo a sólo el 3% (en comparación con la tercera semana de marzo), y el aumento semanal promedio de las últimas 5 semanas se redujo al 4,25%.

Los datos mensuales que publica el INDEC informaron por una tasa de inflación minorista del 25% para diciembre, y más de un 54% en el segmento de precios mayoristas. Pero tras haberse aplicado la primera etapa del plan de estabilización, el aumento del IPC se redujo a un 11% para marzo, y en los precios mayoristas la variación cayó al 5% respectivamente. Sin importar cómo se la mida, la inflación se está derrumbando a un ritmo sin precedentes desde la Convertibilidad. 

Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).