Las jubilaciones y pensiones aumentaron muy por debajo de la suba de los precios a lo largo del Gobierno kirchnerista. Aún con los bonos adicionales, se registró una caída acumulada de casi 7 puntos porcentuales.

El desarrollo del proceso inflacionario es cada vez más desesperante. El haber mínimo jubilatorio bajo la fórmula previsional kirchnerista se desplomó hasta un 27,4% en términos reales desde diciembre de 2019, una caída inédita y a un ritmo similar al de los últimos dos años de la administración Macri. Para este cálculo se tiene en cuenta una inflación cercana al 9% en mayo, aunque las previsiones sugieren que podría cerrar en un número en torno a dos dígitos por primera vez desde abril de 2002.

Bajo la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los haberes más bajos aumentaron un 317% mientras que los precios subieron un 474,35% en el mismo período, diezmando brutalmente el poder de compra de los jubilados.

La actualización de los haberes fue tan insuficiente que en la práctica el Gobierno debió hacer uso de bonos adicionales de naturaleza transitoria, y no atados a la fórmula previsional. De esta manera y contabilizado estos ingresos, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2019 alcanzó el 6,8%. Sin importar cómo se lo mida, el deterioro del poder de compra de los jubilados es un hecho innegable.

La próxima actualización trimestral del haber mínimo jubilatorio tendrá lugar a partir del 1° de junio y pasará de los $58.665 hasta los $70.937, un aumento del 20,92% de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria. También se pagará un bono extra de $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto. Pero ni así se le puede ganar a la estampida inflacionaria. 

De acuerdo a las proyecciones de inflación plasmadas en el sondeo de expectativas REM del Banco Central, para junio el valor efectivo real de la jubilación mínima será aproximadamente el mismo que había en diciembre de 2019 y para el mes de agosto se estima una caída del 10% sobre el poder adquisitivo. De no ser por los bonos adicionales, que ya están demandando un esfuerzo fiscal considerable para el fisco, las caídas serían del 18% y 30% respectivamente.

El deterioro del poder adquisitivo afecta a la totalidad de las transferencias que mensualmente realiza el Estado, incluyendo el pago de salarios, subsidios, planes sociales, becas, etc. Todo se deteriora progresivamente en términos reales y esto lleva a una conflictividad creciente que el modelo asistencialista del kirchnerismo no es capaz de resolver.

El componente de “ingresos” actualmente conforma el principal factor explicativo para el aumento de la pobreza. La Universidad Torcuato Di Tella sugiere que con la metodología del INDEC la pobreza ya habría superado el 42% en el semestre móvil finalizado en abril, siendo que la última medición del organismo oficial informó de una tasa del 39% correspondiente a diciembre del año pasado.

Por otra parte, la tasa de pobreza en el segmento de personas ocupadas alcanzó al 30% del total en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia se habría profundizado aún más en los primeros tres meses de este año, algo esperable dado la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios en el sector privado informal.

El Gobierno kirchnerista aumentó el umbral de la pobreza general en más de 7 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2019, y hasta 5 puntos considerando al segmento de personas que tienen un trabajo.

El sexenio de López Obrador se encamina a ser el de más bajo crecimiento en los últimos 100 años. Aunque la actividad escaló un 1,1% en el primer trimestre de 2023, no logró crecer prácticamente nada desde 2018 y los ingresos registran una caída de casi el 3% en términos reales.

La economía mexicana abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo y enfrenta una tensa situación de estancamiento. El PBI trimestral registró un modesto crecimiento de hasta el 1,1% durante los primeros tres meses de 2023, pero aún con este rebote la actividad sigue en los mismos niveles que tenía en 2018. No se logró ningún avance significativo desde aquel entonces.

Se observó un rebote interanual del 3,7%, ligeramente superior al 3,6% del trimestre anterior pero muy por debajo del 4,4% observado al término de septiembre del año pasado. La recuperación mexicana en la pos-pandemia es una de las peores del mundo, comparable al desempeño de la economía española.

Aún así, para el mes de marzo la actividad observó una caída del 0,3% y el crecimiento interanual se moderó al 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado. Las actividades primarias se desplomaron un 1,6% mensual, las secundarias cayeron un 0,9% y el sector de los servicios mostró una disminución del 0,1% en términos reales.

La economía solamente creció un 1% desde diciembre de 2018, la cifra más baja para cualquier sexenio registrado en los últimos 100 años. Ningún presidente mexicano independientemente de su signo político terminó su mandato con un crecimiento tan pobre como el que registrara Manuel López Obrador al final de su mandato.

Pero como la población sigue creciendo y el PBI se encuentra estancado, el ingreso real por habitante es cada vez menor y con ello el nivel de vida promedio de los mexicanos. Desde la llegada del socialismo al poder el PBI per cápita real retrocedió un 2,36%, y quebró la tendencia alcista de los últimos 30 años.

Al difícil contexto internacional por la revisión del acuerdo NAFTA y el alza de las tasas de interés se sumaron factores internos que torpedearon constantemente la inversión privada en el país. Las medidas de López Obrador espantan a los inversores y desplazan la iniciativa privada por un rol cada vez más aplastante del Estado.

El presidente socialista dispuso la expropiación de todas las explotaciones de litio, estableció un virtual monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los contratos energéticos del país, y anuló todas las Zonas Económicas Especiales de México (zonas francas con un régimen impositivo preferencial).

Por otra parte, la gestión sobre el frente fiscal fue aún peor. El déficit primario del Gobierno federal (sin contabilizar las partidas de los Estados locales) partió de una situación de equilibrio en diciembre de 2018 a un rojo de 1,13% del PBI para principios de 2023. El resultado financiero incluyendo la factura por intereses marcó un déficit superior al 3,5% del PBI en el acumulado anual de enero, el más grande desde 1989.

Las reservas netas cayeron en terreno negativo por primera vez desde diciembre de 2001. El Gobierno turco trató de anclar el tipo de cambio para aminorar la inflación, pero el proceso es completamente insostenible.

De cara a las elecciones presidenciales, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan puso en marcha una política monetaria y cambiaria muy poco convencional, a través de la cual el Banco Central de Turquía interviene el tipo de cambio (principalmente con el dólar) para retrasar la evolución de la paridad y generar una suerte de “ancla” anti-inflacionaria.

Es la misma estrategia que siguieron otros países como Bolivia, pero en lugar de adoptar un tipo de cambio nominal fijo se prefiere una flotación administrada. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, Erdogan descartó introducir mayores controles cambiarios para dotar de efectividad al ancla cambiaria, pero a cambio debió pagar un costo muy caro en materia de reservas.

La tasa de inflación interanual se moderó del 85,5% en noviembre del año pasado al 43,68% al cierre de abril de 2023, aunque la inflación mensual sigue fluctuando entre el 3% y el 6,6% y se encuentra muy alejada de los valores que tenía antes de la pandemia (cuando promediaba el 1%). 

La inflación núcleo cayó del 70,45% al 45,5% en el mismo período, mientras que la variación interanual de los precios mayoristas bajó del 157,69% al 52,11% en abril. Se observa una fuerte desaceleración de precios en todos los segmentos relevados del mercado.

La variación interanual del tipo de cambio con el dólar estadounidense cayó del 110% en agosto de 2022 a menos de 24% en abril de este año, con lo cual se produjo una fuerte apreciación cambiaria en términos reales. Este proceso abarata las importaciones, desalienta las exportaciones y genera una mayor presión sobre el saldo de cuenta corriente de la economía turca.

Las reservas netas de la autoridad monetaria cayeron al terreno negativo por primera vez desde el año 2001, mientras que las reservas brutas totales descendieron en US$ 26.170 millones entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. La política monetaria dispuesta por Erdogan (que llegó a intervenir el Banco Central) ya no se puede sostener por más tiempo.

El mandatario turco dispuso de esta estrategia en consecuencia a su frontal negativa para subir las tasas de interés, que sorprendentemente fue incluso rebajada del 14% al 8,5% anual desde agosto del año pasado. El diagnóstico oficialista cree que las tasas de interés “aumentan la inflación”, pese a que casi todos los países del mundo la usan como una herramienta precisamente para disciplinarla.

Se conformó un parche para continuar con la negativa de actualizar las tasas de interés, y al mismo tiempo evitar que la estampida inflacionaria pudiera terminar de erosionar las chances electorales del oficialismo.

Los dogmas de Erdogan llevaron a que el Banco Central impusiera toda clase de artilugios para tratar de contener la estampida inflacionaria, entre ellos el seguro de cambios aplicado para plazos fijos y el aumento de la tasa de encaje legal al 25%. Ninguna de estas medidas demostró resultados significativos, hasta que se lanzó la intervención sobre el tipo de cambio.