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Economía

Última oportunidad: propondrían una nueva oferta de reestructuración de la deuda argentina

El gobierno nacional propondría una nueva oferta de restructuracion de la deuda, que intentaria superar minimamente la anterior, aunque no se prevee mucho éxito, evidenciando como el gobierno estaría jugando políticamente con el default

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El presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán concordaron este fin de semana los términos de una nueva oferta a los bonistas que, aseguraron calificadas fuentes oficiales, no sufrirá modificaciones, representando “el máximo esfuerzo” para llegar a un acuerdo que le permita al Gobierno salir del default. 

Mientras tanto, el Grupo Ad Hoc (que incluye a Blackrock y Ashmore) afirma que mantiene su voluntad de diálogo constructivo para llegar a un acuerdo, pero que no recibió comunicación alguna del Gobierno. 

El supuesto objetivo es que el Gobierno “rompa el techo de cristal” de tener un 4 adelante, para pasar a tener un cinco, por lo cual sería superior a los USD 49,9 de la última oferta oficial. Cabe recordar que el Gobierno arrancó con una oferta por debajo de los 40 dólares, mientras que los acreedores arrancaron en torno de los 70. La cifra de consenso podría estar en torno de los 55 dólares, pero el gobierno de Fernandez estaría muy alejado de esa cifra por el momento.

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“No tiren más del hilo que se va a romper”, dijo Sergio Massa, Presidente de la cámara de diputados, que estuvo en dialogo con los acreedores.  

Esta advertencia, bastante provocativa, muestra como desde el oficialismo se juega políticamente con el default, teniendo en cuenta las duras consecuencias que tendría este para nuestra ya frágil economía. 

Aunque la oferta oficial sea mejor que la anterior, los acreedores podrían volver a reclamar, en parte con razón, al considerarla insuficiente, pero eso sería mejor que la situación de indiferencia desde que Economía presentó su oferta de USD 49,9. 

Los comités Ad Hoc y Exchange, afirmaron que el Gobierno no estaba buscando una solución, sino lo contrario. Estos dejaron en claro que harían uso de todas las herramientas legales a su disposición para reclamar por sus derechos. Esto es, la potencial aceleración de la deuda y la presentación de una demanda en los tribunales de Nueva York. 

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A la vez, dejaron trascender cerca de BlackRock que pretendían tener la misma protección legal que los tenedores de los bonos del 2005, con un indenture más sólido que el del 2016, una cláusula Pari Passu reforzada (como fue interpretada por el juez Thomas Griesa y otras instancias judiciales en EE.UU.), y la posibilidad de acceder a más bienes embargables si el país no cumple con el acuerdo 

Alguna de estas exigencias, casi imposibles de cumplir para un gobierno, pueden cambiar si el Argentina ofrece una nueva propuesta con un valor nominal más alto. Mientras tanto, se prevé que esta semana el gobierno no pague otros dos vencimientos (del Century y Discount) y se profundice la situación de default que comenzó el 22 de mayo

Hoy, debería abonar USD 100 millones del bono emitido en 2017 a 100 años, y el miércoles USD 570 millones de los Discount del canje del 2005. El Gobierno dijo que no los pagaría, como era de esperar. 

Otra vez volvemos a lo mismo de años atrás, déficit y deuda descontrolada nos condena de forma recurrente a escuchar los mismos términos, pari passu, embargo de bienes nacionales, y tribunales de Nueva york, que no son causa, si no consecuencia de la terrible gestión de los últimos años. Y Alberto Fernández no parece tener la voluntad necesaria para revertir el mismo proceso histórico.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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