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Economía

Sin un plan de privatizaciones en el horizonte, Alberto Fernández trasladará las pérdidas de las empresas públicas a la sociedad

Las empresas públicas ya tienen un déficit tan grande como el que tenían en la década del ’90, cuando se logró un gran consenso nacional para su privatización. Ahora, el Gobierno kirchnerista insiste con un mega-subsidio de $347.274 millones sólo en 2021 para mantenerlas a flote.

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Durante décadas el kirchnerismo abogó la re-nacionalización de empresas que habían sido privatizadas en los 90s para aumentar su eficiencia, achicar el gasto público y poder bajarle los impuestos a los argentinos. Todo este proceso de expropiación culminó este año, con una medida de Alberto Fernández que vuelve a cargar los costos crecientes de estas empresas públicas sobre la sociedad, en un momento de suma tensión por la crisis económica.

Las empresas públicas registran desde hace años perdidas cada vez más importantes. El Gobierno decidió priorizar su financiamiento a costa de otras partidas y, en términos del PBI estimado, el déficit total de las empresas ascendería hasta el 0,9%, el número más alto desde 2016.

A partir de malas administraciones, las empresas del Estado llegaron a perder un récord histórico de 1,5% del PBI en el 2015, una cifra que no se veía desde 1990, momento en el cual se había abandonado el modelo de “Estado empresario” y se habían lanzado las privatizaciones.

Pero a diferencia de aquél entonces, la estrategia del Estado para cubrir este enorme rojo fiscal no va a ser privatizar, si no que se redirigirán fondos por un valor total de $345.274 millones para solventar estas empresas, solo en 2021.

El kirchnerismo reintrodujo el costo de empresas deficitarias a la sociedad, y la crisis económica no hace más que complejizar el problema. Según las estimaciones oficiales, casi el 18% del total del déficit financiero previsto para 2021 será explicado exclusivamente por empresas públicas deficitarias.

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Con las medidas de aislamiento y el congelamiento en las tarifas públicas, las empresas del rubro de transporte serán la que mayores pérdidas representarán del total. Según el presupuesto, cerca del 44% del total del déficit de las empresas estatales será resultado de Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, y otras empresas de transporte

El caso de Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles es particularmente preocupante, pues el déficit operativo se triplicó desde 2018, después de haber permanecido casi constante (en términos nominales) desde 2016.

Cuando Macri asumió en 2015, Aerolíneas perdía en promedio, 1 millón de dólares por día. El Gobierno de Cambiemos había logrado reducir este déficit diario a menos de 700 mil dólares, pero entre 2019 y 2020, este rojo volvió a escalar e incluso superó el millón de dólares del 2015. Actualmente, sin vuelos por la cuarentena y en plena crisis económica, el déficit estimado para este año es de 570 millones de dólares, o sea un promedio de 1,56 millones de dólares al año. Claramente una situación insostenible cuya única solución es la privatización.

Otras empresas dedicadas a la energía, como IEASA, NASA, entre otras, perderán aproximadamente $85.251 millones en el 2021, un 24% del total del déficit de las empresas. 

El presupuesto también contempla un plan de obras públicas encabezado por AISA y los corredores viales, que se calcula en los $76.249 millones. El presidente Alberto Fernández enfatizó su discurso en este tipo de medidas, asegurando que serán “la clave de la reactivación”

Las estimaciones contempladas por el ministro Martín Guzmán están en una misma línea con las previsiones de recursos que obtendrá eventualmente el Tesoro y los préstamos que se planea conseguir para el año que viene. 

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Si bien el déficit se plantea como un modesto 0,9% del PBI, lo cierto es que muchas consultoras privadas aseguran que será difícil conseguir la meta fiscal que propone el Gobierno, porque el gasto público posee un gran componente de indexación

Por otro lado, y más allá de la indexación, la percepción de recursos será crucial para lograr las metas fiscales, y nada indica que el año que viene produzca resultados positivos en materia de actividad económica. 

El propio presupuesto supone un rebote en torno al 5,5% con respecto a este año, pero el número surge de comparar contra un año tan malo como lo es 2020. Esto quiere decir que, si bien se espera un rebote técnico, la economía podría demorar mucho tiempo en volver a alcanzar (y superar) los niveles que se registraban en 2019.

Guzmán apuesta a un nuevo aumento impositivo para consolidar su presupuesto, y envió señales al mercado en torno a la normalización de las tarifas públicas, para intentar llevar más confianza a la meta fiscal de 2021. 

Aún así, el costo de las empresas estatales se intensifica en un contexto sumamente crítico, donde la pobreza (medida por personas) alcanzó el 40,9% en el primer semestre del año, y se proyecta un pico de entre 44% y 47% para el segundo semestre

Este año, todo el ajuste asociado a la pandemia y la cuarentena recayó sobre las espaldas del sector privado, con la mayor pérdida de puestos de trabajo de los últimos tiempos. Sin embargo, las intenciones de Alberto Fernández son claras: menos dinero para la gente, y más recursos para las empresas del Estado.  

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Economía

Tras la desregulación del mercado inmobiliario, la oferta de viviendas en alquiler se disparó casi un 200% en el AMBA

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Cada vez más personas pueden acceder al alquiler gracias al decreto de desregulación anunciado por el Presidente Milei en diciembre del año pasado. Se registró un explosivo crecimiento de la oferta inmobiliaria, el más drástico del que se tenga algún registro en los últimos años.

El proceso de desregulación del mercado inmobiliario cosechó un éxito contundente y arrollador, cada vez más difícil de negar incluso entre los más reaccionarios a las medidas que impulsó el oficialismo.

Desde que el Presidente Javier Milei decretó la desregulación inmobiliaria y el fin de la Ley de Alquileres del 2020, la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler se disparó hasta un 189% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según un reciente informe de la Universidad de San Andrés al término del mes de marzo.

La cantidad de inmuebles ofrecidos saltó drásticamente de las 6.696 unidades a un total de 19.069 en cuestión de solo unos pocos meses. Bajo el marco regulatorio anterior esto podría haber parecido una utopía, pero la mayor libertad de transacciones está permitiendo que miles de personas puedan acceder a la vivienda.

Asimismo, el sondeo de visualizaciones de Zonaprop registró que la cantidad de viviendas ofrecidas se duplicó desde diciembre del año pasado, convalidando así el éxito de la desregulación. Este fenómeno se explicó principalmente por los alquileres de índole permanente, en detrimento de los temporarios.

De acuerdo a Zonaprop, en el mes de marzo el precio promedio de los alquileres aumentó tan solo un 2,5% en el Gran Buenos Aires, mientras que la tasa de inflación informada por el INDEC cerró por encima del 11% en el mismo período.

En lo que va del año el precio promedio de los alquileres acumuló un aumento del 28,7%, una cifra muy inferior al 49,1% que se había acumulando durante el primer trimestre de 2023 (bajo el esquema regulatorio del kirchnerismo).

Se debe tener en cuenta, además, que la tasa de inflación minorista acumulada entre enero y marzo fue del 51,6%, y los precios mayoristas subieron un 37% en el mismo período. Sin importar contra qué métrica inflacionaria se los compare, el valor real de los alquileres cayó drásticamente en términos reales.

Este fue precisamente el efecto que se esperaba tras la aplicación del proceso de desregulación. Dada una demanda relativamente estable (sin ninguna perturbación particular), el explosivo crecimiento de la oferta permitió que cada vez más personas puedan permitirse pagar un alquiler al verse beneficiados de su drástico abaratamiento.

El éxito de la desregulación se convalida desde el punto de vista de las cantidades ofrecidas en el mercado, y también desde el punto de vista de los precios en términos reales. Hasta la fecha, no se registró ni una sola variable en el mercado inmobiliario que se haya visto afectada negativamente tras el levantamiento de los controles impuestos en 2020, más bien todo lo contrario. La propaganda kirchnerista encontró un amargo final al verse refutada por la realidad.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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Economía

Gracias al superávit y la estabilización inflacionaria de Milei, el Banco Hipotecario volvió a lanzar créditos hipotecarios

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Por primera vez en años vuelve a desarrollarse el crédito inmobiliario en la Argentina, de la mano del superávit fiscal anunciado por el equipo de Luis Caputo. Se lanzan nuevas opciones atadas a la variación del UVA.

Durante las últimas décadas los jóvenes argentinos han perdido la capacidad de acceder a una casa propia a través del crédito hipotecario, algo que ocurra en la totalidad de los países del mundo occidental.

Algo tan simple en el mundo se ha vuelto prácticamente en una fantasía en Argentina, y comprar una propiedad requiere un nivel de ahorro imposible para toda la clase media. Pero, ¿por qué paso esto? ¿Si la mayoría de nuestros padres pudieron? ¿Existe algún responsable? ¿Por qué Argentina perdió el mercado hipotecario?

La respuesta es extremadamente simple: el déficit fiscal. Explicarlo, puede tomar un poco más de desarrollo. Argentina hace 16 años que gasta más de lo que recauda. El déficit debió financiarse con los ahorros de los argentinos a través de la emisión constante de títulos públicos para cubrir el agujero fiscal.

Hay que entender que el sistema financiero no es otra cosa que el aparato sanguíneo de la economía, si todo el flujo debe financiar al Estado, crowding out, nada queda para el privado, y consecuentemente nada queda para el sueño de la casa propia.

El kirchnerismo buscó compensarlo con un limitado plan PROCREAR, donde solo se podía adquirir una vivienda designada por el político de turno y mediante un sorteo. Más allá de lo arbitrario del azar, no poder elegir donde uno quiere desarrollarse es un acto que atenta contra los derechos más fundamentales de los argentinos.

Este lunes, el presidente Javier Milei anunció el superávit fiscal de la cuenta corriente para el primer trimestre del año. Esto resulta de vital importancia porque ahora el sistema financiero posee recursos ociosos para colocar en el mercado. Esto genera las condiciones para un nuevo “noviazgo” entre el sistema financiero y el sector privado crowding in.

En la mañana de hoy nos enteramos que el Banco Hipotecario estará otorgando una nueva línea de crédito hipotecario, algo que no sucedía desde el año 2018. En su página, se pueden ver las condiciones comerciales que otorgan para la construcción, adquisición, terminación, y ampliación de vivienda.

El préstamo que otorgan es mediante la modalidad UVA que ajusta por inflación tanto el capital adeudado como las cuotas a pagar. La tasa de interés prevista es del 8,5% anual, es decir que la cuota ajustara por la variación de la UVA + 8,5% año a año.

Si bien estos créditos se habían hechos impagables desde 2018 a medida que empezó a escalar la inflación, con la estabilización monetaria que ya está consiguiendo la gestión de Milei y de Toto Caputo.

Para ilustrar un poco más, tomamos algunas métricas de la página, si uno solicita $100.000.000 (aproximadamente US$ 100.000), tendrá que tener un ingreso necesario de $3.128.000 y abonará una cuota de $782.000.

Tomando las palabras del presidente Milei, los argentinos están frente a la oportunidad de ser los arquitectos de nuestro propio destino, no la desaprovechemos.


Steven Rosenthal, abogado UCA, asesor financiero idóneo CNV.

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