El violento estallido inflacionario y el recrudecimiento de los controles de precios terminaron por generalizar la situación de desabastecimiento en la isla. El deterioro de la situación social fomentó la emigración masiva de personas pese a las restricciones de la dictadura. 

La dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel enfrenta cada vez más dificultades para contener el colapso del sistema económico que atraviesa el país desde el año 2020. La producción estatal y colectivizada de azúcar se vio completamente desabastecida de insumos en 2022, y se registró la peor cosecha de los últimos 100 años.

Un país históricamente caracterizado por su abundancia en azúcar, con el sistema socialista encuentra la escasez más dramática en décadas y el desabastecimiento total de este producto para la población.

“El socialismo genera escasez de arena en un desierto“, suele decir irónicamente el economista argentino Javier Milei en sus conferencias, y nunca un caso de esto fue tan claro como la situación actual de Cuba con el azúcar. La falta de un sistema de precios eficiente y la centralización de la producción impiden una solución ordenada.

También se registraron importantes faltantes en los componentes de la canasta básica normada. El Estado solamente pudo cosechar hasta el 25% del arroz necesario para cumplir con el abastecimiento mínimo de subsistencia para cada ciudadano, provocando una muy tensa situación social que es solo comparable con la que hubo durante el “período especial” en la década de 1990.

Pese a la represión, el encierro y los controles, se estima que hasta 300.000 personas lograron escapar de la dictadura comunista en los últimos 14 meses, para emigrar hacia otros destinos pero principalmente hacia los Estados Unidos. Se trata de la crisis demográfica por emigración más drástica de los últimos 30 años. 

El colapso social se produce como una consecuencia casi natural del violento estallido inflacionario que azota al país desde 2021. El régimen castrista combatió la escalada de los precios con la imposición de controles, y generalizó la situación de desabastecimiento.

El índice deflactor del PBI tuvo un alza del 16,6% en 2020 y hasta 401,6% en 2021, un indicador que permite capturar la variación total del promedio general de los precios (ya no tan solo los relevados por el IPC u otras canastas específicas). La eliminación del peso convertible con el dólar y el afianzamiento de los controles cambiarios provocaron el colapso de la demanda de dinero, y limitaron las trabas para la expansión de la oferta monetaria.

La dictadura admite que los precios estrictamente oficiales tuvieron un aumento interanual del 40,26% en noviembre del año pasado (el último dato disponible), y alcanzaron un pico de hasta 77,3% en diciembre de 2021. Pero estos precios son ficticios porque solo figuran en la nóminas contables del régimen, y no en las góndolas de los comercios autorizados. 

En la práctica, la escasez generalizada de bienes obliga a la población a transaccionar en mercados informales, con precios mucho más elevados y ajustables permanentemente por la inflación. El economista Steve Hanke estima que la verdadera inflación cubana se abrió paso hasta el 130% en diciembre de 2022, 90 puntos porcentuales por encima de las estadísticas oficiales.

La economía cubana permanece estancada desde los últimos 38 años, mientras que la inflación oficial superó el 400% en 2021 y siguió subiendo en 2022. La dictadura de Díaz-Canel no encuentra respuesta al marcado derrumbe del nivel de vida en la isla.

El régimen marxista cubano confirmó oficialmente que el país registró un crecimiento de tan solo el 2% sobre el término del año 2022, después de haber remontando un 1,3% el año anterior. Para un país con el nivel de pobreza de Cuba, estos resultados son extremadamente magros, y son números que no fueron capaces de compensar el brutal colapso de la actividad del 10,9% en 2020 y la incipiente caída del 0,2% en 2019.

Cuba volvió a perder la tendencia de crecimiento de largo plazo para su economía, después de haberlo hecho varias veces desde el comienzo del llamado “período especial” en la década del 90. 

El país no logró acumular prácticamente nada de crecimiento en los últimos 38 años. El ingreso por habitante en Cuba no sólo permanece en niveles postergados en comparación a muchos países de la región, sino que está estancado al nivel que tenía en la década de 1980. 

Como si todo esto fuera poco, el colapso del nivel de actividad se produjo al mismo tiempo en que los precios fueron protagonistas del estallido más violento de la historia de Cuba.

La dictadura reconoce que el deflactor del PBI ascendió al 401,6% en el año 2021, una métrica que recaba la evolución del nivel general de precios para la totalidad de la economía (y no tan solo una canasta como el IPC). 

Para el año 2022, la inflación “oficial” sobre los precios celosamente controlados por el régimen superó el 40% en noviembre del año pasado, pero los episodios de desabastecimiento provocaron que los precios oficiales terminaran por desaparecer junto con los bienes en las góndolas de comercios estatales, por lo que la inflación efectiva en los mercados paralelos fue mucho más alta.

El economista Steve Hanke estima que los precios se habrían disparado hasta un 130% solamente en 2022, y se estima que el índice deflactor del PBI arrojará una métrica similar sobre el acumulado de ese año. 

El sistema socialista entró en crisis cuando el Gobierno debió Miguel Díaz-Canel incurrió en importantes desequilibrios fiscales en 2020 (un déficit de casi 18 puntos del PBI), en adición a los altos déficits que se mantenían en los años anteriores. Cuba registró un desequilibrio que promedió el 5% del PBI entre 2008 y 2019, y para 2021 se elevó al 11,7% del producto.

La única alternativa factible para financiar los desequilibrios fue la monetización. El Gobierno unificó el mercado cambiario (con fuertes controles al acceso de divisas), eliminó el peso convertible (CUC) vinculado a servicios turísticos y generalizó el peso corriente para el grueso de las transacciones del país, una moneda carente de valor y respaldo.

El resultado fue una violenta explosión inflacionaria, seguida por desabastecimiento luego del afianzamiento de numerosos controles de precios y cantidades a lo largo y ancho de la isla. Ninguno de estos métodos policíacos logró dar resultados concretos para la estabilización del país.

La dictadura comunista enfrenta un importante deterioro de su poder político tras el estallido de la crisis económica más fuerte en 30 años. La economía planificada entró nuevamente en crisis.

El régimen de Miguel Díaz-Canel no encuentra soluciones concretas al segundo colapso de la economía planificada en Cuba, luego del ya producido en la década de 1990 bajo el llamado “período especial”.

La dictadura debió abandonar la convertibilidad del peso cubano para ciertas actividades orientadas al comercio exterior, y adoptar una agresiva política de expansión monetaria para financiar los desequilibrios siderales incurridos. Este proceso provocó un violento rebrote inflacionario que repercutió a lo largo y ancho de la isla. 

Las estadísticas oficiales de la dictadura reconocen que la inflación minorista superó el 40% interanual al término de noviembre del año pasado, un relevamiento sobre una canasta cuidadosamente seleccionada y controlada por las autoridades. 

Asimismo, los precios oficiales ya habían alcanzado un aumento interanual del 77,3% en diciembre de 2021, y los aumentos mensuales correspondientes a los últimos dos registros disponibles fueron superiores al 4%. 

Pero así como ocurrió en otras economías centralizadas, la medición de la inflación por precios oficiales no representa la realidad porque los faltantes en las góndolas impiden el acceso normal a los bienes. Las mediciones alternativas sugieren que el proceso inflacionario es, de hecho, mucho más brutal de lo que admite el régimen.

El economista Steve Hanke estima que la inflación de Cuba escaló al 130% interanual al término del año 2022, una medición que toma en cuenta el valor del tipo de cambio paralelo en la isla. En la práctica, el acceso a los bienes y servicios básicos para la subsistencia se determina en mercados paralelos y con precios libres (holgadamente superiores a los que establece la dictadura).

Los relevamientos de Hanke sugieren que Cuba se encuentra entre los países con la mayor tasa de inflación minorista a nivel mundial, por detrás de Venezuela (con otro régimen socialista) y Zimbabwe (que enfrenta severos conflictos internos armados). 

El establecimiento de un sistema generalizado de controles de precios y salarios provocó dos importantes consecuencias: el desabastecimiento general de bienes, y la escasez de oferta laboral calificada en áreas indispensables para la actividad productiva. 

La economía cubana sufre importantes episodios de escasez en productos básicos como el pollo, carne de res, huevos, leche, harina y papel higiénico sobre todas los establecimientos autorizados y controlados por el Estado. Todos estos bienes se comercializan en los mercados paralelos y con precios atados a paridades cambiarias alternativas a la oficial.