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Economía

Unilever abandona parte de sus operaciones en Chile: cada día más lejos del modelo de crecimiento

La multinacional holandesa Unilever anunció que cerrará dos líneas de producción en Chile y limitará sus inversiones, debido a la enorme inestabilidad económica y política que el estallido terrorista de extrema izquierda ha impulsado en el país.

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Esta semana, la firma Unilever anunció que abandona operaciones en Chile, vendiendo sus plantas de producción y el consecuente despido de sus funcionarios en los sectores afectados por la decisión. 

La empresa cerrará sus plantas confinadas a su rubro principal, la producción de elementos de limpieza. Además, anunció que dejará de envasar y comercializar té, después de una larga trayectoria en esas operaciones.

Esto se suma a la salida de Chile de Maersk, la mayor fábrica de contenedores que se había construido en América del Sur, luego de una violenta huelga en la que los manifestantes quemaron los vehículos particulares de los ejecutivos de la firma. El asesor chileno del presidente argentino Alberto Fernández, Marco Enrique Ominami, participó asesorando activamente a los sindicatos de Maersk.

Las constantes presiones del sindicalismo al sector privado, sumado a la enorme insurrección de la extrema izquierda de octubre del año pasado y la inminente votación por la reforma constitucional han generado una situación de enorme incertidumbre en el país, una que no se veía hace 5 décadas.

Las empresas internacionales siempre han visto con buenos ojos a Chile, siendo uno de los pocos países de Latinoamérica donde la estabilidad política y la situación económica eran favorables a la inversión y al empleo. Sin embargo, esta visión del país parece ser cosa del pasado.

Mientras políticos de derecha se doblegan ante la izquierda, y la izquierda degenera en un movimiento marxista-revolucionario, el futuro no solo político si no que económico de Chile está en duda.

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Esta semana coincide con los 50 años de la elección por las urnas del único presidente democrático marxista de la historia del mundo, Salvador Allende, alumno aventajado de la dictadura castrista y la Unión Soviética de aquella época. 

Pero Allende no sólo condujo a Chile al mayor desastre económico y a los albores de una guerra civil en Chile, si no que también impulsó la creación de un movimiento que perdura al día de hoy, que se esconde detrás de una centro-izquierda moderada pero en realidad busca la revolución armada y el cambio total del sistema político en el país.

Los últimos 4 años de Bachelet más demostraron esta tendencia. El gobierno de “izquierda moderada” tuvo el peor desempeño económico desde 1990, con decenas de leyes anti-inversión y con un giro absoluto al progresismo, que planteó en Chile a la desigualdad como una problemática a combatir e impulsó una caída en el crecimiento.

Estos desmanejos fueron identificados por el electorado chileno, que ni bien pudo sacó la socialismo del poder y votó a Sebastián Piñera, que en sus primeros meses dio un respiro de nuevos aires e implementó programas para recuperar la inversión.

Pero la izquierda, ya alejada del poder, mostró su verdadera cara y provocó un estallido delictivo y terrorista, que no ha cesado desde el 18 de octubre del año pasado y que destruyó 12 mil millones de dólares en infraestructura de  bienes públicos y privados

El golpe de gracia fue que tanto los partidos de gobierno como los de oposición, que son mayoría en ambas cámaras, decidieron que lo mejor para el país era socavar ante las exigencias de la izquierda y desmantelar lo realizado en estos 40 años de crecimiento y crear una nueva Constitución.

La Constitución, que ya había sido reformulada por el ex presidente socialista Ricardo Lagos, esta vez corre el peligro de que le sean borrados todos los logros económicos y sociales que reconoce el texto original redactado durante el régimen de Pinochet.

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¿Y qué tiene que ver todo esto? 

A pesar de que una reforma de la Constitución no tenia más de un 8% de imagen positiva entre la ciudadanía, luego de las protestas de 2019 se destapó el apetito y el verdadero rostro de la extrema izquierda chilena, y el país se puso en ruta de una Asamblea Constituyente al mejor estilo venezolano.

El golpe a la confianza y seriedad de Chile fue demoledor a los ojos de inversionistas y clasificadoras internacionales que continuaron depreciando el ranking de Chile, acción que ya habían realizado durante el gobierno de Bachelet, por primera vez desde 1990. 

Los 40 años de preparación de una nueva generación de chilenos adoctrinados por la extrema izquierda y pavimentada por los 2 gobiernos de Bachelet en los colegios públicos estaba dando resultado, convenciendo de a poco que el proyecto de Nación chileno estaba mal y adoctrinando el ideal de un Allende heroico, llegando a ser considerado hoy por un 34% de la población, como “el mejor presidente de Chile“.

El milagro económico chileno que disminuyó la pobreza de un 64% que existía en el gobierno de Allende en 1973, a un 8% en el 2019. El mismo modelo que sacó a Chile de ser el tercer país mas pobre de América Latina, con logros de 99% de alfabetización, agua potable para el 96% del país, aumento de la expectativa de vida en más de 20 años, (mayor incluso que en USA), estudios universitarios para más del 90% de los egresados de colegios y una movilidad social mayor que en Suecia o Alemania. 

Hoy, el candidato comunista Daniel Jadue, alcalde de una comuna de Santiago y conocido por sus intervenciones a favor de Venezuela y Cuba, anunció unilateralmente “el fin de la propiedad privada y la estatización de los servicios básicos“. Jadue aparece en algunos estudios de opinión en la primera posición para asumir como el próximo presidente, y sin lugar a dudas como la nueva cara de la izquierda chilena.

Si este es el camino que los chilenos votarán en los próximos años, la salida de Unilever o Maersk del país se convertirá en la regla y no en la excepción.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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