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Economía

Spotify podría abandonar Uruguay por los ridículos cambios que hizo Lacalle Pou en las leyes de derechos de autor

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Los cambios introducidos por el oficialismo amenazan con duplicar los gastos de Spotify por derechos de autores con discográficas y editoras, haciendo prácticamente inviable la operatividad en Uruguay. Solo 6 países en el mundo no cuentan con los servicios de la plataforma de streaming, por lo que el caso uruguayo parece insólito.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou sorprendió con un ridículo proyecto para regular los derechos de autor, luego de ceder ante el lobby de las discográficas. El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto denominado como “Rendición de Cuentas”, a través del cual se incluyen dos artículos que modifican el tratamiento de los derechos en Uruguay.

Es importante aclarar que ya cerca del 70% de los ingresos de Spotify se destinan al pago de derechos de autor por la música que se utiliza de las discográficas y editoras, una cifra ya muy elevada en comparación a otros países de la región. 

Pero la ley que aprobó Lacalle Pou podría llegar a duplicar los gastos en derechos de autor, haciendo prácticamente inviable la operatividad de la plataforma en Uruguay. En otras palabras, la ley obligaría a las empresas de streaming a pagar dos veces por la misma música, algo verdaderamente insólito.

Por estas razones, Spotify analiza abandonar el país, y afirma que no podrá seguir operando en Uruguay si no se levanta la ley. Solo 6 países en el mundo no cuentan con el acceso a los servicios que ofrece esta plataforma: Corea del Norte, China, Siria, Irán, Rusia y Cuba. Uruguay podría unirse a esta infame lista de países en caso de ratificar la continuidad de la ley.

La empresa informó que podría abandonar definitivamente el país a partir del próximo 1 de enero de 2024. Los usuarios uruguayos perderían el acceso normal a la plataforma, y muchos apuestan por generar una cuenta en Argentina para recuperar el servicio.

“Cambios que pudieran obligar a Spotify a pagar dos veces por la misma música harían que nuestro negocio de conectar artistas y fans fuera insostenible, y lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”, resolvió el comunicado de la plataforma.

Si bien el Gobierno asegura estar entablando negociaciones con Spotify para evitar que abandone el país, lo cierto es que no podrá haber una resolución satisfactoria en tanto no se derogue la fatídica ley que dispuso el oficialismo.

Con esta acción inentendible, el presidente Lacalle Pou solo se autogeneró un costo político en contra de su propia gestión con una medida ampliamente impopular, y sin nada que poder ganar a cambio. 

La ley solo se valió del poder de lobby de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, en contra de los intereses de los millones de uruguayos que podrían perder sus servicios de Spotify. 

Economía

El expresidente de YPF disparó contra Nacho Torres: “Acaba de introducir un factor nuevo de riesgo para las empresas petroleras”

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El Gobernador amenazó con avasallar la seguridad jurídica de la Provincia en nada menos que su principal sector productivo, el más importante en la generación de empleo. Las empresas concesionarias podrían abandonar las inversiones en la jurisdicción, para migrar a regiones más seguras.

Acorralado por el mal manejo de las finanzas públicas, el inexperto Gobernador Ignacio Torres amenazó públicamente con cerrar el suministro de petróleo y gas al resto del país, como represalia a que el Gobierno nacional le impida incurrir en un canje de deuda forzoso y grotesco.

Como reza la Constitución de 1994, los recursos naturales (el petróleo, el gas, los minerales, etc) le pertenecen a las Provincias, y en tal carácter estas pueden cobrar regalías o derechos de explotación a las empresas que los utilizan. Pero el Gobernador Torres pretende avanzar por encima de sus facultades legales, y sus declaraciones comprometen el normal funcionamiento de la industria energética chubutense.

Las Provincias tienen derecho a cobrar por el uso de los recursos naturales, pero no pueden expropiar los productos que elaboran las empresas privadas que ya pagaron oportunamente por el uso de dichos recursos. Esto es una noción básica para los derechos de propiedad en la industria del petróleo y gas, tanto en Argentina como en cualquier país de la región.

El expresidente de YPF entre 2019 y 2021, el economista Guillermo Nielsen, condenó las desafortunadas declaraciones de Torres y aseguró que solo generarán pérdidas para la inversión del sector privado. Tan solo con sus declaraciones, el Gobernador puso en duda la seguridad jurídica de nada menos que el sector más dinámico e importante de Chubut, responsable directo de la mayor cantidad de empleo privado formal de la provincia. 

Sin la inversión del petróleo y el gas, la actividad económica de Chubut se vería seriamente comprometida, y todo esto en un contexto también recesivo a nivel nacional. La Provincia podría verse afectada por una debacle aún mayor a la que atraviesa el país.

Para que una inversión con altos costos hundidos (como es el caso de la industria petrolera) pueda llevarse a cabo, es necesario un horizonte de reglas de juego estables. Lo que el gobernador Torres dejó trascender con su accionar es que ya no importan los compromisos asumidos por la Provincia ni tampoco las cláusulas firmadas en los contratos de concesión, sino que cualquier gobernador puede decretar la interrupción de la actividad a discreción.

Se sienta así un pésimo precedente para la industria local, que se agravará conforme pasen los días y no se encuentre un desenlace al conflicto que desató el Gobernador.

Esto se suma a las posiciones extremistas que adoptó Torres tan pronto llegó al poder, y probablemente la más importante de ellas sea su negativa a permitir la explotación minera en la cordillera

Solo con esta maniobra, la Provincia de Chubut renunció a la creación de miles de puestos de trabajo en el sector privado formal. Del otro lado de la cordillera, la industria minera de Chile llegó a exportar hasta US$ 9.200 millones de dólares en 2023.

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Economía

El Presidente del Banco Central desmintió públicamente a Martín Tetaz: Chubut recibe el mismo trato que cualquier otra provincia del país

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Santiago Bausili remarcó que la autoridad monetaria se limita a establecer las reglas de juego para minimizar el riesgo en el sistema bancario, y no existe ninguna actuación discrecional que perjudique deliberadamente a la Provincia de Chubut.

La imposibilidad de llevar a cabo un canje de deuda por parte de la Provincia de Chubut a cargo del gobernador Ignacio Torres desató un nuevo conflicto con el Gobierno nacional. El canje no puede ejecutarse si el Gobernador no logra poner en orden las cuentas fiscales de su jurisdicción, para trazar así un cronograma de pagos garantizados con las regalías del sector petrolero.

El Gobierno del Presidente Javier Milei, de la mano del ministro Luis Caputo, hizo uso de sus facultades para retener una parte del pago de la coparticipación hacia Chubut como pago a cuenta de la deuda pendiente que esta provincia mantiene con la Nación. Ante la falta de respuestas de gestión, Torres respondió con la amenaza de desabastecer de petróleo al país, violando la seguridad jurídica de la Provincia y poniendo en peligro al empleo de miles de personas.

En este contexto, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, trató de excusar al Gobernador afirmando que el BCRA impide la reestructuración de la deuda. Esto es falso, y el propio director de la institución, Santiago Bausili, se encargó de desmentir públicamente.

Como explicó el Presidente del BCRA, la institución se limita a regular el riesgo de exposición al que puede incurrir el sistema bancario local con las distintas esferas del sector público, y en este caso con las provincias.

Desde el estallido de la crisis bancaria de 2001 (probablemente la mayor de la historia argentina), el BCRA restringe el crédito que los bancos locales pueden suministrarle a las provincias. Esta pauta es necesaria, precisamente, para evitar que se vuelva a repetir un crack bancario como el de aquel entonces.

Pero muy a diferencia de lo que dejó trascender el diputado Tetaz, el Banco Central no establece (ni puede establecer) ningún tipo de restricción al endeudamiento de las Provincias. Las distintas jurisdicciones locales pueden endeudarse libremente con bancos o entidades extranjeras, o pueden hacerlo con el mismo Gobierno nacional. Tampoco existe ninguna regulación ni limitación a que cualquier Provincia pueda ejecutar un canje de deuda con sus respectivos acreedores.

La Provincia de Chubut podría cerrar un canje de deuda si lograra los superávits necesarios para hacer frente al pago de capital e intereses con Nación, lo que no puede hacer es endeudarse indefinidamente con los bancos locales para financiar sus desequilibrios ya que estos últimos no tienen permitido ofrecer crédito de semejante magnitud.

Por supuesto, esta regulación sobre los bancos locales es indiferente a cualquier provincia del país. No existe ningún tipo de tratamiento discrecional en favor de alguna jurisdicción por sobre otra. Chubut puede endeudarse limitadamente con el mercado de capitales local tanto como La Rioja, Buenos Aires o Mendoza.

El reclamo del gobernador Torres es bochornoso e irresponsable, pero más importante aún, esconde una cuestión de fondo: la negativa por ajustar las finanzas públicas y para honrar debidamente las deudas asumidas en tiempo y forma.

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Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

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Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

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