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Economía

Tras los pasos de Alfonsín: Alberto Fernández copia las experiencias fracasadas del pasado

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El Gobierno lanzó un programa con más controles, regulaciones y retenciones que copia las viejas recetas del siglo XX argentino y guarda una estrecha similitud con la “economía de guerra” de Alfonsín.

La radicalización ideológica de Alberto Fernández es cada vez más profunda y más preocupante. El fracaso para contener el nivel de precios a lo largo del 2021 llevó al Gobierno a adoptar medidas extremistas y heterodoxas, que no se veían desde la última administración de Cristina Kirchner e incluso desde la segunda mitad del siglo XX argentino.

Las llamadas “guerras contra la inflación” basadas en programas heterodoxos cosecharon amplios fracasos a lo largo de la historia argentina. Por el contrario, la verdadera guerra contra la inflación fue librada y ganada en 1991, con el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en el Gobierno de Carlos Saúl Menem, con un tinte marcadamente ortodoxo.

Los controles de precios no tienen sustento científico, empírico ni teórico. La represión financiera termina por acumularse y provocar, tarde o temprano, en posterior rebrote de precios aún más violento.

El primer fracaso del Estado imponiendo controles de precios se remonta al año 1946, a partir de la ley 12.830 sancionada en agosto de ese año. Se establecieron controles de precios, salarios, alquileres y comercio exterior, en lo que se denominó “la guerra contra el agio y la especulación”.  

Pese a los violentos controles, la inflación interanual trepó del 16,7% en agosto de 1946 hasta llegar al 58,3% en marzo de 1952. Las circunstancias convencieron al Gobierno de Juan Domingo Perón a inclinarse por posturas más ortodoxas, produciendo un fuerte ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI en un solo año, y contrayendo el ritmo de expansión monetaria más amplia del 24% anual al 9% en 1952.

La “guerra contra el agio y la especulación” en el Gobierno de Perón.

Otras experiencias “mixtas” entre programas de controles de precios, tarifas y salarios, junto con ciertas dosis de disciplina fiscal y monetaria, fueron llevadas adelante bajo las gestiones de Adalbert Krieger Vasena y José Alfredo Martínez de Hoz. Nuevamente, los efectos atenuantes sobre la inflación no se produjeron en magnitud alguna a través de los controles y las regulaciones.

Nuevamente en una administración peronista, el entonces ministro José Ber Gelbard llevó adelante un monstruoso programa heterodoxo, íntegramente limitado a los controles de y la regulación de la economía.

Bajo la dirección de Gelbard, se congelaron las tarifas de servicios públicos, los salarios de convenio, los alquileres, la indexación de contratos, se establecieron fuertes retenciones a la exportación, se limitaron las operaciones a través del mercado legal de cambios y se restringieron las importaciones.

Tras un muy breve lapso de relativa “estabilidad” con una inflación mensual promediando el 1,6% entre abril de 1973 y agosto de 1974, finalmente el programa se tornó insostenible y estalló el espiral de precios a partir de septiembre de 1974. A partir de junio de 1975, la situación inflacionaria se tornó mucho más violenta, cuando ya no hubo manera de sostener la represión financiera en el sistema de precios. Tras del famoso rodrigazo, la inflación mensual llegó al 37% y los precios mayoristas llegaron a subir un 54% solamente en marzo de 1976.

Esta vez bajo una gestión radical, el Gobierno de Raúl Alfonsín lanzó un fuerte programa de controles y regulaciones, de la mano del ministro de Economía Bernardo Grinspun en 1984. A los estrictos controles se le añadió el aumento de las retenciones a la exportación, y la aplicación de severas licencias no automáticas para las importaciones, buscando “desacoplar los precios internacionales de los internos”.

Las medidas terminaron en un profundo fracaso, y el nivel de inflación interanual superó el 800% en febrero de 1985, provocando la inminente renuncia de Grinspun. Como Alberto Fernández, el entonces presidente Alfonsín declaró el estado de “economía de guerra” hacia abril de 1985.

La “economía de guerra” anunciada por Raúl Alfonsín en 1985.

La llamada “política de ingresos” fue relanzada con el Plan Austral de Juan Vital Sourrouille en junio de 1985. La “economía de guerra” de Alfonsín suponía establecer controles sobre tarifas, salarios, tipo de cambio nominal y la indexación de contratos. A diferencia del programa de Grinspun, el esquema de Sourrouille incluía una pata “ortodoxa” y un cierto ordenamiento fiscal y monetario de la economía.

Sin embargo, la tenue impronta ortodoxa fue completamente abandonada hacia 1986 y 1987, y los controles terminaron por colapsar hacia fines de 1988 y principios del año 1989. Frente a un nuevo fracaso de la guerra contra la inflación, el ministro de Economía Juan Carlos Pugliese anunció un nuevo programa de controles en medio del caos hiperinflacionario, pretendiendo así determinar “pautas” de precios que supuestamente servirían de guía para los agentes económicos.

El programa heterodoxo de Pugliese terminó en fracaso tal y como el de sus predecesores radicales, pronunciando su famosa frase que quedó en la posteridad: “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Más allá de las intenciones y las numerosas articulaciones históricas, los controles de precios fracasaron sistemáticamente en la historia del país. 

Economía

El Banco Central acumuló solamente US$ 1.000M de reservas en lo que va del 2022, cuatro veces menos que lo que pide el FMI

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Pese al control cuantitativo de las importaciones, no logró cumplir sus objetivos y acumuló la quinta parte de las reservas que había obtenido en 2021. El FMI exige llegar a los US$ 4.200 millones para junio.

El Gobierno y el Banco Central lograron cumplir, a duras penas, la primera meta trimestral con el Fondo Monetario Internacional, pero el escenario se torna cada vez más adverso para la segunda revisión en junio. En lo que va del 2022, el Banco Central compró sólo US$ 1.032 millones por cuenta propia.

La cifra para este año es prácticamente una quinta parte de lo que había comprado en el mismo período de 2021, cuando había retenido hasta US$ 5.728 millones. Pese al aumento de los precios de exportación a nivel internacional, Argentina no pudo aprovechar los términos de intercambio a causa del cepo cambiario, que abarata artificialmente las importaciones y encarece las exportaciones.

El tipo de cambio en el sector oficial se mantuvo creciendo por debajo de la inflación desde marzo de 2021 y abril de 2022, aún pese al aumento en el ritmo de devaluación desde marzo de este año. Esta situación, junto con el alza de los precios de la energía, genera una olla a presión para el cepo cambiario y el stock de reservas.

La primera meta trimestral en marzo no hubiera podido cumplirse exitosamente de no ser por el desembolso que hizo el propio FMI, que llevó el nivel de acumulación neto por encima de los US$ 4.000 millones y cuando meta exigía por lo menos US$ 1.200 millones.

Para el segundo trimestre del año, el Fondo espera una acumulación de reservas por al menos US$ 4.200 millones. Los mercados cada vez se muestran más escépticos para el cumplimiento de esta meta, aún con los desembolsos recibidos en el primer trimestre. Según las estimaciones de la consultora 1816, la autoridad monetaria debería sumar al menos US$ 3.000 millones para junio si se considera el nivel de reservas netas, pero esta meta parece muy poco realista.

Frente a esta situación, el Banco Central sigue sosteniendo que cumplirá las metas con el FMI y, para hacerlo, recurrirá a un mayor estrangulamiento del volumen de las importaciones vía restricciones cuantitativas.

Además del sistema de licencias no automáticas que sufre Argentina desde hace casi dos décadas, el Central buscará restringir el acceso de dólares para los importadores y postergar el pago de operaciones lo máximo posible. Las medidas contra las importaciones no son gratuitas, pues también afectan indirectamente a las exportaciones vía menor competitividad y mayores costos internos.

Considerando las últimas disposiciones del Gobierno para el acceso de divisas al sector energético, no resulta claro cómo se podrá cumplir la meta con el FMI al mismo tiempo en que el BCRA necesita estrangular importaciones para acumular reservas. 

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Economía

Por presión de Sergio Massa, el Gobierno vuelve a subir el mínimo no imponible de Ganancias

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El equipo de Martín Guzmán aceptó una nueva actualización en el monto no imponible para evitar que la inflación provoque que más personas paguen ganancias sin haber ganado más dinero realmente. Los cambios se aplicarán a partir del 1° de junio.

Luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán, la cúpula de representantes de la CGT y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el Gobierno determinó un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias hasta un monto por $280.792.

El Gobierno precisó, además, que los cambios tendrán vigencia a partir del primero de junio y no se efectuará tributación sobre el pago del aguinaldo. Este último detalle fue especialmente asegurado por Guzmán, ante la preocupación de los sindicalistas por el pronto cierre de paritarias.

El salario no es ganancia, es remuneración. Nuestra actividad como Estado y legisladores es defender el poder de compra de los salarios. Subir el mínimo y proteger el aguinaldo para que el premio no se vea impactado, no se lo coma el impuesto a las ganancias. Es una decisión del presidente y de todo el Gobierno”, explicó Sergio Massa en conferencia de prensa.

Este debate había sido un punto especialmente controversial dentro de las internas del Gobierno. En este caso una disputa entre Sergio Massa y el ministro Guzmán, ya que este último no pretendía impulsar la actualización de Ganancias para el mes de junio, ni tampoco había claridad sobre cuáles serían los montos de actualización.

La inflación interanual llegó al 58% en el pasado mes de abril, la cifra más elevada desde enero de 1992. Esta fuerte aceleración inflacionaria (completamente fuera del rango esperado del Gobierno) provocó que una gran cantidad de trabajadores en relación de dependencia e incluso jubilados comenzaran a pagar el impuesto a las Ganancias, cuando antes habían quedado exentos.

Según detalló Massa en una carta especialmente dirigida para Fernández y Guzmán, cerca de 740.000 personas pagaron el impuesto a las Ganancias en el mes de febrero y esta cifra subió a los 847.800 en abril, un incremento del 14% en solo dos meses.

Se trata de la segunda rebaja tributaria que impulsa Massa dentro del oficialismo, siendo que en 2019 un total de 2.140.000 personas pagaban Ganancias, la cifra aumentó a 2.300.000 en 2020 y finalmente cayó en torno a los 730.000 en 2021.

Guzmán aseguró que las medidas “no tendrán impacto” aparente para las metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que la actualización de los topes mínimos del impuesto ya estaba contemplada en el acuerdo.

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El salario real en Estados Unidos cayó un 3,3% desde que Joe Biden asumió como presidente

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La aceleración inflacionaria abortó el proceso de recuperación salarial en la economía más importante del mundo. El poder adquisitivo retrocedió a los mismos niveles que había en febrero de 2020.

Quebrando la tendencia producida en los últimos años, las remuneraciones nominales en Estados Unidos se muestran mucho más inflexibles de lo que son los aumentos de precios. En lo que va de la administración de Joe Biden, los salarios reales del sector privado retrocedieron un 3,3% entre enero de 2021 y abril de 2022. Los datos fueron anunciados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Según la Reserva Federal, tomando los salarios reales para el total de la población ocupada en tiempo completo y de más de 16 años, la pérdida de poder adquisitivo fue del 3,76% al término del cuatro trimestre de 2021. Los salarios reales correspondientes a la industria privada total cayeron un 2,54%, y desglosando a la industria manufacturera la cifra fue del 2,49%.

Evolución del salario real de Estados Unidos entre 2020 y 2022.

A su vez, en lo que va de la administración del presidente Biden, los precios acumularon un alza del 10,53% mientras que las remuneraciones nominales solamente crecieron un 6,41%. Considerando la variación de precios minoristas, la inflación interanual (acumulada de 12 meses) trepó del 1,4% en enero de 2021 al 8,26% en abril de 2022, la cifra más alta desde 1982.  

La erosión del poder adquisitivo de los salarios comenzó a impactar, además, en el consumo del sector privado en términos reales (medido por la capacidad de comprar bienes y servicios). Según la base de datos de la Reserva Federal y la Oficina de Análisis Económico (BEA), el consumo privado de Estados Unidos se mantiene estancado desde octubre de 2021. En la misma línea, el índice de ventas minoristas no crece desde marzo de 2021.

Al mismo tiempo, la serie mensual de la actividad elaborada por la firma IHS Markit estima que la economía dejó de crecer desde diciembre de 2021 y en adelante. Las cifras oficiales provistas por la BEA relevaron que el PBI estadounidense cayó un 1,5% durante los primeros tres meses del 2022. Si esta tendencia persiste hasta el mes de junio, entonces se determinará el comienzo de una recesión técnica.

Los principales datos macroeconómicos reflejan un clima de tensión que se encamina a la estanflación, aunque los efectos recesivos aún siguen sin impactar sobre el mercado laboral, que volvió a registrar una situación de plena ocupación como la que había antes de la pandemia. 

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