Seguinos en redes

Economía

Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

Publicado

en

Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

Publicado

en

La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

Seguir Leyendo

Economía

Caída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado

Publicado

en

La variación mensual de los precios al por mayor se derrumba a un ritmo incluso más rápido que en los precios minoristas. La tasa de inflación general podría retroceder al 6% a partir del mes de abril, según estimaciones privadas.

El INDEC confirmó una nueva y fuerte caída de la tasa de inflación en Argentina: el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,4% en marzo, la variación más baja en lo que va del año. Retrocedió implacablemente con respecto al salto del 10,2% producido en febrero, al 18% de enero, y al estallido del 54% registrado en diciembre de 2023. Esta última cifra constituye técnicamente una situación de hiperinflación.

Se observó un incremento mensual del 6,2% sobre productos de origen estrictamente nacional, mientras que los bienes importados cayeron en un promedio del 1,7% en marzo. La energía destacó de entre los aumentos mensuales, marcando una suba del 12% (debido a la corrección de precios relativos que lleva adelante el equipo económico).

Los precios mayoristas acumularon una suba del 37% entre enero y marzo, muy por debajo del 51,6% de aumento que se registró en los precios minoristas. La inflación mayorista está bajando a un ritmo mucho más acelerado que la minorista, un fenómeno muy común entre los programas de estabilización. Se registró un aumento interanual del 330,6%, debido al efecto de arrastre estadístico después del salto de diciembre. 

El programa de ajuste fiscal y monetario del Gobierno logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión de Massa. Este fue sin lugar a dudas el principal objetivo de las medidas de emergencia que se tomaron a partir del 10 de diciembre.

La caída de la variación mensual en los precios mayoristas fue contundente. El Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) registró un aumento incluso menor y en torno al 4,9% al cierre de marzo, un indicador que excluye el efecto impositivo sobre los precios relevados.

Asimismo, el Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un aumento del 5% en marzo, y nuevamente el salto de la energía destacó de entre las principales aperturas que componen el indicador.

Con esta dinámica en los precios al por mayor, se estima que el IPC minorista volverá a registrar una nueva rebaja en su ritmo de aumento en abril. En este sentido, el exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere que la inflación de precios al consumidor podría estabilizarse en el 9,5% a partir de abril, y retroceder hasta un umbral del 6% al 7% a partir del mes de mayo. Esto es coincidente con la desaceleración de los precios online.

La reactivación de la actividad real dependerá casi exclusivamente de la velocidad en la salida del cepo cambiario, ya que resulta un elemento imprescindible para la tan esperada recuperación en “V”. 

Por otra parte, para que la liberalización del mercado cambiario pueda ser posible sin conducir a un nuevo proceso hiperinflacionario, resulta necesario continuar con el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA). El director de la institución, Santiago Bausili, logró recomponer el salto de las reservas netas en sus primeros meses de gestión. 

Seguir Leyendo

Economía

Contundente fracaso de la Ley de Alquileres en Cataluña: La oferta de viviendas se derrumbó y los alquileres suben al doble que la inflación

Publicado

en

Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

Seguir Leyendo

Tendencias