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Economía

El empleo público creció más que la población en los últimos 35 años, descubre nuevo estudio

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Según las estimaciones del economista Orlando Ferreres, el empleo estatal crece a razón de 3% por año desde 1985, cuando la población solo lo hizo a un 1,7% anual. Este año, el empleo en el Estado representa el 28% del total, la cifra más alta de la historia argentina.  

El modelo económico kirchnerista revirtió el cambio de tendencia que se produjo en la década del 90 y se generó una enorme expansión del empleo estatal. El empleo asalariado en el Sector Público Argentino (SPA) llegó a representar el 28% de la ocupación registrada total en febrero de 2021, según los cálculos del Banco Central en su último informe de política monetaria. Este cálculo incluye todas las esferas del Estado, el Sector Público Nacional, las provincias y los municipios.

El economista Orlando Ferreres estima que no menos de 3.815.116 de personas fueron empleadas por el Estado en 2020. El economista destacó la trayectoria explosiva del empleo público desde la década de 1980. Mientras que la población creció un 1,7% cada año desde 1985, el empleo en el Estado creció a razón de 3% al año, por lo que adquirió un rol creciente en el tiempo.

Las reformas producidas en el primer mandato de Carlos Menem disminuyeron a la mitad la cantidad agentes empleados en la esfera nacional, pasando de 835.485 en 1990 a 475.873 en 1995, y siguió bajando hasta el año 2000. Sin embargo, el empleo público a nivel provincial y municipal solamente bajó entre 1991 y 1992, pero a partir de allí recuperó la tendencia alcista que tenía desde 1980 y siguió subiendo hasta el presente.

Con la llegada del kirchnerismo al poder en 2003, el empleo público a nivel nacional dejó de racionalizarse y comenzó a subir nuevamente a un ritmo similar al de las provincias, y esta política generó un fuerte desequilibrio.

En total, el empleo estatal pasó de representar el 23,7% del trabajo registrado en enero de 2012 al 26,6% en diciembre de 2015. Esta cifra volvió a subir a lo largo del Gobierno de Mauricio Macri hasta llegar al 27,3% en noviembre de 2019, y con Alberto Fernández superó el 28% en febrero de este año, siendo la cifra más alta de la historia argentina.

Trayectoria del empleo público entre 2016 y 2021.

En el pasado, las enormes empresas públicas deficitarias funcionaban como un “seguro de desempleo” para compensar la falta de trabajo formal que no podía producir el modelo de sustitución de importaciones (ISI) en Argentina. En la actualidad, el empleo público en los diferentes niveles de gobierno funciona bajo una lógica similar.

La contracara del crecimiento de las erogaciones es la mayor demanda de recursos para cubrirlas, que deben ser extraídos sistemáticamente del sector privado. Según el INDEC, el empleo en el sector privado no crece desde 2011, y registró importantes contracciones que responden a la inestabilidad de la economía argentina.

Desde 2018 el país perdió 421.000 puestos de trabajo en el sector privado formal, pero el Estado añadió 103.000 empleos sin mayores justificaciones en términos de eficiencia. Nuevamente, el sector público actuó como un “asegurador” contra la desocupación, pero a costa de enormes gastos transferidos en última instancia a la sociedad, mayor pérdida de eficiencia, y un deterioro de las remuneraciones públicas en términos reales.

Como advierte el economista Carlos Melconian, la excesiva carga de empleo estatal cuando no es justificado por razones técnicas o de productividad, tarde o temprano produce un deterioro de los salarios que paga el Estado.

Economía

Larreta propone volver a intentar el fallido Plan Austral como respuesta a la inflación

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El Jefe de Gobierno porteño abandonó temporalmente sus obligaciones para viajar a Israel y estudiar de cerca el plan de estabilización que aplicó ese país en 1985, idéntico al Plan Austral que lanzaba Raúl Alfonsín ese mismo año en el país.

Como lo había anticipado La Derecha Diario, el máximo referente del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó oficialmente sus intenciones para volver a intentar el fallido Plan Austral en la economía argentina.

El Jefe de Gobierno porteño visitó Israel y se reunió personalmente con Leonardo Leiderman y Manuel Trajtenberg, dos economistas argentinos que estuvieron presentes en el equipo del entonces primer Ministro Shimon Peres, para formular el más importante plan de estabilización de ese país entre 1985 y 1986.

El programa de estabilización se sustentaba en la estabilidad del tipo de cambio, y tanto su fecha de lanzamiento como sus principales características coinciden con el famoso “Plan Austral” que lanzó el presidente radical Raúl Alfonsín en junio de 1985.

Las medidas del programa israelí fueron las siguientes:

  • Estricto control de cambios y fijación de la paridad con el dólar
  • Devaluaciones periódicas administradas y brecha cambiaria de hasta 30%
  • Brutal congelamiento de salarios, tarifas públicas y controles de precios
  • Ajuste de shock sobre el déficit fiscal total (incluyendo intereses), que pasó del 15% del PBI a 2% en un año
  • Deuda externa para financiar la rápida transición hasta la eliminación del déficit
  • Estricto control de la base monetaria

Paralelamente, en 1985 Argentina lanzó un programa similar tras el estallido inflacionario heredado de la gestión Grispun. Pero el programa argentino demostró ser mucho más permisivo en materia de consolidación fiscal y credibilidad.

A diferencia de Israel, la aplicación de un set similar de medidas en Argentina no logró provocar un cambio de régimen creíble a largo plazo, como sí ocurrió en Israel. Incluso habiendo eliminado temporalmente el déficit primario, la falta de reformas estructurales y la debilidad de la promesa monetaria para no financiar al Tesoro, terminaron por desmantelar el programa hacia mediados de 1986.

Pero Argentina no fue el único caso de fracaso en la aplicación de este tipo de programas. Nuevamente con una lógica similar y a tan solo pocos meses de diferencia, en febrero de 1986 Brasil anunciaba el famoso “Plan Cruzado” que disponía de las mismas medidas adoptadas por Argentina e Israel. Como ocurrió en Argentina, la experiencia brasileña también terminó por fracasar y, para mediados de 1989, el país afrontaba una severa hiperinflación.

Israel es, hasta la fecha, el único caso conocido de éxito permanente para un programa “híbrido” capaz de combinar características ortodoxas y heterodoxas para combatir la inflación.

Pero pese a que solo se registró un caso exitoso, Rodríguez Larreta se mostró partidario de volver a intentar un programa con características similares al Plan Austral. Para ello, sostuvo la necesidad de un acuerdo político amplio, aunque evitó precisar mayores detalles sobre quiénes podrían integrar el consenso al cual hace referencia. 

“No hay manera que la Argentina funcione con este nivel de inflación. Lo primero que enfatizaron, me lo dijeron ellos siendo economistas, lo más importante es que Israel tuvo un acuerdo político”, explicó Larreta. 

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Economía

Por las sanciones de Estados Unidos, Rusia cae en un histórico default de la deuda externa

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El Kremlin no pudo afrontar el pago por los servicios de su deuda externa a causa de la expulsión de Rusia del sistema financiero internacional, y entró formalmente en suspensión de pagos.  

Después de las severas sanciones de Occidente, Rusia cayó en default al vencer el período de gracia de 30 días para abonar un monto de 100 millones de dólares en concepto de intereses de deuda externa.

La agencia Moody’s confirmó el nuevo default ruso al día 27 de junio, pero las autoridades rusas se negaron a aceptarlo, y lo califican como una imposición externa por encima de cualquier decisión propia.

El Tesoro de los Estados Unidos impidió que los tenedores de bonos estadounidenses pudieran recibir fondos de Rusia en dólares, eliminando una serie de exenciones que habían sido dispuestas al principio de la guerra en Ucrania.

En respuesta, Rusia anunció que su deuda por US$ 40.000 millones pasaría a pagarse en rublos, pero al verse irremediablemente incumplidos los términos originales del contrato, el default fue inevitable. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, desconoció el default y culpó a las sanciones de Occidente por la suspensión de pagos.

“Cualquiera puede declarar lo que quiera. Pero cualquiera que entienda lo que está pasando sabe que esto no es en absoluto un impago”, declaró Siluanov.

Es la primera vez que Rusia incumple efectivamente sus obligaciones con el pago de su deuda externa desde 1918, cuando la incipiente dictadura marxista liderada por los bolcheviques decidía desconocer completamente la deuda anterior.

También existe un importante precedente de impago en 1998, en el marco de la crisis financiera bajo la presidencia reformista de Boris Yeltsin, pero este default afectó principalmente a los títulos colocados en el mercado de capitales local, y se declaró una moratoria de la deuda externa para renegociar los plazos de pago convenidos, pero sin default (algo similar a lo que ocurrió en Argentina antes del default en 2002).

Rusia se encuentra expulsada del sistema financiero internacional, y su acceso al mercado de capitales se encuentra completamente bloqueado. Esto limita las implicancias prácticas del default, debido a que aún sin él, el crédito externo no es una posibilidad real para el Gobierno ruso ni para las empresas rusas.

Sin embargo, es posible que el default dañe la reputación crediticia de Rusia a largo plazo y pasada la guerra en Ucrania, por considerarse un país altamente riesgoso y políticamente inestable para afrontar sus obligaciones. 

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Economía

Como lo ordenó Cristina Kirchner, el Banco Central endurece los controles para las importaciones

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La autoridad monetaria dirigida por Miguel Pesce cumplirá con todas y cada una de las pretensiones de la Vicepresidente, y presionará a las empresas para que se financien con dólares propios o crédito externo, en lugar de hacerlo por el cambio oficial.

El agotamiento del cepo cambiario es cada vez más notorio, pero el Gobierno insistirá en mantener el sistema hasta las últimas consecuencias. Por influencia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el Banco Central llevará adelante una severa política para estrangular el volumen efectivo de importaciones.

La autoridad monetaria que dirige el radical Miguel Ángel Pesce anunció un nuevo comunicado que pretende “optimizar” el sistema de pagos del comercio exterior atentando contra las llamadas “importaciones especulativas”, y cumpliendo así con todos y cada uno de los caprichos de la Vicepresidente.

El objetivo de las medidas es evitar una mayor profundización de la caída de las reservas internacionales, aunque para eso se deba incurrir en una recesión aún más profunda sobre el nivel de actividad real. Las únicas importaciones que no se verán afectadas son las de energía, ante el peligro de una crisis energética mayor.

La autoridad monetaria endureció las regulaciones para que las empresas puedan acceder al dólar oficial para financiar importaciones. De esta manera, se insta a las empresas a que utilicen dólares propios para financiarlas, o en su defecto que adquieran crédito externo con sus respectivas casas matrices.

Para financiar importaciones, las firmas deberán adquirir créditos externos por hasta 180 días, debido a que el Central no habilitará la compra de dólares. Esto tendrá un impacto recesivo especial en la actividad industrial, altamente dependiente de la importación de insumos.

En coordinación con el Ministerio de desarrollo productivo que lidera Daniel Scioli, se resolvió la ampliación de las posiciones arancelarias para bienes importados que sean sustitutos a productos de origen local, y tendrán un plazo de 6 meses para poder acceder al mercado. Los bienes suntuarios y considerados de lujo, tendrán un plazo mayor de casi un año.

Para las pequeñas y medianas empresas el Banco Central lanzó un esquema que las exceptúa de las nuevas regulaciones, y les permite acceder al mercado de cambios oficial, siempre y cuando no se supere un límite por 1 millón de pesos y cuando las importaciones no hayan aumentado más de 15% con respecto a 2021.

De la misma manera en que ocurrió entre 2012 y 2015, la actividad económica se verá afectada dramáticamente ante la “restricción externa” autoimpuesta por el propio Gobierno

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