Los máximos dirigentes del radicalismo en Juntos por Cambio recordaron y reivindicaron la figura de Raúl Alfonsín por el 14° aniversario de su fallecimiento, pero nadie mencionó que el expresidente dejó un país destruido.

Un día como hoy en 2009 fellecía el expresidente Raúl Alfonsín, una figura reivindicada tanto por el kirchnerismo como la “oposición” del radicalismo presente en Juntos por Cambio (JxC).

Los referentes más importantes de la Unión Cívica Radical expresaron su pública reivindicación a la que fue una de las presidencias más caóticas desde 1983, signada por una crisis económica y social sin precedentes. 

En este sentido, algunas figuras políticas como el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales o el candidato a Jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau, expresaron su vocación por continuar con las fallidas políticas de Alfonsín.

La peor hiperinflación de la historia y el corralito a las extracciones bancarias

El lanzamiento del Plan Primavera en agosto de 1988 significó el último intento de la administración radical por contener la inflación, bajo un programa heterodoxo que incluía controles de precios, tarifas, costos y desdoblamiento cambiario. La moderación de precios duró solamente tres meses, y la falta de disciplina fiscal terminó por implosionar el programa para enero de 1989.

El déficit del Estado nacional se disparó del 2,7% del PBI en 1988 (habiendo registrado superávit en el año previo) y el rojo financiero ascendió al 5,2% del PBI. Frente al incumplimiento fiscal, la falta de estabilidad y las pésimas perspectivas a futuro, el Banco Mundial decidió cancelar desembolsos por 350 millones de dólares programados para enero de 1989, y el Gobierno incurrió en un default con acreedores externos. 

Los ahorristas se precipitaron rápidamente a los bancos, buscando retirar sus tenencias de australes para canjearlos por dólares en el mercado paralelo lo más pronto posible (anticipando el estallido inflacionario). Los precios subieron un 9% en febrero de 1989, 17% en marzo y hasta un 33,4% en el mes de abril. 

El Gobierno respondió imponiendo un severo corralito sobre las extracciones diarias de australes, al mismo tiempo en que se aumentó drásticamente la carga por pasivos remunerados (disparando el déficit cuasi-fiscal del Banco Central). Se creó así un sistema monetario dual entre el “austral billete” fuera del sistema bancario y el “austral cheque” retenido por el corralito. 

La demanda de dinero doméstico cayó a los niveles más bajos de la historia mediana por el agregado M2, y la deuda remunerada del Banco Central escaló hasta el 10% del PBI, volviéndose insostenible. La huida del dinero propagó la hiperinflación a pesar de las restricciones bancarias, y los precios se dispararon un 78,5% en mayo de 1989, 114% en junio y 196% en julio.

La variación interanual de los precios minoristas escaló al 3.611% en julio de 1989, más de 3.000 puntos porcentuales por encima del nivel previo al lanzamiento del Plan Primavera. El radicalismo se vio obligado a adelantar el traspaso de mando al presidente electo Carlos Menem, y huir del Gobierno en medio de la peor crisis del siglo. 

El crack de las empresas estatales y la crisis energética

La acumulación de décadas de continua descapitalización en los servicios públicos estatizados, una vocación mantenida por Gobiernos militares, peronistas y radicales, culminó con el colapso del sistema energético entre 1988 y 1989.

Las empresas del Estado no disponían de recursos y el nivel de capitalización necesaria para producir la energía requerida por la demanda interna, ni tampoco su eficiente distribución sobre las distintas áreas del país. 

El Gobierno radical respondió a la situación mediante la aplicación de un arsenal de regulaciones para racionar la energía, del mismo modo en que lo hacían las economías socialistas bajo la cortina de hierro, o como en la actualidad se practica en Cuba y Venezuela. 

El Gobierno adoptó las siguientes medidas de emergencia energética, en medio de la hiperinflación:

• Se decidió reducir en un 50% la iluminación en Avenidas con alta densidad demográfica, especialmente en la Capital Federal, proliferando así los casos delictivos. 
• Se suprimió la iluminación de monumentos, fuentes y ornamentaciones de edificios públicos.
• Se determinó la prohibición del uso de energía para la iluminación de vidrieras y carteles luminosos, incluyendo cines, teatros, e incluso pequeños comerciantes.
• Se limitó la programación oficial de los canales de televisión a tan solo 4 (cuatro) horas diarias, a fin de ahorrar desesperadamente energía
• Se anunciaron numerosos asuetos forzados en la administración pública para frenar el consumo de energía en el aparato del Estado
• Las entidades bancarias se vieron forzadas a reducir su horario de atención al público
• Se establecieron cortes programados todos los días sin excepción, apagones masivos por todo el país con una duración media de 3 a 5 horas, y con intervalos de frecuencia cada 6 horas. Se vieron afectados colegios, hospitales, edificios residenciales y fábricas.

La situación se volvió completamente insostenible para el oficialismo, y el grueso de la sociedad demandaba desesperadamente un cambio de Gobierno y la puesta en marcha de privatizaciones para recuperar los servicios públicos.

La fatídica expropiación llevada adelante por la hoy vicepresidente Cristina Kirchner acaba de generar otro costo para el país, que deberá pagar entre US$ 8.500 y hasta US$ 20.000 millones por el fallo.

Como se advirtió hace años, la expropiación ilegal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 no solamente deterioró el funcionamiento del sistema energético nacional, sino que funcionó como una virtual nacionalización de deudas que mantenía la firma, y significó una catarata de denuncias contra la venta forzosa e ilegal.

La maniobra dispuesta por la hoy vicepresidente Cristina Kirchner y el hoy gobernador Axel Kicillof, en su momento presidente y ministro de Economía respectivamente, implicará que el Estado argentino deberá realizar un pago de entre US$ 8.500 y US$ 20.000 millones de dólares, de acuerdo al fallo que salió esta tarde.

La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, dictó sentencia a favor del fondo Burford, quien compró el juicio en 2014 por US$ 50 millones de dólares a Peterson y Eton Park, a quienes, según la justicia norteamericana, se les quitó su propiedad de manera ilegal.

Bajo el kirchnerismo, el Estado llevó adelante un claro incumplimiento de los términos y condiciones de los derechos contractuales con los que se había comprometido. La medida de expropiación fue adoptada simplemente por cuestiones ideológicas, y una visión compartida por una gran cantidad de diputados y senadores que hoy pertenecen al espacio de Juntos por el Cambio (JxC).

En otras palabras, el fallo de la corte estadounidense reconoce que el Estado argentino no pagó el valor que correspondía abonar por las acciones de YPF al momento de su expropiación, sino que fijó un valor arbitrario por fuera de los parámetros de mercado. 

Las acciones del fondo que compró los derechos para litigar contra el Estado argentino se dispararon hasta un 31% en el día de la fecha, este hecho refleja la confianza de los mercados en la firmeza del fallo. 

Los títulos de YPF no se vieron afectados por el fallo en la plaza bursátil local, y registraron una ligera alza del 2% después de meses de aumentos consecutivos por mejores perspectivas en la producción petrolera. Sin embargo, sufrieron una caída superior al 6% en la plaza de Wall Street. 

La jueza reconoció que la empresa YPF como tal no tuvo responsabilidad en la maniobra que realizó el Estado argentino, y por lo tanto sus activos están libres del riesgo de cualquier acción legal o embargo.

Por el contrario, el fallo reconoció algunos beneficios para la firma petrolera, y le echó toda la culpa al Estado argentino, recayendo el pago de este crimen, en última instancia, a los contribuyentes rehenes que son rehenes de la herencia de Cristina Kirchner.

En medio de una dramática crisis por la escasez de divisas que genera el cepo cambiario, el Estado argentino tendrá la posibilidad de apelar el fallo y postergar las obligaciones financieras que conlleva, pero deberá ofrecer algún tipo de garantía y, por otra parte, el fondo Burford fue facultado para realizar embargos. 

Se trata de jubilados que perciben incluso menos que el haber mínimo, y quedarán estrictamente excluidos del acceso al dólar para resguardar sus ahorros de la inflación. La pobreza en personas mayores de 65 años subió fuertemente en el último semestre, a partir del deterioro de los haberes previsionales.

En respuesta a la aprobación de la Ley 27.705 de moratoria previsional, el Banco Central determinó que todas aquellas personas que efectivamente accedan a una jubilación no contributiva perderán la posibilidad de acceder a cualquier tipo de dólar, incluyendo el “dólar ahorro”, el Contado con Liquidación o el dólar bursátil MEP.

Se trata de personas que perciben un monto previsional incluso por debajo de la jubilación mínima (fijada en 73.000 pesos) por el descuento de $15.000 a cuenta de la moratoria. La escasez de divisas provocada por el cepo es tan dramática y la situación es tan desesperante, que para el Banco Central es un problema la compra de dólares por parte de personas que perciben ingresos mensuales de solo 58.000 pesos.

La decisión del Banco Central se tomó el mismo día en que el INDEC publicó oficialmente los resultados del índice de pobreza, que alcanzó al 39,2% de los argentinos al término del segundo semestre del año pasado. El Gobierno se encuentra completamente abstraído de la realidad.

La pobreza que alcanza específicamente a las personas mayores de 65 años escaló del 12,1% en junio de 2022 al 14,5% en diciembre, ambos datos oficiales confirmados por la encuesta EPH del INDEC. El efecto corrosivo de la inflación sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones envió a la pobreza a una gran cantidad de personas que ya no están en condiciones físicas para poder trabajar. 

El Banco Central (BCRA) de Miguel Pesce decidió priorizar el ahorro de divisas como parte de un sistema cambiario completamente disfuncional, en detrimento de la capacidad de los jubilados más vulnerables para protegerse de la inflación comprando dólares. 

El nuevo estrangulamiento del cepo cambiario pretende seguir conteniendo la incontenible salida de divisas para el pago de importaciones. A la paridad del tipo de cambio oficial, todos los agentes se muestran demandantes y no existe oferta alguna con la sola excepción del Banco Central. 

Las reservas internacionales brutas acumularon una violenta caída de hasta 8.268 millones de dólares solamente en los últimos tres meses. Incluso habiéndose flexibilizado las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se verá obligado a hacer uso de algún tipo de devaluación o parche sobre el tipo de cambio para superar los próximos meses. Se analiza la posibilidad de un eventual “dólar exportación”, de carácter temporal y con una paridad cercana a los $300.

El nivel de reservas netas (sin contabilizar partidas no disponibles en el corto plazo) se acerca peligrosamente a los niveles más bajos observados desde el año 2015, y algunas consultora privadas estiman que las reservas líquidas (las que efectivamente pueden utilizarse en cualquier momento) ya pasaron al terreno negativo. Esto implica que el BCRA podría estar haciendo uso de los encajes bancarios que deberían respaldar depósitos.