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Economía

Mientras Alberto se pelea con la realidad, la desocupación superó el 15% y se destruyeron 950.000 puestos de trabajo

El presidente Fernández cuestionó a la gestión anterior y aseguró que el país está mejor que antes, incluso con la pandemia. Mientras tanto, la desocupación superó el 15,5% en el segundo trimestre, y se destruyeron miles de puestos de trabajo en el sector privado.

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Hace unos días, el presidente Alberto Fernández se refirió a la cuestión social que atraviesa el país, y apuntó duramente en contra de la gestión del ex presidente Macri. Fernández asegura que, en los primeros meses de su gestión, la situación laboral y salarial es mejor a la que había en el 2019, incluso con la llegada de la pandemia. 

En una actitud bastante improvisada y soberbia, Fernández intentó validar sus dichos a partir de comparar una cifra de orden semestral (entre enero y junio de este año), con el promedio del año pasado

Aunque la comparación resulta inútil para demostrar algo, el Presidente insistió en su tesitura y defendió el modelo de cuarentena implementado en Argentina, el más largo y restrictivo del mundo. 

Alberto Fernández decidió pelearse con la realidad y utilizar a la figura de Mauricio Macri para justificar sus propios fracasos, aunque la realidad económica muestra la cara oculta de la cuarentena kirchnerista. 

Comparando mediciones que sí son comparables, la caída del empleo registrado (tomando en cuenta a todas las modalidades ocupacionales) fue del 0,13% entre enero y mayo de 2019. Para este año, y tomando ese mismo período de referencia, la caída fue del 3,8%. 

El salario real promedio de convenio fue un 45% menor al registrado a finales del 2017, momento de mayor expansión económica en el gobierno anterior. La caída se hace mucho más intensa si se consideran las estimaciones realizadas con el tipo de cambio paralelo, llegando a una brecha de casi 70%. 

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En cualquiera de las dos mediciones, el salario promedio de los trabajadores es ligeramente inferior al que había en diciembre de 2001. 

Aunque la gestión anterior demostró increíbles falencias a la hora de manejar la economía, lo cierto es que la tasa de desocupación no fue una variable que se caracterizara por resultados negativos, más bien lo contrario. 

El kirchnerismo subió al ring a Macri como eje de sus críticas, pero no fue capaz de ostentar resultados mucho más alentadores.

Según las mediciones alternativas a las que elaboró el INDEC entre 2007 y 2015 (momento en el cual fue intervenido y sus estadísticas dejaron de ser creíbles), el índice de desocupación que dejó el kirchnerismo fue del 9,1% en 2015. 

La gestión Macri mantuvo este nivel de desocupación promedio, con ligeras bajas en 2017 y aumentos en 2018, llegando al 8,9% en el último trimestre del año.

Por si esto fuera poco, la situación socio-laboral se deterioró fuertemente en lo que va de la administración kirchnerista. 

Según un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la tasa de desocupación habría alcanzado el 15,5% de la población económicamente activa para el término del segundo trimestre del año. 

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Por su parte, el INDEC ya había anunciado en el primer trimestre del año que la desocupación volvió a acomodarse cómodamente en los dos dígitos, a partir del momento más duro en las restricciones de aislamiento social. La cuarentena significó la quiebra definitiva para miles de comerciantes en todo el país, que no pudieron afrontar la falta de ideas del gobierno. 

El ministerio de Trabajo anticipó la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo durante los primeros cinco meses del año, a pesar de la prohibición de despidos y otras medidas poco relevantes implementadas por el gobierno. El impacto fue más notorio entre los trabajadores no registrados, aquellos que quedaron olvidados por el Presidente. 

La UCA anunció que cerca de 650.000 empleos no registros fueron destruidos a causa de la pandemia y la enorme depresión económica, y 950.000 teniendo en cuanta a todas las modalidades. Tomando una visión general, la crisis dejaría un saldo de 3,3 millones de personas desocupadas. 

Algunos dirigentes del núcleo duro del kirchnerismo, como el caso de Marcó del Pont, aseguraron que no está en la agenda del gobierno derogar ni rebajar ningún impuesto, y que incluso se pretende subirlos todavía más. 

Bajo la misma lógica de pensamiento, Alberto Fernández aseguró que no se producirán rebajas salariales de ningún tipo en el sector público, ni siquiera para aquellas remuneraciones que superan más de 17 veces al salario mínimo establecido por ley. Mientras tanto, miles de pymes cierran sus puertas, y millones de personas permanecen sin trabajo y sin sustento del Presidente de los argentinos. 

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Economía

Caída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado

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La variación mensual de los precios al por mayor se derrumba a un ritmo incluso más rápido que en los precios minoristas. La tasa de inflación general podría retroceder al 6% a partir del mes de abril, según estimaciones privadas.

El INDEC confirmó una nueva y fuerte caída de la tasa de inflación en Argentina: el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,4% en marzo, la variación más baja en lo que va del año. Retrocedió implacablemente con respecto al salto del 10,2% producido en febrero, al 18% de enero, y al estallido del 54% registrado en diciembre de 2023. Esta última cifra constituye técnicamente una situación de hiperinflación.

Se observó un incremento mensual del 6,2% sobre productos de origen estrictamente nacional, mientras que los bienes importados cayeron en un promedio del 1,7% en marzo. La energía destacó de entre los aumentos mensuales, marcando una suba del 12% (debido a la corrección de precios relativos que lleva adelante el equipo económico).

Los precios mayoristas acumularon una suba del 37% entre enero y marzo, muy por debajo del 51,6% de aumento que se registró en los precios minoristas. La inflación mayorista está bajando a un ritmo mucho más acelerado que la minorista, un fenómeno muy común entre los programas de estabilización. Se registró un aumento interanual del 330,6%, debido al efecto de arrastre estadístico después del salto de diciembre. 

El programa de ajuste fiscal y monetario del Gobierno logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión de Massa. Este fue sin lugar a dudas el principal objetivo de las medidas de emergencia que se tomaron a partir del 10 de diciembre.

La caída de la variación mensual en los precios mayoristas fue contundente. El Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) registró un aumento incluso menor y en torno al 4,9% al cierre de marzo, un indicador que excluye el efecto impositivo sobre los precios relevados.

Asimismo, el Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un aumento del 5% en marzo, y nuevamente el salto de la energía destacó de entre las principales aperturas que componen el indicador.

Con esta dinámica en los precios al por mayor, se estima que el IPC minorista volverá a registrar una nueva rebaja en su ritmo de aumento en abril. En este sentido, el exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere que la inflación de precios al consumidor podría estabilizarse en el 9,5% a partir de abril, y retroceder hasta un umbral del 6% al 7% a partir del mes de mayo. Esto es coincidente con la desaceleración de los precios online.

La reactivación de la actividad real dependerá casi exclusivamente de la velocidad en la salida del cepo cambiario, ya que resulta un elemento imprescindible para la tan esperada recuperación en “V”. 

Por otra parte, para que la liberalización del mercado cambiario pueda ser posible sin conducir a un nuevo proceso hiperinflacionario, resulta necesario continuar con el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA). El director de la institución, Santiago Bausili, logró recomponer el salto de las reservas netas en sus primeros meses de gestión. 

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Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

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La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

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Contundente fracaso de la Ley de Alquileres en Cataluña: La oferta de viviendas se derrumbó y los alquileres suben al doble que la inflación

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Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

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