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Economía

Tras el fracaso ecologista y el colapso económico, el FMI otorga un préstamo por US$ 3.000 millones a Sri Lanka

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Se trata de un préstamo de servicio ampliado para afianzar el desarrollo de una agenda de reformas estructurales, entre ellas el ordenamiento de las finanzas públicas, la privatización de empresas estatales y la independencia del Banco Central de Sri Lanka.

La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) resolvió otorgar un préstamo al Gobierno de Sri Lanka por un total de 2,286 mil millones de Derechos Especiales de Giro (el 395% de la cuota anual del país a la institución), equivalentes a 3.000 millones de dólares. El primer desembolso efectivo ascendió a los 330 millones de dólares.

Se trata de un préstamo en la forma de un Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es rescatar a países con extremas dificultades financieras o con severos problemas de balance de pagos, para desarrollar programas de reforma estructural a corto y mediano plazo. 

La economía de Sri Lanka se convirtió en el teatro de operaciones para la agenda ecologista radical, y el reemplazo de los métodos agrícolas modernos por la agricultura orgánica provocó una contracción del PBI sin precedentes, una fuerte caída de las exportaciones y una tasa de devaluación cercana al 80% en 2022.

Asimismo, la confianza inspirada por el acuerdo con el FMI le permitiría a Sri Lanka alcanzar préstamos de hasta US$ 7.000 millones con organismos de crédito multilateral, entre ellos el Banco Mundial. 

Los objetivos del acuerdo con el FMI

El primer objetivo del acuerdo es el ordenamiento de las finanzas públicas. El Gobierno de Sri Lanka registró un déficit financiero del 12% del PBI en 2020, 11,6% en 2021 y se redujo al 9,8% al término de 2022. El acuerdo demanda disminuir el déficit primario (sin intereses de deuda) del 3,8% del PBI en 2022 al 0,7% en 2023, y a partir de 2024 consolidar el superávit.

Para obtener estos resultados, el FMI instó a la privatización de las empresas estatales masivas que aún permanecen en manos del Gobierno, y que en mayor medida son las responsables de los desequilibrios fiscales. El presidente Ranil Wickremasinghe se comprometió con la agenda de la privatización de miles de empresas en la esfera del sector público.

Asimismo, la mayor parte del ajuste programado por el Fondo recae sobre el aumento de la recaudación impositiva, ya que la mayor parte de la misma fue consumida por la inflación en el marco de la peor crisis económica de la historia del país. Los ingresos fiscales con recursos propios sólo representan el 8,5% del PBI (sin transferencias internacionales), y para sostener un gasto del 19% del producto se propone reorganizar el sistema tributario

Las necesidades brutas de financiación, la brecha entre los ingresos propios y los gastos efectivos, representó el 34,5% del PBI en 2022. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fija un límite del 13% para el período 2027-2032. Además, el stock de deuda pública (actualmente apostado en el 128,1% del PBI) no podrá superar el 95% del producto para el año 2032 y deberá reducirse gradualmente año tras año durante la vigencia del acuerdo.

El FMI demanda la reorganización de las reglas de juego del Banco Central de Sri Lanka, a partir de lo cual deberá recobrar independencia por sobre la política fiscal para pautar la oferta monetaria y la tasa de interés de corto plazo como ocurre en las economías modernas. 

“En el área monetaria, los esfuerzos para hacer que el Banco Central sea más independiente para permitirle combatir la inflación, que es un impuesto significativo sobre los pobres en particular”, explica el comunicado del FMI.

En tercer término, el acuerdo con el Fondo exige una reforma financiera para afianzar nuevamente el crecimiento del país y el acceso al crédito. La reforma incluye la desregulación del mercado de deuda pública local, para lo cual cualquier agente privado deberá poder comprar y vender bonos públicos sin las restricciones que hoy operan en la economía de Sri Lanka.

Además, se estipula la reducción del peso del Estado como agente de captación de crédito doméstico (a través de la programada consolidación fiscal) para dar paso al sector privado. Se pretende, además, dinamizar la eficiencia de las instituciones financieras estatales y preferentemente a través de su privatización o liquidación.

La reducción del rol y el dominio de las instituciones financieras estatales deberá ser acompañado por una política activa de desregulación para la apertura de nuevas instituciones financieras privadas, flexibilizando requisitos de capital mínimo y otorgando mayor igualdad legislativa para entes extranjeros. 

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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