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Economía

Se disparó el déficit fiscal en enero por un fuerte aumento del gasto público de Massa: Se prevé más emisión para tapar el agujero

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El resultado fiscal del mes marcó un déficit total del 4,3% del PBI, el acumulado más alto de los últimos cinco meses. El desvío del mes de enero obligará al Gobierno a endurecer el ajuste fiscal hasta fin de año para cumplir con los requisitos mínimos del acuerdo con el FMI. 

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el mes de enero con un desequilibrio primario de $203.938 millones. El primer mes de 2023 registró un déficit 12 veces más alto en comparación a la misma cifra para enero del año pasado.

Se registró un crecimiento nominal del 1.121% (muy superior a la inflación) en el déficit primario, y el acumulado de 12 meses representó un desequilibrio equivalente al 2,26% del PBI, el más grande desde septiembre del año pasado.

La factura por intereses de deuda creció un 149,3% interanual en enero de 2023 (contra una inflación del 98,8%), y totalizó los $334.031. El déficit financiero total acumulado de 12 meses alcanzó el 4,33% del PBI, y fue el más alto de los últimos 5 meses. Creció un 257% interanual contra la métrica mensual del mismo mes en 2022.

Déficit fiscal del Gobierno nacional entre 2009 y 2023.

Las metas con el FMI y el peligro inflacionario

El informe oficial del Ministerio de Economía estima que el déficit primario de enero representó el 0,12% del PBI para a un año vista, una cifra muy por encima de lo que estaba previsto. En otras palabras, en un solo mes se consumió la mitad del “techo” de déficit admitido por el Fondo Monetario Internacional para los primeros tres meses del año.

La meta con el Fondo demanda arribar a un déficit no mayor al 1,9% del PBI para diciembre, sin intereses de deuda pública. Pero con el peligroso desvío de enero, el Gobierno deberá concretar un ajuste promedio equivalente al 0,08% del PBI todos los meses hasta llegar a fin de año o de lo contrario no podrá cumplir. 

De hecho, el equipo de Massa habría estado cerca de incumplir el acuerdo en el segundo semestre del año pasado, de no ser por computar como “ingresos” a las rentas de propiedad del Estado nacional por un valor del 0,3% del PBI. Este año, la contabilidad creativa del Gobierno se verá atenuada por las cláusulas del acuerdo, y no podrá hacer uso de este tipo de recursos para mejorar el resultado fiscal. 

El Secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, anticipó en sus redes sociales que los fundamentos macroeconómicos del país (fiscales, monetarios y cambiarios) son consistentes con una variación mensual del IPC en torno al 4%, al mismo tiempo en que defendió el uso de acuerdos de precios para combatir “factores inerciales” de la inflación.

Lo cierto es que el resultado fiscal de enero está muy lejos de convalidar una inflación del 4% mensual. El crecimiento de los pasivos remunerados del Central al 150% y el déficit cuasi-fiscal escalando al 4,85% del PBI, tampoco parecen convalidar la meta de 60% de inflación para fin de año (como establece el Presupuesto 2023 original).

El Viceministro no precisó mayores detalles para respaldar su diagnóstico controversial, y a la luz de las principales estimaciones de las consultoras privadas, ninguna de ellas parece dar crédito a la meta inflacionaria prevista por el oficialismo. El informe de expectativas REM del Banco Central sugiere que la meta se vería al menos duplicada. 

Los factores explicativos para el aumento del déficit fiscal

El gasto público primario creció por encima de lo esperado y totalizó los $1.927.143 millones en el mes de enero. Escaló un 111,2% en los últimos 12 meses, muy por encima de la inflación del 98,8% anunciada por el INDEC. 

Se produjo un drástico incremento en términos reales, interrumpiendo un período de 6 meses de recortes constantes. De esta manera, el gasto primario ascendió al 21,8% del PBI y lleva un aumento de casi 1 punto del producto desde octubre del año pasado. 

Si bien el mes cerró con un aumento real interanual del 6,2% sobre las erogaciones primarias, el gasto en salarios públicos creció un 8,8%, las transferencias discrecionales a Provincias aumentaron un 9,4%, los subsidios a la energía 10%, la inversión pública se disparó un 33% y la factura por programas sociales aumentó hasta un 159,2% en términos reales

Los gastos totales alcanzaron los $2.261.174 millones en enero, mientras que el acumulado de 12 meses ascendió al 23,85% del PBI

Economía

Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Economía

Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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