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Economía

Tras el fracaso socialista ecologista, Sri Lanka llega a un acuerdo con el FMI para privatizar y reducir el déficit

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El acuerdo con el Fondo Monetario supone la privatización de la mayor parte de las empresas estatales, la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal primario para el año próximo y el levantamiento de regulaciones sobre la agricultura. 

Después de haber sufrido la más severa y extrema crisis económica bajo el gobierno socialista de Gotabaya Rajapaksa, quien estatizó gran parte de la economía del país e implementó además las leyes ecologistas más duras del mundo, Sri Lanka parece haber encontrado el camino para salir del infierno económico.

El nuevo Gobierno de Sri Lanka, constituído bajo la figura del presidente Ranil Wickremesinghe llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aplicar reformas estructurales, salir del fatídico default y transformar la economía del país con un enfoque en el libre mercado.

Las reformas estructurales sobre la economía de Sri Lanka se perfilan como la única alternativa para recuperar la normalidad, luego de que las políticas ecologistas extremistas condujeran a un rotundo colapso económico y social.

La principal base del acuerdo con el FMI son las privatizaciones. El Gobierno está decidido avanzar en la transferencia de las masivas y deficientes empresas del Estado de Sri Lanka, obedeciendo a dos motivaciones principales: la eliminación de las pérdidas financieras siderales que se trasladan a la sociedad, y el mejoramiento de la provisión de servicios públicos

El Estado de Sri Lanka es propietario directo o indirecto de un conglomerado de hasta 527 empresas bajo su dirección. De entre ese masivo entramado de empresas cerca de 55 concentran y monopolizan la provisión estratégica de servicios públicos como lo son los puertos, las petroleras, las empresas de distribución eléctrica, la distribución del agua e incluso latifundios enteros para la producción agrícola. 

Asimismo, las 52 principales empresas estatales del país acumulan pérdidas anuales de hasta 86.000 millones de rupias, según las estimaciones plasmadas en el Presupuesto del Gobierno para el año 2023. Solamente en las empresas estatales se estima que se concentra 1 de cada 6 trabajadores de Sri Lanka (más del 16% del total), una cifra equivalente a las 1,4 millones de personas en total. 

El Presupuesto 2023 del presidente Ranil Wickremesinghe garantiza el cumplimiento del acuerdo con el FMI y supone la masiva privatización de las empresas del Estado, especialmente en el ámbito de la energía y las tierras aptas para la exportación agrícola. De esta manera se revierten parcialmente las políticas de colectivización forzosa e imposición de la agricultura orgánica, responsables de la severa crisis social. 

Asimismo, el acuerdo con el FMI exige la reducción del déficit fiscal para la aprobación de un desembolso por 2.900 millones de dólares durante el próximo año. El Gobierno deberá llevar el déficit consolidado del 9,8% del PBI al 7,9% del producto para diciembre de 2023, lo que representa un ajuste de casi 2 puntos del producto. 

Sin contabilizar la creciente factura de intereses, el Estado de Sri Lanka deberá alcanzar el equilibrio primario de las finanzas públicas para el año 2024, partiendo de un déficit del 4% del PBI al término de 2022. 
El ajuste deberá ser alcanzado a partir de la aplicación de una reforma tributaria para recuperar el colapso de los ingresos públicos tras la crisis, y la reducción del gasto público sobredimensionado mediante una reforma previsional, buscando que el sistema sea sostenible y solvente a través del tiempo.

A pesar de todas estas reformas, la actual administración se negó a desarticular muchas de las políticas ecologistas de los tecnócratas predecesores, algo que el FMI le habría pedido como parte del acuerdo. Por lo que si bien la economía de Sri Lanka obtendrá un mayor dinamismo, seguirá con problemas de producción agrícola y ganadera.

Economía

El gobierno derechista de Grecia acelera el programa de privatizaciones: Avanza la venta del aeropuerto de Atenas

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Se contrató la asesoría de Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para la privatización aeroportuaria más importante del país. La operación podría significar una acreencia valuada en hasta 1.000 millones de euros.

El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis anunció la contratación de la asesoría del Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para poder valuar la participación accionaria del 30% del Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (también conocido como aeropuerto de Atenas). 

La valuación constituye el paso previo indispensable para la privatización del aeropuerto más importante del país. Con la venta de la participación del 30% de la institución, el Estado griego se desprendería de sus tenencias para dar paso a la iniciativa privada.

La reapertura de la economía y la fuerte reactivación de la actividad económica son factores que despiertan el apetito inversor en Grecia. El aeropuerto de Atenas registró un alza del 7,7% en la cantidad de vuelos realizados durante el año 2022, y se consolidó como uno de los 40 aeropuertos europeos que logró superar la cantidad de pasajeros transportados con respecto al 2019.

Se estima que cerca del 40% del paquete accionario del aeropuerto ya está en manos de AviAlliance, una firma internacional gestora de aeropuertos con sede en Düsseldorf, y comúnmente conocida por adquirir participaciones en aeropuertos privatizados en todo el mundo. Hasta ahora, existe un acuerdo tentativo para elevar la participación de AviAlliance hasta el 50%.

El Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRADF) estima que la primera oferta pública para la venta del aeropuerto podría llevarse a cabo en el primer semestre de 2023. La asesoría de las firmas financieras contratadas sugiere que la venta del 30% del paquete accionario del aeropuerto le significaría una acreencia al Estado griego de entre 800 y hasta 1.000 millones de euros.

Los ingresos por privatizaciones son comúnmente utilizados para cancelar pagos por única vez, como por ejemplo los vencimientos del capital de la deuda externa. La disciplina fiscal de Grecia permitió la exitosa cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI en abril del año pasado, así como una sustancial reducción del stock bruto con otros acreedores.

Solamente en lo que va de la gestión del Gobierno de la derecha griega, el stock total de la deuda pública se redujo en 8 puntos porcentuales del PBI, principalmente por el ordenamiento fiscal y los ingresos de las privatizaciones. 

El déficit fiscal consolidado de Grecia volvió a reducirse en el tercer trimestre del año pasado y representó el 2,08% del PBI. Se acumuló un ajuste de casi 10,5 puntos del producto desde el primer trimestre de 2021. El mayor ordenamiento de las finanzas públicas permite trazar un sendero previsible para las empresas y los inversores internacionales en Grecia. 

Con el programa económico del ministro Mitsotakis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un ajuste del gasto público por el 4,22% del PBI para 2023, y el arribo de un superávit primario equivalente al 0,88% del producto. 

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Economía

El Gobierno de Larreta en CABA se ajustará a las dudosas metas de inflación que anunció Massa

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El Jefe de Gobierno porteño acordó un aumento salarial anual del 60% para el gremio de municipales, en línea con la meta inflacionaria del Presupuesto 2023 formulado por Massa. Se trata de la primera jurisdicción que formalmente se ajusta al programa del Gobierno nacional. 

Aunque las metas de inflación plasmadas por el Presupuesto 2023 son ampliamente desprestigiadas por la mayoría de las proyecciones privadas, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se perfiló como un aliado del ministro Sergio Massa para convalidar la meta del 60% con aumentos compatibles.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negoció un acuerdo salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), por el cual se determinó un ajuste salarial del 60% para la totalidad del año, aunque se incluyeron cláusulas de actualización trimestral y bonos adicionales.  

La Capital Federal es el primer distrito del país en ajustarse fielmente a la dudosa meta que pretende arribar Massa para fin de año, ya que incluso encuentra una fuerte reticencia en muchos Gobernadores oficialistas. Las medidas tendrán un impacto directo sobre 62.000 trabajadores.

El Plan Massa persigue los mismos lineamientos que los programas heterodoxos típicos del siglo XX argentino, entre ellos el control de los precios y los salarios para compatibilizarlos dentro de un determinado rango fijado como meta (en este caso del 60% anual). 

Pero pese a los controles del programa Precios Justos, se estima que los precios minoristas habrían aumentado entre un 5% y un 6% durante el mes de enero, por encima del 4% compatible con la meta anual. Solamente en la primera quincena del mes el INDEC admitió que los precios se dispararon hasta un 7%. 

La inflación no solo superó los parámetros del plan en su primer mes de aplicación para 2023, sino que además promete llegar a duplicar la meta oficial del ministro Massa en diciembre de 2023. La firma JP Morgan proyecta una inflación superior al 115%, y el sondeo de expectativas REM del Banco Central estima una cifra cercana al 100%

Se espera que los acuerdos salariales desplegados por Larreta sean completamente irrisorios en la práctica, por lo que habrá de hacer uso de las cláusulas de actualización trimestral para adecuar los salarios muy por encima de las pretensiones de Massa. 

El mismo sindicato Sutecba había suscripto a un aumento salarial del orden del 50% en enero de 2022, pero mediante las actualizaciones trimestrales el aumento efectivamente concretado ascendió al 97% (en línea con la inflación del 94,8%). Con las expectativas desancladas, ni los salarios ni los precios serán capaces de cumplir la meta del Presupuesto

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Economía

Massa anunció medidas para el campo en respuesta la sequía, pero se niega a bajar retenciones o desdoblar el tipo de cambio

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El ministro de Economía anunció una serie de medidas para abaratar el crédito a los productores y brindar mayores incentivos fiscales, pero se mantienen inalteradas las retenciones y los controles cambiarios. 

El equipo del ministro de Economía Sergio Massa anunció una serie de medidas para aminorar los efectos de la dramática sequía que azota al campo desde diciembre del año pasado, pero el paquete ofrecido por el oficialismo tuvo gusto a poco y no resolvió los problemas del sector.

Para el Gobierno, en un contexto de fuertes controles cambiarios la sequía implica el agravamiento de la “restricción externa” autoimpuesta. Desde el punto de vista del campo, las condiciones naturales adversas se perfilan como una traba más en contra de la producción por sobre el peso de la bota del Estado.

Las medidas más importantes anunciadas por Massa

Se anunció un sistema de asistencia por $5.000 millones, coordinado directamente desde las Provincias y las municipalidades para que las distintas jurisdicciones emprendan asistencia directa a los productores.

Se determinó la suspensión del pago del anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores afectados por la sequía, y la AFIP suspenderá los juicios de ejecución fiscal, así como los embargos a cuentas corrientes, sobre todos los productores que hayan tenido dificultades por la sequía.

La operación de venta forzosa de hacienda, como lo que ocurrió con el dólar soja en el último trimestre de 2022, no será contabilizada en el cómputo del impuesto a las Ganancias (esto en la práctica funciona como una deducción especial).

El Banco Nación, una entidad históricamente asociada al crédito hipotecario, anunció la flexibilización de los requisitos para otorgar nuevas líneas de crédito, y amplió la masa de recursos destinados a esta partida. Se otorgarán créditos con una tasa de interés rebaja en 15 puntos porcentuales (siendo este diferencial el monto del subsidio), y los fondos disponibles a estos propósitos ascienden hasta los $50.000 millones que pondrá el banco estatal.

Por su parte, el Banco Central anunció la eliminación del recargo sobre la tasa de interés para los productores que acceden al crédito, pero que se encontraban fuertemente limitados por haber participado del dólar soja.

Las medidas que el Gobierno se negó a hacer

El equipo de Massa no anunció ningún tipo de modificación sobre el esquema de las retenciones. La soja seguirá pagando un recargo de hasta el 33% sobre el valor FOB de exportación, el trigo y el maíz 12%, y el girasol un 7%. Estas tasas son una de las principales trabas para el desarrollo del sector agropecuario.

El Gobierno también anunció su frontal negativa para producir modificaciones al esquema cambiario, ni nuevos tipos de cambio diferenciales ni desdoblamiento ni mucho menos la unificación cambiaria.

La alternativa del desdoblamiento fue ampliamente recomendada como una medida transitoria, no sólo por economistas opositores como Domingo Cavallo sino también por algunos oficialistas como Sergio Chouza. De hecho, el equipo del viceministro Gabriel Rubinstein era partidario de la medida, pero Massa descartó la posibilidad por presión política de la coalición oficialista.

Los controles cambiarios impiden que el productor agropecuario pueda percibir el precio internacional por sus productos. La participación del Estado en la renta agrícola representa el 70% en promedio, y las medidas extraordinarias por la sequía no la disminuyen.

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