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Economía

Punto por punto, los detalles del renovado programa económico de Marine Le Pen

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La candidata a presidente lleva una propuesta económica actualizada y más liberal respecto a su plataforma de 2017. El programa incluye cambios en el sistema tributario, el comercio, el sistema previsional, la energía y el “Estado benefactor” francés.

Con el 23,15% de los sufragios, la candidata de la derecha francesa, Marine Le Pen, nuevamente logra entrar en un ballotage contra el actual presidente Emmanuel Macron. Le Pen buscó activamente modernizar su propuesta económica con respecto a la plataforma que tenía en 2017.

Le Pen no dudó en “liberalizar” su plan económico para ganar votantes no solo del centroderechista Los Republicanos, que en 2017 obtuvo un 20% de los votos con una agenda marcadamente liberal, pero también para detener la sangría de votantes a Éric Zemmour, que al principio de la campaña amenazó con sacarle buena parte de su votos mezclando posturas conservadoras y liberales.

Muchos medios de habla hispana se valieron de un artículo de Juan Ramón Rallo para informar sobre el plan económico de Le Pen. Sin embargo, no se percataron que su análisis es del 2017 cuando el programa de la candidata era diametralmente opuesto al que se suscribió para esta elección.

El programa de Agrupación Nacional propone reformas sobre cuatro grandes ejes principales: el sistema tributario francés y las finanzas del Estado, el comercio internacional, el rol del “Estado benefactor” en la economía, y la estructura energética del país.

Reforma del sistema tributario

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Le Pen propone una fuerte reducción al IVA del 20% al 5,5%, para el combustible, el petróleo, el gas, la electricidad, y una amplia gama de productos de primera necesidad.

Le Pen declaró públicamente que esta será su primera medida, de ser elegida finalmente para la presidencia de Francia, con el objetivo de contrarrestar la suba de precios que aqueja al país.

Contribuciones patronales

El programa de Le Pen propone la eximición total del pago de impuestos al trabajo, para todas aquellas empresas que dispongan de un aumento salarial del 10%. Esta exención tributaria tendrá lugar sobre los ingresos mensuales que no superen los tres salarios mínimos.

En este sentido, Le Pen busca ofrecer incentivos fiscales a las empresas que suban los salarios, mientras se le quita poder a los sindicatos, que suelen financiarse con estos impuestos.

Impuesto a los ingresos (IRPF)

La candidata de la derecha propone eximir del pago del impuesto a los ingresos a todas aquellas personas menores de 30 años. Esta propuesta busca incentivar el desarrollo personal de los trabajadores jóvenes.

Además, se propone la eliminación del impuesto a las ganancias empresariales para compañías dirigidas por personas de hasta 30 años. Esta medida busca evitar que jóvenes emprendedores abandonen el país para probar suerte en el extranjero.

Impuesto a la herencia

Propone eliminar todos los gravámenes directos sobre la herencia para personas de bajos ingresos y para la clase media. Le Pen menciona que solo los “super-ricos” deberían pagar impuesto a la herencia, aunque el programa no establece umbrales claros.

A su vez, propone eliminar la carga impositiva sobre las donaciones de padres a hijos, y de abuelos a nietos, hasta un monto límite de 100.000 euros por hijo y por un lapso de diez años.  

Impuesto a la “riqueza financiera”

La plataforma también propone eliminar el impuesto a bienes personales, uno de los más recaudadores en Francia, pero Le Pen asegura que no creará un agujero fiscal, ya que propone también la creación de un nuevo impuesto a la riqueza financiera, en reemplazo del actual impuesto a la riqueza inmobiliaria.

En lugar de gravar a los ciudadanos a partir de su cantidad de propiedades, se propone aplicar impuestos a los diferenciales percibidos por su renta financiera.

Adhesión a la “armonización fiscal global”

La plataforma de Le Pen se mostró entusiasta por adoptar el llamado “impuesto mínimo sobre sociedades” que impulsa la administración de Joe Biden desde Estados Unidos.

Este impuesto “internacional” sería respaldado por la administración de Le Pen, en busca de aminorar la falta de competitividad de Francia frente a países con cargas tributarias más bajas.

Evasión fiscal

Le Pen propone crear un “Ministerio contra el fraude fiscal”, que tendría la función descentralizar y coordinar los esfuerzos del Estado para garantizar la ejecución de la estructura tributaria francesa.

Desde sus inicios en política, la hija del fundador del partido, ha puesto énfasis en combatir la evasión fiscal como uno de los métodos para aumentar la recaudación, en vez de aumentar impuestos.

Contribución a la Propiedad Empresarial (CFE)

Se propone eliminar completamente el impuesto a la propiedad empresarial, una tasa distorsiva sobre las empresas, con el fin de favorecer la reubicación de los factores productivos dentro de Francia, y reduciendo así los costos logísticos de la producción.

Reformas en el “Estado benefactor”

Pensiones

El programa de Le Pen pretende reindexar los haberes previsionales al IPC. Actualmente, las jubilaciones se pagan en base a la recaudación del sistema y la asistencia financiera del Gobierno (debido a que el sistema de reparto público está virtualmente en quiebra).

Propone elevar la jubilación mínima hasta los 1.000 euros por mes, y se propone aumentar más que proporcionalmente las pensiones de menor poder adquisitivo en vista a nuevas actualizaciones futuras.

Tal vez la decisión más polémica de su programa, es que rechaza cualquier tipo de aumento general de la edad mínima para jubilarse, aún cuando el sistema de reparto está quebrado.

Además, se propone bajar la edad de jubilación de 65 años a 60 años para todas aquellas personas que hayan comenzado a trabajar antes de los 20 años y durante al menos 40 años.

Asistencia social

Se propone crear un bono de entre 200 y 300 euros para aprendices de estudio y trabajo, así como para sus respectivos empleadores en el mercado laboral.

El programa dispone un aumento del 15% sobre los salarios docentes en la educación estatal. Al mismo tiempo se propone reducir la burocracia, incluyendo la reducción en el personal administrativo, para liberar recursos a estos efectos.

Se pretende construir hasta 100.000 viviendas estatales por año, durante los próximos 5 años. Esto tendrá un especial énfasis en los estudiantes jóvenes.

Se propone otorgar préstamos subsidiados a tasa 0% para familias jóvenes francesas. En caso de que las familias con estos préstamos registren un tercer hijo o más, el préstamo se transforma en un subsidio directo. Se busca revitalizar la tasa de natalidad nacional.

Se lanzará un “Plan de apoyo sanitario de emergencia” por un monto de 20.000 millones de euros. El programa tiene por objetivo subir el gasto en salud estatal, ampliando el número de camas en hospitales estatales y salas de maternidad, incrementar salarios en personal de enfermería, incentivar la producción local de medicamentos, y aumentar las remuneraciones para cuidadores.

Defensa y seguridad

Le Pen propone aumentar en 55.000 millones de euros el presupuesto francés en defensa para 2027. Esta medida busca apuntalar el control efectivo de las fronteras del país, y garantizar los medios necesarios para la modernización del ejército francés.

En esta dirección, también se propone crear un “Ministerio del Mar y Ultramar”, para controlar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos pilares de su agenda.

Comercio internacional

Precios Mínimos

Se propone establecer precios mínimos garantizados por el Estado para el sector agricultor que debe competir con importaciones más baratas. Estos precios pueden ser “garantizados” por medio de subsidios directos a la agricultura, y por controles del Estado.

Acuerdos comerciales

El programa propone la revisión de los acuerdos comerciales de Francia, aún cuando esta es una competencia de la Unión Europea y no de Francia. El objetivo es anular la “competencia desleal” de importaciones en competencia con productores locales.

Cabe destacar que Francia no posee control sobre su estructura arancelaria, debido a la unión aduanera con la Unión Europea, pero sí puede apelar a vacíos legales para maniobrar aranceles.

Además, se propone la prohibición de importaciones agrícolas, para todos aquellos productos que no cumplan con los exigentes estándares regulatorios franceses. Por otra parte, se apunta a que los comedores estatales pacten una cuota de hasta el 80% de productos agrícolas franceses.

Matriz energética

Energía nuclear

Le Pen plantea relanzar nuevos reactores nucleares en todo el país, e impulsar medidas de desgravación tributaria para alentar la energía hidroeléctrica.

Propone la salida de Francia del mercado eléctrico europeo, con el fin de desmantelar las regulaciones contra la energía y permitir una rebaja de los precios locales. El mercado local que buscaría impulsar Le Pen estaría marcado por menos regulaciones y menos tasas.

Energía eólica

Propone dar marcha atrás a las políticas estatales que buscan impulsar la energía eólica, para liberar y canalizar los recursos allí invertidos en otras áreas más competitivas.

Le Pen pretende anular todos los proyectos eólicos proyectados, y desmantelar gradualmente los parques eólicos ya existentes

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Economía

Tarifazo K en febrero: Los combustibles suben un 4%, las telecomunicaciones 10% y los alquileres se disparan un 86%

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A partir de febrero entra en vigencia un arsenal de actualizaciones sobre los principales precios regulados de la economía. Los aumentos llegan en medio de la fuerte tensión inflacionaria observada en el primer mes de 2023.

El equipo económico de Sergio Massa sigue avanzando con la actualización de precios regulados, la mayor parte de los cuales tendrán una nueva oleada de aumentos a partir del próximo 1° de febrero. 

Los aumentos tendrán lugar en medio de una brutal suba de precios no anticipada durante el mes de enero. Se estima que la inflación habría superado el 6% solamente en este mes, desequilibrando completamente el escenario previsto por el oficialismo en lo que constituye un pésimo arranque del año 2023.

Combustibles, electricidad, transporte y gas

El Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de nafta y el gasoil tendrán un aumento del 4% en febrero, y otra suba adicional del 3,8% prevista para marzo. Esto se cuadra en línea con el programa Precios Justos, y la meta inflacionaria planteada por el ministro Massa en el 4% de variación mensual sobre el promedio del primer trimestre. 

Asimismo, la cartera de Economía llevó a cabo audiencias públicas durante el mes de enero para definir actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, el transporte público en el AMBA (únicamente colectivos y trenes), y las tarifas de gas. Si bien aún no se dieron detalles definitivos sobre cuánto será el aumento oficial, las estimaciones en base a las audiencias sugieren un incremento de entre 20% y 30% para febrero

Cabe resaltar que los usuarios clientes de Edesur y Edenor tuvieron un aumento del 40% en enero de este año, y la suba acumulada total distribuida entre febrero y marzo podría equivaler a otro aumento del 40%.

Los subtes tendrán un tratamiento particular porque las audiencias públicas son llevadas a cabo por el Gobierno porteño y no por las autoridades nacionales. La propuesta oficial pretende llevar el boleto hasta los $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y hasta $80 a partir de septiembre. La última actualización se llevó a cabo en enero y por una cuantía del 39%.

Telecomunicaciones

Las tarifas de las telecomunicaciones, formalmente reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tendrán un aumento del 9,8% a partir del primero de febrero y afectará a las facturas por servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. Este sector fue especialmente perjudicado por la distorsión de precios relativos en 2022, ya que aumentó cerca de 66% entre enero y diciembre frente a una inflación del 94,8%.

Para el mes de abril se resolvió otro aumento adicional del orden del 7,8%, nuevamente por encima de la meta de 4% establecida por Massa, en aras de compensar (al menos parcialmente) el atraso relativo sufrido durante el año pasado. 

Alquileres

Los alquileres sin lugar a dudas tendrán el mayor peso en los aumentos previstos para febrero. La fórmula de actualización en la Ley de alquileres denota un aumento del 85,8% sobre los contratos, una cifra que surge de la variación acumulada y ponderada entre Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (RIPTE). 

Los contratos de alquiler serán actualizados independientemente de la voluntad de las partes. El precio promedio para alquilar podría subir todavía más si se tiene en consideración la retracción de la oferta de inmuebles a disposición, encareciendo el precio relativo de este servicio en términos reales. 

El sondeo estadístico de la plataforma Zonaprop sugiere que el monto de alquiler promedio para un departamento monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires fue de $77.899, por lo que aplicando el aumento de febrero el alquiler ascendería hasta los $144.736 para una sola persona promedio

Colegios privados y prepagas

Durante el mes de enero también se llevaron a cabo los estudios para definir los aumentos de las matrículas y aranceles para colegios privados subsidiados en la Ciudad de Buenos Aires, los que no tienen subsidios no se ajustan a este régimen. Se resolvió una suba del 25% a partir del 1° de marzo, como es común al inicio del período escolar cada año. 

Por parte de las prepagas, a partir de 2023 el Gobierno oficializó el cambio de régimen de actualización para la medicina privada, estableciendo un tope del 90% sobre el índice RIPTE para la totalidad del año pero sólo para personas con ingresos netos inferiores a los 6 salarios mínimos ($406.458 en febrero).  

El objetivo es retrasar el precio relativo de estos servicios, aprovechando que durante el 2022 evolucionaron casi en línea con la inflación general. Para las personas que suscriban al trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud, el aumento fijado para febrero será del 4,91%

Los usuarios que por diversas razones no puedan acceder al beneficio del sistema especial, deberán pagar el aumento íntegro sobre la factura de la prepaga correspondiente, que en febrero ascenderá al 8,21%

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Economía

“Previaje 4”: El gobierno lanza subsidios millonarios al turismo a pesar de que ya no existen más restricciones

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Las medidas entrarán en vigencia para el período mayo-junio, y comprometen un reintegro equivalente al 50% de las compras realizadas en turismo. Se trata de un subsidio regresivo, orientado al segmento de la población con mayores ingresos y sin efectos multiplicadores en la actividad.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció oficialmente la cuarta entrega del sistema de Previaje. El programa entrará en vigencia durante la temporada baja de las vacaciones de invierno, en el período mayo-junio de 2023, y pretende incentivar el consumo en “destinos no tradicionales”.

Se trata de un plan por medio del cual el Estado se hace cargo del 50% de las compras realizadas a los efectos del turismo interno. Un subsidio principalmente concentrado en las clases medias y altas (sectores con capacidad de ahorro), pero financiado por la totalidad de la sociedad. 

Cabe resaltar que las estimaciones privadas sugieren que la pobreza habría alcanzado al 40% de la población en 2022, y este segmento de la sociedad es el menos beneficiado por la discrecionalidad de la política del kirchnerismo.

El ministro Lammens defendió contundentemente las medidas, asegurando que producen un supuesto “efecto multiplicador” en la actividad económica, un hecho que no se condice con la realidad. También resaltó el apoyo de empresarios hoteleros y la industria turística.

Todos los gastos asumidos por el Estado generan un efecto que se multiplica por la economía, pero también cabe resaltar que su financiación no es gratuita: los costos para financiar el Previaje también generan un efecto multiplicador, y esta vez negativo. Lejos de haber una ganancia neta, las cifras publicadas por el propio Ministerio de Turismo sugieren lo contrario. 

Durante el lanzamiento del Previaje 3 el Gobierno confirmó gastos por $51.000 millones inyectados a la economía, pero la recaudación impositiva explicada por el incremento de las transacciones (el efecto multiplicador del plan) fue equivalente al 83% del gasto. El saldo neto fue negativo: se destruyó más actividad económica vía costo de financiamiento que toda la que pudo ser creada por la inyección de gastos al turismo.

Lo que realmente se genera es una subsidio que mejora la posición estrictamente relativa de algunos sectores privilegiados discrecionalmente (por ejemplo destinos turísticos no tradicionales), y para que este proceso redistributivo sea posible se paga un costo neto y absoluto sobre el grueso de la sociedad.

La situación es aún más dramática si se tiene en cuenta que el Gobierno es ampliamente deficitario, sus desequilibrios se financian casi enteramente con emisión monetaria del Banco Central. Este proceso esconde un impuesto no legislado que es el señoreaje y cuya base imponible son los saldos reales en pesos, saldos que se encuentran en manos de los grupos con menor capacidad de ahorro y poder adquisitivo. 

De esta manera, el Previaje se suma como uno de los tantos programas que contribuyen al desequilibrio de las finanzas públicas, generan presión inflacionaria, pero con la particularidad de establecer un mecanismo regresivo de distribución de ingresos desde los sectores más vulnerables expuestos a la inflación hacia los sectores más acomodados con capacidad de ahorro para hacer turismo.

Asimismo, la activa defensa por parte de los empresarios vinculados al sector no dista demasiado de la que llevan a cabo otros grupos de presión con poder de lobby, dispuestos a defender cualquier subsidio o cualquier protección que les pueda significar alguna transferencia de recursos desde la sociedad hacia sus arcas. 

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