La apertura a las importaciones permitió un despegue sin precedentes en la actividad industrial desde 1989, pero la marcha atrás con las reformas precipitó una brutal caída de más de 9% desde el año 2011. 

Muy por el contrario de lo que sugiere la retórica kirchnerista, la mayor apertura al comercio internacional permitió un fuerte despegue de la actividad industrial entre junio de 1989 y la primera mitad de 2011, solamente interrumpido por las oscilaciones propias de la inestable macroeconomía argentina.

El discurso abiertamente proteccionista del presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa no se condice con la realidad, y más bien apuesta por un modelo autárquico que cosechó escasos resultados en materia de dinamismo industrial.

El cambio de modelo se produjo durante el gobierno de Carlos Menem: Se decidió eliminar completamente todas las licencias no automáticas, cuotas y restricciones cuantitativas a las importaciones. Al mismo tiempo, la protección arancelaria nominal (incluyendo la tasa estadística) disminuyó del 46% al 14% en los primeros años de la gestión menemista, y se mantuvo relativamente estable hasta la actualidad. 

La producción industrial creció un 56% en términos reales durante la administración Menem, y llegó a duplicar su tamaño entre 1989 y 2011. Aún a pesar de las políticas proteccionistas en los primeros años de Néstor Kirchner, Argentina mantuvo estable la estructura arancelaria a las importaciones y las licencias no automáticas jamás superaron el 15% hasta 2011. 

La autarquía comenzó a implementarse efectivamente a partir de 2012 con la puesta el marcha del sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que ponía en la mira al 100% de las importaciones y permitía que las autoridades de aduana pudieran fijar licencias arbitrarias sobre el grueso del volumen importador. Todas las importaciones quedaron sujetas a licencias, y en muchos casos las demoras fueron equivalentes a un arancel lisa y llanamente prohibitivo. 

Pero la violenta experiencia proteccionista no dejó ningún resultado positivo. La industria argentina acumuló una caída del 10,1% durante la vigencia del sistema DJAI, impositiva de acceder a insumos básicos necesarios para sostener el nivel de actividad y competir en el comercio mundial.

Desde 2016 el sistema fue reemplazado por la vuelta de las licencias no automáticas de importación, y su peso relativo sobre el total de las posiciones arancelarias osciló entre el 20 y hasta el 34% durante la gestión de Mauricio Macri. Más tarde, el presidente Fernández generalizó las licencias bajo el nuevo sistema SIMI de importaciones, y la cobertura escaló al 45% de las importaciones totales.

La estructura del tratamiento a las importaciones, entre aranceles inamovibles y elevadas restricciones cuantitativas, perpetuó dramáticamente la situación de estancamiento en el sector industrial, y el IPI manfucturero del INDEC acumuló una retracción del 9,2% entre noviembre de 2011 y enero de 2023.

La producción industrial lleva 12 años de caídas incesantes, a pesar de los numerosos “regímenes de promoción”, los créditos internos subsidiados, los aranceles y las licencias aplicadas sobre el comercio exterior. El modelo autárquico parece virtualmente agotado.

Se trata de un recargo aplicado sobre el régimen de percepción del impuesto, aplicado sobre ventas de productos alimenticios con precios superiores a los $60. Se espera un rápido traslado a precios minoristas, y la carga será costeada por los consumidores en plena crisis económica.

Conforme las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) se vuelven cada vez más difíciles de cumplir, el Gobierno kirchnerista resolvió un nuevo aumento impositivo para forzar la recaudación tras las caídas observadas durante los primeros dos meses del año.

La AFIP anunció un nuevo régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la Resolución General Nº 5329/2023 publicada en el Boletín Oficial. Se trata de una ordenanza que afecta principalmente a las ventas sobre bienes de consumo masivo: los alimentos y bebidas no alcohólicas, los artículos de higiene personal y de limpieza.

Bajo el nuevo régimen, los agentes responsables inscriptos se verán obligados a actuar como agentes de percepción del IVA, siempre y cuando se registren ventas sobre los bienes de consumo señalados y cuyo precio unitario supere los $60. La AFIP aplicará un recargo impositivo a modo de “importe” por la percepción que alcanza el 3%.

Las medidas tendrán vigencia a partir del próximo 1° de abril, y se espera un rápido traslado a precios a lo largo de toda la cadena de valor, hasta finalmente llegar a los bolsillos de los consumidores finales en las góndolas. 

Como el IVA es un impuesto multifásico acumulativo, y como el recargo sobre la percepción del impuesto supone un aumento de los costos, hay quienes denuncian la elevación de la tasa efectiva del tributo hasta el 24% sobre los productos finales que se ven afectados.

La AFIP respondió a las acusaciones asegurando que la tasa por el régimen de percepción es computable como pago a cuenta del IVA, es decir, constituye una suerte de “adelanto” impositivo a lo que más tarde se deberá pagar por el impuesto, y en cuyo caso se descuenta en el futuro como un crédito fiscal a favor del agente de percepción.

Pero la realidad no es tan simple como lo propone la AFIP. Si bien desde un primer comienzo se genera un saldo favorable de los agentes de percepción con la AFIP, esto por haber adelantado el pago del impuesto por medio de la retención de 3%, lo cierto es que existe un rezago y el productor debe cargar con este costo hasta tanto no perciba su acreencia.

En medio de una realidad inflacionaria tan dramática como la que vive el país, con precios minoristas que aumentan a razón del 6,6% mensual y casi 2% cada semana, el “efecto rezago” que crea el nuevo régimen de percepción involucra un costo muy real para los productores en el corto plazo. Estos costos podrían ser rápidamente trasladados a precios, y de no hacerlo entonces sí la alícuota efectiva del IVA sería mucho más aplastante de lo que ya es el 21%.

Pero ya sea un recargo sobre la espalda de los productores o de los consumidores, indefectiblemente el nuevo régimen de percepción tendrá costos aparejados que no podrán sortearse, especialmente en un rubro tan delicado como los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

Otro problema importante de la resolución de la AFIP es que señala un valor unitario nominal de $60 para los productos alcanzados, un precio que podría quedar rápidamente desactualizado y consumido por el rápido ritmo de aumento de la nominalidad argentina.

Tras la oleada de cortes de luz, el ministro Sergio Massa resolvió la intervención de Edesur a través del ENRE, por lo que la empresa quedará bajo control estatal por al menos 180 días. El nuevo interventor ultra-kirchnerista responde directamente a la Vicepresidente. 

El ministro de Economía Sergio Massa anunció oficialmente la intervención de la distribuidora eléctrica Edesur por un período de 180 días, luego de haberse registrado un gran número de cortes en los servicios para múltiples usuarios en la Capital Federal y el AMBA.

La resolución fue dispuesta a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y publicada este martes en el Boletín Oficial. En principio, el período de intervención se limita a monitorear el “cumplimiento de las obras” por las cuales Edesur se había comprometido a hacer, aunque el escenario es realmente incierto porque el oficialismo no tiene credibilidad.

Si bien la decisión no afecta (en principio) al contrato de concesión, lo cierto es que en la práctica el Estado tomará el control total de la empresa por 180 días como mínimo. Es por esto que se puede considerar la decisión como una “estatización de hecho”. El interventor oficial designado para esta tarea es el militante ultra-kirchnerista Jorge Ferraresi, quién responde directamente a Cristina Kirchner y al Instituto Patria.

“Utilizando las facultades que la ley nos asigna hemos instruido al ENRE para que intervenga la empresa por 180 días para que se certifique el cumplimiento de las obras que tiene que hacer”, anunció el ministro Massa. 

También se anunció la ejecución de las sanciones económicas por $2.700 millones impuestas anteriormente con el motivo de los cortes de luz sufridos en el verano de 2023. No contento con esto, el oficialismo denunció penalmente a los directivos de la empresa y solicitó la prohibición de su salida del país.

Las medidas atentan directamente contra la seguridad jurídica de uno de los monopolios naturales más importantes del país, como lo es el servicio de distribución de energía eléctrica. Cabe recordar que la firma italiana ENEL anunció que se desprenderá completamente de todos sus activos en Argentina, entre otras razones, por el cambio incesante en las reglas de juego de mercado y por la intervención aplastante del Gobierno sobre precios y tarifas.

Sin lugar a dudas la intervención de la empresa condiciona el apetito inversor para cualquier firma que eventualmente se mostrara dispuesta a reemplazar ENEL y hacerse cargo de la concesión. 

Asimismo, ni Sergio Massa ni Flavia Royón anunciaron ningún tipo de cambio sobre los cuadros tarifarios aplicados para usuarios residenciales del AMBA, más allá de los ya dispuestos para los próximos meses. El atraso tarifario es el principal factor responsable de la descapitalización de los servicios eléctricos y los bajos incentivos para la oferta energética.

Para el exsecretario de Energía Emilio Apud, la intervención de Edesur no tendrá ningún tipo de efecto sobre la calidad de los servicios a los usuarios, ya que no se anunció ni una sola medida correctiva para atacar el problema tarifario.

“Esto no va a mejorarle la vida a nadie, solo se va a tratar de mejorar la imagen que tiene un gobierno populista, que muestra que castiga a un supuesto culpable cuando el real culpable es él mismo, que congeló las tarifas desde un primer momento”, explicó Apud.