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Economía

Se frenó la ley de alquileres: ¿Qué pretendía aprobar el kirchnerismo?

Juntos por el Cambio despertó de la siesta y por primera vez desde que son oposición bloquearon una ley del kirchnerismo en el Senado. La “Ley de Alquileres” buscaba endurecer las regulaciones sobre el mercado inmobiliario y perjudicar a los propietarios.

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El bloque de Juntos por el Cambio liderado por Luis Naidenoff abandonó la sesión en el Senado después de plantear que el kirchnerismo incumplió (como es costumbre) su compromiso en tratar temas exclusivamente ligados a la pandemia. 

El bloque kirchnerista pretendía aprobar una serie de disposiciones para regular aún más la actividad inmobiliaria y los alquileres, cargando más peso sobre las espaldas de los propietarios en un intento improvisado para beneficiar a los inquilinos.
El proyecto se mostraba amigable con los inquilinos, y prometía abrir nuevas disposiciones sobre la actualización del alquiler, las garantías y la duración de los contratos. 

Sin embargo, lo cierto es que no es la primera vez que se busca regular al mercado inmobiliario con ese tipo de políticas.
La ley buscaba de algún modo beneficiar a los inquilinos, pero curiosamente pretendía hacerlo destruyendo cualquier tipo de incentivo sobre los propietarios a ofrecer el servicio. Imposible beneficiar a los inquilinos si se reduce la oferta.

Los puntos tratados eran los siguientes: 

La extensión en la duración obligatoria del plazo del contrato de dos a tres años. 

Las actualizaciones en el alquiler pasarían a ser de carácter anual, y la cláusula de ajuste se manifestaría mediante un índice elaborado con la remuneración mensual de los salarios (RIPTE), y con el indice de la inflación IPC del INDEC

La ampliación de las garantías para el contrato, pudiéndose ofrecer seguros de caución, respaldos bancarios, fianzas o certificados de sueldos.  

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Todas y cada una de las medidas apunta directamente a cargar un peso adicional sobre todos los propietarios. Los postulados de la ley se pueden simplificar en dos grandes efectos sobre el mercado inmobiliario. 

El primer efecto, y más típico en la historia de nuestro país, es la imposición de trabas regulatorias que impiden la correcta indexación de precios

Esto significa que, a lo largo de todo el año, el valor real en el monto del alquiler se vería erosionado gradualmente por la inflación, lo cual supondría un costo muy importante sobre el dueño del inmueble que nada podría hacer para evitarlo.

Esto constituye un incentivo a subir el precio del alquiler desde un principio, para así prever una cobertura contra la inflación esperada. También alienta fuertemente las operaciones informales, o con estrategias legales para “eludir” un contrato estándar de alquiler. 

En la historia de nuestro país, son contados los numerosos casos en los que se intentó aplicar políticas en contra de la libre disposición de los precios en los alquileres. Desde Yrigoyen hasta Perón, la estrategia jamás dio los resultados esperados, y terminó destruyendo la oferta de inmuebles

Con la introducción de la inflación como fenómeno cotidiano, la situación se tornó progresivamente más errática, hasta impedir el desarrollo de un sano mercado inmobiliario.

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El segundo efecto atenta directamente contra la oferta de inmuebles, constituye un “shock” negativo sobre la oferta

La prolongación excesiva de los plazos de dos a tres años para un simple contrato de alquiler, hace dudar a muchas personas sobre qué tan viable es correr el riesgo de convertirse en locador. 

Se espera una contracción lógica en la cantidad de propiedades alquiladas. Lejos de beneficiar a los inquilinos, esto implica que muchas personas se quedarían afuera del sistema, y no podrían acceder a una vivienda, sin importar su disposición a pagar. 

En definitiva, los inquilinos que tengan la suerte de encontrar un inmueble y celebrar un contrato, deberían afrontar posibles aumentos iniciales en los montos a pagar. Y muchas personas que estarían igualmente dispuestas a pagar el servicio por acceder a una vivienda para el uso que sea, quedarían eventualmente desplazadas al no haber suficiente oferta en el mercado

La ley perjudicaría a muchos, pero no beneficiaría a nadie.    

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Economía

Argentina sin moneda: las políticas inflacionistas destruyeron el poder adquisitivo del peso

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Tras la salida de la Convertibilidad en 2002, el poder de compra del peso perdió terreno sistemáticamente. Actualmente un monto por 1.000.000 de pesos solamente es capaz de adquirir 4.566 dólares en el mercado sin intervención.

La emisión de dinero sin respaldo volvió a internalizarse en la política económica argentina desde la salida de la Convertibilidad el 6 de enero de 2002. Año tras año, el poder adquisitivo del peso argentino fue perdiendo terreno tanto en términos de bienes y servicios (inflación), como en relación a otras divisas.

Mientras que en la administración del presidente Carlos Menem era posible adquirir 1.000.000 de dólares por la suma de 1.000.000 de pesos, actualmente solo es posible comprar a duras penas un monto por 4.566 dólares en el mercado paralelo. Estas cifras ponen en evidencia la fuerte devaluación del peso desde 2002 y en adelante.

Domingo Cavallo, autor e impulsor del único programa económico de la democracia que derrotó a la inflación.

Aún considerando el tipo de cambio oficial minorista, solamente sería posible adquirir un monto de 9.600 dólares, pero esto se torna casi imposible debido a las fuertes restricciones que impone en cepo cambiario del Banco Central. Además, este valor resulta completamente ficticio pues no tiene en consideración al impuesto PAIS del 30%, ni tampoco la percepción del impuesto a las Ganancias por una alícuota del 35%.

Teniendo en cuenta estos dos impuestos, al valor de corriente del llamado dólar solidario”, solamente resulta posible adquirir 5.530 dólares con 1.000.000 de pesos. Sea cual sea el criterio que se tome como referencia, la devaluación del peso argentino es una realidad innegable que se produjo tras el abandono de la Convertibilidad.

Evolución histórica del poder adquisitivo de AR$ 1.000.000 considerando el dólar en el mercado cambiario libre.

Bajo la gestión del presidente Eduardo Duhalde la emisión de dinero volvió a financiar el déficit fiscal, y la masiva pesificación de depósitos y deudas privadas provocó una rápida y violenta expansión monetaria.

Más tarde, y pese al fuerte superávit en la administración de Néstor Kirchner, la emisión de papel moneda se destinó a la depreciación artificial del tipo de cambio nominal, pretendiendo así ganar competitividad a costa de reintroducir la inflación en la economía argentina.

Los fuertes desequilibrios fiscales producidos en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner fueron la piedra angular para consolidar la dominancia fiscal del sector público sobre el accionar del Banco Central. La reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria en 2012 permitió la adopción definitiva de una política monetaria anómala.

Finalmente, bajo la gestión de Mauricio Macri el BCRA no modificó su carta orgánica y las inconsistencias internas del programa económico, marcando una dicotomía entre la política monetaria y la fiscal, terminaron por seguir profundizando el proceso inflacionario.

Sin poder erradicar la dominancia fiscal, las políticas monetarias relativamente restrictivas impulsadas por el macrismo no dieron resultados debido a que los agentes descontaron una mayor emisión futura para financiar al fisco, y simplemente se produjo una drástica contracción de la demanda de pesos desde 2018 precisamente previendo esta situación.

Desde diciembre de 2019 y bajo el liderazgo de Alberto Fernández, no solo se continuó con un marco de fuerte dominancia fiscal, sino que además se descartó cualquier mesura en la emisión de dinero sin respaldo. Las medidas de aislamiento estrangularon la economía y pusieron una suerte de “techo” al proceso inflacionario en 2020, pero esta situación fue meramente temporal y actualmente Argentina enfrenta otra aceleración de la inflación.

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Economía

Se desacelera la recuperación laboral en EE.UU: las solicitudes por desempleo aumentan hasta 286.000

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En los primeros 15 días del mes de enero, los reclamos por seguros de desempleo registraron la cifra más alta desde octubre del año pasado, marcando una fuerte desaceleración de la recuperación laboral en la economía más importante del mundo.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reveló que fueron registradas un total de 286.000 solicitudes contra la desocupación hasta la semana que finalizó el 15 de enero. Esto marca un nuevo récord desde octubre de 2021, y supone un freno al rápido rebote del mercado laboral que se venía produciendo desde la segunda mitad del 2020.

Nuevamente, las estimaciones de Bloomberg fallaron por ser exageradamente optimistas, pues se esperaba alcanzar una cifra desestacionalizada en torno a las 225.000 solicitudes. Las proyecciones con exceso de optimismo se producen mes tras mes desde la asunción de Joe Biden, aunque jamás pudieron materializarse en la práctica.

Cabe resaltar que durante la presidencia de Donald Trump ocurría un fenómeno radicalmente opuesto: las proyecciones eran habitualmente pesimistas, pero las cifras oficiales las superaban recurrentemente.

Los datos para enero de 2021 fueron ajustados por estacionalidad, debido a que de esta forma resulta posible comparar entre distintos meses de forma rigurosa. Sin tener en cuenta este ajuste estacional, el número efectivo de personas que solicitaron un seguro por desempleo fue de 337.417 hasta el 15 de enero.

De todas maneras, y aún sin ajuste estacional, la desaceleración del rebote laboral puede observarse también en las proyecciones propias que realizó el Departamento de Trabajo. La estacionalidad característica del mes de enero induce siempre a una fuerte caída de los seguros por desempleo, pero mientras el Gobierno esperaba una caída del 33%, la cifra efectiva llegó a solo el 19,8% con respecto a la semana anterior.

La cantidad de personas que reclamaron su seguro por desocupación aumentó en 55.000 con respecto a la primera semana del mes de enero. La tendencia alcista también puede percibirse si se compara contra los datos de la última semana de diciembre, por lo que la desaceleración laboral ya acumula tres semanas.

La tasa de desocupación de los Estados Unidos volvió a caer por debajo del 4% al término del mes de diciembre, como resultado de la fuerte flexibilidad laboral que existe en ese país y la rápida recuperación económica en “forma de V” desarrollada mayormente en los últimos meses de la gestión de Trump.

Sin embargo, el crecimiento del fenómeno inflacionario se perfila como el principal problema económico que actualmente enfrenta la economía estadounidense. La administración de Biden aún no dio respuestas contundentes y, como ocurre con el poder adquisitivo, la inflación también erosiona poco a poco la imagen política del Presidente.

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Economía

La insistencia de Guzman con el FMI: el pago de la deuda podría dejar al Central sin reservas líquidas

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Dentro de los siguientes nueve días vencen alrededor de 1.100 millones de dólares y el Central se podría quedar casi sin reservas líquidas. Aumentan los rumores de un default con el Fondo.

Para el viernes próximo Argentina tendrá que pagar 719 millones de dólares al FMI y tres días después serán otros 369 millones de dólares. Este será el último pago que Argentina pueda hacerle al Fondo con las reservas que se encuentran en el Banco Central para poder continuar con la negociación sin entrar en atrasos. El ministro Guzmán insiste ante la prensa internacional en que necesita más tiempo para llegar a un acuerdo.

Además aumentan las especulaciones que el Gobierno podría no pagar para no perder los últimos 1100 millones de dólares que le quedan de reservas líquidas. Al fin y al cabo, esa suma es algo más del doble que las reservas que el Banco Central perdió en la primera mitad de enero y en febrero se deben pagar 195 millones de dólares de intereses al Club de París.

Dentro del oficialismo hay quienes creen que debería necesario mostrarse duros y dejar de pagar para enviar una señal de intransigencia frente a la exigencia de un ajuste recesivo, mientras que en el entorno del ministro niegan que patear el tablero a altura de las negociaciones esté en los planes de Guzmán.

Por otro lado, en Economía insisten en que, si bien hay tensión, se debe mantener la cordialidad con los técnicos del staff del FMI. Y enfatizan que los avances son lentos, pero los hay y habrá que continuar con la negociación.

La diferencia entre pagar y no pagar no es solamente contable en materia de reservas internacionales, sino de tiempos. Dejar de pagar casi 1.100 millones de dólares implica adelantar dos meses el ingreso formal en atrasos con el Fondo, que se concretaría entonces a finales de julio y no a finales de septiembre. Al fin y al cabo el siguiente vencimiento no es sino hasta el 21 de marzo. Con eso conseguiría comprar algo más de un mes de reservas, aunque la aceleración de la demanda de divisas puede volverlo incluso un período más corto.

No necesariamente entrar en impagos implica el fin de las negociaciones, de hecho en general los países que entraron en atrasos continuaron negociando y solo fueron un puñado los que llegaron a los seis meses, a la fecha límite de los “protracted arrears”, es decir de los atrasos que el Fondo Monetario no puede volver a financiar.

Con depósitos bancarios del sector privado de casi 8 billones de pesos con tasas de interés para los plazos fijos de 3,25% mensual sensiblemente menores a la inflación esperada para comienzos de año, un desarme de depósitos puede rápidamente presionar sobre la brecha cambiaria y volverse contra las reservas incluso sin que el Banco Central destine divisas a los mercados bursátiles.


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