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Economía

Peligra el acuerdo con el FMI: El déficit primario se disparó y representó el 3,3% del PBI en mayo

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El Gobierno se aproxima a incumplir las metas acordadas con el FMI. El rojo fiscal primario alcanzó los $162.400 millones en el mes de mayo, y el desequilibrio financiero ascendió a los $242.400 millones.

Las finanzas del Sector Público Nacional volvieron a sufrir un deterioro notable en el mes de mayo. El Gobierno abandonó cualquier moderación y los desequilibrios financieros amenazan con violar las restricciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El resultado primario registró un saldo negativo por $162.411,7 millones en el mes de mayo, pero sin tener en cuenta la “contabilidad creativa” de la cuál abusa el Gobierno, el déficit primario alcanzó los $191.528 millones en el mes.

Solamente en lo que va del 2022, y nuevamente sin tener en consideración la calibración contable arbitraria del oficialismo, el déficit primario acumulado alcanzó el 0,9% del PBI, una cifra superior a la registrada en el mismo período de 2021.

El déficit primario acumulado de 12 meses llegó al 3,3% del PBI en mayo, el desequilibrio más grande desde mayo del año pasado. Los desequilibrios aumentaron casi sin interrupción desde el tercer trimestre de 2021: el déficit primario aumentó un 0,82% del PBI entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, sin la más mínima señal de disciplina fiscal.

El déficit financiero de mayo llegó a representar un monto por $242.432,5 millones, considerando los intereses de deuda pública por una suma de $80.020,8 millones. De esta manera, el desequilibrio acumulado de 12 meses aumentó al 4,84% del PBI en mayo.

La falta de disciplina fiscal fue explicada por un brutal aumento del 88,6% interanual sobre el gasto corriente, cuando la inflación interanual de mayo representó el 60,7%. Dentro de esta partida presupuestaria la presencia de los bonos de $18.000 lanzados por el Gobierno frente al dato de inflación récord en el mes de marzo.

Déficit fiscal acumulado de 12 meses entre 2019 y 2022.

Las medidas para combatir los efectos de la inflación y “reforzar ingresos” alimentaron, a su vez, las causas por las cuáles se produjo el drástico aumento inflacionario: los mayores desequilibrios fiscales debieron ser financiados con una mayor asistencia del Banco Central.  

Los subsidios energéticos totalizaron los $50.017 millones en el mes de mayo, y marcaron un aumento del 60% interanual, en línea con el nivel de inflación. Si la factura por subsidios sigue aumentando al mismo ritmo que la inflación, el Gobierno no producirá ningún ajuste en términos reales.

Los fatídicos datos fiscales presentados para el mes de mayo amenazan con desarticular la piedra angular del acuerdo con el FMI, que se constituye por las metas fiscales trimestrales. El propio informe del Ministerio de Economía destaca que no se producirán cambios en la meta fiscal para fin de año, en torno al 2,5% del PBI.

“A la luz de dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 331/2022 que actualizó el Presupuesto Vigente de la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará a partir del mes de junio, las acciones y gestiones necesarias para alcanzar el déficit fiscal primario anual de 2,5% del PBI para el Sector Público Nacional previsto en su Programa Económico”, reza el comunicado del Ministerio de Economía. 

Economía

Los horrores que el radicalismo elige no recordar: el Corralito de Alfonsín y la pesificación forzosa de Illia

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A 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, los principales dirigentes en todo el país reivindicaron la trayectoria histórica del partido. Las presidencias radicales llevaron a cabo algunas de las medidas más polémicas y dramáticas en la historia económica del país.

Este domingo se cumplieron 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical (UCR) por Leandro N. Alem, originalmente conocida como la “Unión Cívica Anti-acuerdista” en el marco del Gobierno conservador de Miguel Juárez Celman.

Los principales dirigentes radicales en todo país destacaron el rumbo histórico del partido, pero decidieron ignorar deliberadamente algunos de los episodios más dramáticos de la historia económica argentina llevados a cabo por presidencias radicales.

La expropiación de los depósitos en dólares en la presidencia de Illia

El programa integral de Arturo Umberto Illia se caracterizaba por un feroz estatismo económico, junto con un diagnóstico muy poco convencional acerca de la situación heredada en 1963.

Hacia diciembre de 1963, el ministro de Economía radical, Eugenio Blanco, lanzaba la receta económica auspiciada por la plataforma oficial del radicalismo: control de precios y tarifas públicas, cepo cambiario con un límite de compra de hasta US$ 50 por mes, y la anulación de contratos petroleros con empresas privadas para que YPF recuperara el monopolio absoluto.

El programa dio indicios de agotamiento a mediados de 1964, cuando la inflación minorista se enquistaba en el 23% interanual y la mayorista subía hasta el 26%, 3 puntos por encima de diciembre de 1963.

Además, y como sucede en la actualidad, el país atravesaba una profunda crisis de vencimientos por el pago de deuda pública externa. Los violentos controles cambiarios impedían la acumulación de reservas, aún a pesar de que el Gobierno radical restringía severamente las importaciones.

La falta de acceso al mercado externo de divisas provocó que los bancos no pudieran estar en condiciones para afrontar los depósitos en dólares, que alcanzaban los US$ 200 millones en 1964. El Gobierno radical decidió, por decreto, pesificar compulsivamente los depósitos de los ahorristas al tipo de cambio vigente en el mercado libre (y no el oficial).

Del mismo modo en que lo hizo Eduardo Duhalde en 2002, las medidas de Illia destruyeron el poder adquisitivo de los ahorristas que habían depositado su confianza y sus ahorros en dólares al sistema bancario.

El fracaso del Plan Austral y el “Corralito” de Alfonsín

Después de una primera hiperinflación hacia fines de 1984, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín anunciaba su Plan Austral para poner fin a la inflación. El programa incluía la reducción del déficit fiscal con un drástico aumento de impuestos y retenciones, mientras que al mismo tiempo reemplazaba al “peso argentino” por el austral, y se establecían controles de precios, salarios y tarifas públicas.

A pesar del aumento de las cargas sociales a la seguridad social, el impuesto a las Ganancias, las retenciones y los aranceles de importación, el déficit fiscal no se eliminó y para 1987 el programa se encontraba virtualmente agotado en una nueva crisis de estanflación.

Hacia abril de 1989, y después del fracaso del segundo programa de estabilización en la primavera de 1988, la inflación superaba el 460% interanual y el sistema bancario se encontraba al borde del colapso.

El presidente Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille en 1985.

A causa de la pésima reputación del Gobierno y su programa, las expectativas inflacionarias se dispararon y la demanda de australes se derrumbó. Esto provocó un pánico de los ahorristas, que dejaron de confiar en el ajuste de las tasas de interés y buscaron retirar sus fondos bancarios para rápidamente transformarlos en dólares y así protegerse de la inflación.

El Gobierno de Alfonsín estableció un estricto límite al retiro de fondos de los bancos, lo que se conoce formalmente como “Corralito”, para evitar el colapso del sistema financiero, de la misma manera en que lo hizo Fernando De la Rúa en 2001.

“Hacia fines de abril de 1989, ante la perspectiva de un estallido hiperinflacionario, las autoridades monetarias argentinas introdujeron severas restricciones al retiro en efectivo de los depósitos bancarios. Esto provocó temporalmente el surgimiento de un sistema monetario bipapélico en el que circularon dos monedas: el austral billete y el austral cheque”, explicaba el CEMA en octubre de 1990.

En medio del caos, el Presidente radical huyó del Gobierno y transfirió el poder en julio de 1989 al entonces Presidente electo Carlos Menem, que debió hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo. 

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Economía

Como lo ordenó Cristina Kirchner, el Banco Central endurece los controles para las importaciones

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La autoridad monetaria dirigida por Miguel Pesce cumplirá con todas y cada una de las pretensiones de la Vicepresidente, y presionará a las empresas para que se financien con dólares propios o crédito externo, en lugar de hacerlo por el cambio oficial.

El agotamiento del cepo cambiario es cada vez más notorio, pero el Gobierno insistirá en mantener el sistema hasta las últimas consecuencias. Por influencia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el Banco Central llevará adelante una severa política para estrangular el volumen efectivo de importaciones.

La autoridad monetaria que dirige el radical Miguel Ángel Pesce anunció un nuevo comunicado que pretende “optimizar” el sistema de pagos del comercio exterior atentando contra las llamadas “importaciones especulativas”, y cumpliendo así con todos y cada uno de los caprichos de la Vicepresidente.

El objetivo de las medidas es evitar una mayor profundización de la caída de las reservas internacionales, aunque para eso se deba incurrir en una recesión aún más profunda sobre el nivel de actividad real. Las únicas importaciones que no se verán afectadas son las de energía, ante el peligro de una crisis energética mayor.

La autoridad monetaria endureció las regulaciones para que las empresas puedan acceder al dólar oficial para financiar importaciones. De esta manera, se insta a las empresas a que utilicen dólares propios para financiarlas, o en su defecto que adquieran crédito externo con sus respectivas casas matrices.

Para financiar importaciones, las firmas deberán adquirir créditos externos por hasta 180 días, debido a que el Central no habilitará la compra de dólares. Esto tendrá un impacto recesivo especial en la actividad industrial, altamente dependiente de la importación de insumos.

En coordinación con el Ministerio de desarrollo productivo que lidera Daniel Scioli, se resolvió la ampliación de las posiciones arancelarias para bienes importados que sean sustitutos a productos de origen local, y tendrán un plazo de 6 meses para poder acceder al mercado. Los bienes suntuarios y considerados de lujo, tendrán un plazo mayor de casi un año.

Para las pequeñas y medianas empresas el Banco Central lanzó un esquema que las exceptúa de las nuevas regulaciones, y les permite acceder al mercado de cambios oficial, siempre y cuando no se supere un límite por 1 millón de pesos y cuando las importaciones no hayan aumentado más de 15% con respecto a 2021.

De la misma manera en que ocurrió entre 2012 y 2015, la actividad económica se verá afectada dramáticamente ante la “restricción externa” autoimpuesta por el propio Gobierno

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Insólito: el Gobierno de Sánchez prepara un impuestazo a las eléctricas en medio de la histórica suba de la energía

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El presidente español prepara el lanzamiento de un nuevo gravamen para los “beneficios extraordinarios” de las empresas de energía. El impuesto será trasladado a la espalda del consumidor final y sumará otro costo más, en medio de la dramática suba de precios.

El presidente Pedro Sánchez pretende aprobar un nuevo impuesto a los beneficios no distribuidos de las empresas eléctricas en España. La iniciativa cuenta con el amplio respaldo del PSOE, el núcleo del oficialismo, y de la extrema izquierda representada por Podemos.

En un primer momento el impuesto se perfiló como un recargo adicional de 10 puntos porcentuales sobre la alícuota máxima del impuesto a las rentas corporativas no distribuidas, pero finalmente se resolvió aplicar un impuesto independiente con una perspectiva idéntica a la adoptada por Martín Guzmán y Alberto Fernández en Argentina.

La nueva iniciativa de Sánchez quiere gravar la “renta extraordinaria” que supone para las empresas eléctricas esta histórca suba de precios, a pesar de que la suba de precios no está generando rentas extraordinarias, si no que tiene que ver con una escasez de combustbles a lo largo del globo y la alta inflación. Este impuesto entrará en vigor formalmente a partir del primero de enero de 2023.

El Gobierno socialista ya había intentado tomar medidas a estos efectos por medio del impuesto a la generación de energía eléctrica, pero el tributo se trasladó sistemáticamente a los consumidores finales y la iniciativa fue suspendida por el propio Gobierno. En esta misma línea, se dispuso de una rebaja del IVA para la energía del 21% al 15%.

Nuevamente, el Presidente socialista volverá a insistir con el mismo camino, pero esta vez con un impuesto que no se aplica a la producción sino que aplica a las ganancias no distribuidas por dividendos. Sin embargo, se espera que se vuelva a repetir el mismo efecto que producía el tributo anterior y, una vez más, los consumidores deberán hacerse cargo del impuesto.

Del mismo modo que otros países europeos, el Gobierno español aplicará impuestos para financiar un nuevo aumento del gasto público. Entre otras aplicaciones presupuestarias, el socialismo anunció un nuevo bono por 200 euros para asalariados, autónomos y desocupados con ingresos catalogados como bajos. Además, se incrementarán los subsidios al transporte público y se aumentarán un 15% las pensiones por invalidez y jubilaciones no contributivas.

Sánchez prometió que sus medidas tendrán un efecto inmediato sobre la inflación, y aseguró que bajará 3 puntos porcentuales. Pero la verdadera causa de la inflación, el desequilibrio monetario y fiscal en la economía, sigue sin ser atendida por las autoridades.

La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no fue capaz de responder cómo hará la autoridad monetaria para volver a normalizar la hoja de balance. Lagarde prometió eliminar el exceso de liquidez producida desde 2020, pero no dio ninguna precisión sobre cómo será posible hacerlo.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Sánchez se negó a cualquier ajuste no gradualista del déficit fiscal. El sector público cerró el año 2021 con un fuerte déficit financiero de 6,9% del PBI, mientras que el gasto público consolidado representaba el 50,6% de la economía en el último trimestre del año pasado. 

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