El Congreso de la Nación no logró aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei, lo que llevó al Ejecutivo a extender nuevamente el presupuesto aprobado en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.
La medida, oficializada a través del Decreto 1131/2024, permite al Poder Ejecutivo utilizar las disposiciones de la Ley 27.701 como base para operar durante el próximo año.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue instruido para ajustar este presupuesto prorrogado según las necesidades administrativas de 2025. Según el Gobierno, esta decisión busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mantener la eficiencia en el gasto público.
¿Qué implica operar con un presupuesto prorrogado?
Por su parte, Nadin Argañaraz subrayó que, sin un presupuesto nuevo, el manejo de recursos queda concentrado en el Ejecutivo: “La asignación de recursos por decreto puede aumentar la discrecionalidad del Gobierno, pero también requiere un control fiscal riguroso”.
Impacto en la deuda pública y las reformas pendientes
La prórroga del presupuesto 2023 deja fuera de consideración varias modificaciones clave que el Ejecutivo buscaba implementar:
Canjes de deuda más flexibles: El proyecto incluía el artículo 54, que proponía cambios en la Ley de Administración Financiera para facilitar reestructuraciones de deuda externa, pero esta iniciativa quedó en pausa.
Emisión de deuda internacional: El plan contemplaba la colocación de USD 3.500 millones en mercados externos, cifra que deberá ser reevaluada en función de las normativas vigentes.
Además, el manejo de la deuda pública sigue siendo un desafío. En 2025, el sector público enfrentará compromisos en dólares por casi USD 24.000 millones, de los cuales más de USD 11.000 millones corresponden a vencimientos con bonistas privados.
Milei y Caputo
Presupuesto prorrogado: ¿un margen de maniobra o un límite?
El presupuesto original de 2023, establecido en $40,2 billones, fue ajustado a $95,9 billones en 2024 debido a la inflación. Según proyecciones de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2025 el Gobierno contará con ingresos estimados en $115,2 billones y un margen de discrecionalidad cercano a $20 billones.
A pesar de este margen, expertos advierten que la falta de una nueva Ley de Presupuesto limita las reformas estructurales necesarias para sostener el modelo económico. Sin embargo, desde el equipo de Luis Caputo insisten en que la prioridad sigue siendo el equilibrio fiscal, que consideran la base del programa económico de Milei.
Una herramienta que se posterga
La prórroga del presupuesto 2023 evidencia la dificultad del Gobierno para negociar acuerdos en el Congreso debido a la minoria parlamentaria. Si bien ofrece flexibilidad al Ejecutivo, también refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y previsibilidad en la gestión de recursos.
En este contexto, el Gobierno deberá administrar con cautela y mantener el foco en el equilibrio fiscal como ancla de estabilidad económica.
Mayor flexibilidad: Permite reasignar recursos mediante decretos sin necesidad de aprobación legislativa.
Continuidad administrativa: Asegura que los servicios esenciales no se vean interrumpidos.
Desventajas:
Menor transparencia: La reasignación de recursos sin control parlamentario podría generar cuestionamientos.
Falta de previsibilidad: Afecta la planificación económica y financiera a largo plazo.
Milei en el Congreso
Opiniones de economistas sobre la prórroga
El economista Daniel Artana señaló a Infobae que, aunque “siempre es preferible contar con un presupuesto aprobado”, esta situación otorga al Gobierno un mayor margen de acción. Sin embargo, advirtió que la falta de consenso refleja problemas institucionales profundos.
