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Economía

Que se vayan todos: Consultoras privadas estiman una inflación de más del 7% para marzo

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El IPC habría registrado la variación mensual más significativa desde agosto del año pasado, y la tasa de inflación interanual ya habría superado el 105%. La devaluación oficial no fue capaz de compensar la inflación en el primer trimestre del año, arrojando cada vez más presión a la crisis de divisas.

La economía kirchnerista opera sin ningún tipo de ancla. Las consultoras privadas esperan que la inflación de marzo oscile entre el 7% y el 7,4% al cierre del mes, y de convalidar los pronósticos se arribaría a la variación más importante desde agosto de 2022 (en torno al 7%).

El sondeo de precios de la consultora Ecolatina evidenció un aumento del 7,4% en marzo, y una tasa de inflación interanual del 107,5%. Se habría acumulado un salto del 21,8% solamente en el primer trimestre del año, una cifra extremadamente alta en comparación al 14,9% observado en el mismo período del año pasado (que fue un año que terminó con casi 100% de inflación minorista).

Asimismo, para la consultora Orlando Ferreres el IPC aumentó un 7,1% y la inflación interanual escaló al 105,1% en los últimos 12 meses. Se habría acumulado un importante salto del 20% en los primeros tres meses del año, y 18,8% considerando solamente a la canasta de bienes de la inflación núcleo (sin energía ni alimentos).

El “programa” del ministro Sergio Massa quedó completamente desarticulado por dos factores: la caída en el nivel de actividad desde septiembre del año pasado, y el violento repunte inflacionario desde enero. Cabe señalar que los aumentos del IPC entre enero y febrero superaron holgadamente las expectativas asociadas a cuestiones de índole estacional (normalmente cabría esperar que los precios no aumentaron tanto en el primer bimestre del año, en contraste a marzo).

El índice de precios desestacionalizado (IPCsa) relevado por el economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín González Rozada, dejó en evidencia que el IPC aumentó sistemáticamente por encima de las presiones estacionales desde enero de 2023 y en adelante. Los lineamientos lanzados por Massa se están desintegrando.

Del mismo modo, la encuesta de expectativas inflacionarias de la Di Tella arrojó una medición del 75,4% interanual en vista a los próximos 12 meses, más de 15 puntos por encima de lo que prometía el Gobierno en el Presupuesto 2023. El consenso de las consultoras privadas sugiere que la inflación superará fácilmente el 100% para fin de año, y la actividad económica retrocederá por lo menos un 3% (el país entrará en recesión).

La intensidad del rebrote inflacionario fue tan grande que la devaluación oficial, bajo el régimen de crawling peg del Banco Central, corrió sistemáticamente por debajo de la evolución del IPC. La relativa apreciación del dólar oficial sentó un precedente que agudizó la crisis cambiaria y el progresivo colapso del cepo cambiario

El tipo de cambio oficial aumentó en un promedio del 5,5% entre enero y febrero, mientras que la inflación promedió el 6,3% en el mismo período. El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a rescatar al Gobierno kirchnerista aprobando una meta de reservas que pudiera cumplirse sin necesidad de ningún esfuerzo para el primer trimestre del año, pero exigió aumentar el ritmo de la devaluación oficial para moderar la salida de divisas en el pago de importaciones y otras obligaciones.

Asimismo, el Fondo exige un mayor ritmo de ajuste en las tarifas públicas para evitar que se sigan atrasando en términos reales y, con ello, profundizando todavía más el déficit fiscal. Ni el dólar ni las tarifas ni el déficit se muestran como “anclas” capaz de disciplinar los precios, la nominalidad de la economía se encuentra fuera de control.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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