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Economía

Punto por punto, los detalles del renovado programa económico de Marine Le Pen

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La candidata a presidente lleva una propuesta económica actualizada y más liberal respecto a su plataforma de 2017. El programa incluye cambios en el sistema tributario, el comercio, el sistema previsional, la energía y el “Estado benefactor” francés.

Con el 23,15% de los sufragios, la candidata de la derecha francesa, Marine Le Pen, nuevamente logra entrar en un ballotage contra el actual presidente Emmanuel Macron. Le Pen buscó activamente modernizar su propuesta económica con respecto a la plataforma que tenía en 2017.

Le Pen no dudó en “liberalizar” su plan económico para ganar votantes no solo del centroderechista Los Republicanos, que en 2017 obtuvo un 20% de los votos con una agenda marcadamente liberal, pero también para detener la sangría de votantes a Éric Zemmour, que al principio de la campaña amenazó con sacarle buena parte de su votos mezclando posturas conservadoras y liberales.

Muchos medios de habla hispana se valieron de un artículo de Juan Ramón Rallo para informar sobre el plan económico de Le Pen. Sin embargo, no se percataron que su análisis es del 2017 cuando el programa de la candidata era diametralmente opuesto al que se suscribió para esta elección.

El programa de Agrupación Nacional propone reformas sobre cuatro grandes ejes principales: el sistema tributario francés y las finanzas del Estado, el comercio internacional, el rol del “Estado benefactor” en la economía, y la estructura energética del país.

Reforma del sistema tributario

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Le Pen propone una fuerte reducción al IVA del 20% al 5,5%, para el combustible, el petróleo, el gas, la electricidad, y una amplia gama de productos de primera necesidad.

Le Pen declaró públicamente que esta será su primera medida, de ser elegida finalmente para la presidencia de Francia, con el objetivo de contrarrestar la suba de precios que aqueja al país.

Contribuciones patronales

El programa de Le Pen propone la eximición total del pago de impuestos al trabajo, para todas aquellas empresas que dispongan de un aumento salarial del 10%. Esta exención tributaria tendrá lugar sobre los ingresos mensuales que no superen los tres salarios mínimos.

En este sentido, Le Pen busca ofrecer incentivos fiscales a las empresas que suban los salarios, mientras se le quita poder a los sindicatos, que suelen financiarse con estos impuestos.

Impuesto a los ingresos (IRPF)

La candidata de la derecha propone eximir del pago del impuesto a los ingresos a todas aquellas personas menores de 30 años. Esta propuesta busca incentivar el desarrollo personal de los trabajadores jóvenes.

Además, se propone la eliminación del impuesto a las ganancias empresariales para compañías dirigidas por personas de hasta 30 años. Esta medida busca evitar que jóvenes emprendedores abandonen el país para probar suerte en el extranjero.

Impuesto a la herencia

Propone eliminar todos los gravámenes directos sobre la herencia para personas de bajos ingresos y para la clase media. Le Pen menciona que solo los “super-ricos” deberían pagar impuesto a la herencia, aunque el programa no establece umbrales claros.

A su vez, propone eliminar la carga impositiva sobre las donaciones de padres a hijos, y de abuelos a nietos, hasta un monto límite de 100.000 euros por hijo y por un lapso de diez años.  

Impuesto a la “riqueza financiera”

La plataforma también propone eliminar el impuesto a bienes personales, uno de los más recaudadores en Francia, pero Le Pen asegura que no creará un agujero fiscal, ya que propone también la creación de un nuevo impuesto a la riqueza financiera, en reemplazo del actual impuesto a la riqueza inmobiliaria.

En lugar de gravar a los ciudadanos a partir de su cantidad de propiedades, se propone aplicar impuestos a los diferenciales percibidos por su renta financiera.

Adhesión a la “armonización fiscal global”

La plataforma de Le Pen se mostró entusiasta por adoptar el llamado “impuesto mínimo sobre sociedades” que impulsa la administración de Joe Biden desde Estados Unidos.

Este impuesto “internacional” sería respaldado por la administración de Le Pen, en busca de aminorar la falta de competitividad de Francia frente a países con cargas tributarias más bajas.

Evasión fiscal

Le Pen propone crear un “Ministerio contra el fraude fiscal”, que tendría la función descentralizar y coordinar los esfuerzos del Estado para garantizar la ejecución de la estructura tributaria francesa.

Desde sus inicios en política, la hija del fundador del partido, ha puesto énfasis en combatir la evasión fiscal como uno de los métodos para aumentar la recaudación, en vez de aumentar impuestos.

Contribución a la Propiedad Empresarial (CFE)

Se propone eliminar completamente el impuesto a la propiedad empresarial, una tasa distorsiva sobre las empresas, con el fin de favorecer la reubicación de los factores productivos dentro de Francia, y reduciendo así los costos logísticos de la producción.

Reformas en el “Estado benefactor”

Pensiones

El programa de Le Pen pretende reindexar los haberes previsionales al IPC. Actualmente, las jubilaciones se pagan en base a la recaudación del sistema y la asistencia financiera del Gobierno (debido a que el sistema de reparto público está virtualmente en quiebra).

Propone elevar la jubilación mínima hasta los 1.000 euros por mes, y se propone aumentar más que proporcionalmente las pensiones de menor poder adquisitivo en vista a nuevas actualizaciones futuras.

Tal vez la decisión más polémica de su programa, es que rechaza cualquier tipo de aumento general de la edad mínima para jubilarse, aún cuando el sistema de reparto está quebrado.

Además, se propone bajar la edad de jubilación de 65 años a 60 años para todas aquellas personas que hayan comenzado a trabajar antes de los 20 años y durante al menos 40 años.

Asistencia social

Se propone crear un bono de entre 200 y 300 euros para aprendices de estudio y trabajo, así como para sus respectivos empleadores en el mercado laboral.

El programa dispone un aumento del 15% sobre los salarios docentes en la educación estatal. Al mismo tiempo se propone reducir la burocracia, incluyendo la reducción en el personal administrativo, para liberar recursos a estos efectos.

Se pretende construir hasta 100.000 viviendas estatales por año, durante los próximos 5 años. Esto tendrá un especial énfasis en los estudiantes jóvenes.

Se propone otorgar préstamos subsidiados a tasa 0% para familias jóvenes francesas. En caso de que las familias con estos préstamos registren un tercer hijo o más, el préstamo se transforma en un subsidio directo. Se busca revitalizar la tasa de natalidad nacional.

Se lanzará un “Plan de apoyo sanitario de emergencia” por un monto de 20.000 millones de euros. El programa tiene por objetivo subir el gasto en salud estatal, ampliando el número de camas en hospitales estatales y salas de maternidad, incrementar salarios en personal de enfermería, incentivar la producción local de medicamentos, y aumentar las remuneraciones para cuidadores.

Defensa y seguridad

Le Pen propone aumentar en 55.000 millones de euros el presupuesto francés en defensa para 2027. Esta medida busca apuntalar el control efectivo de las fronteras del país, y garantizar los medios necesarios para la modernización del ejército francés.

En esta dirección, también se propone crear un “Ministerio del Mar y Ultramar”, para controlar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos pilares de su agenda.

Comercio internacional

Precios Mínimos

Se propone establecer precios mínimos garantizados por el Estado para el sector agricultor que debe competir con importaciones más baratas. Estos precios pueden ser “garantizados” por medio de subsidios directos a la agricultura, y por controles del Estado.

Acuerdos comerciales

El programa propone la revisión de los acuerdos comerciales de Francia, aún cuando esta es una competencia de la Unión Europea y no de Francia. El objetivo es anular la “competencia desleal” de importaciones en competencia con productores locales.

Cabe destacar que Francia no posee control sobre su estructura arancelaria, debido a la unión aduanera con la Unión Europea, pero sí puede apelar a vacíos legales para maniobrar aranceles.

Además, se propone la prohibición de importaciones agrícolas, para todos aquellos productos que no cumplan con los exigentes estándares regulatorios franceses. Por otra parte, se apunta a que los comedores estatales pacten una cuota de hasta el 80% de productos agrícolas franceses.

Matriz energética

Energía nuclear

Le Pen plantea relanzar nuevos reactores nucleares en todo el país, e impulsar medidas de desgravación tributaria para alentar la energía hidroeléctrica.

Propone la salida de Francia del mercado eléctrico europeo, con el fin de desmantelar las regulaciones contra la energía y permitir una rebaja de los precios locales. El mercado local que buscaría impulsar Le Pen estaría marcado por menos regulaciones y menos tasas.

Energía eólica

Propone dar marcha atrás a las políticas estatales que buscan impulsar la energía eólica, para liberar y canalizar los recursos allí invertidos en otras áreas más competitivas.

Le Pen pretende anular todos los proyectos eólicos proyectados, y desmantelar gradualmente los parques eólicos ya existentes

Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

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La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

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Economía

Caída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado

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La variación mensual de los precios al por mayor se derrumba a un ritmo incluso más rápido que en los precios minoristas. La tasa de inflación general podría retroceder al 6% a partir del mes de abril, según estimaciones privadas.

El INDEC confirmó una nueva y fuerte caída de la tasa de inflación en Argentina: el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,4% en marzo, la variación más baja en lo que va del año. Retrocedió implacablemente con respecto al salto del 10,2% producido en febrero, al 18% de enero, y al estallido del 54% registrado en diciembre de 2023. Esta última cifra constituye técnicamente una situación de hiperinflación.

Se observó un incremento mensual del 6,2% sobre productos de origen estrictamente nacional, mientras que los bienes importados cayeron en un promedio del 1,7% en marzo. La energía destacó de entre los aumentos mensuales, marcando una suba del 12% (debido a la corrección de precios relativos que lleva adelante el equipo económico).

Los precios mayoristas acumularon una suba del 37% entre enero y marzo, muy por debajo del 51,6% de aumento que se registró en los precios minoristas. La inflación mayorista está bajando a un ritmo mucho más acelerado que la minorista, un fenómeno muy común entre los programas de estabilización. Se registró un aumento interanual del 330,6%, debido al efecto de arrastre estadístico después del salto de diciembre. 

El programa de ajuste fiscal y monetario del Gobierno logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión de Massa. Este fue sin lugar a dudas el principal objetivo de las medidas de emergencia que se tomaron a partir del 10 de diciembre.

La caída de la variación mensual en los precios mayoristas fue contundente. El Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) registró un aumento incluso menor y en torno al 4,9% al cierre de marzo, un indicador que excluye el efecto impositivo sobre los precios relevados.

Asimismo, el Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un aumento del 5% en marzo, y nuevamente el salto de la energía destacó de entre las principales aperturas que componen el indicador.

Con esta dinámica en los precios al por mayor, se estima que el IPC minorista volverá a registrar una nueva rebaja en su ritmo de aumento en abril. En este sentido, el exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere que la inflación de precios al consumidor podría estabilizarse en el 9,5% a partir de abril, y retroceder hasta un umbral del 6% al 7% a partir del mes de mayo. Esto es coincidente con la desaceleración de los precios online.

La reactivación de la actividad real dependerá casi exclusivamente de la velocidad en la salida del cepo cambiario, ya que resulta un elemento imprescindible para la tan esperada recuperación en “V”. 

Por otra parte, para que la liberalización del mercado cambiario pueda ser posible sin conducir a un nuevo proceso hiperinflacionario, resulta necesario continuar con el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA). El director de la institución, Santiago Bausili, logró recomponer el salto de las reservas netas en sus primeros meses de gestión. 

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Contundente fracaso de la Ley de Alquileres en Cataluña: La oferta de viviendas se derrumbó y los alquileres suben al doble que la inflación

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Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

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