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Economía

Tras el fracaso socialista ecologista, Sri Lanka llega a un acuerdo con el FMI para privatizar y reducir el déficit

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El acuerdo con el Fondo Monetario supone la privatización de la mayor parte de las empresas estatales, la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal primario para el año próximo y el levantamiento de regulaciones sobre la agricultura. 

Después de haber sufrido la más severa y extrema crisis económica bajo el gobierno socialista de Gotabaya Rajapaksa, quien estatizó gran parte de la economía del país e implementó además las leyes ecologistas más duras del mundo, Sri Lanka parece haber encontrado el camino para salir del infierno económico.

El nuevo Gobierno de Sri Lanka, constituído bajo la figura del presidente Ranil Wickremesinghe llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aplicar reformas estructurales, salir del fatídico default y transformar la economía del país con un enfoque en el libre mercado.

Las reformas estructurales sobre la economía de Sri Lanka se perfilan como la única alternativa para recuperar la normalidad, luego de que las políticas ecologistas extremistas condujeran a un rotundo colapso económico y social.

La principal base del acuerdo con el FMI son las privatizaciones. El Gobierno está decidido avanzar en la transferencia de las masivas y deficientes empresas del Estado de Sri Lanka, obedeciendo a dos motivaciones principales: la eliminación de las pérdidas financieras siderales que se trasladan a la sociedad, y el mejoramiento de la provisión de servicios públicos

El Estado de Sri Lanka es propietario directo o indirecto de un conglomerado de hasta 527 empresas bajo su dirección. De entre ese masivo entramado de empresas cerca de 55 concentran y monopolizan la provisión estratégica de servicios públicos como lo son los puertos, las petroleras, las empresas de distribución eléctrica, la distribución del agua e incluso latifundios enteros para la producción agrícola. 

Asimismo, las 52 principales empresas estatales del país acumulan pérdidas anuales de hasta 86.000 millones de rupias, según las estimaciones plasmadas en el Presupuesto del Gobierno para el año 2023. Solamente en las empresas estatales se estima que se concentra 1 de cada 6 trabajadores de Sri Lanka (más del 16% del total), una cifra equivalente a las 1,4 millones de personas en total. 

El Presupuesto 2023 del presidente Ranil Wickremesinghe garantiza el cumplimiento del acuerdo con el FMI y supone la masiva privatización de las empresas del Estado, especialmente en el ámbito de la energía y las tierras aptas para la exportación agrícola. De esta manera se revierten parcialmente las políticas de colectivización forzosa e imposición de la agricultura orgánica, responsables de la severa crisis social. 

Asimismo, el acuerdo con el FMI exige la reducción del déficit fiscal para la aprobación de un desembolso por 2.900 millones de dólares durante el próximo año. El Gobierno deberá llevar el déficit consolidado del 9,8% del PBI al 7,9% del producto para diciembre de 2023, lo que representa un ajuste de casi 2 puntos del producto. 

Sin contabilizar la creciente factura de intereses, el Estado de Sri Lanka deberá alcanzar el equilibrio primario de las finanzas públicas para el año 2024, partiendo de un déficit del 4% del PBI al término de 2022. 
El ajuste deberá ser alcanzado a partir de la aplicación de una reforma tributaria para recuperar el colapso de los ingresos públicos tras la crisis, y la reducción del gasto público sobredimensionado mediante una reforma previsional, buscando que el sistema sea sostenible y solvente a través del tiempo.

A pesar de todas estas reformas, la actual administración se negó a desarticular muchas de las políticas ecologistas de los tecnócratas predecesores, algo que el FMI le habría pedido como parte del acuerdo. Por lo que si bien la economía de Sri Lanka obtendrá un mayor dinamismo, seguirá con problemas de producción agrícola y ganadera.

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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