Seguinos en redes

Economía

Peligra el acuerdo con el FMI: El déficit primario se disparó y representó el 3,3% del PBI en mayo

Publicado

en

El Gobierno se aproxima a incumplir las metas acordadas con el FMI. El rojo fiscal primario alcanzó los $162.400 millones en el mes de mayo, y el desequilibrio financiero ascendió a los $242.400 millones.

Las finanzas del Sector Público Nacional volvieron a sufrir un deterioro notable en el mes de mayo. El Gobierno abandonó cualquier moderación y los desequilibrios financieros amenazan con violar las restricciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El resultado primario registró un saldo negativo por $162.411,7 millones en el mes de mayo, pero sin tener en cuenta la “contabilidad creativa” de la cuál abusa el Gobierno, el déficit primario alcanzó los $191.528 millones en el mes.

Solamente en lo que va del 2022, y nuevamente sin tener en consideración la calibración contable arbitraria del oficialismo, el déficit primario acumulado alcanzó el 0,9% del PBI, una cifra superior a la registrada en el mismo período de 2021.

El déficit primario acumulado de 12 meses llegó al 3,3% del PBI en mayo, el desequilibrio más grande desde mayo del año pasado. Los desequilibrios aumentaron casi sin interrupción desde el tercer trimestre de 2021: el déficit primario aumentó un 0,82% del PBI entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, sin la más mínima señal de disciplina fiscal.

El déficit financiero de mayo llegó a representar un monto por $242.432,5 millones, considerando los intereses de deuda pública por una suma de $80.020,8 millones. De esta manera, el desequilibrio acumulado de 12 meses aumentó al 4,84% del PBI en mayo.

La falta de disciplina fiscal fue explicada por un brutal aumento del 88,6% interanual sobre el gasto corriente, cuando la inflación interanual de mayo representó el 60,7%. Dentro de esta partida presupuestaria la presencia de los bonos de $18.000 lanzados por el Gobierno frente al dato de inflación récord en el mes de marzo.

Déficit fiscal acumulado de 12 meses entre 2019 y 2022.

Las medidas para combatir los efectos de la inflación y “reforzar ingresos” alimentaron, a su vez, las causas por las cuáles se produjo el drástico aumento inflacionario: los mayores desequilibrios fiscales debieron ser financiados con una mayor asistencia del Banco Central.  

Los subsidios energéticos totalizaron los $50.017 millones en el mes de mayo, y marcaron un aumento del 60% interanual, en línea con el nivel de inflación. Si la factura por subsidios sigue aumentando al mismo ritmo que la inflación, el Gobierno no producirá ningún ajuste en términos reales.

Los fatídicos datos fiscales presentados para el mes de mayo amenazan con desarticular la piedra angular del acuerdo con el FMI, que se constituye por las metas fiscales trimestrales. El propio informe del Ministerio de Economía destaca que no se producirán cambios en la meta fiscal para fin de año, en torno al 2,5% del PBI.

“A la luz de dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 331/2022 que actualizó el Presupuesto Vigente de la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará a partir del mes de junio, las acciones y gestiones necesarias para alcanzar el déficit fiscal primario anual de 2,5% del PBI para el Sector Público Nacional previsto en su Programa Económico”, reza el comunicado del Ministerio de Economía. 

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

Publicado

en

El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

Seguir Leyendo

Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

Publicado

en

Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

Seguir Leyendo

Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

Publicado

en

La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

Seguir Leyendo

Tendencias