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Economía

Otro fracaso del kirchnerismo: Se dispara la deuda pública y ya alcanza los 363.000 millones de dólares

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Alberto Fernández endeudó al país en US$ 50.000 millones desde que asumió la presidencia en diciembre de 2019. Aun así, el Gobierno se sigue negando a corregir el déficit fiscal hasta 2028.

El último informe de la Secretaria de Finanzas relevó que la deuda pública total de la Administración Central llegó a los US$ 363.362 millones en diciembre de 2021. Esto tiene en cuenta a la deuda interna y externa del sector público.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner desde diciembre de 2019, el Estado argentino se endeudó por US$ 50.063 millones para solventar los fuertes desequilibrios de las cuentas públicas. El Frente de Todos, lejos de desendeudar al país, lo hace a un ritmo incluso superior al que había en la gestión anterior.

La mayor parte de la aceleración del endeudamiento se dio en los últimos tres meses del año pasado, a raíz del populismo fiscal en pleno clima electoral. Esto fue confirmado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), que estima que el déficit fiscal federal creció sin pausa desde octubre de 2021, casualmente el mismo período en donde comenzó a dispararse la deuda pública.

Dentro de las obligaciones contraídas por el Estado, bajo la gestión de los Fernández volvió a cobrar una especial relevancia el endeudamiento en el mercado local. Se estima que este tipo de pasivos en moneda local se dispararon un 36,5% medido en dólares al tipo de cambio oficial.

Al mismo tiempo, la deuda pública externa se mantuvo relativamente estable debido a que el Gobierno no tiene la suficiente confianza como para acceder a los mercados internacionales y ningún acreedor confía seriamente en el actual Gobierno. Este segmento de la deuda se encuentra en renegociaciones permanentes.

La deuda tomada en el mercado local trae consigo duras consecuencias que son palpables sobre la sociedad. El mercado de capitales argentino se encuentra en un nivel de desarrollo muy bajo, y el Estado cada vez consume una cuantía mayor del poco crédito disponible. Esto significa menos crédito hipotecario y menos crédito para proyectos empresariales.

El ministro Martín Guzmán explicitó sus intenciones por fomentar el desarrollo de un mercado de capitales local, pero lo cierto es que en la práctica el Gobierno simplemente hizo uso de todas sus herramientas para captar el máximo financiamiento posible, un objetivo predominantemente fiscal.

A lo largo del 2021 el Gobierno realizó un total de 33 licitaciones de instrumentos denominados en pesos, llegando a hacerse de un monto equivalente al 1,7% del PBI destinado a cubrir las necesidades de financiamiento.

Además, el Gobierno estima haber llegado a un déficit fiscal primario (sin intereses) en torno al 3,5% del PBI en 2021, pero el ministro Martín Guzmán se niega a corregir el rumbo para el 2022. El Ministro anticipó una suerte de “proyección lineal” sobre los desequilibrios públicos en el futuro, y afirmó que no se llegará al equilibrio primario hasta 2028, corrigiéndolo a razón de solamente 0,6 puntos del PBI cada año.

Economía

Más indicios de recesión en China: la industria se derrumbó un 7% en abril y las ventas minoristas cayeron un 0,7%

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Las medidas sanitarias extremistas del régimen comunista, en conjunto con una crisis inmobiliaria y energética, amenazan con tumbar la economía del gigante asiático y generar una nueva recesión mundial.

Los principales indicadores técnicos de la economía china demuestran resultados cada vez más decepcionantes, y anticipan una posible recesión como no se veía desde 2020. El Índice de Producción Industrial cayó violentamente hasta un 7,08% en el mes de abril, con respecto al mes anterior.

Se trata de la segunda mayor caída de China en las últimas dos décadas, solo por detrás de la caída en enero de 2020 por el inicio de la pandemia. Solamente con la caída de abril la industria retrocedió al nivel agregado que tenía en octubre de 2020, acorde a la serie sin estacionalidad.

Cerca del 37,5% del PBI chino se explica por la actividad industrial, y posee además la proporción más importante sobre el abastecimiento de la demanda mundial. El efecto recesivo sobre la actividad fabril supone un shock sobre la oferta para el mundo.

Se registró una caída del 0,69% en el Índice de Ventas Minoristas en el mes de abril, el segundo dato recesivo después de haberse registrado otra caída del 2% mensual en marzo. Los servicios representan casi el 60% de la economía china, y en este caso el efecto recesivo tiene un impacto más directo en la economía local que a nivel internacional.

Sorteando el efecto de la inflación, el gasto agregado de los consumidores se mantiene prácticamente estancado desde enero de 2021 en términos reales. Esta cifra es extremadamente pesimista considerando que, hasta 2019, el consumo privado se expandía a razón del 5% anual.

La previsión de crecimiento para China asciende al 4,4% según el Fondo Monetario Internacional, aunque las previsiones privadas proyectan sólo un 4% anual. Pero estas cifras sólo muestran un arrastre estadístico contra 2021, y prácticamente el crecimiento efectivo para 2022 sería el más modesto desde la década de 1980.  Todas las proyecciones de crecimiento se encuentran alejadas de la meta propuesta por el Partido Comunista, en torno al 5,5% anual para 2022.

Existen tres razones fundamentales para explicar la incipiente recesión de China: las políticas de “Covid cero” impulsadas por el dictador Xi Jinping, la crisis inmobiliaria y finalmente la crisis energética. Juntos, estos elementos conforman una suerte de tormenta perfecta.

Las nuevas medidas sanitarias de la dictadura comunista incluyen la vuelta de los confinamientos masivos y estrictos, aunque con un alcance geográfico sustancialmente menor al que se llevó a cabo en 2020.

Por otra parte, la crisis del sector inmobiliario (que representa el 29% del PBI chino) sigue fuera de control por las autoridades. Después del colapso de la gigante empresa Evergrande, el “efecto contagio” sobre el sistema financiero arrastró a por lo menos 10 promotores chinos del mercado inmobiliario.

El más reciente caso de incumplimiento de pagos fue presentado por Sunac, una promotora inmobiliaria que no pudo afrontar pagos por 742 millones de dólares con acreedores internacionales.

En tercer lugar, la crisis energética responde al deficiente sistema de precios que impera en las tarifas a los servicios públicos. A diferencia de otros países, China regula fuertemente el precio de las tarifas de energía y el shock internacional por la guerra de Ucrania no pudo ser compensando enteramente por un “efecto precio” percibido por los consumidores, y en su lugar la corrección se realiza sobre las cantidades (desabastecimiento).

La economía china es, además, sustancialmente más sensible ante cambios en la oferta energética mundial no solamente por las rigideces en el sistema de precios, sino también porque por ser el principal país consumidor de energía en todo el mundo.  

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Economía

Los dramáticos resultados del proteccionismo de Biden: aumento de costos y desabastecimiento

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El presidente demócrata endureció las restricciones cuantitativas para las importaciones para favorecer el proteccionismo. Las medidas aumentaron los costos de infraestructura y ya se registra desabastecimiento en la leche de fórmula para bebés.

El Gobierno de Joe Biden desplegó una impronta fuertemente proteccionista a partir del endurecimiento las medidas no arancelarias para restringir importaciones: los límites de cantidades o cuotas, y las regulaciones con pautas de “compre nacional”.

La principal apuesta fiscal de Biden y los demócratas es la puesta en marcha de un amplio programa de “estímulo” en la forma de obra pública para infraestructura, por un monto de 1,2 billones de dólares. La ley de infraestructura de Biden incluye una cláusula abiertamente proteccionista, pues se ampliaron las restricciones para que los bienes y los materiales requeridos por el programa puedan ser importados.

Las medidas fueron anunciadas oficialmente por la Oficina de Administración y Presupuesto, el organismo regulador que, entre otras funciones, se encarga de otorgar exenciones o licencias para los cupos de importación, y fija las reglas por las cuales es posible hacerlo.

Los demócratas ampliaron las restricciones de “compre nacional” para el abastecimiento de acero, hierro, productos manufacturados, diversos tipos de herramientas, cableado de cobre, plásticos, polímeros, paneles de yeso, madera y automóviles de carga. Todas las importaciones quedarán virtualmente sometidas a una restricción de cantidades más exigente que la que había durante la administración de Donald Trump u otras administraciones.

Al contrario de lo que afirmaba el Presidente, su ley de infraestructura no solo no tendrá ningún impacto positivo sobre la tasa de inflación, sino que además supone un drástico aumento de costos para la actividad de la construcción.

Con una mayor presencia del sector público demandando productos de origen local, y en el marco de restricciones aún más estrictas para la importación de bienes sustitutos, el sector privado también sufrirá un fuerte impacto recesivo y un aumento de sus costos, exactamente lo contrario a lo que se pretendía arribar desde un principio con la ley de infraestructura.

A la par del aumento de costos, Estados Unidos registra un histórico desabastecimiento de leche de fórmula para bebés. El 40% del producto a nivel nacional ya se encuentra completamente agotado en los comercios, y en algunos Estados como Texas y Tennessee, la cifra alcanza a más del 50%. En comparación con el primer semestre de 2021, la falta de abastecimiento creció casi 20 veces.

La política comercial de Biden tuvo un efecto preponderante para explicar el desabastecimiento. Desde 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas originales en inglés) endureció los requisitos de importación de manera desconmensurada. Los nuevos estándares de la FDA son incluso más exigentes que los establecidos por la Unión Europea (de los más exigentes en el mundo), y esto no se debe a cuestiones de salud pública sino a una medida proteccionista de política comercial.

En un clima de extrema tensión inflacionaria, las políticas proteccionistas de los demócratas generan una mayor distorsión de precios relativos, encareciendo artificialmente el precio de los productos que compiten contra importaciones y provocando aumentos por encima de la inflación (en términos de otros bienes).

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Economía

Los usuarios no alcanzados por los subsidios tendrán aumentos del 300% en la electricidad

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El Gobierno llevará adelante su programa de aumentos segmentados para las tarifas energéticas, y las personas que no reciban subsidios verán triplicado su valor.

Para cumplir con las metas fiscales del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández dispondrá de aumentos tarifarios en los servicios públicos, con un especial énfasis en las tarifas eléctricas debido a la volatilidad en los precios internacionales.

El aumento segmentado establece como “usuarios de altos ingresos” a todas aquellas familias con ingresos mensuales superiores a $314.000, y el Gobierno estima que estos usuarios tendrán que pagar un aumento del 300% en el precio de la electricidad a partir de junio. Según las proyecciones oficiales, este segmento del mercado comprende hasta el 10% del total de los usuarios.

Sin embargo, algunas estimaciones privadas apuntaron contra las cifras del oficialismo, asegurando que no será solo un 10% de los usuarios los que deberán pagar la totalidad de las tarifas, sino que serán muchos más. La drástica evolución inflacionaria contribuye a deteriorar constantemente los márgenes presentados por el programa de segmentación.

Acatando estrictamente las proyecciones oficiales, el Gobierno admitió que el promedio de los usuarios sin tarifa social percibirá un aumento del 16,5% en las tarifas eléctricas. Nuevamente en promedio, este aumento equivale a una suma adicional de entre $1.610 y hasta $1.876 sobre lo que se paga actualmente. Para los usuarios con tarifa social, el aumento solamente llegará al 6,88% a partir de junio.

El Gobierno espera concretar un ahorro fiscal por el 0,21% del PBI con el aumento de tarifas eléctricas, a lo que posteriormente se deberá añadir el ahorro por reducción de subsidios al transporte, los hidrocarburos, la distribución de agua, etc.

Sin embargo, dado el crecimiento real del gasto público en lo que va del año, las correcciones planteadas resultan insuficientes y el propio Martín Guzmán pretende modificar las metas fiscales con el Fondo para evitar el incumplimiento.

El presidente Fernández y el ministro Guzmán defendieron las medidas enérgicamente, afirmando que se trata de un “subsidio para ricos” y que un ajuste en esa partida es algo justificable. Esto se contrapuso con otras posturas de la izquierda extremista dentro del Frente de Todos, todas encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.

Para la izquierda extremista en el oficialismo, las tarifas de los servicios públicos constituyen un “ancla nominal” sobre los precios, una herramienta que ya se había utilizado en el famoso programa económico de José Ber Gelbard en 1973, así como entre 2003 y 2015 de manera casi ininterrumpida.

Darío Martínez y Federico Basualdo comparten esta postura dentro del Gobierno, pero finalmente prevaleció la posición de Guzmán. 

El secretario de Energía Darío Martínez y el subsecretario Federico Basualdo.

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