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Economía

"Una gran mesa de diálogo": Larreta propone lanzar un "acuerdo de precios y salarios" como hizo Alberto en 2019

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El Jefe de Gobierno porteño afirmó que uno de los pilares de su eventual programa anti-inflacionario serán los “acuerdos de precios y salarios”, proponiendo retornar a las viejas y obsoletas recetas del siglo pasado.

En vista a la consolidación de la inflación más elevada desde septiembre de 1991, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (ya lanzado a la carrera presidencial) anunció públicamente que uno de los pilares fundamentales de su programa económico será establecer un “acuerdo de precios y salarios” como los que se aplicaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX argentino.

Larreta citó como ejemplo al pacto de la Moncloa español como un ejemplo de “estabilización” gradualista de la economía por un período de 15 años, en el cual se aplicaron inicialmente acuerdos y controles sobre los aumentos salariales y los precios minoristas.

Sin embargo, lo que el Jefe de Gobierno decidió convenientemente omitir es que Argentina tuvo su propio programa con estas características en junio de 1985, el famoso “Plan Austral”, pero los resultados distaron mucho de ser exitosos y decantaron en el episodio hiperinflacionario más violento en la historia del país.

¿Qué implica un acuerdo de precios y salarios?

Los programas económicos típicamente heterodoxos se valieron de controles y acuerdos en precios y salarios para generar una suerte “ancla nominal” con la cual se pretendía disciplinar la inflación. 

El ancla en cuestión es simplemente algún índice de precio de referencia que se elige para “atrasar” con respecto a todos los demás precios, con la esperanza de influir en las expectativas y así morigerar también la suba de la inflación general. Pero lo cierto es que, en ausencia de mayores pautas ortodoxas, los acuerdos son completamente inútiles a la hora de combatir la inflación.

Las medidas solamente generan una situación imposible de sostener en el tiempo, pero además implican un gran costo en materia de asignación de recursos. Como los precios se ven distorsionados, las señales que envían y las decisiones a tomar en la economía también lo hacen. 

Si el “ancla” lo conforman los precios minoristas el resultado es el desabastecimiento, si es el dólar se llega a una situación de colapso en la cuenta corriente, si son los salarios disminuye la oferta laboral y si se utilizan a las tarifas públicas el resultado es la desinversión y el cese de los servicios. 

Los acuerdos de precios y salarios fallidos en Argentina

Uno de los primeros programas de “acuerdo” entre precios y salarios fue impulsado por el Gobierno de Onganía y el ministro de Economía Krieger Vasena en 1967. Se dictó un congelamiento de salarios y una canasta de precios minoristas por 18 meses, al mismo tiempo en que se lanzó un programa de estabilización con algunas características ortodoxas. 

El plan logró consolidar una inflación promedio del 7,6% anual en 1969, pero tan pronto como se abandonó la disciplina monetaria, los precios volvieron a dispararse y la inflación llegó al 76% en marzo de 1973

Un segundo “acuerdo” se llevó a cabo bajo el programa diseñado por José Ber Gelbard en 1973, probablemente el más añorado por el extremismo kirchnerista, aunque cosechó pésimos resultados. Se establecía un congelamiento de precios mucho más estricto a los que se venían aplicando entre 1956 y 1972, y nuevamente estableciendo cepos al crecimiento de los salarios de los trabajadores. Además, se añadían numerosos controles cuantitativos sobre importaciones y exportaciones- 

La inflación bajó hasta un promedio de 1,6% por mes entre abril de 1973 y agosto de 1974, pero a partir de allí se produjo una espiral de precios casi incontenible. La inflación mensual promedió el 6% entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, y finalmente el sistema colapsó con el famoso Rodrigazo, llegándose a registrar alzas de hasta el 37% por mes. La inflación interanual llegó al 566% en marzo de 1976. 

En la última dictadura militar el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz buscaba añadir una dosis de heterodoxia a su programa económico, estableciendo una “tregua de precios y salarios” por 120 días, e imponiendo límites a los salarios desde abril de 1976.

La inflación promedió el 192% en 1977 y el 176% a lo largo de 1978, por lo que los precios simplemente respondieron al intenso ritmo de la emisión monetaria más que cualquier influencia por la política de ingresos. Al término de los controles desde 1979, la inflación llegó incluso al 82% interanual en marzo de 1981, nuevamente respondiendo a la dinámica de la política monetaria y la credibilidad de los agentes.

Más tarde, y bajo el liderazgo del ministro Juan Vital Sourrouille en 1985, el Gobierno de Alfonsín volvía a apostar por los controles y acuerdos de precios a nivel generalizado, esta vez añadiendo a todas las tarifas de servicios públicos, congelando los salarios de convenio, el tipo de cambio y la indexación de contratos.

El programa incluía, además, una promesa para bajar el déficit fiscal mediante importantes aumentos tributarios, y prometía dejar de financiar al Tesoro de forma monetaria. La inflación pasó del 30% mensual a promediar el 2,3% entre septiembre de 1985 y febrero de 1986. A nivel interanual, la inflación bajó hasta el 50,1% en junio de 1986. 

Pero el plan perdió toda credibilidad para fines de 1986 al quedar en evidencia que el Gobierno no había sido capaz de corregir los fuertes desequilibrios fiscales, y por lo tanto no se podía ofrecer ninguna garantía para el control de la expansión monetaria hacia el futuro.

En medio de una inflación interanual del 174% en 1987, el Gobierno radical volvió a recurrir a un nuevo congelamiento general de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios. La inflación no cedió en lo más mínimo y subió hasta el 440% en agosto de 1988. Nuevamente, Alfonsín volvió a establecer controles, esta vez con más énfasis en los costos de producción y los precios mayoristas. Este último programa se conoció como “Plan Primavera”.

El radicalismo volvía a fracasar, y para 1989 era claro que Argentina atravesaba una situación de hiperinflación. Los precios llegaron a dispararse un 114% solamente en junio de 1989, y un 196% en julio. La inflación interanual superó cómodamente el 3000%, llegando a casi 5000% en diciembre de 1989.

Argentina

El economista Ricardo Arriazu dice que se arrepintió de no apoyar el programa económico de Javier Milei antes

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El economista participó en el 41° Congreso Anual IAEF, en donde destacó el exitoso y prometedor programa económico llevado a cabo por el Gobierno de Milei.

En una reciente intervención en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino De Ejecutivos De Finanzas (IAEF), el economista Ricardo Arriazu brindó un análisis detallado del exitoso programa económico implementado por el presidente Javier Milei, con la gestión de Toto Caputo y Santiago Bausili.

Arriazu destacó la importancia de entender las particularidades de la economía argentina, subrayando la necesidad de estabilizar tanto el peso como el dólar para reducir la inflación y lograr reformas estructurales sostenibles.

Un Programa Económico de Dos Fases

Arriazu explicó que cualquier programa económico exitoso consta de dos fases esenciales: la primera se centra en reducir la inflación, realinear los precios relativos y solucionar los problemas del sector externo. La segunda fase, igualmente crucial, se dedica a implementar reformas estructurales. Según el economista, es imposible alcanzar la segunda fase sin haber cumplido con la primera, y viceversa; es decir, sin las reformas estructurales, la estabilidad lograda en la primera fase no se mantendría.

Compra de Reservas y Control de Cambios

Uno de los logros más destacados del programa de Milei, según Arriazu, fue la extraordinaria compra de reservas por 16.000 millones de dólares. Frente a las críticas que atribuyen este éxito al control de cambios, Arriazu argumentó que esta explicación es insuficiente. "Hace un año también había control de cambios y se perdieron 23.000 millones de dólares", señaló, enfatizando que el cepo no es el factor determinante en este contexto.

La Naturaleza Bi-Monetaria de la Economía Argentina

Para Arriazu, un punto crucial en el análisis de la economía argentina es su naturaleza bi-monetaria. En este sistema, el peso se utiliza para pequeñas transacciones, pagos de sueldos e impuestos, y para medir la inflación, mientras que el dólar se emplea para todo lo demás. Esta dualidad, según el economista, no se enseña adecuadamente en las facultades de economía, lo que lleva a una comprensión incompleta de la realidad argentina.

"En Argentina, el peso y el dólar son dos unidades de cuenta que deben ser estabilizadas simultáneamente para eliminar la inflación. El peso se estabiliza dejando de emitir, y el dólar estabilizando el tipo de cambio nominal. Sin embargo, detrás de esto está la situación fiscal. Si hay déficit fiscal, no se puede dejar de emitir. Por lo tanto, sin eliminar el déficit fiscal, no es posible estabilizar ninguna de las dos unidades de cuenta, y si no se estabiliza el dólar, la situación eventualmente explotará", explicó Arriazu.

Las Anclas del Programa de Milei

La sorpresa de Arriazu fue positiva al observar que el programa del gobierno de Milei incluye dos anclas fundamentales: la fiscal y la monetaria. Estas anclas son esenciales para la estabilización económica del país. El ancla fiscal implica la eliminación del déficit fiscal, mientras que el ancla monetaria se refiere a la estabilización del peso a través del cese de emisión.

"La inclusión de estas dos anclas en el programa de Milei es un paso en la dirección correcta. Estabilizar ambas unidades de cuenta es crucial para reducir la inflación y evitar una crisis económica futura", afirmó Arriazu.

El análisis de Ricardo Arriazu sobre el programa económico del presidente Javier Milei resalta la importancia de una comprensión profunda de la naturaleza bi-monetaria de la economía argentina. La combinación de la estabilización del peso y el dólar, junto con la eliminación del déficit fiscal, constituye la base de un programa económico sólido. Las críticas simplistas que atribuyen el éxito de la compra de reservas únicamente al control de cambios no capturan la complejidad de la situación. La implementación de anclas fiscales y monetarias es esencial para asegurar una estabilidad económica duradera y permitir las reformas estructurales necesarias para el crecimiento y desarrollo sostenible del país.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Economía

Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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