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Brasil

Papelón de Lula: Nombró a su mano derecha, el abogado Fernando Haddad, como nuevo Ministro de Economía

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El licencia en Derecho y ex ministro de Educación de Lula ganó inexplicablemente la titularidad del Ministerio de Hacienda de Brasil, en reemplazo del economista liberal Paulo Guedes.

El presidente Lula da Silva confirmó al abogado socialista Fernando Haddad como el nuevo titular del Ministerio de Hacienda, encargado de administrar las finanzas públicas del Gobierno federal y rediseñar la estructura tributaria. 

Haddad tuvo experiencia en la función pública como ministro de Educación entre 2005 y 2012, y como Alcalde de São Paulo entre 2013 y 2017, pero jamás ocupó un solo cargo vinculado a la administración económica. Es licenciado en Derecho, Doctor en Filosofía y cuenta tan solo con un Máster en Economía, siendo esta su única formación vinculada a su nuevo cargo.

Lula decidió desarmar el ministerio de Economía, y dividirlo en Hacienda y Gestión. Haddad ocupará la cabeza de la cartera de Hacienda en reemplazo al exministro Paulo Guedes, un economista ortodoxo doctorado en la Universidad de Chicago y docente en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Asimismo, el Presidente nombró a Ester Dweck al frente del nuevo ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos, complementando las tareas logísticas de Haddad. Se trata de una economista popular por sus posturas abiertamente heterodoxas, y una ferviente partidaria de la “Teoría Monetaria Moderna” (MMT), una postura ampliamente desacreditada por la profesión a nivel internacional.

El programa económico de Haddad y Dweck

Revocación del techo del gasto público y plan de inversión estatal

El nuevo Gobierno logró la suspensión de las reglas fiscales sobre la expansión del gasto público para el período fiscal 2023. El Poder Ejecutivo fue facultado para añadir erogaciones en US$ 28.000 millones, aunque su propuesta original establecía un salto de hasta US$ 40.000 millones en un año.

Las nuevas ampliaciones presupuestarias se destinarán a la expansión de los programas sociales, principalmente “Bolsa Familia”, y la financiación de un programa de infraestructura como parte de un estímulo fiscal keynesiano. El oficialismo pretende reactivar la economía aumentando el gasto público

Reforma tributaria

El equipo de Haddad proclamó la voluntad del Gobierno para llevar a cabo una reforma “progresiva”, y entre las principales propuestas se encuentra la reducción y/o simplificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para una serie de productos seleccionados. El IVA constituye uno de los impuestos más eficientes del sistema tributario de Brasil, ya que no distorsiona las decisiones de inversión. 

Se propone eximir el pago del impuesto para productos con mayor valor agregado y aquellos vinculados al rubro tecnológico. Pero no se propone ninguna medida compensatoria de la brutal expansión del gasto público, sino más bien lo contrario. 

Un aumento desmedido del gasto público en concordancia con una tenue reducción impositiva podría generar efectos adversos sobre las finanzas públicas y la confianza en la moneda, del mismo modo en que ocurrió en Reino Unido con el programa original de Liz Truss. 

Fin de las privatizaciones

El equipo de Haddad confirmó el fin de las privatizaciones en Brasil. En sólo un día de gestión, Lula decretó la anulación total de todas las ventas de empresas estatales previstas por la gestión anterior, entre ellas Correios y Petrobras.

De esta manera se vuelve a detener el proceso de reformas estructurales en el país por segunda vez desde el año 2003. El Estado brasileño seguirá restringiendo la inversión privada y la oferta agregada en múltiples sectores de la economía. 

Dirigismo del crédito estatal

El programa del socialismo propone volver a utilizar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) como una herramienta política para dirigir crédito público de forma discrecional, y sin obedecer criterios racionales de mercado.

Mientras el BNDES había facilitado las privatizaciones durante la administración Bolsonaro y actuaba de forma independiente, con Lula se verá obligado a otorgar líneas de crédito subsidiadas para sectores arbitrariamente seleccionados por el Gobierno, aún atentando contra su posición patrimonial.

El oficialismo avanzará contra la independencia de esta entidad autárquica, después de la autonomía garantizada por el exministro Guedes desde 2019. Se producen así importantes distorsiones sobre el mercado de crédito y la banca pública de Brasil.

Brasil

Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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Se profundiza la dictadura en Brasil: Alexandre de Moraes ordenó una nueva ronda de arrestos de más de 200 opositores

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Moraes ordenó a la Policía Federal detener a 208 opositores del gobierno de Lula, investigados por "actos extremistas" que incumplieron medidas cautelares.

El juez de la Corte Suprema de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó este jueves 6 de junio la detención de 208 personas que son militantes, periodistas, empresarios o dirigentes políticos opositores al régimen de Lula da Silva.

La operación fue ejecutada por la Policía Federal (PF), que responde directamente a Moraes, quien se ha convertido en juez, jurado y verdugo en la causa que investiga los supuestos "actos extremistas del 8 de enero por incumplimiento de medidas cautelares".

De esta manera, Moraes lanzó la "Operación Lesa Pátria", cuyo objetivo es detener a extremistas, dirigentes políticos, instigadores y financistas en ojos del Tribunal Supremo sobre la masiva manifestación que ocurrió en las puertas del Capitolio el 8 de enero del 2023.

Videos que circulan en internet muestran el momento en el que algunos de los objetivos del operativo reciben a los agentes en sus casas. Entre los detenidos se encuentran el coronel de la Policía Militar del Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, quien era responsable del sector que planificaba la seguridad de la Esplanada dos Ministérios el día de los hechos.

Además de él, fueron detenidos: el capitán Josiel Pereira César; el mayor Flávio Silvestre de Alencar; y el Teniente Rafael Pereira Martins, a quienes se los acusa de respaldar ideológicamente las protestas del 8 de enero.

También detuvieron al ex presidente de la Cámara de Gerentes de Tiendas de Rio Verde, Lucimário Benedito Camargo, conocido como "Mário Furacão". En Rondônia también fue detenido el ex candidato a diputado estatal William Ferreira da Silva, aliado de Bolsonaro.

Objetivo mayor: Aliados de Bolsonaro

Entre los principales objetivos de las detenciones ilegales de Moraes, se encuentran aliados y familiares del ex presidente. El sobrino de Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, fue detenido al mismo tiempo que detuvieron al general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes, quien fe director del Departamento de Logística del Ministerio de Salud, en 2021.

La PF también arrestó a un pastor y a un cantante de gospel amigos de Bolsonaro, sospechosos de promover el “Festival Selma”, una protesta religiosa en contra de la presidencia de Lula.

Además, los agentes federales ejecutaron una orden de registro e incautación contra Milton de Oliveira Júnior, un propietario de una emisora ​​de radio antiguamente afiliada al medio bolsonarista Jovem Pan en la ciudad de São Paulo.

Por último, fue detenido el mayor de reserva de la Policía Militar del Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, de 49 años. Fue acusado de gestionar dinero para financiar actos políticos para Bolsonaro.

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El Amazonas brasileño registra un récord histórico de incendios forestales y Lula ya no puede culpar a Bolsonaro

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Con más de 12.000 kilómetros de superficie de selva amazónica calcinada, la administración de Lula Da Silva consigue un nuevo récord de incendios, contradiciendo todo lo que dijo en campaña.

La selva amazónica brasileña ha batido el récord de incendios registrados en el primer cuatrimestre del año 2024, con más de 12.000 kilómetros cuadrados quemados, según datos divulgados el pasado viernes por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Estos datos indican que la superficie de selva amazónica calcinada por los incendios entre enero y abril es la mayor registrada para este período en toda la historia. Además, en febrero de este año, la Amazonia brasileña registró casi 3.000 incendios forestales, el mayor número para este mes desde que comenzaron los registros en 1999.

El INPE informó que sus satélites detectaron 2.940 incendios solo en ese mes, un 67 % más que el máximo anterior de 1.761 registrado en febrero de 2007 y cuatro veces más que en el mismo mes del año pasado.

Mientras que antes se acusaba a la “mala gestión” de Jair Bolsonaro, quien ya no está en el poder, ahora los "expertos" señalan al “cambio climático” y la sequía como los principales factores detrás del aumento de incendios, a pesar de que Lula lanzó fuertes medidas en favor de la reducción de la huella de carbono, que obviamente no tuvieron efecto.

Durante el año electoral de 2022, figuras como Leonardo Di Caprio y Mark Ruffalo, así como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entraron en el debate justo cuando se estaban por definir las elecciones entre Bolsonaro y Lula da Silva.

En ese período, los incendios en la Amazonia brasileña atrajeron la atención mundial sobre la gestión de Bolsonaro y su manejo del medio ambiente. Políticos, actores y activistas de todo el mundo acusaron a Bolsonaro de ser responsable de los incendios por sus políticas de tala de árboles, pero ahora éstas han sido frenadas por Lula y los incendios continúan.

El propio Bolsonaro logró comprobar que agrupaciones ambientalistas estaban exacerbando el problema con fines políticos e incluso sugirió que podrían haber iniciado los incendios. Posteriormente, varios de los implicados fueron detenidos.

En noviembre de 2019, Bolsonaro publicó en sus redes sociales un extracto de un noticiero que mostraba la detención de activistas climáticos vinculados a los incendios, comentando: "En octubre, declaré que muchos incendios podrían estar relacionados con las ONG. Ahora la policía de Pará arresta a algunos sospechosos por el crimen".

Por otro lado, el izquierdista Lula da Silva, en su primer periodo presidencial (2003-2007), destacaba sus logros en materia ambiental. Sin embargo, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) presentó datos que contradecían estas afirmaciones, indicando que en 2019 los incendios forestales en el país estaban en su punto más bajo en 17 años.

Al revisar los gráficos, quedó claro que la mayor cantidad de incendios en Brasil ocurrió durante la administración de Lula, pero ni en ese entonces ni ahora se ha observado a activistas climáticos realizando lobby en su contra, como si lo hacían con Bolsonaro.

En cuanto a la deforestación en la era de Bolsonaro, los datos presentan una perspectiva diferente al relato comúnmente difundido por la izquierda. Según el científico ambiental Michael Shellenberger, en un artículo de 2019 para la revista Forbes, la deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó drásticamente en los últimos 15 años, permaneciendo en una cuarta parte de su pico de 2004 cuando el presidente de Brasil era Lula da Silva.

Durante la gestión de Bolsonaro, el gobierno brasileño estableció el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos integrados para la protección, preservación y desarrollo sostenible de la selva amazónica.

Promulgado en abril de 2021, el Plan Amazonía 2021/22 estableció lineamientos estrictos para monitorear y combatir la deforestación ilegal, los incendios y otros delitos ambientales y territoriales en la selva amazónica. El 10 de junio de ese mismo año, el gobierno brasileño desplegó una “Fuerza Nacional” en la región para enfrentar el narcotráfico y los delitos ambientales organizados.

Gracias a estas acciones coordinadas del gobierno de Bolsonaro, se logró una disminución en el número de alertas de deforestación en Brasil y también se redujo el número de incendios forestales.

Ahora que el fuego en la Amazonia está en su punto más alto, la atención se ha desplazado de la gestión ambiental de Lula da Silva hacia la preocupación por el “cambio climático”, en un intento de ocultar el desastre ambiental del actual gobierno brasileño.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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