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Economía

Se frenó la ley de alquileres: ¿Qué pretendía aprobar el kirchnerismo?

Juntos por el Cambio despertó de la siesta y por primera vez desde que son oposición bloquearon una ley del kirchnerismo en el Senado. La “Ley de Alquileres” buscaba endurecer las regulaciones sobre el mercado inmobiliario y perjudicar a los propietarios.

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El bloque de Juntos por el Cambio liderado por Luis Naidenoff abandonó la sesión en el Senado después de plantear que el kirchnerismo incumplió (como es costumbre) su compromiso en tratar temas exclusivamente ligados a la pandemia. 

El bloque kirchnerista pretendía aprobar una serie de disposiciones para regular aún más la actividad inmobiliaria y los alquileres, cargando más peso sobre las espaldas de los propietarios en un intento improvisado para beneficiar a los inquilinos.
El proyecto se mostraba amigable con los inquilinos, y prometía abrir nuevas disposiciones sobre la actualización del alquiler, las garantías y la duración de los contratos. 

Sin embargo, lo cierto es que no es la primera vez que se busca regular al mercado inmobiliario con ese tipo de políticas.
La ley buscaba de algún modo beneficiar a los inquilinos, pero curiosamente pretendía hacerlo destruyendo cualquier tipo de incentivo sobre los propietarios a ofrecer el servicio. Imposible beneficiar a los inquilinos si se reduce la oferta.

Los puntos tratados eran los siguientes: 

La extensión en la duración obligatoria del plazo del contrato de dos a tres años. 

Las actualizaciones en el alquiler pasarían a ser de carácter anual, y la cláusula de ajuste se manifestaría mediante un índice elaborado con la remuneración mensual de los salarios (RIPTE), y con el indice de la inflación IPC del INDEC

La ampliación de las garantías para el contrato, pudiéndose ofrecer seguros de caución, respaldos bancarios, fianzas o certificados de sueldos.  

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Todas y cada una de las medidas apunta directamente a cargar un peso adicional sobre todos los propietarios. Los postulados de la ley se pueden simplificar en dos grandes efectos sobre el mercado inmobiliario. 

El primer efecto, y más típico en la historia de nuestro país, es la imposición de trabas regulatorias que impiden la correcta indexación de precios

Esto significa que, a lo largo de todo el año, el valor real en el monto del alquiler se vería erosionado gradualmente por la inflación, lo cual supondría un costo muy importante sobre el dueño del inmueble que nada podría hacer para evitarlo.

Esto constituye un incentivo a subir el precio del alquiler desde un principio, para así prever una cobertura contra la inflación esperada. También alienta fuertemente las operaciones informales, o con estrategias legales para “eludir” un contrato estándar de alquiler. 

En la historia de nuestro país, son contados los numerosos casos en los que se intentó aplicar políticas en contra de la libre disposición de los precios en los alquileres. Desde Yrigoyen hasta Perón, la estrategia jamás dio los resultados esperados, y terminó destruyendo la oferta de inmuebles

Con la introducción de la inflación como fenómeno cotidiano, la situación se tornó progresivamente más errática, hasta impedir el desarrollo de un sano mercado inmobiliario.

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El segundo efecto atenta directamente contra la oferta de inmuebles, constituye un “shock” negativo sobre la oferta

La prolongación excesiva de los plazos de dos a tres años para un simple contrato de alquiler, hace dudar a muchas personas sobre qué tan viable es correr el riesgo de convertirse en locador. 

Se espera una contracción lógica en la cantidad de propiedades alquiladas. Lejos de beneficiar a los inquilinos, esto implica que muchas personas se quedarían afuera del sistema, y no podrían acceder a una vivienda, sin importar su disposición a pagar. 

En definitiva, los inquilinos que tengan la suerte de encontrar un inmueble y celebrar un contrato, deberían afrontar posibles aumentos iniciales en los montos a pagar. Y muchas personas que estarían igualmente dispuestas a pagar el servicio por acceder a una vivienda para el uso que sea, quedarían eventualmente desplazadas al no haber suficiente oferta en el mercado

La ley perjudicaría a muchos, pero no beneficiaría a nadie.    

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Economía

La peor política energética de la historia: Edenor perdió hasta $9.859 millones en el primer semestre

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El congelamiento tarifario dispuesto por Fernández provocó pérdidas millonarias y mayor descapitalización en el sector eléctrico. Las acciones de Edenor se derrumbaron un 4,25% en el día lunes.

La situación en el mercado energético es cada vez más delicada. Los más recientes balances contables de la distribuidora Edenor, presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), presentan una pérdida acumulada de $9.859 millones entre enero y junio de 2022.

De acuerdo a su jurisdicción asignada por el Estado, la empresa cuenta con 3,2 millones de clientes y abastece hasta el 20% de la demanda energética del país, tanto para uso residencial como para la industria y el comercio. Esto permite tomar dimensión sobre su importancia relativa dentro del mercado.

El patrimonio total de la empresa eléctrica ascendió a los $90.608 millones, registró un resultado operativo negativo por $10.681 millones en el primer semestre, y se totalizaron $8.655 millones en concepto de inversión para atender la calidad de los servicios ofrecidos y la demanda de los usuarios.

La inversión registrada fue, en su mayoría, un monto destinado a compensar al menos una parte de la depreciación del capital, pero no existió un mayor margen para capitalizar el sistema.

El congelamiento de tarifas, primero decretado en febrero de 2019 por el presidente Macri y más tarde mantenido y extendido por Alberto Fernández, fue la causa principal para explicar los fuertes desequilibrios financieros del primer semestre.

La ecuación económico-financiera de la empresa se deterioró brutalmente a causa del estancamiento de los ingresos percibidos por los consumidores, que en última instancia es el resultado natural del incremento insuficiente en el valor nominal de las tarifas (cayendo su valor en términos reales).

Los costos operativos definidos en el mercado eléctrico mayorista no cesaron sus aumentos, y de hecho fue imposible su congelamiento debido a que hacerlo implicaría paralizar la producción energética y propagar desabastecimiento.

Los subsidios económicos suministrados por el Estado se tornaron crecientes a lo largo de la gestión kirchnerista, pero estos no cubrieron el aumento de los costos mayoristas y no compensaron el deterioro de las tarifas percibidas por los consumidores en términos reales.

Los aumentos tarifarios permitidos solamente respondieron a factores de estacionalidad, y no a la evolución real de los ingresos de la empresa distribuidora. Los balances contables ajustados por inflación determinaron que el margen bruto de la empresa cayó un 16% en comparación al primer semestre del año pasado.

Por otra parte, el mayor estrangulamiento del cepo cambiario limita la capacidad de Edenor para hacer frente a sus obligaciones financieras con el exterior. El acceso al mercado único de cambios (el cambio oficial) es cada vez más restringido por el BCRA, al borde del colapso de las reservas internacionales netas.

La actualización tarifaria dispuesta por Sergio Massa a partir de agosto supone un alivio para la ecuación económico-financiera de la empresa, pero se requieren mayores ajustes para evitar la descapitalización de los servicios. Sin la capitalización requerida, se corre el riesgo de atravesar apagones como los vividos entre 2012 y 2015 en el último Gobierno de Cristina Kirchner

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Economía

Massa desplaza a funcionarios kirchneristas y nombra a Flavia Royón al frente de la secretaría de Energía

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El ministro de Economía forzó la renuncia de Darío Martínez y Federico Basualdo para poder aplicar los aumentos tarifarios sin oposición. La ingeniera Royón se desempeñará como secretaria de Energía.

Se afianza el cronograma para la segmentación y los aumentos tarifarios. El ministro de Economía Sergio Massa logró imponerse en las internas del oficialismo y forzó la renuncia de Darío Martínez y Federico Basualdo, una movida que no había podido ser concretada por su predecesor Martín Guzmán en 2021.

Massa precipitó una purga de funcionarios kirchneristas de la secretaría de Energía, con el fin de eliminar la oposición interna y evitar cualquier tipo de boicot contra la reducción de subsidios económicos. Estos movimientos eran necesarios para cumplir con los lineamientos presentados el 3 de agosto.

La nueva secretaria de Energía será Flavia Royón en reemplazo a Martínez, quien hasta ahora se desempeñaba como ministra de Energía y Minería en la Provincia de Salta, nombrada por el gobernador justicialista Gustavo Sáenz. Paralelamente, Royón lideraba el Consejo Económico y Social de Salta, y servía como representante de su Provincia ante organismos nacionales.

Royón es comúnmente asociada a posturas políticas pragmáticas en materia de energía y medioambiente. Defendió y promovió el desarrollo de la actividad minera en su jurisdicción, y se mostró como una partidaria de la explotación privada del litio para la exportación.

También se desempeñó como consultora en mercados ganaderos, trabajó como gerente general en el Frigorífico Bermejo, y desarrolló funciones en la Comisión Directiva de Entidades Gremiales Empresarias de su Provincia.

Junto con nueva Secretaria, Santiago Yanotti será el próximo subsecretario de Energía en sustitución a Federico Basualdo, un hombre que también responde al armado político de Massa y que se desempeñó como vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Se añadirán al equipo Federico Bernal como nuevo subsecretario de Hidrocarburos, y Cecilia Garibotti como la nueva subsecretaria de Planificación.

Los anuncios dispuestos por Massa implican un ajuste del 0,2% del PBI proyectado para 2022, en materia de subsidios energéticos. Los nuevos funcionarios en la secretaría de Energía se proponen garantizar dicho ajuste.

Sin embargo, la proyección de déficit primario para fin de año cae del 3,1% del PBI al 2,9%, y resulta aún es necesario determinar el ajuste adicional por al menos 0,4% del PBI para arribar a la meta del FMI. 

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Economía

Se hunde la economía argentina: Las ventas minoristas se desplomaron un 6% en julio

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Un reciente informe de CAME estima que las ventas de las empresas pymes se derrumbaron un 6% entre junio y julio, y acumulan una caída del 3,5% contra 2021. Las ventas de alimentos cayeron un 6,2% y la indumentaria registró una violenta contracción de casi 13%.

El estallido inflacionario del mes de julio y las constantes remarcaciones terminaron por impactar en el nivel de consumo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de julio cayeron fuertemente un 6% en comparación al mes anterior, y acumulan una caída anual del 3,5% en comparación a julio de 2021.

CAME realiza un relevamiento sobre un umbral de 1.087 pequeñas empresas en todo el país y en los primeros días del mes de agosto, buscando obtener datos acerca del desempeño de julio. En lo que va de 2022 las ventas minoristas acumularon una caída del 3,8% en comparación a los primeros 7 meses de 2021.

La renuncia de Martín Guzmán y el ascenso de Silvina Batakis como ministra de Economía a lo largo del mes de julio, despertaron un tenso clima de desconfianza que precipitó una caída en la demanda de pesos y un alza en la cotización del dólar en los segmentos alternativos. El abrupto shock de expectativas tuvo un impacto en los precios casi instantáneamente.

Los indicadores de consumo resultan de gran importancia para anticipar el rumbo de la totalidad de la actividad económica, debido al enorme peso de esta variable en relación al PBI. Con un nivel de inversión y exportaciones en estancamiento, y un consumo en caída, las señales de recesión son cada vez más claras.

CAME confirmó que la caída interanual promedio alcanzó el 3,5% contra 2021, pero esto es significativamente variable según qué rubro se analice. Las ventas minoristas en artículos de bazar, textiles de hogar y muebles se derrumbaron un 4,6% contra julio de 2021, en alimentos cayeron un 6,2%, y las ventas en el rubro textil disminuyeron hasta un 12,7%.

El rubro textil fue, con diferencia, el más golpeado de todos en materia de consumo y alza de precios. Solamente contra junio de 2022, las ventas minoristas de productos textiles cayeron violentamente casi 5%. Los proveedores mayoristas de indumentaria llegaron a remarcar hasta un 15% en las dos primeras semanas de julio, el momento de mayor incertidumbre sobre el rumbo de la economía.

La caída de la demanda de pesos propagó el sobrante de dinero en la economía, produciendo así un primer aumento sobre los activos financieros y el tipo de cambio con el dólar. Pero no tardó en generar más tarde un impacto sobre los costos de reposición mayoristas, los alquileres y los costos de transporte, iniciando así un efecto en cadena por el exceso de pesos.

Los bienes de origen importado demostraron una mayor reticencia para evitar los aumentos, no solamente por la variación del dólar sino también por las restricciones de índole cuantitativo que establecen el Banco Central y las autoridades de aduana. Las restricciones sobre las importaciones limitaron la oferta percibida por los consumidores, y encarecieron los precios en términos reales.

A diferencia de lo que ocurrió en los primeros dos trimestres de 2022, el creciente nivel de la inflación se torna cada vez más incompatible con el estancamiento de la actividad económica y el consumo, y empuja a una recesión abierta

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