La nueva reglamentación del impuesto a las Ganancias de capital incluyó el tratamiento de las criptomonedas sobre un umbral mínimo de R$ 6.000 reales y en adelante. El nuevo impuesto tendrá vigencia a partir de enero de 2024.

La política tributaria del Gobierno de Lula da Silva es cada vez más voraz. El oficialismo logró la aprobación del Senado para una nueva modificación de la ley del impuesto a las Ganancias para personas físicas y jurídicas (empresas y fondos de inversión), esta vez en relación a las ganancias de capital. 

Se estableció un nuevo recargo impositivo del 15% sobre las ganancias vinculadas a la compra y venta de criptomonedas, para los brasileños que declaren estos activos en el exterior sobre un umbral mínimo fijado en los R$ 6.000 reales (equivalentes a US$ 1.200 dólares).

El nuevo esquema fiscal iguala el tratamiento de las ganancias de capital tanto en el exterior como a nivel doméstico, por lo que muchos fondos de inversión que hasta ahora tributaban un 8% por ganancias en criptomonedas pasarán a ser alcanzados por la tasa del 15% a partir del 1 de enero de 2024.

Esta medida llega en conjunto con un paquete fiscal implacable con el objetivo de subir la carga tributaria de Brasil. El Gobierno socialista apunta a llevar unificar una serie de impuestos internos a las ventas para lanzar un IVA integrado con un tasa del 27,5%, oficialmente la más alta del mundo.

Superará al 27% que aplica Hungría, al 25% que aplican Noruega y Dinamarca, al 24% de Finlandia, Grecia y Rumania, y al 21% que se aplica en la Argentina, España y Paraguay, entre otros países. Esto significa un costo sideral para los consumidores de Brasil, los principales damnificados por la reforma.

También se propone aumentar el impuesto aplicado a sucesiones y donaciones, aplicado tanto para personas físicas como para sociedades. Se dejará de aplicar una tasa unificada en el 8% como hasta ahora, y se propondrá un sistema de alícuotas progresivas que penaliza la acumulación de capital y fomenta la huida de grandes patrimonios del país.

Cabe señalar que el incentivo que tiene el Gobierno de Lula en producir semejante elevación de impuestos responde fundamentalmente a la nueva regla fiscal que Brasil comenzará a aplicar a partir del 2024.

El llamado “calabozo fiscal” es una regla que elimina virtualmente el techo de gastos asignado entre 2017 y 2022, y en su reemplazo establece que las erogaciones no pueden crecer sistemáticamente por encima de la recaudación, y esta última no está atada a ninguna condición en particular. 

Por lo tanto, siempre y cuando el Gobierno logre aumentar la recaudación vía impuestos, también se eleva automáticamente el techo legal de gastos presupuestarios a disposición. 

Cleriston Pereira, un manifestante bolsonarista que fue arrestado en enero, falleció la semana pasada por problemas de salud en la cárcel de máxima seguridad, luego de que la Corte Suprema no quisiera darle prisión domiciliaria.

Este domingo, millones de brasileños llenaron la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo, en protesta contra el gobierno dictatorial de Lula da Silva y de la Corte Suprema dominada por el lulismo (9 de 11 jueces fueron puestos por el partido de Lula).

En particular, la manifestación reclamó por la muerte a Cleriston Pereira, quien murió en la prisión de máxima seguridad de Papuda. “Clezão“, como lo llamaban sus amigos, fue uno de los manifestantes bolsonaristas detenidos durante las protestas del 8 de enero en contra del fraude electoral.

El hombre era un empresario de 46 años y miembro de una familia de políticos del interior de Bahía, quien fue golpeado violentamente por la Policía y estaba detenido desde enero tras participar en la invasión de los edificios de Três Poderes.

En estos 10 meses como prisionero político en Papuda, fue diagnosticado con diabetes e hipertensión y fue monitoreado por un equipo médico. La defensa de Cleriston había pedido al juez Alexandre de Moraes su liberación provisional y arresto domiciliario por los problemas de salud que le habían descubierto.

El 1ro de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió dictamen a favor de Cleriston y aceptó que continúe su detención sin juicio en su casa, pero el juez Moraes, considerado un dictador en Brasil por sus abusos del Poder Judicial, nunca firmó la solicitud.

Desde septiembre estuvo empeorando su situación, pero la Corte Suprema rechazó ponerle la firma al pedido de la familia, hasta finalmente falleció por estos problemas el pasado lunes 20 de noviembre, en la Penitenciaría de Papuda, en Brasilia.

Diputados y senadores de derecha como Magno Malta (PL-ES), Marcos Pontes (PL-SP), Jorge Seif (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF), Coronel Tadeu (PL-SP), Marcel van Hattem (Novo – RS), Nikolas Ferreira (PL-MG), y Gustavo Gayer (PL-GO) estuvieron presentes en la manifestación.

A pesar de aparecer en un video de convocatoria al evento, difundido en los últimos días, el ex presidente Jair Bolsonaro (PL) no participó del evento realizado en São Paulo, mientras enfrenta un durísimo juicio iniciado por el gobierno de Lula que resultó en su proscripción política.

Los manifestantes gritaban consignas como “Bolsonaro vuelve”, “Lula, ladrón, perteneces a la cárcel”, “nuestra bandera nunca será roja” y “Xandão fuera”. En sus discursos, los parlamentarios pidieron justicia en el caso de los detenidos por los hechos del 8 de enero, especialmente por la muerte de Cleriston, y criticaron a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). “Alexandre de Moraes, Brasil no te tiene miedo“, dijo el diputado Nikolas, que también pidió un aplauso en honor a Cleriston.

Las finanzas públicas de la economía brasileña fueron completamente desbaratadas desde que el socialismo volvió al poder en enero. El techo del gasto público fue eliminado y los desequilibrios aumentaron a pesar de los aumentos impositivos que Lula logró aprobar en lo que va del 2023.

El Gobierno de Lula da Silva desmanteló completamente las finanzas públicas de Brasil a pesar de llevar tan solo 11 meses en el poder. El presidente socialista heredó un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI en enero de este año, y un resultado financiero deficitario en torno al 4,4% del producto respectivamente.

En los primeros 9 meses de gestión, el superávit primario fue completamente desmantelado y se convirtió en un déficit que escaló al 0,92% del PBI al cierre de septiembre, según las estadísticas recopiladas por el Banco Central de Brasil y estimadas por el IBGE.

Por otra parte, el déficit financiero del Gobierno federal (sin contabilizar Estados locales) se disparó al 6% del PBI, oficialmente el resultado más desequilibrado desde agosto de 2021, cuando el país aún sufría los efectos de la pandemia internacional.

El resultado consolidado del sector público nacional y el Banco Central sumó un déficit que llegó al 6,62% del PBI, y la diferencia surge por el saldo causi-fiscal del Banco Central que aún dirige el presidente Roberto Campos Neto. Nuevamente, este resultado es el más drástico de los últimos 2 años, principalmente impulsado por la responsabilidad del Gobierno nacional.

Todo esto sucedió a pesar de que el Gobierno, y en particular el ministro de Economía Fernando Haddad, impulsó una serie de aumentos impositivos a lo largo del año, gravando los combustibles, las apuestas online, las exportaciones de hidrocarburos, remesas, y aumentando las contribuciones a la seguridad social, entre muchas otras disposiciones. 

Tan pronto como llegó al poder, Lula eliminó el techo de gasto público nominal que habían implementado Michel Temer y Jair Bolsonaro en las últimas dos administraciones, la cual había sido la regla fiscal por excelencia para llevar confianza y garantizar la independencia del Banco Central (algo que se efectivizó por ley a partir de 2021).

Lula reemplazó esta regla fiscal por otra que vincula al gasto con el crecimiento de los ingresos federales (estos últimos sin ninguna atadura legal). Pero como la reforma entra en vigencia a partir del año fiscal 2024, para lo que resta del año el oficialismo adquirió vía libre para actuar sin mayores limitaciones.

El grueso del ajuste sobre las finanzas públicas tendrá lugar en el año próximo, y recaerá exclusivamente sobre el sector privado por medio de una reforma tributaria que está a punto de obtener el visto bueno del Senado (después de haber sido convalidad por el Congreso de Diputados).

La reforma de Lula propone elevar el IVA al 27,5% (la tasa más alta del mundo) unificando una serie de impuestos internos a las ventas, al mismo tiempo en que adopta el impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos de las empresas multinacionales, entre otras modificaciones.