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Economía

Se agranda el Estado y se achica la Nación: el gasto público alcanza el nivel más alto de la historia

Según las estimaciones del economista Orlando J. Ferreres, este año el gasto público consolidado alcanzaría el nivel más alto de la historia argentina, consumiendo casi la mitad de la economía.

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El gasto público consolidado, incluyendo todos los niveles que comprenden al Sector Público Argentino, alcanzaría este año el nivel más alto de la historia. Entre los gastos que implica la actual situación pandémica y el desplome de la actividad privada, el Estado representa casi la mitad del total de la economía. 

El reconocido economista y consultor, Orlando J. Ferreres, afirmó que el gasto público se encuentra en niveles insostenibles para el país, en su propia columna para el diario La Nación. Ferreres estimó que el Estado pasaría a representar el 46,2% del PIB en este año, el ratio más alto de la historia. 

Dependiendo del comportamiento en el tipo de cambio (algo imposible de prever con exactitud), el Estado registraría gastos por más de 172.000 millones de dólares en todo 2020, considerando el segmento oficial. 

Comparando la trayectoria histórica de los niveles de gasto público registrados en nuestro país desde los 60s, el nivel promedio fue alrededor de 33,5% del PIB, casi 13 puntos menos que el nivel actual. Tomando el período histórico previo al kirchnerismo, el promedio fue de 31% del PIB. 

El Estado duplicó su tamaño entre 1966 y 2020.


El nuevo récord en el tamaño del Estado supera incluso al nivel registrado en 2015, de forma tal que todo el esfuerzo realizado entre 2018 y 2019 estaría prácticamente perdido. Argentina debería nuevamente volver a encarar un fuerte ajuste fiscal para retornar a niveles de gasto razonables. 

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Ferreres utiliza la medición de un “gasto público sustentable”, para poder tener una aproximación del desequilibrio fiscal que tiene Argentina. El nivel razonable surge de la constante actualización de un nivel de gasto en torno a los 23.000 millones de dólares del año 1983. 

Esto quiere decir que, para este año y aplicando los ajustes pertinentes, el límite de gasto alcanzaría los 100.000 millones de dólares actuales.
El límite se articuló en base a una previsión razonable para el mantenimiento de un orden macroeconómico sostenible. 

El economista explicó que este nivel es creciente, conforme aumenta el nivel de actividad medido en dólares al tipo de cambio oficial correspondiente. Un mayor nivel de actividad permite un mayor límite nominal para los gastos en el Estado. 

A partir de estos parámetros, Argentina muy pocas veces respetó sus restricciones fiscales naturales. 

Orlando J. Ferreres, ex viceministro de Economía en 1989, fundador del estudio de asesoría económica OJF & Asociados, y miembro del directorio del CEMA.

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Desde el inicio de la democracia, Argentina logró estabilizar sus niveles de gasto público en dos oportunidades: El primer episodio se dio con la reforma del Estado en 1989, que implicó un fuerte y rápido ajuste fiscal. El segundo ocurrió a partir de la enorme devaluación en el gobierno del ex presidente Duhalde, permitiendo así un período de gastos sustentables entre 2002 y 2007. 

El kirchnerismo terminó con el cumplimiento de la regla fiscal óptima, y volvió a desequilibrar las cuentas públicas, incurriendo nuevamente en elevados niveles de déficit fiscal y presión tributaria. 

El gobierno del ex presidente Macri se negó sistemáticamente a corregir el desequilibrio hasta el año 2018, momento en el cual la crisis económica lo obligó a detener el gradualismo. 

La devaluación de la moneda posibilitó la constante licuación de los gastos del Estado, y de esa forma se pasó de USD 300.000 millones, a los USD 172.000 millones actualmente. El nivel de gasto medido en dólares se redujo, pero la enorme contracción económica podría poner contra las cuerdas al presidente Fernández. 

Para retornar a un sendero de estabilidad económica, el Estado tendría que realizar un ajuste por USD 72.000 millones en este año. Sin lugar a dudas, el gobierno no avanza en esta dirección, y todo indica que se profundizarán los desequilibrios existentes. 

La contra-cara del enorme Estado elefantiásico es el déficit fiscal, cada vez más indomable para el gobierno. Se estima un alivio sustancial en materia de intereses, a partir de un eventual acuerdo definitivo con los bonistas, pero el déficit primario alcanzaría cómodamente los 8 puntos del producto para fin de año.  

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Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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