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Economía

Punto por punto, los detalles del renovado programa económico de Marine Le Pen

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La candidata a presidente lleva una propuesta económica actualizada y más liberal respecto a su plataforma de 2017. El programa incluye cambios en el sistema tributario, el comercio, el sistema previsional, la energía y el “Estado benefactor” francés.

Con el 23,15% de los sufragios, la candidata de la derecha francesa, Marine Le Pen, nuevamente logra entrar en un ballotage contra el actual presidente Emmanuel Macron. Le Pen buscó activamente modernizar su propuesta económica con respecto a la plataforma que tenía en 2017.

Le Pen no dudó en "liberalizar" su plan económico para ganar votantes no solo del centroderechista Los Republicanos, que en 2017 obtuvo un 20% de los votos con una agenda marcadamente liberal, pero también para detener la sangría de votantes a Éric Zemmour, que al principio de la campaña amenazó con sacarle buena parte de su votos mezclando posturas conservadoras y liberales.

Muchos medios de habla hispana se valieron de un artículo de Juan Ramón Rallo para informar sobre el plan económico de Le Pen. Sin embargo, no se percataron que su análisis es del 2017 cuando el programa de la candidata era diametralmente opuesto al que se suscribió para esta elección.

El programa de Agrupación Nacional propone reformas sobre cuatro grandes ejes principales: el sistema tributario francés y las finanzas del Estado, el comercio internacional, el rol del “Estado benefactor” en la economía, y la estructura energética del país.

Reforma del sistema tributario

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Le Pen propone una fuerte reducción al IVA del 20% al 5,5%, para el combustible, el petróleo, el gas, la electricidad, y una amplia gama de productos de primera necesidad.

Le Pen declaró públicamente que esta será su primera medida, de ser elegida finalmente para la presidencia de Francia, con el objetivo de contrarrestar la suba de precios que aqueja al país.

Contribuciones patronales

El programa de Le Pen propone la eximición total del pago de impuestos al trabajo, para todas aquellas empresas que dispongan de un aumento salarial del 10%. Esta exención tributaria tendrá lugar sobre los ingresos mensuales que no superen los tres salarios mínimos.

En este sentido, Le Pen busca ofrecer incentivos fiscales a las empresas que suban los salarios, mientras se le quita poder a los sindicatos, que suelen financiarse con estos impuestos.

Impuesto a los ingresos (IRPF)

La candidata de la derecha propone eximir del pago del impuesto a los ingresos a todas aquellas personas menores de 30 años. Esta propuesta busca incentivar el desarrollo personal de los trabajadores jóvenes.

Además, se propone la eliminación del impuesto a las ganancias empresariales para compañías dirigidas por personas de hasta 30 años. Esta medida busca evitar que jóvenes emprendedores abandonen el país para probar suerte en el extranjero.

Impuesto a la herencia

Propone eliminar todos los gravámenes directos sobre la herencia para personas de bajos ingresos y para la clase media. Le Pen menciona que solo los "super-ricos" deberían pagar impuesto a la herencia, aunque el programa no establece umbrales claros.

A su vez, propone eliminar la carga impositiva sobre las donaciones de padres a hijos, y de abuelos a nietos, hasta un monto límite de 100.000 euros por hijo y por un lapso de diez años.  

Impuesto a la “riqueza financiera”

La plataforma también propone eliminar el impuesto a bienes personales, uno de los más recaudadores en Francia, pero Le Pen asegura que no creará un agujero fiscal, ya que propone también la creación de un nuevo impuesto a la riqueza financiera, en reemplazo del actual impuesto a la riqueza inmobiliaria.

En lugar de gravar a los ciudadanos a partir de su cantidad de propiedades, se propone aplicar impuestos a los diferenciales percibidos por su renta financiera.

Adhesión a la “armonización fiscal global”

La plataforma de Le Pen se mostró entusiasta por adoptar el llamado “impuesto mínimo sobre sociedades” que impulsa la administración de Joe Biden desde Estados Unidos.

Este impuesto "internacional" sería respaldado por la administración de Le Pen, en busca de aminorar la falta de competitividad de Francia frente a países con cargas tributarias más bajas.

Evasión fiscal

Le Pen propone crear un “Ministerio contra el fraude fiscal”, que tendría la función descentralizar y coordinar los esfuerzos del Estado para garantizar la ejecución de la estructura tributaria francesa.

Desde sus inicios en política, la hija del fundador del partido, ha puesto énfasis en combatir la evasión fiscal como uno de los métodos para aumentar la recaudación, en vez de aumentar impuestos.

Contribución a la Propiedad Empresarial (CFE)

Se propone eliminar completamente el impuesto a la propiedad empresarial, una tasa distorsiva sobre las empresas, con el fin de favorecer la reubicación de los factores productivos dentro de Francia, y reduciendo así los costos logísticos de la producción.

Reformas en el “Estado benefactor”

Pensiones

El programa de Le Pen pretende reindexar los haberes previsionales al IPC. Actualmente, las jubilaciones se pagan en base a la recaudación del sistema y la asistencia financiera del Gobierno (debido a que el sistema de reparto público está virtualmente en quiebra).

Propone elevar la jubilación mínima hasta los 1.000 euros por mes, y se propone aumentar más que proporcionalmente las pensiones de menor poder adquisitivo en vista a nuevas actualizaciones futuras.

Tal vez la decisión más polémica de su programa, es que rechaza cualquier tipo de aumento general de la edad mínima para jubilarse, aún cuando el sistema de reparto está quebrado.

Además, se propone bajar la edad de jubilación de 65 años a 60 años para todas aquellas personas que hayan comenzado a trabajar antes de los 20 años y durante al menos 40 años.

Asistencia social

Se propone crear un bono de entre 200 y 300 euros para aprendices de estudio y trabajo, así como para sus respectivos empleadores en el mercado laboral.

El programa dispone un aumento del 15% sobre los salarios docentes en la educación estatal. Al mismo tiempo se propone reducir la burocracia, incluyendo la reducción en el personal administrativo, para liberar recursos a estos efectos.

Se pretende construir hasta 100.000 viviendas estatales por año, durante los próximos 5 años. Esto tendrá un especial énfasis en los estudiantes jóvenes.

Se propone otorgar préstamos subsidiados a tasa 0% para familias jóvenes francesas. En caso de que las familias con estos préstamos registren un tercer hijo o más, el préstamo se transforma en un subsidio directo. Se busca revitalizar la tasa de natalidad nacional.

Se lanzará un “Plan de apoyo sanitario de emergencia” por un monto de 20.000 millones de euros. El programa tiene por objetivo subir el gasto en salud estatal, ampliando el número de camas en hospitales estatales y salas de maternidad, incrementar salarios en personal de enfermería, incentivar la producción local de medicamentos, y aumentar las remuneraciones para cuidadores.

Defensa y seguridad

Le Pen propone aumentar en 55.000 millones de euros el presupuesto francés en defensa para 2027. Esta medida busca apuntalar el control efectivo de las fronteras del país, y garantizar los medios necesarios para la modernización del ejército francés.

En esta dirección, también se propone crear un “Ministerio del Mar y Ultramar”, para controlar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos pilares de su agenda.

Comercio internacional

Precios Mínimos

Se propone establecer precios mínimos garantizados por el Estado para el sector agricultor que debe competir con importaciones más baratas. Estos precios pueden ser "garantizados" por medio de subsidios directos a la agricultura, y por controles del Estado.

Acuerdos comerciales

El programa propone la revisión de los acuerdos comerciales de Francia, aún cuando esta es una competencia de la Unión Europea y no de Francia. El objetivo es anular la “competencia desleal” de importaciones en competencia con productores locales.

Cabe destacar que Francia no posee control sobre su estructura arancelaria, debido a la unión aduanera con la Unión Europea, pero sí puede apelar a vacíos legales para maniobrar aranceles.

Además, se propone la prohibición de importaciones agrícolas, para todos aquellos productos que no cumplan con los exigentes estándares regulatorios franceses. Por otra parte, se apunta a que los comedores estatales pacten una cuota de hasta el 80% de productos agrícolas franceses.

Matriz energética

Energía nuclear

Le Pen plantea relanzar nuevos reactores nucleares en todo el país, e impulsar medidas de desgravación tributaria para alentar la energía hidroeléctrica.

Propone la salida de Francia del mercado eléctrico europeo, con el fin de desmantelar las regulaciones contra la energía y permitir una rebaja de los precios locales. El mercado local que buscaría impulsar Le Pen estaría marcado por menos regulaciones y menos tasas.

Energía eólica

Propone dar marcha atrás a las políticas estatales que buscan impulsar la energía eólica, para liberar y canalizar los recursos allí invertidos en otras áreas más competitivas.

Le Pen pretende anular todos los proyectos eólicos proyectados, y desmantelar gradualmente los parques eólicos ya existentes

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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